Texto del fallo
Extracto de jurisprudencia indicativa
FJ. III.1." El control tutelar de constitucionalidad y el resguardo a derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional
La consolidación del Estado Plurinacional de Bolivia, como Estado Constitucional de Derecho, mantiene el quiebre de concepción sobre la funcionalidad de la propia Ley Fundamental, la Constitución es concebida como fuente primaria del ordenamiento jurídico y a la vez Norma Suprema directamente justiciable, dotada de un contenido material (principios, valores supremos y derechos fundamentales), que condicionan la validez de las demás normas infra constitucionales, y que exigen a los operadores del derecho ingresar en la tarea de su consecución . Bajo este nuevo enfoque se encomienda el control de constitucionalidad a un órgano independiente -el Tribunal Constitucional Plurinacional-, encargado de ejercitar un control de constitucionalidad de carácter jurisdiccional para el resguardo de una Constitución abierta que contiene y fundamenta los valores y principios supremos de carácter plural que irradian de contenido y orientan el funcionamiento del Estado y la sociedad boliviana, donde los valores y principios plurales supremos convergen como guías y pautas de interpretación para la materialización del nuevo modelo de Estado que proyecta la Constitución, sustentado en la plurinacionalidad, la interculturalidad, el pluralismo en sus diversas facetas proyectados hacia la descolonización, como nuevos ejes fundacionales que permitan consolidar una sociedad inclusiva, justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales estructuradas bajo un proceso que articule la pluralidad en la unidad.
En este escenario, conforme determinó la SCP 1714/2012 de 1 de octubre, la funcionalidad de la Constitución también sufre un giro trascendental, pues no sólo se erige para limitar el ejercicio de poder político y organizar las estructuras estatales, sino también en defensa de los derechos fundamentales, concebidos como valores supremos a ser materializados.
En efecto, uno de los pilares esenciales del Estado Constitucional de Derecho, es el respeto a los derechos fundamentales, los cuales, de acuerdo con lo previsto en el art. 109.I de la CPE, concordante con el art. 13.III de la misma norma fundamental, gozan de igual jerarquía y son directamente aplicables y justiciables.
En este orden, el constituyente ha previsto que la directa justiciabilidad de los derechos y garantías fundamentales se operativice a través de las acciones de defensa diseñadas constitucionalmente, entre ellas, la acción de amparo constitucional, consagrada para la defensa de los actos y omisiones que lesionen derechos y garantías fundamentales, cuyo ámbito de protección se encuentra delimitado por los arts. 128 y 129 de la CPE.
Bajo la perspectiva señalada, la acción de amparo constitucional se configura como una verdadera garantía jurisdiccional destinada, a través de un procedimiento rápido y oportuno, a resguardar los derechos fundamentales expresados en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad, con excepción de aquellos que encuentren resguardo en otros mecanismos específicos de defensa.
Así lo estableció la SCP 0002/2012 de 13 de marzo, al señalar que: “Del contenido del texto constitucional de referencia puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección”.
Asimismo, la citada Sentencia al desarrollar los alcances de este mecanismo de defensa señaló que: “El término de acción no debe ser entendido como un simple cambio de nomenclatura, que no incide en su naturaleza jurídica, pues se trata de una verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, y dada su configuración, el amparo constitucional se constituye en un proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente con partes procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una postura procesal distinta, con un objeto específico y diferente, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales y con una causa distinta a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la vulneración concreta o inminente de derechos fundamentales a raíz actos y omisiones ilegales o indebidos y con un régimen jurídico procesal propio”.
Por lo señalado, la acción de amparo constitucional es un medio eficaz para asegurar el respeto a derechos fundamentales y garantías constitucionales no tutelados por otros mecanismos de defensa, siendo un medio idóneo de protección oponible no sólo respecto del Estado sino también de manera horizontal; es decir, contra actos y omisiones provenientes de particulares que lesionen o amenacen lesionar los derechos fundamentales que se encuentran bajo su resguardo .
En el marco de lo referido, cabe subrayar que el diseño constitucional del amparo constitucional responde a las normas del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, concretamente en el marco de los alcances y preceptos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo art. 25.1, establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención…”.
En efecto la regulación efectuada por el constituyente respecto al amparo constitucional, estructura esta acción sobre la base de los principios de sumatoriedad, inmediatez, eficacia, idoneidad y oportunidad, a partir de los cuales se consagra la vigencia en este nuevo modelo de Estado, de un mecanismo de tutela pronta y oportuna, para el resguardo de derechos fundamentales y garantías constitucionales contra actos u omisiones lesivos provocados por servidores públicos o particulares.
En armonía con lo expuesto, debe señalarse que la acción de amparo constitucional, en su dimensión procesal, es un verdadero proceso de naturaleza constitucional regido por las normas y principios procesales propios de la justicia constitucional, que guiado bajo el principio de eficacia su protección se orienta siempre a dar efectiva protección a los derechos fundamentales y garantías constitucionales que tutela. Es por ello, que para la consecución de su objeto y finalidad -tutela efectiva- se encuentra regido por los criterios y principios de interpretación constitucional y los propios que rigen de manera concreta a los derechos humanos, entre ellos, los principios pro persona o comúnmente conocido como el pro homine, el pro actione, favor debilis, de progresividad, favorabilidad, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, el de preferencia y eficacia de los derechos humanos, entre otros, los mismos que han sido aplicados por la jurisprudencia constitucional .
Ahora bien, este mecanismo de máxima protección se rige al mismo tiempo por dos principios configuradores que hacen a su naturaleza: la subsidiariedad y la inmediatez; el primero, entendido como el agotamiento previo o la constatación de la inexistencia de otras vías o recursos legales para la protección inmediata de los derechos denunciados como conculcados, por cuanto, no sustituye o reemplaza a los recursos o instancias ordinarias preestablecidas en el ordenamiento jurídico. El segundo, instituye al amparo constitucional como un mecanismo inmediato en la protección de los derechos y garantías fundamentales, lo que permite percibir que este mecanismo de tutela, brinda una reparación inmediata frente a los actos y omisiones arbitrarias de los servidores públicos y/o personas particulares; de ahí su naturaleza regida por los principios de sumariedad, celeridad y eficacia.
En el marco de lo señalado, la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales".
Texto de la resolucion
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0809/2013
Sucre, 11 de junio de 2013
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Magistrada Relatora: Soraida Rosario Chávez Chire
Acción de amparo constitucional
Expediente: 02554-2013-06-AAC
Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 01/2013 de 10 de enero, cursante de fs. 57 a 59 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Hugo Alberto Miranda y Marcelo Jorge Cancela De Mula en representación legal de la Sociedad Agroforestal “El Recreo SRL” (SAFER S.R.L.) contra Isabel Ortuño Ibañez, Mario Pacosillo Calsina y Lidia Chipana Chirinos, Magistrados de la Sala Liquidadora Primera del Tribunal Agroambiental.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memorial presentado el 18 de diciembre de 2012, cursante de fs. 15 a 22, subsanado el 26 de igual mes y año, de fs. 33 y vta., los representantes de la Sociedad accionante expresaron los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Los Magistrados de la Sala Liquidadora Primera del Tribunal Agroambiental -ahora demandados- pronunciaron el Auto Interlocutorio Definitivo 13/2012 de 2 de julio, que declaró la perención de instancia dentro la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la SAFER S.R.L. contra el Director Nacional a.i. del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), argumentando que la causa fue abandonada por más de seis meses, desde el 29 de noviembre de 2011 hasta el 25 de junio de 2012, poniendo fin a la demanda planteada.
Refieren que, no se consideró que dentro los seis meses computados, existió la vacación judicial colectiva de veintiséis días; es decir, desde el 6 de diciembre de 2011 hasta el 30 del mismo mes y año.
De la misma forma, señalan que desde el 31 de diciembre de 2011 al 2 de enero de 2012, por la transición del Tribunal Agrario Nacional al Tribunal Agroambiental, no existió institucionalidad agraria o agroambiental por la posesión y cambio de nuevas autoridades, motivo por el cual los plazos procesales para todas las causas se suspendieron un determinado periodo de tiempo, extremo que no fue considerado al momento de dictar el Auto Interlocutorio Definitivo 13/2012 de 2 de julio.2 de julio, por las autoridades ahora demandadas, quienes calcularon de forma incorrecta el cálculo del plazo para la perención de instancia, por lo que no aplicaron de manera correcta el art. 309 del Código de Procedimiento Civil (CPC).
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Los representantes de la Sociedad accionante, alegan la lesión de los derechos a la petición, al debido proceso, a la defensa, a la “seguridad jurídica” y legalidad, citando al efecto los arts. 9.2, 24, 115.II, 119.I, 120.I, 178.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE) y art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica.
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela, y se deje sin efecto el Auto Interlocutorio Definitivo 13/2012 de 2 de julio, debiendo las autoridades demandadas ajustar sus actos a las disposiciones legales y constitucionales.
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
Celebrada la audiencia pública el 10 de enero de 2013, según consta en el acta cursante de fs. 55 a 56 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
La Sociedad accionante a través de su defensa técnica ratificó el tenor íntegro de la acción de amparo constitucional.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Las autoridades demandadas pese a su legal notificación no presentaron informe escrito ni oral y tampoco asistieron a la audiencia.
I.2.3. Resolución
Concluida la audiencia, la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 01/2013 de 10 de enero, cursante de fs. 57 a 59 vta., por la que denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos de orden legal: a) Las autoridades recurridas mediante Auto 13/2012 de 2 de julio, aplicando lo previsto en el art. 309 del CPC, declararon la perención de instancia de la demanda contenciosa administrativa deducida por SAFER S.R.L. contra el Director Nacional del INRA, al haber transcurrido más de seis meses sin movimiento de la causa; b) La perención de instancia obedece al abandono de la tramitación de la causa por el demandante, cuando existe inactividad procesal, otorgándose la posibilidad de interponer una nueva demanda dentro los plazos previstos por la ley agraria; c) El juez o tribunal como directores del proceso tienen la obligación de velar el cumplimiento del debido proceso, aplicando la celeridad procesal; d) Del informe presentado por el Secretario de Cámara el 25 de junio de 2012, se advierte el tiempo transcurrido y la inactividad procesal en la causa y en correcta aplicación del art. 309 del CPC, las autoridades demandadas declararon la perención de instancia; y, e) Respecto a la vacación judicial del Tribunal Agrario Nacional, el período de transición hasta el funcionamiento de las Salas Liquidadoras no constituyen actos procesales que interrumpen el plazo de la perención, tampoco el “memorial de 26 de junio” (sic) que es posterior a la emisión del informe del Secretario, desvirtuando la denuncia respecto del derecho de petición,dicho memorial recibió respuesta, motivo por el cual no es evidente la vulneración del debido proceso, la seguridad jurídica y el principio de legalidad.
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
A solicitud de la Magistrada Relatora, por requerir de mayor análisis y amplio estudio, de conformidad a lo establecido en el art. 43.II, del Código Procesal Constitucional (CPCo), mediante Acuerdo Jurisdiccional 006/2013 de 7 de mayo, se procedió a ampliar el plazo procesal en la mitad de su término, por lo que la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo.
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