Texto del fallo
SALA PENAL SEGUNDA
Auto Supremo Nº 014 Sucre, 25 de enero de 2010
Expediente: Cochabamba 281/07
Partes: Ministerio Público c/ Nicomedes Flores Hinojosa
Delito: Tráfico de Sustancias Controladas
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VISTOS: la solicitud de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, presentada por Nicomedes Flores Hinojosa el 28 de agosto de 2008 (fojas 309 a 311), en el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público con imputación por comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, tipificado por el artículo 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, los antecedentes, y:
CONSIDERANDO: que el imputado Nicomedes Flores Hinojosa señaló que el proceso penal seguido en su contra se inició el 25 de noviembre de 2004 desde entonces transcurrieron más de tres de años, razón por la cual el plazo previsto por el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal se encuentra vencido, correspondiendo en consecuencia la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso.
Que absolviendo el traslado dispuesto por providencia de 29 de agosto de 2008 (fojas 311 vuelta), el representante del Ministerio Público manifestó que el imputado realizó actos tendientes a dilatar el proceso a fin de beneficiarse con la probable extinción de la acción penal, señaló también que, los delitos relacionados al tráfico de sustancias controladas son de lesa humanidad, por consiguiente constituyen una amenaza para la salud, la seguridad ciudadana y la existencia misma de la humanidad, razón por la cual solicitó rechazar la extinción incoada.
CONSIDERANDO: que el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal establece que todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, vencido el cual, el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal.
Que la tramitación del proceso dentro un plazo razonable es una de las garantías internacionalmente reconocidas a las personas, así lo prevé expresamente el numeral 1 del artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, aprobada y ratificada por nuestro Estado mediante Ley número 1430 de 11 de febrero de 1993. Respecto al "plazo razonable", la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo a su vez la jurisprudencia emitida sobre la materia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, adoptó la teoría del "no plazo", en virtud a la cual, no puede establecerse con precisión absoluta cuándo un plazo es razonable y cuando no, ya que no es posible cuantificarlo en días, semanas, meses o años, por lo que cualquier plazo legal establecido o precisado por el ordenamiento interno de los Estados, no tiene carácter vinculante para establecer la razonabilidad o no de la duración de un proceso, porque no es posible establecer criterios abstractos para determinar ese plazo. En consecuencia corresponderá hacer un análisis acerca de lo razonable a la luz de los hechos producidos en cada caso.
Que por ello se entiende que el plazo de duración máxima del proceso, previsto por el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal, constituye un parámetro objetivo, a partir del cual corresponde analizar en cada caso concreto la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso, para cuyo análisis, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó tres criterios esenciales: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales, criterios que fueron asimilados por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional número 0101/2004 de 14 de septiembre de 2004 y el Auto Complementario 0079/2004-ECA de 29 del mismo mes y año. Por ello, no todo proceso que exceda el plazo de duración máxima previsto por Ley, vulnera la garantía de juzgamiento en plazo razonable, sino únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la causa.
Que la administración de justicia debe estar exenta de dilaciones indebidas, lo cual sucede cuando se producen actos o se emiten resoluciones de carácter impropio por los funcionarios administrativos o jurisdiccionales encargados del proceso.
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