0011/2015

Sintesis del caso

En esta acción de inconstitucionalidad concreta, se demandó la inconstitucionalidad de los arts. 18; 19; 39 inc.B.3. numerales 14 y 15; 57.b; 75; 76 y 88 del Reglamento del Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Grado de la UNIPOL, por ser presuntamente contrarios a los arts. 14.I; II y IV; 21.2; 62; 66; 91.I y II; 115.II; 116.I; 117.I; 119.I; 306.III; 410.I y II de la CPE, porque la normativa impugnada, genera una presunción de culpabilidad en base a los actos cometidos por amigos o padres que no pueden constituirse en justificativos determinantes que impidan a terceros el acceso a la educación; asimismo, se denunció que las normas acusadas de inconstitucionales, permitirían la prolongación indefinida de los procesos, vulnerando el principio de legalidad y limitando el ejercicio del beneficio de la prescripción, sometiendo al procesado a la exclusiva voluntad de los miembros de la Comisión de Régimen Disciplinario de la ANAPOL; del mismo modo, se señaló que las disposiciones legales impugnadas, legitimarían la facultad inquisitiva y dictatorial de la indicada Comisión, constituyéndola en juez, acusador, parte y sentenciador, restringiendo el proceso a una sola audiencia bajo la dirección de dicha instancia y delegando al procesado la responsabilidad de señalar el verificativo en el término de cinco días posteriores a su notificación con el informe en conclusiones, lo que implicaría la tácita prohibición de controvertir la carga así como de presentar exclusiones probatorias, incidentes de nulidad o excepciones de previo y especial pronunciamiento o, a formular excusas o recusaciones, incurriendo en lesión del debido proceso en sus componentes de derecho a la defensa, a la igualdad procesal y a la impugnación, protegidos constitucionalmente; y finalmente, se denunció que los preceptos normativos demandados, autorizan a la Comisión de Régimen Disciplinario de la ANAPOL, a ejecutar la resolución de primera instancia aun cuando se encuentra pendiente de resolución el recurso jerárquico ante el Vicerrector de la UNIPOL, presumiendo la culpabilidad del procesado, vulnerando el principio de presunción de inocencia, los derechos a la impugnación, a la instancia plural, a la defensa, a la igualdad procesal y al principio de seguridad jurídica, protegidos por los arts. 115.II; 116.I; 117.I; 119.I y II; y, 180.II de la CPE. El Tribunal Constitucional Plurinacional declaró: 1) La improcedencia de la acción de inconstitucional concreta en relación a los art. 39.inc.B.3 numerales 14 y 15 del Reglamento del Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Grado de la Universidad Policial, porque en relación a estas disposiciones, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0910/2014 las declaró inconstitucionales, por lo que en relación a estas, existe cosa juzgada; 2) La constitucionalidad del art. 18.c del Reglamento del Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Grado de la UNIPOL, porque la facultad de disponer la complementación de las investigaciones no puede ser entendida como una potestad cuya única finalidad sea la agravación de la situación del sujeto procesado, sino como la intención de profundizar el estudio del caso ante la inexistencia de elementos suficientes para formar convicción respecto a la comisión de determinada falta disciplinaria y que encuentra fundamento en la presunción de inocencia y el principio de verdad material; 3) Es constitucional el art. 18 en sus incisos a y g por ser armónico con el debido proceso ya que toda contienda judicial o administrativa debe tener un final, por tanto, la decisión final que debe emitir la Comisión de Régimen Disciplinario debe ser motivada y debe determinar con claridad si los hechos atribuidos a al o el procesado son ciertos o no y en base a ello debe imponer una sanción si corresponde; 4) La improcedencia de la acción de inconstitucionalidad concreta en cuanto al art. 18.b del Reglamento del Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Grado de la Universidad Policial ya que el accionante no expresó de manera clara y concreta la forma en que el art. cuestionado transgrede las previsiones constitucionales aludidas; 5) La constitucionalidad de los arts. 18.c y 19.c del Reglamento del Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Grado de la Universidad Policial porque la facultad de disponer la complementación de las investigaciones por diez días hábiles, obedece a la preservación del estado de inocencia o presunción de inocencia del encausado y a la verdad material; 6) La constitucionalidad del art. 19.f del Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Grado de la UNIPOL porque su contenido tiene fundamento en el control jurisdiccional que obliga al juzgador a mantenerse actualizado respecto a los actos procesales desarrollados durante el proceso investigativo así como en la sustanciación del proceso mismo y que de acuerdo al debido proceso encuentra fundamento en los principios de inmediación e inmediatez; 7) Es constitucional el art. 57.b del Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Grado de la UNIPOL, porque el debido proceso y específicamente los derechos a la defensa e impugnación se encuentran garantizados por la norma cuestionada ya que el plazo de cinco días establecido en esta disposición, responde a la naturaleza del proceso disciplinario y al principio de celeridad. Además, la audiencia que puede solicitar el procesado y que únicamente se desarrollará una sola vez, no vulnera el debido proceso, sino más bien lo resguarda, porque responde al principio de inmediatez y posibilita que en esta audiencia se puedan presentar alegatos y argumentos que se consideren necesarios; 8) La improcedencia de la acción de inconstitucionalidad concreta en cuanto a los arts. 75 y 76 del Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Grado de Unipol, ya que el accionante en relación a estas disposiciones, omitió precisar de manera clara la afectación de dichas normas en su derecho al debido proceso; y, 8) La improcedencia de la acción de inconstitucionalidad concreta en cuanto al art. 88 del Reglamento del Régimen Disciplinario porque la lectura parcial del contenido general de la norma demandada de inconstitucional que realizó el accionante, derivó en una argumentación carente de sustento fáctico y jurídico “..pues, definitivamente, existe la posibilidad de que, el fallo de primera instancia, quede suspendido en su ejecución, de donde se advierte que, la previsión legal contenida en el art. 88 del Reglamento del Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Grado de la UNIPOL, no contraviene los derechos a la impugnación y a la instancia plural conforme afirma el accionante, pues se deja abierta la posibilidad para que —se reitera— de oficio o a petición de parte, el Tribunal superior, en revisión del recurso jerárquico, disponga la suspensión de la ejecución del fallo de primera instancia, aun cuando ello, dependa de la concurrencia de ciertas circunstancias” (sic).

Sintesis de la ratio decidendi