0644/2016-S1

Sintesis de la ratio decidendi

Se deniega la acción de libertad por subsidiariedad excepcional por cuanto el accionante dentro del proceso de asistencia familiar no agoto la vía ordinaria para acudir a la jurisdicción constitucional, toda vez que no interpuso recurso de apelación contra la resolución de rechazo de incidente de nulidad de notificación planteado.

Extracto de la ratio decidendi

F.J.III.5. “…el incidente de nulidad planteado, fue rechazado por la autoridad demandada, quien, expidió mandamiento de apremio contra el accionante, por incumplimiento de la cancelación de las pensiones devengadas dentro de término conferido por ley; Resolución que pudo haber sido apelada ante la autoridad superior. Por lo que el accionante, habría activado la jurisdicción ordinaria existiendo un pronunciamiento de la Jueza conforme lo señalado líneas arriba, el cual podría haber sido sujeto de impugnación ante el superior en grado, de esta manera neutraliza e impide ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, configurando ello la aplicación de la subregla de subsidiariedad excepcional; por lo que, no se agotó la vía ordinaria para acudir a la jurisdicción constitucional, hecho que configura una causal de improcedencia de la presente acción tutelar, razón por la que, corresponde aplicar el carácter subsidiario de la acción de libertad, de acuerdo a la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, resultando aplicable a la problemática de autos, por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada.”

Texto de la resolucion

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0644/2016-S1

Sucre, 3 de junio de 2016

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator: Dr. Macario Lahor Cortez Chavez

Acción de libertad

Expediente: 14407-2016-28-AL

Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 5/2016 de 18 de marzo, cursante de fs. 53 a 54, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Yolanda Romero Clavel en representación sin mandato de Juan Alejandro Bernal Romero contra Ninfa Sillerico López, Jueza Pública Décimoquinta de Familia del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de marzo de 2016, cursante de fs. 14 a 17 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de asistencia familiar seguido a instancias de Griselda Arlette Velasco Flores –demandante– contra Juan Alejandro Bernal Romero, en cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 346.4 concordante con el 327, ambos del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), habría puesto en conocimiento de la autoridad ahora demandada, su domicilio real para efectos de citaciones y notificaciones, tanto en el apersonamiento como en los demás actuados; sin embargo, la liquidación que ascendió a la suma de Bs12 600.- (doce mil seiscientos bolivianos), no fue notificada en su domicilio real; además del pago bajo conminatoria de apremio determinado por la Jueza demandada, misma que consistió la ilegalidad de las diligencias practicadas, concluyendo con la emisión del mandamiento de apremio por Auto de 11 de febrero de 2016, en total inobservancia de la SC 1221/2011 de 13 de septiembre y desconocimiento de la supremacía de la ley, con una actitud prevaricadora y unilateral.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

[Following text provided within the document continues.]Señaló como lesionados sus derechos al debido proceso por persecución ilegal, a la “seguridad jurídica” y el principio de legalidad, citando al efecto los arts. 115.II, 119.II, 180.I y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela impetrada y se deje sin efecto el mandamiento de apremio de 26 de febrero de 2016.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 18 de marzo de 2016, según consta en el acta cursante de fs. 49 a 52, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogada se ratificó en los argumentos expuestos en el memorial de demanda de la presente acción tutelar y ampliándola manifestó lo siguiente: a) La autoridad demandada el 11 de febrero de 2016, expidió mandamiento de apremio en contra del impetrante de tutela, hasta que cancele la suma de Bs12 600.-, cursando la notificación con la conminatoria respectiva, la cual fue notificada en Secretaría de su Juzgado, pero no así la diligencia personal; y, b) Mediante incidentes que se encuentran ejecutoriados se ha puesto en antecedente que el domicilio real a efecto de la notificación personal estaría ubicado en la localidad de “Pucarani”, incluso se habría señalado en la zona de “Achumani”, edificio “Aviador”.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

La Jueza Pública Décimoquinta de Familia del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 18 de marzo de 2016, cursante a fs. 21 y vta., y en audiencia refirió lo siguiente: 1) A su despacho le remitieron más de mil quinientos procesos entre ellos la causa de “Velasco/Bernal” dado a conocer por el Juzgado Tercero de Instrucción de Familia, por el cual la autoridad jurisdiccional de ese entonces mediante Sentencia 105/2014 de 28 de abril, determinó una asistencia familiar de Bs900.- (novecientos bolivianos), siendo notificado el accionante en su domicilio real ubicado en la “av. Tumusla”; 2) En septiembre de 2014, la representante del referido se apersonó, denunciando ante el Ministerio Público a la autoridad jurisdiccional señalada ut supra por incumplimiento de funciones y luego de haber transcurrido más de un mes presentó incidente de nulidad de notificación, cuando el proceso habría culminado con sentencia y fuera del plazo establecido por el art. 256 inc. b) de la Ley 603 de 19 de noviembre de 2014, el cual se corrió en traslado a la parte contraria por igualdad procesal; 3) El art. 190 del CPCabrg, disponía que la sentencia pondrá fin al litigio de primera instancia limitado a posibles apelaciones por los interesados.instancia, el art. 196 del mismo Código, señaló que pronunciada la sentencia el juez no podrá sustituirla ni modificarla y concluirá su competencia respecto al objeto del litigio; incidente que fue rechazado mediante Resolución 133/2015 de 6 de abril; y, 4) De conformidad al art. 314 de la Ley 603, la parte demandada señaló domicilio procesal situado en el edificio “Cristal, piso 8, of. 802, calle Yanacocha 372” (sic), dándose cumplimiento con lo dispuesto por el art. 447 segundo párrafo del precitado cuerpo legal que refiere: “que las notificaciones con la liquidación de pago de asistencia familiar se practicarán en secretaria del Juzgado” (sic).

I.2.3. Resolución

La Jueza Segunda de Sentencia Penal del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, pronunció la Resolución 5/2016 de 18 de marzo, cursante de fs. 53 a 54, mediante la cual denegó la tutela solicitada, bajo el siguiente fundamento: i) Por memorial de liquidación de pago de asistencia familiar presentado por Griselda Arlette Velasco Flores, el 5 de noviembre de 2015 y su proveído de la misma fecha, la cual fue notificada en el domicilio procesal el 6 de igual mes y año, posteriormente se le dio a conocer la aprobación de la misma la cual refería que tenía un lapso de tres días para cancelar la asistencia devengada bajo conminatoria de apremio hasta que pague lo adeudado, por providencia se dispuso que se expida el mandamiento de apremio que se le corrió en traslado al accionante en su domicilio procesal, conforme establece la Ley 603; ii) El Código de las Familias y del Procedimiento Familiar expresa claramente cómo y cuál es el lugar donde deben practicarse las notificaciones al obligado en asistencia familiar; y, iii) La acción de libertad se interpone por aquella persona que crea que su vida esté en peligro, que esté indebidamente procesada, presa o privada de su libertad, bajo estos criterios no puede hacerse viable la presente acción tutelar.

II. CONCLUSIONES

Del atento análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establecen las siguientes conclusiones: