2221/2012

Sintesis del caso

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a una resolución motivada, a la tutela judicial efectiva, a la defensa, a la igualdad jurídica y al trabajo y la inobservancia del principio de seguridad jurídica y principio de legalidad, denunciando que dentro del proceso disciplinario que se le siguió en su condición de Operador del Registro de Derechos Reales de La Paz, tanto la Sentencia Disciplinaria 043/2010 de 6 de octubre, que dispuso su sanción de suspensión del ejercicio de funciones por ocho meses sin goce de haberes, por supuestamente haber causado deterioro a la imagen del Poder Judicial, como la Resolución 57/2011 de 1 de agosto, que la confirmó en su totalidad fueron pronunciadas sin la debida fundamentación y, la última, no guarda congruencia ni coherencia entre la parte resolutiva y la considerativa; además que de la fundamentación, se advierte que no se valoró la prueba en su totalidad.

Sintesis de la ratio decidendi

Concede la acción de amparo constitucional debido a que en el caso concreto, se constató la falta de motivación y fundamentación en la que incurrieron las autoridades demandadas, sin que el contenido de las resoluciones hayan dado una respuesta adecuada ni valorado lo propuesto por la parte accionante.

Extracto de la ratio decidendi

FJ III.4 (...) "Del contenido de la Resolución 57/2011, se advierte claramente que la misma vulnera el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, porque no cumple con ninguna de sus finalidades implícitas. En efecto, no se advierte que el razonamiento jurídico visualice el sometimiento manifiesto a la Constitución y a la ley (PRIMERA FINALIDAD), por cuanto esa exigencia, se expresa precisamente en una decisión fundamentada, lo que no ocurre en el caso concreto debido a que la resolución que se revisa es arbitraria, que conforme ampliamente se desarrolló, puede estar expresada en: b.1) una “decisión sin motivación”, o extiendo esta es b.2) una “motivación arbitraria”; o en su caso, b.3) una “motivación insuficiente”. En el caso de la Resolución 57/2011, la arbitrariedad, está expresada en una “decisión sin motivación”, porque no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, debido a que “decidir no es motivar”. La “justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]”. La resolución “decide”, confirmar en forma total la Sentencia Disciplinaria 043/2010, que declaró probada la acusación contra el accionante por haber incurrido en la falta grave prevista en el art. 40.3 de la Ley del Consejo de la Judicatura e incumplir el art. 73 incs. a), b), c) y f) del Reglamento de Administración y Control de Personal del Poder Judicial y asimismo, de conformidad a lo dispuesto por el art. 23.2 del Reglamento de Procesos Disciplinarios del Poder Judicial, le impuso la sanción de suspensión del ejercicio de funciones por ocho meses sin goce de haberes, al haber causado deterioro a la imagen del Poder Judicial; empero, no da razones (justificaciones), constituyendo una “decisión sin motivación”, a fin de lograr el convencimiento del accionante, en su condición de procesado, que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia (SEGUNDA FINALIDAD); toda vez que se limita a aseverar: 1) Respecto a la prueba documental que sustenta su sanción que: “...esa conducta o accionar demuestra la poca o nada transparente actitud del funcionario y un deterioro a la imagen del Poder Judicial como ha establecido el Tribunal Sumariante”, sin justificar explícitamente por qué tal conducta -la que tampoco se entiende cuál es- deviene en contraria a la Constitución y a la ley, cuál es el valor otorgado a dicha prueba documental y como incide en la decisión final, argumentos que no pueden quedar en el fuero del juzgador, ni pretenderse estén abordados de manera implícita y que definitivamente redundan en la lesión al derecho a una resolución motivada; 2) Con relación a las declaraciones “del Dr. Iván Vargas” ni de la Abogada del Ministerio de Transparencia quienes supuestamente le han denunciado por faltas cometidas, se limita a señalar que “...cursa la declaración informativa de la Dra. Milenka Altamirano Ferreira en su condición de Coordinadora de Servicio de atención al ciudadano dependiente del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, asimismo a fs. 25 se encuentra la declaración informativa del Dr. Iván Vargas Sub Registrador de Derechos, en consecuencia ese agravio sostenido por el recurrente es desestimado, por carecer de todo fundamento”; empero, de igual forma, no justifica ni siquiera expone cuáles hubieran sido dichas declaraciones, que hubieran sido determinantes para la decisión confirmatoria de la resolución sancionatoria. En ambos casos, no se justifica en hechos y derecho la decisión respecto de los agravios denunciados en la apelación de 16 de diciembre de 2010. En ese orden, tampoco se cumple con la (CUARTA FINALIDAD), constitutivo del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, cual es el permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad; cuya exigencia es de especial relevancia con relación de los Tribunales jurisdiccionales de cierre u órganos que tienen la capacidad de decidir conflictos e intereses como el Consejo de la Magistratura, en ejercicio de su potestad administrativa sancionadora emiten resoluciones, por cuanto implica demostrar ante ella que es verificable objetivamente que las decisiones están en sumisión a la Constitución, debido a que la exigencia de justificar sus decisiones hace posible el control democrático sobre los tribunales, proscribiendo la decisiones con motivaciones, que por estar ancladas en el fuero interno del juzgador, se tornan en secretas, además que dicha la observancia del principio de publicidad, es la circunstancia que otorga legitimidad democrática a la función judicial, administrativa, etc. a tiempo decidir un conflicto, reclamo o solicitud es, precisamente, la verificación que las decisiones pronunciadas por esas autoridades estén fundamentadas, justificadas, constituyéndose, los argumentos en Derecho, un instrumento de control de la arbitrariedad. Además, recuérdese, que la jurisprudencia constitucional, desde la SC 0577/2004-R de 15 de abril, fue en contundente en señalar que la existencia de fundamentar las decisiones es más relevantes en resoluciones de última instancia, expresando que: “Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; máxime, cundo se trata de resolver recursos sobre excepciones, tienen carácter definitivo y por lo mismo, es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan ,los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, tal como acontece en este caso; con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso...”. Finalmente, respecto a lo aseverado en la audiencia pública de amparo por los magistrados del Consejo de la Magistratura, quienes señalaron que carecen de legitimación pasiva en razón a que el proceso disciplinario seguido contra el accionante concluyó en el extinto Consejo de la Judicatura, conforme lo dispuesto por el art. 2.I de la Ley 212, por la que -a su juicio- no tendrían competencia para resolver o complementar ningún proceso disciplinario que concluyó antes del 31 de diciembre de 2011. Al respecto, se tiene que conforme al art. 17 de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011, de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, en su parágrafo I, los procesos disciplinarios, generados en mérito a la Ley del Consejo de la Judicatura de 22 de diciembre de 1997, deberán ser concluidos conforme a esta ley y, conforme al parágrafo II los aún en curso, serán resueltos, por la instancia de liquidación; en cuyo mérito, las causas concluidas antes del 3 de enero de 2012 (art. 2 de la Ley 212), tendrían que ser ejecutadas por dicha instancia liquidadora, por ello, en la eventualidad de que la última resolución fuera impugnada de lesiva a derechos fundamentales y garantías constitucionales a través de la acción de amparo constitucional, la instancia competente para restituir dichos derechos como emergencia de una sentencia constitucional es precisamente la liquidadora. En ese orden, de ideas, en el caso concreto, en razón a que el proceso disciplinario contra el accionante concluyó antes del 3 de enero de 2012, éste debió demandar también a los miembros que componen la instancia de liquidación, empero, teniendo en cuenta que los demandados ejercieron su derecho a la defensa y principalmente el principio de inmediatez que caracteriza la acción de amparo, cuya expresión es la tutela pronta y oportuna, así como el principio de celeridad procesal y economía procesal, previstos como rectores de la potestad de administración de justicia (art. 178 de la CPE), se ingresa al fondo del asunto, teniendo en cuenta además que una denegatoria por falta de legitimación pasiva, ocasionaría simplemente dilación, por cuanto, el accionante en ejercicio de la disponibilidad de sus derechos subjetivos volvería a plantear nuevamente otra acción de amparo, esta vez contra los miembros de la instancia Liquidadora".

Precedentes

III.1. El derecho a una resolución fundamentada y motivada: Su contenido esencial en el Estado Constitucional de Derecho

El derecho a una resolución fundamentada y motivada es una de las garantías mínimas del debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El respeto y protección del debido proceso y, por ende, de sus garantías constitutivas, no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también lo es en el ámbito de la potestad sancionadora de la administración pública.

Así lo ha entendido la uniforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSCC 0042/2004 y 0022/2006) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos: a) Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá (Sentencia de 2 de febrero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas); b) Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú (Sentencia de 31 de enero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas). Las sentencias nombradas fueron desarrolladas en la SCP 0140/2012, de 9 de mayo.

En ese orden de ideas, a conforme refirió la SCP 0998/2012 de 5 de

septiembre: “La teoría constitucional ha desarrollado la técnica del contenido esencial de los derechos fundamentales, a partir de la cual, la aplicación directa de los mismos debe asegurar el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos”.

En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:

(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución (conformada por: a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad art. 410.II) y a la ley, de la autoridad -Juez, autoridad administrativa, etc.- o persona privada; es decir, de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sobre conflictos o pretensiones, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad.

En el Estado Constitucional de Derecho asumido por la Constitución, el principio de legalidad se encuentra en sumisión a un principio más alto: El principio de constitucionalidad. Este supone la vinculación a los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución, más allá, o incluso sobre la ley.

La Constitución reconoce a ambos principios (de constitucionalidad y de legalidad), empero, desplaza al principio de legalidad y otorga supremacía al principio de constitucionalidad. Esto se verifica en el art. 410.I, que señala: “Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución”, añadiendo el segundo parágrafo que: La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa…”. Además, estipula como fines y funciones esenciales del Estado, entre otros, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.4 de la CPE) y, manda como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución, y la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución (art. 108 numerales 1, 2 y 3 de la CPE).

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.

Entonces, cuando todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir, pretende hacer uso de facultades discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad (principio de razonabilidad), éste se convierte en una directriz valiosa estrechamente relacionada a la justicia (valor justicia), porque se manifiesta como un mecanismo de control y barra de contención de la arbitrariedad (principio de interdicción de la arbitrariedad), cuya comprensión es multidimensional:

a) Por una parte, la arbitrariedad, es contraria al Estado de derecho (Estado Constitucional de Derecho) y a la justicia (valor justicia art. 8.II de la CPE). En efecto, en el Estado de Derecho, o “Estado bajo el régimen de derecho” con el contenido asumido por la Constitución bajo la configuración de “Estado Constitucional de Derecho”, cuya base ideológica es “un gobierno de leyes y no de hombres”, existe expresa proscripción que las facultades que ejercite todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sean arbitrarias y, por el contrario, existe plena afirmación de que el ejercicio de esas facultades deben estar en total sumisión a la Constitución y a la ley visualizando, con ello, claramente el reverso del ya sepultado “Estado bajo el régimen de la fuerza”.

En ese sentido, Pedro Talavera señala: “...la justificación de las decisiones judiciales constituye uno de los pilares del Estado de Derecho frente a las arbitrariedades del Antiguo Régimen”. Del mismo modo, Horacio Andaluz Vegacenteno, sostiene: “La justificación de las decisiones judiciales es una exigencia del Estado de Derecho, no un elemento lógico del sistema jurídico. Sólo en el Estado de Derecho se considera que una decisión no está suficientemente justificada por el solo hecho de haber sido dictada por una autoridad competente”.

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una “decisión sin motivación”, o extiendo esta es b.2) Una “motivación arbitraria”; o en su caso, b.3) Una “motivación insuficiente”.

b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una “decisión sin motivación”, debido a que “decidir no es motivar”. La “justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]” .

b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una “motivación arbitraria”. Al respecto el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025- “Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales”.

En efecto, un supuesto de “motivación arbitraria” es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R de 2 de octubre), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión.

En este sentido, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, dentro de un proceso administrativo sancionador señaló: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan co procesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”.

b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una “motivación insuficiente”.

Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en cualesquiera de esos tres supuestos: “decisión sin motivación”, o extiendo esta, “motivación arbitraria”, o en su caso, “motivación insuficiente”, como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o motivada, como elemento constitutivo del debido proceso.

Los tres casos señalados, son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a que sólo en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada.

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación.

El principio de congruencia, ha sido desarrollado por varias sentencias constitucionales: La SC 1312/2003-R de 9 de septiembre, respecto al proceso como unidad; la SC 1009/2003-R de 18 de julio, con relación a la coherencia en la estructura de la decisión entre la parte motiva y la resolutiva. En ese sentido también está la SC 0157/2001-R y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0747/2012 y 0858/2012, referidos a la congruencia entre la parte motiva y resolutiva en acciones de defensa; la SC 1797/2003-R de 5 de diciembre, cuando se resuelven recursos, sobre la pertinencia entre lo apelado y lo resuelto.

La SC 0112/2010-R de 10 de mayo, señaló:“…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre entre otras”.

(3) Otra de las finalidades que justifica la exigibilidad de una resolución motivada es la de garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión - judicial, administrativa, etc.- por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación, debido a que permite a las partes procesales conocer las razones que fundamentan las resoluciones, para poder evaluarlas y, en su caso, plantear los recursos pertinentes contra ellas, por ello, la doctrina sostiene que el conocimiento de la justificación decisoria es precondición para accionar contra una decisión.

Entonces, la “decisión sin motivación”, además de lesionar el derecho a una resolución motivada y fundamentada, vulnera el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, constitutivo del derecho al debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE y 8.2.h) de la CADH y 14.5 del PIDCP.

La SCP 0140/2012 de 9 de mayo, recogiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, -que forma parte del bloque de constitucionalidad según la SC 0110/2010-R de 10 de mayo-, citó el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (Sentencia de 2 de julio de 2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) que precisó el alcance del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. Luego, incluso vinculó la vulneración del de recurrir ante un tribunal superior con la vulneración del derecho a la defensa. Dijo: “En efecto si se analiza la fase de impugnación del proceso disciplinario en sede administrativa, es posible concluir que sólo puede predicarse la eficacia material del derecho a la defensa (art. 115.II de la CPE y 8.2 inc. f) de la CADH) cuando se otorga a las servidoras y servidores públicos la oportunidad de ejercer un otro derecho fundamental, este es: el derecho a la doble instancia o de recurrir ante un tribunal superior art. 8.2 inc. h) de la CADH”.

La verificación de la inobsevancia de esta finalidad, es competencia en primer término de las autoridades judiciales ordinarias o administrativas, encargadas de materializar el derecho de recurrir ante un tribunal superior y en caso de persistir, de la justicia constitucional, que deberá ser evaluada en cada caso concreto.

(4) La exigencia de una resolución motivada también tiene la finalidad de permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad, demostrando ante ella que es verificable objetivamente que las decisiones están en sumisión a la Constitución. debido a que: “…la exigencia de justificar sus decisiones hace posible el control democrático sobre los tribunales”, proscribiendo la decisiones con motivaciones, que por estar ancladas en el fuero interno del juzgador, se tornan en secretas.

Esta circunstancia es predicable respecto de todos los jueces, empero, es, especialmente relevante con relación de los Tribunales jurisdiccionales de cierre (Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo) u órganos que tienen la capacidad de decidir conflictos e intereses como el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, etc. cuando por ejemplo, en ejercicio de su potestad administrativa sancionadora emiten resoluciones.

El principio de publicidad rige la potestad de administrar justicia de la pluralidad de jurisdicciones, conforme prescribe el art. 178. I de la CPE y está desarrollado en las leyes correspondientes. Así el art. 3.9 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, señala: “Los actos y decisiones de la justicia constitucional son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en la ley”. En ese mismo sentido la Ley del Órgano Judicial, en su art. 3.5 referido al principio de publicidad señala: “Los actos y decisiones de los tribunales y jueces son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en ley”.

De ahí que, la circunstancia que otorga legitimidad democrática a la función judicial, administrativa, etc. a tiempo decidir un conflicto, reclamo o solicitud es, precisamente, la verificación que las decisiones pronunciadas por esas autoridades estén fundamentadas, justificadas, constituyéndose, los argumentos en Derecho, un instrumento de control de la arbitrariedad.

La SC 0088/2006-R de 25 de enero, conceptualizando el principio de publicidad y vinculando con la motivación de la decisión señaló que este: “…informa y enseña que no debe haber justicia secreta, ni procedimientos ocultos, en cuanto, a la discusión de las pruebas, la motivación del fallo, la intervención de las partes o sus apoderados, la notificación con las providencias y otras. La publicidad del proceso y de todo lo actuado en él, surge como un derecho constitucional del sindicado y una garantía jurídica, en razón de que las actuaciones judiciales -en el caso administrativas- son públicas, -salvo las excepciones que señale la ley-, además de constituirse en una manifestación del derecho a obtener información y del derecho a acceder a los documentos públicos. El propósito fundamental de la publicidad de los procesos es evitar las arbitrariedades en que puedan incurrir las autoridades judiciales o administrativos, y proporcionar al acusado un juicio justo e imparcial...”

Titulacion jurisprudencial

El contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada comprende: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad

Contextualizacion de la linea jurisprudencial

1. El Tribunal Constitucional, en la SC 1369/2001-R, señaló que el derecho al debido proceso, exige que toda resolución este debidamente fundamentada, es decir, que cada autoridad que pronuncie una decisión, debe imprescindiblemente exponer ampliamente las razones y citar las disposiciones legales que apoyen la decisión que ha elegido tomar, porque de lo contrario tomaría una decisión arbitraria y dictatorial. Por su parte, la SC 0752/2002-R, complementando el razonamiento antes señalado, estableció que en casos en los cuales los jueces omitan motivar sus resoluciones, no sólo suprimen una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el debido proceso ya que no permite a las partes conocer cuáles son las razones que justifican la decisión judicial. Por su parte, la SC 1365/2005-R, señaló que no están motivadas las resoluciones en las cuales se emita únicamente la conclusión a la que arriba el juzgador, supuestos en los cuales son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, es decir no se genera convicción en el justiciable en cuanto a un fallo enmarcado en la justicia, criterio a su vez asumido por las SSCC 0816/2010-R, 0114/2013-L, entre muchas otras.

2. Además, el Tribunal Constitucional, en las SSCC 0042/2004 y 0022/2006, entendió que el derecho a una resolución fundamentada y motivada es una de las garantías mínimas del debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

3. La SCP 0140/2012 vinculó directamente el derecho a una resolución fundada con el derecho a recurrir; y, además, en la SC 0088/2006-R vinculó el derecho a la motivación con la publicidad de las decisiones judiciales.

4. Por su parte, la SCP 0666/2012 es considerada moduladora, porque señala que cumple con la motivación suficiente, la resolución de un tribunal o juez que desestima una solicitud y se abstiene de explicar los motivos, razones o fundamentos jurídicos del problema jurídico de fondo, al constatar un presupuesto de inactivación, como ser la interposición extemporánea o de una mejora de recurso.

5. Es imperante establecer también que en el marco de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, la SCP 2221/2012, desarrolló el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, contenido que comprende: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Este entendimiento es además asumido por la SC 0100/2013.

6. Además, desde el punto de vista del debido proceso sustantivo, el TCP desarrolló el presupuesto de lo razonado como requisito de lo razonable en la SCP 0683/2013, señalando lo siguiente: “…en el marco de una interpretación progresiva del derecho al debido proceso, es evidente que el elemento motivación, no puede quedar como un presupuesto estático del debido proceso en su faceta adjetiva, sino por el contrario, en el marco de una evolución interpretativa a ser adoptada por este Tribunal, la motivación, debe además ser reconocida como un elemento esencial del debido proceso sustantivo, ya que tal como se dijo precedentemente, el ideal constitucional de la razonabilidad prescribe una práctica democrática basada en entendimientos razonados y razonables”. De acuerdo a este entendimiento, la indicada sentencia, señaló que el debido proceso adjetivo y sustantivo debía cumplir con los siguientes requisitos: i) La determinación con claridad de los hechos atribuidos a las partes procesales; ii) La exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes; iii) La exposición de manera expresa de los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto; iv) La descripción de forma individualizada de todos los medios de prueba aportados por las partes procesales; v) La valoración de manera concreta y explícita de todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada; vi) La determinación del nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado y la precisión de las pautas de interpretación reconocidas por la teoría jurídica, para evitar así decisiones e interpretaciones normativas arbitrarias.

7. También, la SCP 0245/2012 es una primera sentencia confirmadora ya que establece que toda resolución que resuelva el fondo de un asunto no sólo debe circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino que inexcusablemente debe plasmar el criterio asumido en la valoración de las pruebas contrastando el mismo con las normas jurídicas aplicables al caso, de lo contrario se vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de motivación y fundamentación de las resoluciones.

8. Específicamente en cuanto a la motivación de medidas cautelares, la SC 0012/2006, estableció: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla”. Además, la SC 0012/2006-R, estableció un parámetro de la valoración de decisiones en medidas cautelares, señalando que la expresión “evaluación integral” que utilizan los arts. 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal, implica que el órgano jurisdiccional debe hacer un test sobre los aspectos positivos o negativos (favorables o desfavorables) que informan el caso concreto, de cara a los puntos fijados por la ley para medir tanto el riesgo de fuga como el de obstaculización; de tal modo que de esa compulsa integral, se llegue a la conclusión razonada sobre si existe o no riesgo de fuga u obstaculización. En esta evaluación, unos puntos pueden reforzar, o por el contrario enervar o eliminar los riesgos aludidos, lo cual, naturalmente, debe ser expuesto por el juez en la resolución que emita de manera coherente, clara y precisa. Asimismo, esta sentencia, desde la perspectiva de la motivación, señala también que los juzgadores están reatados a los parámetros objetivos que la ley fija, tanto para la determinación de la detención preventiva como para la adopción de las medidas sustitutivas.

9. A su vez y también en la temática de medidas cautelares, la SC 0089/2010-R, estableció: “… la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes”. En base a este razonamiento, de manera específica, como exigencia de motivación para revocar medidas sustitutivas y disponer la aplicación de detención preventiva, señaló que las autoridades jurisdiccionales están obligadas “…a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva”. Finalmente, esta sentencia señaló: “…por regla general, las resoluciones pronunciadas en apelación, en virtud a lo establecido por el art. 398 del CPP, deben circunscribirse a los aspectos cuestionados en la resolución. Sin embargo, esta limitación no significa que las autoridades judiciales, en apelación, deban abstenerse de realizar el análisis sobre los supuestos previstos en el art. 233 del CPP, pues esa obligación les es exigible cuando tengan que revocar la resolución del inferior que impuso medidas sustitutivas; es decir, los Vocales deben precisar los elementos de convicción que les permitan concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva, debiendo justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos en el art. 233 del CPP””, entendimiento que a su vez fue asumido por las SSCCPP 485/2012, 510/2012, 531/2013, 1147/2013 y 2209/2013 entre otras.

10. En lo referente a la motivación de resoluciones de sobreseimiento, la SC 1523/2004-R declaró la procedencia de un recurso de amparo constitucional, hoy acción de amparo constitucional, por vulneración del derecho a una resolución motivada y el derecho de acceso a la justicia, en razón a que el requerimiento de sobreseimiento y su ratificación por el Fiscal de Distrito demandado se circunscribieron a citar algunas pruebas ignorando el resto de las mismas y a partir de generalizaciones concluyeron que no existían suficientes elementos de juicio para el juzgamiento penal sin individualizar siquiera a los imputados, ni analizar sus conductas en relación a los elementos constitutivos de los delitos por los que fueron imputados, entendimiento reiterado por la SCP 0245/2012 que se configura como una primera sentencia confirmadora de línea.

11. Asimismo, es importante establecer que en materia penal, la línea de la motivación se aplica en institutos jurídicos específicos, verbigracia la motivación de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, expresada entre otras por la SCP 2492/2012; en extinción por prescripción (SCP 0906/2013-L); en resoluciones fiscales que revocan rechazo de querella (SCP 2469/2012), en cuanto a decisiones que desestiman la querella (1119/2013-L); en resoluciones de reparación de daños (SCP 1741/2013); en casos de suspensión condicional de la pena (1811/2013); en recursos de casación (0090/2013-L); ó, en allanamiento de domicilio (SCP 2160/2013); entre otras.

12. En lo referente a la motivación en materia administrativa, la SCP 0275/2012, establece los requisitos que debe contener toda resolución en apelación. Además, el Tribunal Constitucional, en la SCP 0275/2012 modula la línea jurisprudencial, en la medida que establece los requisitos que debe contener toda resolución en segunda instancia dentro de procesos administrativos. Así, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional anterior sostuvo que las resoluciones pronunciadas en procesos administrativos debían ser fundamentadas (SC 1246/2004-R, entre otras), y en la SC 0871/2010-R se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso: “a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado”. En el contexto antes anotado, la SCP 275/2012, al precisar los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia se constituye en una sentencia moduladora de la SC 0871/2010-R.

13. Es importante señalar también que la SCP 0450/2012, es una sentencia moduladora puesto que estableció que en ejecución de sentencia, las resoluciones judiciales deben contener la suficiente motivación y fundamentación explicando los motivos que sustentan su decisión.

Texto de la resolucion

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2221/2012

Sucre, 8 de noviembre de 2012

SALA TERCERA

Magistrada Relatora: Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez

Acción de amparo constitucional

Expediente: 00741-2012-02-AAC

Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 239/2012 de 24 de septiembre, cursante de fs. 260 a 263, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Ochoa Aliaga contra Amalia Morales Rondo, Freddy Torrico Zambrana y Said Enrique Cortez Romero, Consejeros del Consejo de la Judicatura y Cristina Mamani Aguilar, Roger Gonzalo Triveño Herbas, Ernesto Aranibar Sagárnaga, Freddy Sanabria Taboada y Wilma Mamani Cruz, Magistrados del Consejo de la Magistratura.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante mediante memorial presentado el 5 de abril de 2012, cursante de fs. 22 a 31, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso disciplinario seguido en su contra, en su condición de funcionario de Registro de Derechos Reales de la ciudad de La Paz, impugna la Sentencia Disciplinaria 043/2010 de 6 de octubre y la Resolución 57/2011 de 1 de agosto, denunciando que fueron pronunciadas sin la debida fundamentación y que la última no guarda congruencia ni coherencia entre la parte resolutiva y la considerativa.

Señala que por denuncia 203/2010, se le atribuyó supuestos hechos ilícitos de recepción de dinero e incumplimiento de deberes, y luego de ser admitida se procedió a la apertura de la investigación, después se emitió informe acusatorio supuestamente porque se encontraron suficientes indicios de responsabilidad administrativo-disciplinario al haber incurrido en la falta grave prevista en el art. 40.3 de la Ley del Consejo de la Judicatura (LCJ) -Ley 1817- y por incumplimiento de las obligaciones previstas en el art. 73 incs. a), b), c) y f) del Reglamento de Administración y Control de Personal del Poder Judicial, para finalmente dictar Sentencia Disciplinaria 043/2010, sin que en la etapa investigativa, declaraciones y elementos probatorios se hubiera probado los extremos denunciados.

Asevera que la citada Sentencia Disciplinaria en su punto segundo dispuso la sanción de suspensión del ejercicio de funciones por ocho meses sin goce de haberes, por supuestamente haber causado deterioro a la imagen del Poder Judicial, sentencia que al igual que la Resolución 57/2011 de 1 deagosto, que la confirmó en forma total, carecen de fundamentos jurídicos, por cuanto omitieron su petición de 6 de septiembre de 2010, sin considerar que no se comprobaron las supuestas faltas, conforme demostró en el proceso aportando como prueba los instructivos, actas de declaración informativa, comprobantes de prueba, observaciones a las papeletas y papeletas de ingreso de trámite. De igual forma, las autoridades demandadas no valoraron la declaración del “Iván Vargas” que reconoció que es atribución de los encargados de ventanilla realizar la atención de reclamos y que las boletas de ingreso son anuladas automáticamente en el mismo sistema. Del mismo modo, no valoraron que dentro de sus funciones está el de realizar el seguimiento de reclamos y observaciones conforme se desprende de la Circular 06/07.

Afirma que en ninguna de las resoluciones mencionadas se fundamentó el daño económico, el perjuicio al trabajo o el deterioro a la imagen del Poder Judicial, demostrándose con ello que en ningún momento actuó ni incurrió en la falta señalada en la normativa invocada, por lo que no puede pretender imponer la sanción sobre la cual funda sus fallos, por cuanto resulta inaplicable por su propia naturaleza y contenido las previsiones del art. 23.2 del Reglamento de Procesos Disciplinarios del Poder Judicial. En la última resolución, las autoridades demandadas no consideraron los agravios denunciados en el memorial del recurso de apelación interpuesto. Además, se falló de manera distinta en casos similares.

Finalmente, manifiesta que la Resolución 57/2011, se limitó a realizar una síntesis de los hechos expuestos sin fundamentar las razones para la confirmación de la sentencia disciplinaria, es decir, no se justificó que la conducta del accionante se hubiese adecuado a la falta prevista en el art. 40.3 de la LCJ.

I.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante estima vulnerados sus derechos al debido proceso, a una resolución motivada, a la tutela judicial efectiva, a la defensa, a la igualdad jurídica y al trabajo y la inobservancia de los principios de seguridad jurídica y legalidad.

I.3. Petitorio

Solicita se le conceda la tutela y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto ni valor legal alguno la Resolución de 6 de octubre de 2010 y la Resolución 57/2011 de 1 de agosto, la última, dictada arbitraria e ilegalmente por el Pleno del Consejo de la Judicatura; b) Se ordene el pago de costas, daños y perjuicios; y, c) Se disponga su inmediata reincorporación a su fuente de trabajo y que como medida cautelar se ordene la suspensión de cualquier ejecución de las resoluciones impugnadas, mientras se tramite la acción de amparo.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías