Texto del fallo
Sintesis del caso
El accionante denunció que el derecho a la vida, suya y de su familia, se encuentran en peligro, debido a que los particulares demandados ingresaron en su propiedad de manera violenta (avasalladores), armados con piedras y palos, para posesionarse en la misma; afectando su integridad física y amenazándoles de muerte, en caso de que se apersonen nuevamente por el lugar. Asimismo, advierte que debido a estas amenazas, actualmente se encuentra viviendo en el patio de una vecina con toda su familia, sin poder realizar sus actividades normales fuera de ese lugar, por temor a que se cumplan las advertencias vertidas por los demandados.
Sintesis de la ratio decidendi
Concede la acción de libertad por vías de hecho que amenazan el derecho a la vida e integridad personal del accionante y su familia.
Extracto de la ratio decidendi
FJ. III.4. "...En el caso presente el accionante denuncia el peligro de restricción de su derecho a la vida y el de su familia, a partir de amenazas de las cuales fue objeto por parte de avasalladores que ingresaron de manera violenta a su domicilio. Ahora bien, de acuerdo a los antecedentes cursantes en obrados, se evidencia que efectivamente existe una amenaza real y efectiva contra su derecho a la vida y el de su familia, por lo que de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la problemática planteada se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad, la cual, por sus características particulares, resulta ser el medio idóneo y eficaz para lograr la protección del referido derecho; que a su vez, por su importancia, debe ser tutelado de manera oportuna e inmediata. Una vez anotado esto, e ingresando al fondo mismo de la acción, se tiene que, en efecto las personas demandadas, a partir de las diferentes actuaciones de hecho tomadas contra el accionante, han puesto en peligro su integridad física, poniendo en amenaza de restricción su vida misma; pues, desde el momento en que ingresaron en su domicilio, lo hicieron armados con palos y piedras; extremo que fue evidenciado por la Jueza de garantías, quien expresó que el día de la audiencia de la acción, los miembros del asentamiento “26 de agosto” se presentaron en un número de aproximadamente cien personas, que estaban agresivas, gritando y ofendiendo al accionante; por lo que, de acuerdo a ella, ésta resulta ser una prueba fehaciente de los extremos denunciados por el accionante, que acreditan que su derecho a la vida y el de su familia se encuentran en peligro de vulneración. De acuerdo a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo, el derecho a la vida es el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional; pues, es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos; por lo que, al existir una amenaza real y un riesgo latente de restricción del mismo; considerando su importancia y el respeto y protección que exige de parte del Estado; corresponde otorgar la tutela solicitada, disponiendo el cese de dicha amenaza y la garantía de parte de los demandados de respetar y resguardar el derecho a la vida y la integridad física del accionante y su familia; quienes fueron retirados de su propiedad y actualmente, debido al temor que causan las amenazas proporcionadas por los que invadieron su casa, se encuentran viviendo en el patio de una vecina sin poder salir de ahí. "
Precedentes
III.2. Sobre la procedencia de la tutela del derecho a la vida por medio de la acción de libertad
Como se mencionó antes, el art. 125 de la CPE, ha previsto que el derecho a la vida será protegido por la acción de libertad, señalando expresamente que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se resguarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.
Ahora bien, de lo anotado precedentemente se tiene que la referida norma constitucional no es precisa en cuanto a su alcance respecto a la tutela del derecho a la vida; por lo que, en concordancia con lo previsto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia constitucional entendió inicialmente -como obiterdictum, es decir doctrina no vinculada a la resolución de un caso concreto- que la tutela del citado derecho se da sólo cuando el mismo se encuentra en peligro como consecuencia de la ilegal restricción del derecho a la libertad física. Así, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, señaló que: “De este breve repaso a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la legislación comparada, se puede observar que la protección al derecho a la vida vía hábeas corpus, en el caso boliviano, acción de libertad, está íntimamente vinculada con el derecho a la libertad personal” (en el mismo sentido, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0558/2012 y 0973/2012, entre otras).
Sin embargo, debido a la importancia y al carácter básico, primario y esencial de dicho derecho, resulta pertinente efectuar un breve análisis a efecto de determinar si el derecho a la vida es tutelable a través de la acción de libertad sólo cuando existe esa vinculación con el derecho a la libertad física o personal; y que, por ende, en los demás casos, debería activarse necesariamente la vía de la acción de amparo constitucional, mecanismo por el cual se protegen los derechos no tutelados por las otras acciones de defensa.
Para el efecto, debe señalarse que, conforme lo ha entendido la SCP 1477/2012 de 24 de septiembre, tanto la acción de amparo constitucional como la de libertad son: “…acciones tutelares cuya finalidad es la protección de los derechos fundamentales, sin embargo, la activación de la acción de amparo constitucional requiere del cumplimiento de diversos requisitos tanto de forma como de fondo, mientras que la acción de libertad se rige por el principio de informalismo. Asimismo, la acción de amparo constitucional se rige por el principio de congruencia, lo que no sucede con la acción de libertad; por su parte, las autoridades competentes para conocer las acciones de libertad son las penales, los plazos y formalidades a momento de celebrar las audiencias son diferentes en ambas acciones constitucionales -piénsese que en la acción de libertad no es necesaria la participación de terceros interesados y tampoco se requiere poder notariado, ni la participación de abogado, etc., entre otras muchas diferencias previstas en el diseño constitucional”.
A ello debe sumarse que la acción de amparo constitucional está regida por el principio de subsidiariedad, lo que supone que sólo podrá ser interpuesta cuando se hubieren agotado los medios de impugnación existentes, en tanto que la acción de libertad sólo es excepcionalmente subsidiaria cuando existieren medios de impugnación inmediatos, idóneos y sencillos para denunciar la supuesta lesión al derecho a la libertad física o personal.
En ese sentido, es evidente que la configuración procesal de la acción de amparo constitucional está dotada de mayores formalidades y presupuestos de activación, lo que no sucede con la acción de libertad que, conforme se ha visto, tiene un trámite más expedito e informal, debido, fundamentalmente, a la naturaleza de los derechos que tutela, por ello mismo la jurisprudencia constitucional ha catalogado a esta acción de defensa como una garantía esencial.
Efectivamente la SC 0017/2011-R, reiterada por las SCP 0077/2012, entre otras, señaló: “De manera coherente con las corrientes del Derecho Constitucional contemporáneo y la visión plural orientada a la realidad nacional, el art. 125 de la CPE, superó la denominación de 'hábeas corpus', prevista anteriormente por el art. 18 de la Constitución Política del Estado abrogada CPEabrg, e instituyó la de 'acción de libertad', configurándola como una garantía esencial que, además de la libertad, resguarda el derecho a la vida como bien jurídico primario y fuente de los demás derechos del ser humano…”
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