0431/2026-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0431/2026-S3 Sucre, 10 de abril de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad

Expediente: 53624-2023-108-AAC Departamento: Potosí

En revisión la Resolución 13/2023 de 6 de febrero, cursante de fs. 77 a 83 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cecilia Gutiérrez Coronado contra Jhonny Llally Huata, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Potosí.

I. OBJETO PROCESAL

La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a una remuneración y salario justo, y a la defensa; toda vez que, la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí, emitió la Resolución Administrativa - JDPT-HRF 060/"2022" de 3 de enero de 2023, conminando a la autoridad edil demandada-, para que de forma inmediata proceda a su reincorporación, en las mismas condiciones anteriores al momento del despido, más el pago de salarios devengados por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral; no obstante, hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa, la referida determinación no fue cumplida.

Jhonny Llally Huata, Alcalde del GAM de Potosí, a través de su representante, mediante informe escrito de 6 de febrero de 2023, cursante de fs. 33 a 38 vta., y en audiencia, manifestó que, la accionante pretende beneficiarse de la Ley que Incorpora a Trabajadores Asalariados de los Gobiernos Autónomos Municipales a la Ley General del Trabajo -Ley 321 de 18 de diciembre de 2012-, realizando una inadecuada interpretación del espíritu de la misma; ya que, su relación contractual con la referida entidad edil, fue de personal eventual bajo un contrato de prestación de servicios a plazo fijo, no así de servidora pública de planta; la Resolución de conminatoria de reincorporación laboral fue emitida sin competencia; pues, el reclamo de la nombrada versa sobre presuntos contratos sucesivos, situación que limita la competencia de la Jefatura Departamental de Trabajo del mencionado departamento, correspondiendo sea resuelta a través de un proceso laboral en todas sus fases; asimismo, existe incompatibilidad funcionaria entre la peticionante de tutela y su hermana, quien venía prestando servicios en la "Alcaldía" desde el 2021, y habiendo presentado ambas su declaración jurada indicando que no se encontraban dentro de las prohibiciones del ejercicio de la función pública, su autoridad a través de la Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.) de la citada entidad edil, solo hizo cumplir mandatos legales, esperando la conclusión del contrato de trabajo de la prenombrada y que no era necesario un proceso interno.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 13/2023 de 6 de febrero, cursante de fs. 77 a 83 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada, cumpla íntegramente la Resolución Administrativa - JDPT-HRF 060/"2022" -siendo lo correcto 2023-, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí; fundando su decisión, en que según lo establecido por la Doctrina Constitucional 001/2021 de 16 de junio, se debe dar cumplimiento a la conminatoria laboral dispuesta de manera íntegra; es decir, tanto a la reincorporación, como al pago de salarios devengados; en relación a las presuntas irregularidades en las que hubiera incurrido la mencionada Jefatura Departamental de Trabajo, no puede ingresar a su análisis, por cuanto, dichos aspectos son de competencia de la jurisdicción ordinaria laboral; sin embargo, los elementos que hicieron constar los abogados de la entidad edil demandada, fueron expuestos en el recurso de revocatoria interpuesto contra la Resolución Administrativa - JDPT-HRF 060/"2022"; y más allá de corresponder o no el recurso jerárquico, a efectos de lograr una resolución definitiva que resuelva la situación de la accionante, la tutela que se concede es de carácter provisional y no definitiva; pues, será la instancia laboral y/o jurisdiccional la que resuelva tales extremos.

En vía de complementación y enmienda, la citada Sala Constitucional manifestó que, conforme lo fundamentado en la Resolución emitida, debía darse cumplimiento inmediato a lo dispuesto en la Resolución Administrativa - JDPT-HRF 060/"2022", de conminatoria laboral.

En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

Asimismo, conforme al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional estableció el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias Constitucionales, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional

El Tribunal Constitucional a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, sostuvo que la acción de amparo constitucional constituye un instrumento subsidiario, porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, y supletorio, pues viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. Es así, que en el Fundamento Jurídico III.1, estableció reglas y subreglas de improcedencia por subsidiariedad:

...cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución (las negrillas son incorporadas).

Asimismo, el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional supone que ésta no podrá activarse mientras no se agoten otros medios o recursos legales que permitan la protección del o los derechos de la persona interesada; así lo establecen los arts. 129.I de la CPE y 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

III.2. Respecto a la aplicación de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468- respecto a conminatorias de reincorporación laboral

Sobre el particular la SCP 0268/2024-S4 de 2 de julio, señaló que:

El 30 de septiembre de 2022, fue promulgada la Ley 1468 de Procedimiento Especial para la Restitución de derechos laborales, cuyo objeto es resguardar el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral en caso de despido injustificado, la inamovilidad laboral, la falta de pago de remuneración o salario, y el cumplimiento del fuero sindical, estableciendo a dicho efecto el procedimiento especial para su restitución, incluyendo su ámbito de aplicación a todas las trabajadoras y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la Ley General del Trabajo (LGT) -de 8 de diciembre de 1942-, correspondiendo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en ejercicio de su potestad administrativa, emitir las correspondientes Resoluciones de Restitución de Derechos Laborales, que constituyen actos administrativos de alcance particular, gozan del principio de legalidad y presunción de legitimidad (arts. 1 al 3).