AS/0006/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 006/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Detención Preventiva con Fines de Extradición

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTES

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Embajada de la República Federativa del Brasil c/ Noheli Huari Montaño o Noheli Huari Montano

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADA TRAMITADORA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Rosmery Ruiz Martínez

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">: 19 de febrero de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA: La solicitud de detención preventiva con fines de extradición presentada por la Embajada de la República Federativa de Brasil al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia mediante Nota 406 de 25 de octubre de 2024; de fs. 47, puesto a conocimiento de este Tribunal, a través de la Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-4838/2024 de 13 de noviembre, suscrita por el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Yanina Angélica Cornejo Nolasco, a la que se adjuntó documentación que sustenta la solicitud “DE EXTRADICIÓN” de la ciudadana Brasileña Noheli Huari Montaño, los antecedentes adjuntos a la solicitud.

I ANTECEDENTES PROCESALES:

De la revisión de los antecedentes de la solicitud de extradición, se evidencia lo siguiente:

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 2400;">A través de la Nota Verbal Nota 406 de 25 de octubre de 2024; de fs. 47, la Embajada de la República Federativa de Brasil, en los términos del Acuerdo de Extradición entre los Estados Miembros del MERCOSUR, la República de Bolivia (hoy Estado Plurinacional de Bolivia) y la República de Chile, solicita la extradición de la nacional brasileña NOHELI HUARI MONTAÑO, impetrando a la vez, se lleven a cabo las medidas necesarias con miras a la detención preventiva de la mencionada con fines de extradición.

</li>

</ol>

2. El Juzgado Federal Titular del 1° Juzgado de la Subsección Judicial de Uberaba de la Sección Judicial de Minas Gerais, a través del Oficio 380000613520 de Solicitud de Extradición de fs. 28 a 30 vta.; como Autoridad Judicial Solicitante, a través del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional a Autoridad Central Remitente para que la ciudadana extraditable cumpla orden de prisión preventiva por la práctica de Tráfico Internacional de Drogas, Organización Criminal, tipificado y sancionado con 7 años de reclusión establecido por los arts. 35 y 40 de la Ley 11.343/2006.

3. La Embajada de la República Federativa de Brasil, adjuntó a la solicitud de extradición de NOHELI HUARI MONTAÑO, quien presuntamente reside en la ciudad de Santa Cruz de Bolivia, la solicitud de la detención preventiva, la Orden de Arresto con Nº de Oficio: 380000613520.

II.- LEGISLACIÓN Y DOCTRINA APLICABLE y RESOLUCIÓN DEL CASO:

El Código de Procedimiento Penal (CPP), en su artículo 149 establece que: “La extradición se rige por las convenciones y Tratados internacionales vigentes y, subsidiariamente, por las normas del presente Código o por las reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable”; asimismo, en el art. 154 numeral 1, contempla la detención preventiva con fines de extradición, siempre que se acredite la existencia de una resolución judicial de detención.

El Acuerdo sobre “Extradición entre los Estados Parte del Mercosur y la República de Bolivia y la República de Chile”, en su art. 1 establece que los Estados miembros se obligan a entregarse recíprocamente, a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios y sean requeridas por las autoridades competentes de otro Estado Parte, para ser procesadas por la presunta comisión de algún delito, para que respondan a un proceso en curso o para la ejecución de una pena privativa de libertad, el cual, por expresa permisión del art. 149 del CPP, es el marco legal que rige el presente trámite.

Por su parte, el art. 2.1 del citado Acuerdo señala que, darán lugar a la extradición los hechos tipificados como delito por las leyes del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido, cualquiera sea la denominación de los delitos, que sean punibles en ambos Estados con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años.

En cuanto al procedimiento, el art. 29 de la norma internacional analizada, sobre la detención preventiva prevé que, las autoridades competentes del Estado Parte requirente podrán solicitar la detención preventiva para asegurar el procedimiento de extradición de la persona reclamada, la cual será cumplida con la máxima urgencia por el Estado Parte requerido y de acuerdo con su legislación. El pedido de detención preventiva deberá indicar que tal persona responde a un juicio o es objeto de una sentencia condenatoria u orden de detención judicial y deberá consignar la fecha y los hechos que funden la solicitud, así como el momento y el lugar en que ocurrieron los mismos, además de los datos personales u otros que permitan la identificación de la persona cuya detención se requiere. También, deberá constar en la solicitud la intención de cursar una solicitud formal de extradición. El pedido de detención preventiva podrá ser presentado por las autoridades competentes del Estado Parte requirente por vía diplomática o a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), debiendo ser transmitido por correo, fax o cualquier otro medio que permita la comunicación por escrito.

Ahora bien, en el contexto legal precedente y los antecedentes descritos, se concluye lo siguiente:

En cuanto al tipo penal atribuido a Noheli Huari Montaño, de Trafico Internacional de Drogas y/o Organización Criminal tipificado y sancionado con 7 años de reclusión establecido por la Ley 11.343, artículo 35 caput. y art. 40, I y V., según lo señalado en la orden de arresto, se tiene que el primero tiene una pena máxima de siete años de prisión.

No se hizo una descripción del contenido de los tipos penales mencionados, tampoco se tiene una referencia del quantum de la pena del ilícito de Asociación Delictuosa en el país requirente.

Sin embargo, esos hechos atribuidos a la requerida, también son considerados ilícitos en Bolivia, conforme lo previsto por el art. 198 del Código Penal boliviano (CPb), que prevé: por el art. 48 de la Ley 1008, que señala (Trafico) “El que traficare con sustancias controladas será sancionado con presidio de diez a veinticinco años y diez mil a veinte mil días de multa. Constituye circunstancia agravante el tráfico de sustancias controladas en volúmenes mayores”; asimismo, el art. 132 del CPb, prevé: “(Artículo 132 Bis (ORGANIZACIÓN CRIMINAL). El que formare parte de una asociación de tres (3) o más personas organizada de manera permanente, bajo reglas de disciplina o control, destinada a cometer los siguientes delitos: genocidio, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, sustracción de un menor o incapaz, tráfico de migrantes, privación de libertad, trata de seres humanos, vejaciones y torturas, secuestro, legitimación de ganancias ilícitas, fabricación o tráfico ilícito de sustancias controladas, delitos ambientales previstos en leyes especiales, delitos contra la propiedad intelectual, o se aproveche de estructuras comerciales o de negocios, para cometer tales delitos, será sancionado con reclusión de uno (1) a tres (3) años. Los que dirijan la organización serán sancionados con reclusión de dos (2) a seis (6) años.”

La normativa referida de ambos países contratantes, muestra que, en las legislaciones de ambos países, esta conducta se constituye en delito con pena privativa de libertad mayor a diez años, cumpliéndose consecuentemente, con los requisitos de forma para la procedencia de la detención solicitada con fines de extradición. Con tales antecedentes, este Tribunal considera que las condiciones y directrices para la procedencia de la presente solicitud, se encuentran cumplidas, pues está previsto en la ley boliviana, y no es arbitraria, siendo razonable y proporcional al fin perseguido, el cual es el sometimiento del extraditable al proceso penal instaurado en su contra en el país requirente, aspecto que constituye un propósito legítimo, correspondiendo aceptar la solicitud, con la única finalidad de garantizar la efectiva cooperación internacional y lucha contra el crimen y la delincuencia.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 184.3 de la Constitución Política del Estado, 38 numeral 2 de la Ley del Órgano Judicial (Ley 025 de 24 de junio del 2010) y 24 numeral 5 del Acuerdo de Extradición entre los Estados Miembros del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, conforme lo previsto por el art. 149 del Código Procedimiento Penal (Ley Nº 1970), dispone la DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICCIÓN de la ciudadana brasileña Noheli Huari Montaño nacida el 16 de junio de 1983, con Número Nacional de Identidad 234.133.138-60; debiendo el Estado requirente formalizar su solicitud de extradición, en el plazo de 40 días computables a partir de la detención, que será comunicada por vía diplomática al Estado requirente, acompañando la documentación respaldatoria establecido por el Acuerdo sobre Extradición entre el Mercosur, la República de Bolivia (hoy Estado Plurinacional de Bolivia) y la República de Chile.

En ejecución del presente Auto Supremo, ofíciese al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para que comisione a un Juez Cautelar de Instrucción de Turno en lo Penal de la ciudad del mismo nombre, asuma conocimiento del presente Auto Supremo, expidiendo mandamiento de detención preventiva con fines de extradición, que podrá ser ejecutado con auxilio de la INTERPOL y la Policía Boliviana. Asimismo, debe asumir conocimiento de todas las emergencias derivadas del mandamiento mencionado.

Una vez ejecutado el mandamiento y la notificación dispuesta, la autoridad comisionada, o la del lugar donde sea aprehendida la persona, deberá informar de manera inmediata a este Tribunal sobre aquellas circunstancias, acompañando los documentos originales.

A los efectos de garantizar el debido proceso, se dispone notificar a la ciudadana Noheli Huari Montaño, con copia de la presente resolución y mandamiento a expedirse, otorgándosele el plazo de diez (10) días, más los de la distancia, para que asuma defensa, con cuyo resultado se remitirá obrados en Vista Fiscal, ante la Fiscalía General del Estado para que se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de extradición.

A los fines de establecer la existencia de antecedentes a los que se refiere el art. 440 del Código de Procedimiento Penal, se dispone que los nueve Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, certifiquen a través de sus Juzgados y Salas Penales, la existencia y estado de algún proceso penal en trámite contra la requerida de extradición Noheli Huari Montaño con RJI 234.133.138-60.

Similar certificación deberá remitirse por el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) del Consejo de la Magistratura de Bolivia, a cuyo fin se dispone que se oficie por Secretaría de Sala Plena de este Tribunal.

Comuníquese la presente resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, para que, por su intermedio se haga conocer a la Embajada de la República Federativa del Brasil.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

Romer Saucedo Gómez

PRESIDENTE

Mostrando 93 de 185 parrafos.

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