0583/2015-S2

Sintesis de la ratio decidendi

Deniega la acción de amparo constitucional porque los vocales demandados en la demanda de ejecución de acta de conciliación iniciado contra la parte accionante, pronunciaron el Auto de Vista impugnada con la debida fundamentación y motivación, por cuanto la resolución del contrato de compraventa del vehículo de propiedad de la actora, obedeció al cumplimiento y ejecución del Acta de Conciliación, que mereció el pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional disponiendo la devolución del motorizado a su dueña así como del dinero dado como anticipo, además de haberse procedido a la cancelación de la escritura pública de transferencia, del registro y derecho propietario ante el Organismo Operativo de Tránsito.

Extracto de la ratio decidendi

FJ.III.2. “(…) la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el Auto de Vista 72/2014, por el cual anuló la Resolución apelada, disponiendo que la autoridad inferior pronuncie una nueva de fondo, con los siguientes argumentos: a) En el Acta de Conciliación, se acordó en una de las cláusulas que ante el incumplimiento del pago de alguna de las cuotas estipuladas, se optaría por la resolución del contrato de compraventa del vehículo de propiedad de la compradora, ahora accionante, quien efectivamente optó por esa vía, demandando al efecto la ejecución judicial del Acta de Conciliación, que mereció el Auto de 20 de marzo de 2012, emitido por el Juez Tercero de Partido en lo Civil y Comercial, quien dispuso: 1) La cancelación del protocolo de la escritura pública de la transferencia del vehículo por parte del Notario de Fe Pública; 2) La cancelación en el Organismo Operativo de Tránsito del registro y derecho propietario del motorizado a nombre de Luisa Mamani Magne; 3) El embargo del camión; y 4) Traslado a la demandada sobre el pago de daños y perjuicios; quedando de esta manera resuelto el contrato de compraventa inicialmente suscrito entre las partes; al haberse ejecutoriado dicha determinación en sus tres puntos señalados, quedando pendiente lo relativo a los daños y perjuicios; b) Como efecto de la rescisión del contrato ipso facto, y que no requería su declaración judicial; la parte accionante, no podía pretender el cumplimiento de una de las cláusulas pactadas en el contrato original por haber quedado éste resuelto, como tampoco del acuerdo conciliatorio, salvo la del pacto comisorio, que ante la eventualidad del incumplimiento efectuado es la única que se activa para regular la devolución de las prestaciones y averiguación de daños y perjuicios imputable a la parte que incumplió, por lo que, mal se podía pedir el cumplimiento de convenios pactados en otros acuerdos; c) El Juez a quo no actuó con ecuanimidad, puesto que soslayó la valoración de los medios de prueba producidos a fin de demostrar la o las pretensiones de la parte actora respecto al incidente de determinación de daños, perjuicios y lucro cesante, este último que la parte actora en su memorial plantea el daño sufrido o emergente a consecuencia de los desperfectos y poca diligencia observada en el cuidado y mantenimiento del bien (vehículo automotor) que fue motivo del contrato además de efectuar cálculo unilateral sobre las ganancias que habría dejado de percibir por el tiempo que ese automotor estuvo fuera de su patrimonio, lo que constituye como se indicó, el lucro cesante; y, d) El Juez de instancia, no valoró la prueba producida por los justiciables a fin de determinar o desvirtuar los daños y perjuicios como el cesante, invocados. Analizada la Resolución cuestionada, se advierte que los Vocales demandados, actuaron correctamente, pues emitieron el Auto de Vista 72/2014, con la debida fundamentación y congruencia que debe contener toda resolución, en este caso judicial; por cuanto, como lo determinó el Tribunal de alzada, se produjo la resolución del contrato de compraventa del vehículo de propiedad de la actora, en cumplimiento y ejecución del Acta de Conciliación, que mereció el pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional disponiendo la devolución del motorizado a su dueña así como del dinero dado como anticipo, además de haberse procedido a la cancelación de la escritura pública de transferencia, del registro y derecho propietario ante el Organismo Operativo de Tránsito, quedando vigente el mismo a favor de su anterior propietaria (accionante), y pendiente la determinación de los daños y perjuicios, que deben ser calificados tomando en cuenta el daño emergente y el lucro cesante, y no como los calificados por el inferior, que erróneamente se basó en los determinados por la parte actora en documentos privados suscritos con la compradora, lo que no es pertinente en consideración a la resolución del contrato inicial, a la que se sometieron voluntariamente las partes, no correspondiendo por ello, la determinación de daños y perjuicios conforme a lo fijado por la accionante, que como se dijo, los efectuó de manera unilateral en documentos suscritos con anterioridad a la resolución del contrato. De la misma manera, con relación a lo alegado por la actora que, el Tribunal de alzada no circunscribió su resolución a los puntos apelados, resulta no ser evidente, por cuanto esa instancia abordó la resolución del contrato por emerger este hecho del Acta de Conciliación y su vinculación y que en efecto fue la que se ejecutó, conforme a la Resolución de 20 de marzo de 2012, emitida por el inferior; por lo cual, su fundamentación es correcta sin haber actuado en forma ultra petita; por el contrario, estos aspectos fueron debidamente compulsados por los Vocales demandados, quienes actuaron conforme a procedimiento, sin vulnerar los derechos invocados por la accionante, lo que determina se deniegue la tutela solicitada, por la inexistencia de acto ilegal vulneratorio o restrictivo de derechos fundamentales”.

Texto de la resolucion

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0583/2015-S2

Sucre, 26 de mayo de 2015

SALA SEGUNDA

Magistrado Relator: Dr. Juan Oswaldo Valencia Alvarado

Acción de amparo constitucional

Expediente: 09163-2014-19-AAC

Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 23/2014 de 18 de septiembre, cursante de fs. 97 a 99, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nelson Oscar Villarroel Nuñez en representación de Carmen Ricarda Colque Vargas Vda. de Cortez contra Farida Brigida Velasco Alcoser y Asencio Franz Mendoza Cárdenas, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de agosto de 2014, cursantes de fs. 56 a 70, el representante por la accionante, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Transfirió en calidad de venta real y enajenación perpetua el camión de su propiedad, cuyas características señala, a Luisa Mamani Magne, por el precio de $us45 000.- (cuarenta y cinco mil dólares estadounidenses), cancelando inicialmente la compradora $us12 000 (doce mil dólares estadounidenses).- y, posteriormente $us5000.- (cinco mil dólares estadounidenses), quedando pendiente de pago el saldo de $us32 250.- (treinta dos mil doscientos cincuenta dólares estadounidenses). Es así que, incumplido el pago del saldo, el 19 de enero de 2012, ambas partes suscribieron un documento privado de compromiso de pago, en el cual la compradora reconocía la deuda a favor desu representada de $us50 000.- (cincuenta mil dólares estadounidenses), que incluía el saldo más daños y perjuicios. Posteriormente, el 24 de febrero del año citado, ambas partes acudieron al Centro de Conciliación Judicial “Pantaleón Dalence” en el que suscribieron el Acta de Conciliación 0495/12 de la misma fecha, acordando: a) El reconocimiento de un adeudo definitivo de $us50 000.-; b) El pago del adeudo en dos cuotas, $us20 000.- (veinte mil dólares estadounidenses) el 2 de marzo de 2012 y $us30 000.- (treinta mil dólares estadounidenses) el 19 de mayo del mismo año; c) La resolución del contrato de compraventa por incumplimiento del pago de una de las cuotas, implicando la devolución del vehículo a la accionante como la devolución de lo pagado parcialmente por concepto del precio de la cosa vendida a favor de la compradora; y, d) Pago de costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia. Refiere que ante el incumplimiento del Acta de Conciliación, el 7 de marzo de 2012, presentó demanda de ejecución judicial de la misma, solicitando la devolución del motorizado y el pago de $us5750.- (cinco mil setecientos cincuenta dólares estadounidenses), como saldo deudor por concepto de daños y perjuicios, instancia en la cual, el Juez Tercero de Partido Civil y Comercial, en virtud a la calidad de cosa juzgada del Acta de Conciliación y el incumplimiento de lo convenido, por Auto de 20 de marzo de 2012, dispuso: 1) La emisión del protocolo correspondiente para la entrega del citado vehículo por parte del Notario de Fe Pública; 2) La cancelación en el Organismo Operativo de Tránsito del registro y derecho propietario del motorizado a nombre de Luisa Mamani Magne; 3) El embargo del camión; y, 4) Traslado a la demandada sobre el pago de daños y perjuicios, decisión judicial que se ejecutó en sus tres primeros puntos, quedando pendiente la calificación de daños y perjuicios, respecto a la cual, la accionante suscitó incidente de calificación de los mismos, que mereció el Auto de 9 de agosto de 2013, calificando erróneamente el daño irrogado en $us1935.- (mil novecientos treinta y cinco), o su equivalente en moneda nacional, siendo objeto el recurso de apelación por su parte, que fue resuelto por la Sala Civil y Comercial Segunda mediante Auto de Vista 190/2013 de 13 de noviembre de 2014; por el cual, anuló la resolución apelada, disponiendo que se pronuncie una nueva cumpliendo el Acta de Conciliación, donde ya estaban establecidos los daños y perjuicios. El Juez de la causa cumplió el citado Auto de Vista, Resolución que fue apelada por la demandada, y anulada por la Sala Civil y Comercial Primera mediante el Auto de Vista 72/2014 de 17 de abril, que vulnera sus derechos; toda vez, que contiene una fundamentación incongruente e impertinente, invocando los arts. 568 y 574 del Código Civil (CC), sin tener presente que la accionante no demandó la declaratoria de resolución de contrato que corresponde a otro proceso en la vía ordinaria, ni la ejecución del contrato de venta, sino la ejecución del Acta de Conciliación. Asimismo, indica que los daños y perjuicios ya establecidos no pueden ser objeto de una nueva determinación, no correspondiendo su recalificación, aspecto que también se observó en el Auto de 9 de agosto de 2013, al resolver el incidente.

ejecución del Acta de Conciliación y la efectividad del pago por daños y perjuicios aceptados por la demandada, además que el Vocal asignado como Relator de la apelación interpuesta era Asencio Franz Mendoza Córdoba pero, posteriormente suscribe la misma y aparece como Relatora la Vocal demandada, Resolución de la que solicitó explicación sobre ambos aspectos que le fue denegada; y, por Auto 54/2014 de 13 de mayo y por su similar 53/2014 de la misma fecha, de oficio da por corregido y aclarado los nombres de los Vocales Relatores en el sello, tablilla y libro de distribución.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Alega la lesión de sus derechos al debido, proceso, a la defensa, falta de fundamentación, al juez natural, a los principios de seguridad jurídica y de congruencia, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 178.I, 180.I y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia: i) Se determine la anulación del proceso de “Ejecución del Acta de conciliación”, hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el Auto de Vista 72/2014, disponiendo se dicte un nuevo acorde a los principios procesales y constitucionales que regulan la garantía jurisdiccional del debido proceso, debiendo excluirse al Vocal, Asencio Franz Mendoza Cárdenas, por no haber presentado su proyecto de resolución dentro del plazo previsto por el art. 245 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y haber perdido competencia; y, ii) La anulación de los Autos 53/2014 y 54/2014, con daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 18 de septiembre de 2014, conforme consta del acta cursante de fs. 88 a 96 vta., se produjeron los siguientes actuados.

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante ratificó la acción planteada, reiterando el petitorio que se le conceda la tutela solicitada, restableciéndole sus derechos invocados en la demanda de la acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Farida Brígida Velasco Alcóser y Asencio Franz Mendoza Cárdenas, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia deOruro, en su informe escrito de fs. 80 a 83 vta., manifestaron: a) Emitieron el Auto de Vista 72/2014, que anuló el Auto de 10 de marzo del año citado, no siendo evidente que le cambiaron el nombre de la acción, menos los términos del debate procesal planteado, pues la acción es de ejecución de acta de conciliación, por el contrario, el hecho jurídico de la resolución del contrato, no fue parte de la controversia y la Resolución que dictaron no estuvo proclive a declarar la resolución de ningún contrato, el mismo que se resolvió en el Acta de Conciliación de 24 de febrero de 2012, la que también quedó resuelta, en virtud a que en dicho documento las partes acordaron que ante el incumplimiento de los pagos pactados, se tendría la resolución del contrato de compraventa; b) Ante la resolución del contrato se devolvería el automotor a la vendedora y el cálculo correspondiente de devolución de dinero conforme al saldo a favor de la compradora, conviniendo en la cláusula cuarta que en caso de incumplimiento, la parte que lo incumpla asume el pago de costas, daños y perjuicios, averiguables en ejecución judicial del Acta de Conciliación; c) Al darse la resolución del contrato por el incumplimiento de la compradora, se le restituyó el vehículo a la vendedora como se procedió a la cancelación del registro de propiedad a nombre de la vendedora en Tránsito y Alcaldía Municipal, asumiendo nuevamente su titularidad la vendedora Carmen Ricarda Colque Vargas Vida. de Cortez quien devolvió a la compradora el dinero que recibió como anticipo de la venta; d) De forma alguna se hace referencia respecto a los daños y perjuicios, debían asumirse los montos pactados en la sección de “Los acuerdos” expresado en las cláusulas primera o segunda del Acta de Conciliación, ya que resulta un contrasentido, siendo que un contrato se haya resuelto extrajudicialmente, se pretenda el cumplimiento de alguna de sus cláusulas, salvo la resolutoria que está autorizada por ley; e) Respecto a la explicación que solicitó la accionante, se tiene que se incurrió en un lapsus al consignar al Vocal Relator, lo que fue subsanado de oficio. Asimismo, con relación a la competencia que cuestiona la accionante, debió acudir al recurso directo de nulidad y no a esta acción de defensa, conforme a lo establecido por la jurisprudencia constitucional; y f) Anteriormente fueron también demandados en una anterior acción de amparo constitucional que se sustanció en la Sala Civil y Comercial Segunda, por la misma persona, los mismos motivos y objeto, en la que se emitió la Sentencia Constitucional "04/2014" de 7 de agosto; solicitando por lo informado, se declare la improcedencia de la acción de amparo constitucional, por no haberse vulnerado los derechos que menciona la accionante.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Luisa Mamani Magne, como tercera interesada, mediante su abogado, en audiencia expresó: 1) La accionante, alega que se vulneró el debido proceso y la congruencia en el Auto de Vista 72/2014, sin señalar de qué manera, nicómo; sin embargo, dicha resolución dictada por los Vocales demandados, se encuentra debidamente fundamentada, habiendo actuado correctamente; y, 2) Cuestiona la competencia del Vocal, Asencio Franz Mendoza Cárdenas, indicando que no presentó su proyecto de resolución en el plazo legal, sin tener presente que al impugnar la competencia debió interponer el recurso directo de nulidad y no así acción de amparo constitucional, porque no corresponde, así como esta acción no tutela principios que han sido alegados por la accionante, sino derechos y garantías fundamentales, por lo que en ese marco, le compete al Tribunal de garantías, dictar en resolución, la improcedencia; es decir, no conceder la tutela solicitada por la accionante, más aún cuando existe una Sentencia Constitucional pendiente, que se encuentra en revisión, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.