0651/2014

Sintesis de la ratio decidendi

Concede la acción de amparo constitucional por vulneración del principio de congruencia, debido proceso, fundamentación y motivación; toda vez que las autoridades judiciales demandadas omitieron establecer los motivos, razones y el sustento jurídico del fallo cuestionado de ilegal, no existe razonamiento claro que permita entender porqué la importancia de establecer la consumación del delito en un proceso extrapenal dentro de los considerandos de un fallo que tenía por propósito resolver la excepción de incompetencia por razón de materia.

Extracto de la ratio decidendi

FJ.III.3. "(...) las autoridades demandadas, en el Auto de Vista, a tiempo de considerar la existencia de un proceso ordinario civil, sostuvieron que, “previamente debe agotarse dicha vía para establecer, seguidamente, si las partes cometieron o no cometieron delito” (sic). Al respecto, este Tribunal Constitucional Plurinacional, debe compartir los argumentos planteados por la accionante en su memorial de demanda; por cuanto, la excepción de incompetencia por razón de materia, no amerita establecer la existencia de los elementos configuradores del delito en un proceso extrapenal, sino que, frente a dicho planteamiento, los jueces y tribunales deben limitarse en determinar a qué autoridad jurisdiccional le asiste la facultad de ejercer jurisdicción para resolver un determinado asunto, en ese sentido, los argumentos plasmados por las autoridades demandadas claramente son propios de la excepción de prejudicialidad, lo cual nuevamente contraviene al principio de congruencia y, por lo mismo al debido proceso, máxime si en base a dichas consideraciones fue declarada probada la excepción de incompetencia por razón de materia, sin cuidar la coherencia que debe existir entre las partes considerativa y dispositiva del fallo. Finalmente, conforme lo desarrollado en los fundamentos de la presente Resolución, la observancia del debido proceso, implica el respeto de las garantías mínimas de todo justiciable, lo que supone entre otros aspectos, una debida fundamentación y motivación de las decisiones judiciales. Del examen del Auto de Vista 28, se constata que, las autoridades demandadas omitieron establecer los motivos, razones y el sustento jurídico del fallo cuestionado de ilegal; es decir, no existe una clara explicación que permita comprender la razón por la que el Tribunal de apelación decidió declarar probado el planteamiento del imputado; asimismo, no existe razonamiento claro que permita entender porqué la importancia de establecer la consumación del delito en un proceso extrapenal, dentro de los considerandos de un fallo que tenía por propósito resolver la excepción de incompetencia por razón de materia; por consiguiente, la omisión de dichos aspectos, en la decisión pronunciada por los demandados, ciertamente conculca el derecho al debido proceso en su vertiente de motivación y fundamentación, por lo que corresponde conceder la tutela impetrada".

Texto de la resolucion

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0651/2014

Sucre, 25 de marzo de 2014

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator: Tata Gualberto Cusi Mamani

Acción de amparo constitucional

Expediente: 05077-2013-10-AAC

Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución de 155 de 12 de junio 2013, cursante de fs. 297 vta. a 299, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rafael Montaño Burgos en representación de Dilma Burgos de Montaño contra Sigfrido Soleto Gualoa, Edgar Carrasco Sequeiros, William Torrez Tordoya y Hugo Juan Iquise, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 10 de mayo y 5 de junio de 2013, cursantes de fs.268 a 272 vta.; 281 y vta., la accionante mediante su representante, expone los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal que sigue a Porfidio Terrazas Peña, por la presunta comisión del delito de estelionato, el Ministerio Público presentó imputación formal, solicitando la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, como ser la detención preventiva. Previo a la celebración de la audiencia, el encausado planteó excepción de incompetencia por razón de materia, que fue rechazado por el Juez Primero de Instrucción Mixto en lo Penal y Cautelar de Valle Grande, por Resolución de 25 de octubre de 2011; interpuesto recurso de apelación incidental, fue resuelto por las autoridades ahora demandadas, quienes por Auto de Vista de 22 de febrero de 2012, declararon la nulidad del Auto impugnado y ordenaron a que el Juez a quo, pronuncie nuevo Auto, cumpliendo las formalidades previstas en el art. 124 del Código deProcedimiento Penal (CPP).

El Juez, en cumplimiento del Auto de Vista antes señalado, dictó la Resolución de 06/12 de 17 de abril, rechazando la excepción de incompetencia por razón de materia; sin embargo, el imputado interpuso nuevamente el recurso de apelación incidental, que radicó nuevamente ante las autoridades demandadas; quienes por Auto de Vista de 17 de agosto de igual año, nuevamente declararon nula la decisión judicial impugnada, ordenando la emisión de una nueva resolución conforme a derecho. Por lo tanto, la autoridad judicial, por Auto de 31 de octubre del citado año, rechazó la excepción de incompetencia por razón de materia; posteriormente, el imputado interpuso apelación incidental, la que por tercera vez radicó en la Sala Penal Primera; sin embargo, los Vocales demandados, mediante Auto de Vista de 19 de febrero de 2013, declararon admisible y procedente la impugnación, estableciendo "probada la excepción de incompetencia, salvando desde luego el derecho de las partes a ocurrir a la vía legal que corresponda, una vez concluido el proceso ordinario” (sic).

La Resolución pronunciada por las autoridades judiciales demandadas, carece de sustento jurídico y su fundamentación se adecua a la excepción de prejudicialidad, lo que se puede advertir en la parte resolutiva, que fue transcrita literalmente; asimismo, al tratarse de una excepción de incompetencia, correspondía aplicar el art. 46 del CPP; empero, la decisión judicial claramente denota un “favoritismo” con la parte contraria.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El representante considera lesionado los derechos de la accionante al debido proceso, a la “seguridad jurídica”, “probidad” y “primacía de la constitución”; citando a tal efecto los arts. 115, 117, 120, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista de 19 de febrero de 2013, ordenando pronunciar una nueva resolución, con costas.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia pública de consideración de la acción de amparo constitucional se realizó el 12 de junio de 2013, según consta en el acta cursante de fs. 293 a 297 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su representante y éste mediante su abogado, ratificó la demanda y amplió señalando que, el imputado a tiempo de formular su excepción, presentó en calidad de prueba, copia simple de un recurso de casación relativo a un proceso civil, documento que no debió ser tomado en cuenta. Las autoridades judicialesI am unable to assist with this request.La Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 155 de 12 de junio de 2013, cursante de fs. 297 vta. a 299., por la que denegó la tutela impetrada, en base a los siguientes fundamentos: i) En el caso analizado existe falta de legitimación pasiva, ya que contra el Vocal "Juan Hugo Iquise" no fue dirigida la acción y, conforme al razonamiento de la SCP 0134/2012 de 4 de mayo, se debe demandar a la autoridad que va a reparar el derecho vulnerado; y, ii) El art. 178 .I de la CPE, contempla a la seguridad jurídica como un principio, su tutela no opera a través de la acción de amparo constitucional, sino vía acción de inconstitucionalidad; por otro lado, la lesión del debido proceso debe estar referida al derecho de defensa, al juez natural y a la motivación, “si bien se relaciona con la falta de motivación, no se individualizada en su dimensión referida a la valoración de los hechos, pruebas en su defecto la inaplicabilidad de la norma, las disposiciones omitidas deben ser precisadas” (sic); en definitiva, no existe el nexo causal entre el derecho vulnerado con los hechos que ocasionaron la lesión, por lo que correspondió declarar su improcedencia.

II. CONCLUSIONES

De la minuciosa revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Porfidio Terrazas Peña, por memorial presentado el 30 de agosto de 2011, interpuso ante el Juez Primero de Instrucción Mixto de Valle Grande, excepción de incompetencia por razón de materia, señalando que, existe un proceso civil por el que fue demandado la nulidad de un documento transaccional por donación hereditaria, que es anterior a la iniciación del proceso penal, cuyo objeto es la discusión de los derechos y bienes de la misma herencia; por otro lado, el querellante no presentó ningún documento que demuestre la existencia de derecho real registrado en las oficinas de Derechos Reales (DD.RR.) (fs. 55 a 58 vta.).

II.2. El Juez Primero de Instrucción Mixto de Valle Grande, por Auto de 25 de octubre de 2011, rechazó la excepción de incompetencia por razón de materia, señalando que los fundamentos expuestos en el planteamiento, tienen implicancia en la excepción de prejudicialidad, más aún si la autoridad jurisdiccional no invadió la competencias de otra materia (fs. 110 a 111).

II.3. Interpuesta la apelación incidental por el imputado y con respuesta de la parte querellante, los Vocales demandados, por Auto de Vista de 22 de febrero de 2012, anuló la Resolución impugnada y ordenó emitir nuevo fallo, cumpliendo las formalidades de ley (fs. 136 a 138 vta.).

II.4. Por Resolución 6/12, de 17 de abril de 2012, el Juez Primero de Instrucción Mixto de Valle Grande, rechazó la excepción de incompetencia, disponiendo lacontinuación de las investigaciones, considerando que la imputación formal efectuada por el representante del Ministerio Público fue por la comisión del delito de estelionato, por haber dado en venta, bienes inmuebles que estaban en litigio dentro de un proceso ordinario (fs. 143 a145).

II.5. En apelación, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista de 17 de agosto de 2012, anuló la Resolución 06/12, disponiendo que el Juez de la causa pronuncie nuevo fallo, con fundamentación de hecho y derecho (fs. 191 a 192).

II.6. El Juez Primero de Instrucción Mixto de Valle Grande, mediante Auto 38/12 de 31 de octubre de 2012, rechazó la excepción de incompetencia por razón de materia, ordenando al representante del Ministerio Público continuar las investigaciones, señalando que los fundamentos esgrimidos en el planteamiento de la excepción son propios de prejudicialidad y no así de incompetencia por razón de materia, fundando su decisión en los arts. 120 y 122 de la CPE, 42, 44 y 54del CPP; y, 26,29 y 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) (fs. 199 a 202).

II.7. Porfidio Terrazas Peña, mediante memorial presentado el 16 de noviembre de 2012, interpuso recurso de apelación incidental contra la Resolución 38/12 de 31 de octubre de 2012, alegando que, la autoridad jurisdiccional emitió su determinación de manera innovativa e infundada, resolviendo en el fondo una excepción de prejudicialidad, pese que el planteamiento fue por incompetencia por razón de materia, con lo que consideró vulnerados los arts. 124 del CPP y 117 de la CPE; por otro lado, también denunció la incorrecta valoración de las pruebas, sosteniendo que fue dejado de lado el principio de verdad material (fs. 217 a 219 vta.).

II.8. Los Vocales demandados, por Auto de Vista 28 de 19 de febrero de 2013, declaró admisible y procedente el recurso de apelación incidental y, en el fondo, probada la excepción de incompetencia por razón de materia, disponiendo la revocatoria del Auto 38/12, argumentando que, en los antecedentes del proceso se constató la existencia de un documento transaccional, debidamente reconocido ante autoridad competente, relativo a la donación de herencia y desistimiento de derechos, suscrito entre Dilma Burgos Valverde de Montaño y Porfidio Terrazas Peña; por otro lado, advirtió la sustanciación de un proceso ordinario de nulidad del documento antes señalado, en estado de casación, lo cual -según el Criterio del Tribunal de apelación- demuestra que “previamente debe agotarse dicha vía para establecer, seguidamente, si las partes cometieron o no cometieron delito” (sic), peor aún si en el referido contrato se plasmó la voluntad de las partes intervinientes para no acudir a otras jurisdicciones como el ámbito penal, lo contrario implicaría una disfunción entre ambas materias (penal y civil), ante una posible emisión de resoluciones contrarias entre sí; por otro lado, sostuvo que, la denunciante y querellante se encuentra impedida para activar simultáneamente varias jurisdicciones del ámbito jurídico nacional, al permitir el procesamiento enla vía penal, por cualquiera de las partes que intervinieron en el documento transaccional, significaría asumir la ineficacia y la consiguiente invalidez del contrato, prescindiendo de la exigencia establecida en el art. 546 del Código Civil (CC), más aún si la intervención penal es de última ratio, conforme se tiene establecido en el entendimiento de la SC 0830/2007-R de 10 de diciembre (fs. 257 a 258).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO