1075/2015-S2

Sintesis de la ratio decidendi

Se deniega la acción de amparo constitucional, por improcedencia, no siendo viable por ende, la nulidad del Auto Supremo 082/2014, pretendida; al no haberse demostrado la relevancia de la nulidad pedida, el daño o perjuicio irreparable ni el perjuicio en la defensa de las partes, objetivamente, incumpliéndose el principio de trascendencia, no acomodándose lo pedido a los presupuestos que rigen a las nulidades procesales.

Extracto de la ratio decidendi

F.J.III.5. “Así, resulta lógico que, la parte accionante debió explicar en su demanda tutelar, por qué y qué causales de recusación se vio impedido de plantear, ante la falta de notificación con la nueva radicatoria de su recurso de casación en la Sala Social y Administrativa Liquidadora Única del Tribunal Supremo de Justicia, acompañando al efecto todas las pruebas tendientes a demostrarla, para así dar certeza a este Tribunal, de la existencia de un daño irremediable o irreparable, y del perjuicio en su defensa, ocasionado por el acto procesal que se alega omitido; debiendo aclararse que, no obstante que a la jurisdicción constitucional no le corresponde dirimir sobre la procedencia o no de la recusación, lo mencionado, resultaba ineludible a efectos de la concesión de la tutela pretendida; al no obrar en dicho sentido, no existiendo alegación alguna objetiva, de alguna causa legal cierta para hacer efectiva la recusación que se aduce fue imposibilitada en su planteamiento, el impetrante de tutela, no otorgó certeza a esta jurisdicción constitucional, a efectos de poder arribar a una conclusión cierta sobre la trascendencia de la nulidad pretendida, al no haberse señalado, se insiste, el perjuicio cierto e irreparable producido, ni el menoscabo en la defensa de alguna de las partes procesales con la omisión en la notificación impugnada, que hubiera dado lugar a que, otras sean las autoridades judiciales que conocieran y resolvieran la casación planteada por el accionante; aspectos indispensables en virtud de lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no resultando posible, declarar la nulidad de un Auto Supremo dictado dentro de la administración de justicia sólo por cuestiones formales que no demuestren la evidente vulneración de los derechos a la defensa y al debido proceso, lo que ciertamente, no fue comprobado en el caso, en el que pese a que el representante del impetrante de tutela, indicó que, lo impugnado le impidió formular recusación contra los Magistrados que dictaron el Auto Supremo 82/2014, no sustentó, se reitera, objetivamente, el que los mismos hubieren tenido causales para ser recusados, parar lograr eventualmente la reparación de los derechos fundamentales que invocó como vulnerados. Conforme a lo expuesto, esta Sala concluye que, no se transgredieron los derechos invocados por la parte accionante, no siendo viable por ende, la nulidad del Auto Supremo 082/2014, pretendida; al no haberse demostrado la relevancia de la nulidad pedida, el daño o perjuicio irreparable ni el perjuicio en la defensa de las partes, objetivamente, incumpliéndose el principio de trascendencia, no acomodándose lo pedido a los presupuestos que rigen a las nulidades procesales, conforme a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de la presente Resolución; razones por las que, compele revocar la decisión inicialmente asumida por el Tribunal de garantías que concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Supremo 082/2014, no teniendo constancia alguna, de que las autoridades que la pronunciaron, hubieran actuado fuera de la independencia e imparcialidad que rige el comportamiento de las autoridades judiciales, no habiéndose alegado siquiera una causal de excusa y por ende, de recusación de las mismas, que ponga en duda lo señalado”.

Texto de la resolucion

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1075/2015-S2

Sucre, 27 de octubre de 2015

SALA SEGUNDA

Magistrado Relator: Juan Oswaldo Valencia Alvarado

Acción de amparo constitucional

Expediente: 10867-2015-22-AAC

Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 139/015 de 21 de abril de 2015, cursante de fs. 231 a 236, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Francisco Romero Ossio en representación legal de Juan Luis Choque Armijo contra Pastor Segundo Mamani Villca y Antonio Guido Campero Segovia; Fidel Marcos Tordoya Rivas y Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Magistrados de las Salas Contenciosas y Contenciosas Administrativas, Sociales y Administrativas, Primera y Segunda, respectivamente, del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de marzo de 2015, cursante de fs. 165 a 171, subsanado el 27 del mismo mes y año (fs. 177 y vta.), el representante del accionante expone los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 15 de junio de 2009, Juan Alberto Zegarra Villafuerte, interpuso demanda laboral contra su representado, persiguiendo la cancelación de la suma de $us18 504,65.- (dieciocho mil quinientos cuatro mil 65/100 dólares estadounidenses), por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo, vacación y sueldos devengados, alegando que prestó servicios en la empresa unipersonal “San Juanino” de propiedad de su defendido, por el lapso de tres años, dos meses y un día, habiendo sido objeto de despido intempestivo.

Añade que, en virtud a la demanda laboral precitada, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social del departamento de Potosí, emitió la Sentencia 103/2009 de 12 de octubre, declarando probada la demanda, condenando a su defendido al pago de los derechos laborales reconocidos, proceso que fue apelado y mereció Auto de Vista 54/2010 de 21 de mayo, mediante el cual la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, confirmó la Sentencia emitida en primera instancia.

Continúa señalando que, dicho auto de vista fue objeto de casación interpuesto por su representado, resultando por Auto Supremo 218/2012 de 5 de junio pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, declarando infundado el recurso interpuesto, manteniendo firme y subsistente las determinaciones señaladas.

Indica que, sobre la base del proceso contradictorio seguido en las instancias citadas, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social del departamento de Potosí, dictó Auto interlocutorio definitivo de 18 de agosto de 2014 dentro del memorial de solicitud de pago de beneficios sociales presentado por el demandante, resolviendo conforme documentación presentada por el accionante, llega a identificar el inmueble registrado bajo la matrícula número 5.02.3.01.00057 de fecha 11 de abril de 2013."mandante a pagar la suma de $us21 135,40.- (veintiún mil ciento treinta y cinco 40/100 dólares estadounidenses); fallo que impugnado en apelación, fue confirmado parcialmente por la Sala Social y Administrativa del Tribunal de Justicia de ese departamento, a través del Auto de Vista 134/2009 de 2 de diciembre, reduciéndose la suma condenada a $us18 874,14.- (dieciocho mil ochocientos setenta y cuatro 14/100 dólares estadounidenses); razones por las que planteó finalmente recurso de casación, resuelto por la Sala Social y Administrativa Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, a través del Auto Supremo 082/2014 de 23 de septiembre, declarándolo infundado.

Precisa que, el proceso laboral nombrado en párrafos anteriores, fue desarrollado con una serie de omisiones, irregularidades y actos ilegales que restringieron los derechos fundamentales de su representado, en instancia de casación, por las siguientes razones: a) Remitido el expediente formado dentro del proceso en cuestión, en virtud a la casación planteada, fue recibido en Sala Plena de la entonces denominada Corte Suprema de Justicia, el 18 de enero de 2010, habiéndose decretado autos el 21 del mismo mes y año, por el Presidente de la Sala Social y Administrativa Segunda de la institución aludida; decreto del que nunca asumió conocimiento, al no haberse notificado a las partes procesales; b) El 7 de marzo de 2012, los Magistrados de la Sala Social y Administrativa Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, María Arminda Ríos García, Carmen Núñez Villegas y Delfín Humberto Betancourt Chinchilla, dispusieron la radicatoria de la causa, omitiendo al igual que en una anterior oportunidad, el notificar a las partes procesales; c) Dentro del caso, la Sala Social y Administrativa Segunda Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, emitió la Resolución 08 de 28 de agosto de 2013, sin que hubiera existido sorteo de Salas alguno, ni constancia alguna de la autoridad *que intervino para que el expediente haya sido radicado* en la Sala Social y Administrativa Segunda y no así en su similar Primera; extremos evidenciables, según añadió, de la simple revisión del expediente, lesionando el derecho de su mandante al juez natural, independiente e imparcial, cuestión sancionada con nulidad, toda vez que es el sorteo el que abre la competencia de una Sala para el conocimiento de una causa, habiendo sido juzgado en consecuencia por un Tribunal apócrifo; d) Posteriormente a haber radicado el proceso laboral en la Sala Social y Administrativa Segunda Liquidadora, el 24 de julio de 2014, como emergencia de la Resolución Presidencial 005/2014, sobre reconformación de Salas, se determinó la unificación de las dos Salas Sociales y Administrativas Liquidadoras, conformándose una sola Sala por los Magistrados Carmen Núñez Villegas, María Arminda Ríos García y Delfín Humberto Betancourt Chinchilla, quienes por Resolución de esa fecha, dispusieron nuevamente la radicatoria de la causa en la Sala Única, sin notificar nunca a su representado, procediéndose asimismo al sorteo del expediente, sin tener tampoco conocimiento de aquello su mandante; e) La omisión en la notificación con la radicatoria del expediente, en el *nuevo* Tribunal de casación, privó a su representado de ejercer las acciones necesarias a fin de controlar que el mismo se halle conformado por autoridades imparciales, tomando en cuenta que uno de los mecanismos para ejercer ese control, es la recusación regulada por el art. 3 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar(LAPCAF), viéndose por ende privado su representado del derecho aludido, al impedirle conocer el nombre de las nuevas autoridades con las que se constituyó el “nuevo” Tribunal de casación; f) Los aspectos anotados no consideraron que la obligación de notificar a las partes con la radicatoria, tiene como finalidad el hacer conocer a las partes procesales que su causa se encuentra bajo la competencia de una determinada autoridad, asumiendo conocimiento que será la misma quien resolverá el problema jurídico debatido, circunstancia que guarda relación con la búsqueda de un tribunal imparcial y el ejercicio del derecho a la defensa; g) A más de lo ya señalado, no existiendo radicatoria de la causa notificada a su defendido, tampoco se evidencia constancia que el Presidente de la Sala Social y Administrativa hubiera procedido al sorteo de la causa para designar Magistrado Relator, siendo su obligación el controlar dicho sorteo en el marco de lo previsto en el art. 44.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), debiendo aquello ser certificado para así dar certeza al justiciable sobre el control del acto anotado y que los funcionarios de apoyo jurisdiccional no incurrieron en arbitrariedad alguna en el mismo; aspectos inobservados por el Tribunal de casación, incumpliendo “deliberadamente con el mandato legal de controlar el sorteo”; y, h) Finalmente, ahondando más en las ilegalidades mencionadas, se negó a su representado la posibilidad de conocer la identidad de la autoridad designada como relator en la causa laboral seguida en su contra, en virtud a que tampoco se le notificó con el sorteo referido, imposibilitándole nuevamente, el recusar a esa autoridad para garantizar su imparcialidad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Estima lesionados los derechos de su representado al debido proceso, a la defensa, al juez natural, independiente e imparcial, así como el principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela que impetra, ordenando se deje sin efecto el Auto Supremo 082/2014, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de restablecer los derechos fundamentales lesionados de su representado, dictando en ese mérito, un nuevo fallo.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Las audiencias públicas fijadas para el 2 y 8 de abril de 2015, fueron suspendidas por falta de notificación al tercero interesado (fs. 194 y vta.; 213 y vta.); realizándose finalmente dicho acto procesal, el 21 del mes y año referidos, según consta en el acta cursante de fs. 225 a 230 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acciónEl abogado apoderado del accionante, ratificó íntegramente los argumentos contenidos en la demanda tutelar; enfatizando que, en mérito al desconocimiento de su defendido, respecto a los actuados mencionados en la acción de defensa presentada, que no le fueron notificados, le coartaron la posibilidad de poder plantear recusación contra quienes conocerían y resolverían su caso, en clara vulneración del debido proceso y del Juez “imparcial natural”.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Fidel Marcos Tordoya Rivas y Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, presentaron el informe escrito cursante de fs. 189 a 192, señalando:

a) Carecen de legitimación pasiva para ser demandados en la acción de amparo constitucional intentada por el accionante, tomando en cuenta que, el fallo que se impugna en la demanda tutelar, es el Auto Supremo 082/2014, que fue emitido por los Magistrados, Carmen Núñez Villegas, María Arminda Ríos García y Delfín Humberto Betancourt Chinchilla, como miembros de la Sala Social y Administrativa Liquidadora del citado Tribunal; no habiendo tenido sus autoridades, ninguna participación en la emisión del mismo, siendo aplicable por ende, según refirieron, lo expuesto en la SC 0550/2010-R de 29 de abril;

b) El representante del impetrante de tutela, no observó los requisitos establecidos en el art. 77 incs. 3), 4) y 6) de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), pues no obstante efectuar una relación de antecedentes del proceso, no identificó con precisión cuál la vulneración expresa y concreta de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales para que puedan asumir defensa debida, presentando el informe correspondiente, cuestión por ende, íntimamente vinculada con el derecho a la defensa; entendiéndose de la lectura, la disconformidad con el fallo supremo dictado, pretendiendo que el Tribunal de garantías ingrese a efectuar una valoración de la legalidad ordinaria “y se decante por darle la razón”;

c) No obstante de la dificultad de brindar un informe respecto a las denuncias del representante del accionante, teniendo en cuenta que no fueron ellos quienes pronunciaron el Auto Supremo 082/2014, y que el expediente fue devuelto al Distrito de origen; manifestaron que, la Ley del Organo Judicial al reglamentar la composición y organización del Tribunal Supremo de Justicia, en su art. 24, previó la elección de Magistrados titulares y suplentes, estableciendo por otra parte, en su Disposición Transitoria Octava que todas las causas pendientes de resolución que se encontraban en la entonces denominada Corte Suprema de Justicia, al momento de la posesión de las nuevas autoridades, debían ser resueltas por las Magistradas y Magistrados suplentes hasta su liquidación, sin perjuicio de la suplencia legal señalada, debiendo a ese efecto los suplentes ejercer como titulares liquidadores;

d) En similar sentido al precisado en el punto anterior, el art. 8.II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011, estipuló que todas las causas pendientes de resolución en la Corte Suprema de Justicia, al 31 de diciembre de 2011, debían ser resueltas por las Magistradas y Magistrados suplentes hasta su liquidación final; regulando el art. 9 de la misma Ley, que las causas ingresadas al Tribunal Supremo de Justicia, a partir del 3 de enero de2012, compelían ser conocidas y resueltas por las Magistradas y Magistrados titulares; normativa que claramente determinó y fijó la competencia de los Magistrados titulares, así como la de los liquidadores;

e) Mediante Resolución Presidencial 005/2014, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Supremo Liquidador, ordenando la unificación de las Salas Primera y Segunda, en una sola Sala Social y Administrativa Liquidadora, conformada por los Magistrados nombrados en el inc. a), quienes en base a dicha determinación, dispusieron la radicatoria de la causa en la nueva Sala Social y Administrativa Única; no siendo evidente por ende, el vicio denunciado por el representante del accionante, en sentido que el Auto Supremo cuestionado, hubiera sido dictado por un Tribunal apócrifo, toda vez que, de acuerdo a lo demostrado, su conformación estuvo respaldada por la Ley 212 y demás disposiciones anotadas;

f) En relación a que no se hubiera notificado al impetrante de tutela con la conformación del nuevo Tribunal de casación y la radicatoria de la causa; el art. 133 del Código de Procedimiento Civil (CPC), establece que después de las citaciones con la demanda y la reconvención, las actuaciones judiciales en todas las instancias deben ser inmediatamente notificadas en Secretaría del Juzgado o Tribunal, a las partes, a cuyo efecto, las partes y abogados que actúen en el proceso, tienen la carga procesal de asistir en forma obligatoria a la Secretaría, los martes y viernes, y si éstos días fueran feriado, al día hábil siguiente; cuestiones que conllevaban la obligación del ahora accionante, de hacer el seguimiento correspondiente al estado de su causa, no siendo aceptable, el atribuir la responsabilidad de falta de conocimiento de la conformación de la nueva Sala, únicamente a ese Tribunal, liberándose de toda responsabilidad; resultando claro que, las denuncias del impetrante de tutela resultan en sí el reflejo de su disconformidad con el fallo emitido, resumiéndose sus alegatos a denuncias de forma, que de ninguna manera afectaron el contenido final del Auto Supremo 082/2014; y,

g) El Auto Supremo precitado, cumple con el mandato de las disposiciones legales pertinentes que son base de la misma; por lo que, solicitaron se deniegue la tutela pretendida, manteniendo incólume el fallo impugnado.

Por su parte, Pastor Segundo Mamani Villca y Antonio Guido Campero Segovia, Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, no presentaron informe escrito alguno, ni asistieron a la audiencia de consideración de la acción de defensa interpuesta en su contra, no obstante su legal citación (fs. 180, 195 y 220).

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Juan Alberto Zegarra Villafuerte, citado en calidad de tercero interesado dentro de la presente acción tutelar, no presentó memorial alguno ni asistió a la audiencia de consideración de la acción tutelar incoada, pese a su legal notificación (fs. 221).

I.2.4. Resolución.La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 139/015 de 21 de abril de 2015, cursante de fs. 231 a 236, por la que, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Supremo 082/2014, en mérito a las siguientes consideraciones: **1)** Del contenido de la demanda tutelar y de la fundamentación oral vertida en audiencia, se evidencia la vulneración del debido proceso del impetrante de tutela, en su componente al juez natural, en su elemento competencia; toda vez que, al haberse conformado inicialmente el Tribunal de casación para la causa, por Delfín Humberto Betancourt Chinchilla y Silvana Rojas Panosa, Magistrados de la Sala Social y Administrativa Segunda Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, quienes decretaron la radicatoria de la causa a “fs. 148” y una nueva a “fs. 149”; actuados con los que fue notificado el accionante, el 28 de agosto de 2013, “fs. 150”, teniendo conocimiento de lo obrado las partes procesales; el 24 de julio de 2014, se emitió un nuevo decreto de radicatoria, suscrito por otros tres Magistrados de la Sala Liquidadora, así como sorteo de la causa (“un año después”); proveído que no fue notificado a las partes y que emergió de una recomposición de Salas en cumplimiento a determinación de Sala Plena, que unificó las dos Salas Sociales y Administrativas Liquidadoras del Tribunal Supremo de Justicia, a una sola Sala, con otros Magistrados, respondiendo a los nombres de Carmen Núñez Villegas, María Arminda Ríos García y Delfín Humberto Betancourt Chinchilla, quienes emitieron el Auto Supremo 082/2014, habiendo cesado dichas autoridades a la fecha en sus funciones; **2)** La nueva conformación del Tribunal anotado, no fue nunca de conocimiento de las partes del proceso, por cuanto, de haber conocido la misma, hubieran tenido expedita la posibilidad de ejercer sus derechos y vías legales previstos en la normativa como la excusa o recusación, “pero que finalmente no logran entender cuál fue el mecanismo de asignación del nuevo Tribunal, del sorteo y asignación de Relatora”; advirtiéndose una disfunción o desfragmentación de la causa en la tramitación del recurso de casación, que transgredió no sólo el elemento de legalidad, sino también el derecho al debido proceso, la seguridad jurídica, y el juez natural, al dejar en indefensión al impetrante de tutela, olvidando que era obligación de las autoridades bajo la dirección del Presidente de Sala, el verificar el cumplimiento de formalidades, que si bien son de forma como las observadas, se hallaban vinculadas al fondo de la resolución que derivó en el pronunciamiento de un Auto Supremo, “que probablemente de haberse activado algún mecanismo procesal legal, derivaría en otros efectos”; **3)** De acuerdo al razonamiento expuesto en la SCP 1032/2013 de 27 de junio, la acción de amparo constitucional brinda tutela respecto a la garantía del juez natural como elemento del debido proceso; habiéndose superado la línea jurisprudencial que establecía que esta acción únicamente protegía el juez natural en sus elementos independencia e imparcialidad, y no así la competencia, que se hallaba ligada al recurso directo de nulidad; constituyéndose ahora la presente acción de defensa, en el mecanismo de protección eficaz y pertinente para el resguardo del debido proceso, incluido el elemento mencionado; **4)** Conforme a todo lo anotado, resulta cierta la transgresión del juez natural, en su elemento competencia, como parte del debido proceso; existiendo en el caso errores procedimentales que podrían haber cambiado el resultado final del Auto Supremo cuestionado, toda vez que, conformeadduce el accionante, al no poner en su conocimiento la reducción de dos Salas, a una sola, cambiando la composición de las mismas, se le limitó la posibilidad de asumir comprensión a fin que impugnara la designación o confirmación; no teniendo por ende, el Tribunal de casación que emitió el fallo impugnado, competencia alguna para emitir criterio al respecto, sino “otro” anterior que sí fue de su conocimiento; 5) La lesión de los derechos del accionante afectó directamente los derechos de su empresa unipersonal, por cuanto, al no ser informado el impetrante de tutela, de una nueva conformación de Tribunal, para el conocimiento y resolución de su recurso de casación, se lo privó, se reitera, de su derecho a la defensa, o en su caso, de contar con una Resolución imparcial establecida de acuerdo a previsiones normativas y con la competencia “aprehendida legalmente”; correspondiendo su corrección a partir de la emisión de la conformación del Tribunal de casación, la radicatoria y disposición del respectivo sorteo de la causa y asignación de relator; y, 6) En mérito a todo lo expresado, siendo evidente que en el asunto en cuestión, existió un quiebre procesal que conllevó la vulneración de los derechos invocados por el impetrante de tutela, compete otorgar la tutela impetrada, ordenando la reconducción de la tramitación y procedimiento ajustado a la nueva composición conformada por los Magistrados titulares, estando demostrada la falta de notificaciones correspondiente al accionante, con la visible afectación de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. II. CONCLUSIONES De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso laboral seguido por Juan Alberto Zegarra Villafuerte contra Juan Luis Choque Armijo, ahora accionante, en su calidad de propietario de la empresa minera unipersonal “San Juanino”, por el pago de beneficios sociales y sueldos devengados; el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social del departamento de Potosí, emitió la Sentencia 103/2009 de 12 de octubre, declarando probada la demanda, disponiendo la cancelación de la suma total por beneficios sociales, derechos adquiridos y sueldos devengados, de $us21 135,40.-, en moneda nacional, al tipo de cambio vigente, dentro de tercero día de ejecutarse el fallo. Con costas a la empresa demandada (fs. 104 a 110 vta.). II.2. Apelada la Resolución de primera instancia, por el ahora impetrante de tutela (fs. 112 a 115); la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dictó el Auto de Vista 134/2009 de 2 de diciembre, confirmando parcialmente la Sentencia emitida, modificando el cálculo de beneficios sociales, en la suma de $us18 874,14.-, a ejecutarse dentro de tercero día; librando los derechos del demandado a la vía llamada por ley en busca de la rendición de cuenta de dineros manejados por el demandante, conforme al art. 67 del Código Procesal del Trabajo (CPT) (fs. 129 a 131).II.3.

El 11 de diciembre de 2009, Juan Luis Choque Armijo, planteó recurso de casación en el fondo contra el Auto de Vista aludido en la Conclusión anterior (fs. 134 a 137); siendo éste remitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, a la entonces Corte Suprema de Justicia, en virtud al proveído de 24 del mes y año citados y oficio 06/2010 de 14 de enero (fs. 140 vta.; 144); constando sello de recepción de la Secretaría de Cámara de la precitada Corte Suprema de Justicia, de 18 de ese mes y año; y, decreto de autos de 21 de enero de 2010, de la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte aludida (fs. 144 vta.).

II.4.

A través del proveído de 7 de marzo de 2012, la Sala Social y Administrativa Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, radicó la causa laboral, decretando: “Habiendo concluido la recepción de causas con intervención de Notario de Fe Pública, conforme al art. 4 párrafo II de la “Ley 212”; y, conformada la Sala Social y Administrativa Liquidadora por los Magistrados Ma. Arminda Ríos García, Carmen Núñez Villegas y Delfín Humberto Betancourt Chinchilla, se radica la causa; sea con noticia de partes” (fs. 146).

II.5.