AS/0015/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

AUTO SUPREMO 15/2025

Sucre, 12 de febrero de 2025

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">Expediente

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">812/2024

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">Demandante

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">Adela Ruth Majón Fournier de Gonzáles

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">Demandado

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">Sindicato de Trabajadores “ENTEL” La Paz

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">Proceso

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">Distrito

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">La Paz

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">Relatora

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">Mgda. Rosmery Ruiz Martínez

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

I. VISTOS: Los Recursos de Casación de fs. 687 a 704 y fs. 707 a 716 vta., interpuestos por el Sindicato de Trabajadores “ENTEL” La Paz, a través de su representante legal, y por Adela Ruth Majón Fournier de Gonzáles, respectivamente, impugnando el Auto de Vista 84/2024 de 12 de marzo, de fs. 681 a 685, emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso laboral seguido por la demandante contra el Sindicato de Trabajadores “ENTEL” La Paz; las respuestas a los Recursos de Casación de fs. 707 a 716 vta. y fs. 719 a 723 vta., respectivamente; el Auto 318/2024 de 11 de septiembre, a fs. 724, que concedió ambos recursos; el Auto Interlocutorio 586/2024 de 8 de octubre, de fs. 730 a 731 vta., que admitió los recursos y lo obrado en el proceso.

II. ANTECEDENTES PROCESALES

1. Sentencia

Tramitado el proceso laboral seguido por Adela Ruth Majón Fournier de Gonzáles (demandante) contra el Sindicato de Trabajadores “ENTEL” La Paz (demandado), el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de la Capital del departamento de La Paz, emitió la Sentencia 165/2022 de 20 de agosto, de fs. 631 a 635 vta., que declaró PROBADA EN PARTE la demanda de fs. 18 a 19, subsanada por los escritos a fs. 27 y vta., y de fs. 30 a 31; PROBADA EN PARTE la excepción perentoria de prescripción, de fs. 34 y vta.; disponiendo que el mencionado Sindicato pague en favor de la demandante la suma de Bs106.626,66 (ciento seis mil seiscientos veintiséis 66/100 bolivianos), por concepto de salarios y aguinaldos devengados, más la actualización y la multa del 30% conforme al art. 9 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006.

2. Auto de Vista

En mérito a los Recursos de Apelación de fs. 649 a 654 y fs. 657 a 663, interpuestos por el Sindicato demandado y la demandante, respectivamente, contra la Sentencia 165/2022; la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 84/2024 de 12 de marzo, de fs. 681 a 685, que CONFIRMÓ EN PARTE la Sentencia apelada, sin costas, disponiendo que además de los salarios y aguinaldos devengados dispuestos por el Juez de Instancia, el Sindicato pague en favor de la demandante el desahucio y la indemnización, haciendo un total de Bs118.439,99 (ciento dieciocho mil cuatrocientos treinta y nueve 99/100 bolivianos), por concepto de salarios y aguinaldos devengados, desahucio e indemnización.

III. ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN

1. Recurso de Casación presentado por el Sindicato

En el Recurso de Casación de fs. 687 a 704, el Sindicato expuso los siguientes argumentos:

En la forma

a) Vulneración del debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación y motivación, debido a que de forma ultra petita el Tribunal de Alzada, otorgó el desahucio e indemnización en favor de la demandante sin que hubiesen sido pedidos y/o el Juez de Instancia los hubiese dispuesto como hechos a probar.

Con este accionar se violaron los arts. 115.II, 117.I y II, 119.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 202.a) y b) del Código Procesal del Trabajo (CPT); y, 218 y 265.I del Código Procesal Civil (CPC) e inobservaron la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP)1330/2012 de 19 de septiembre; la Sentencia Constitucional (SC) 1365/2005-R de 31 de octubre y la SCP 0387/2012 de 22 de junio, SC 0486/2010-R de 5 de julio, en ese orden.

b) La Sentencia de instancia fue emitida el 20 de agosto de 2022 (feriado), infringiendo el art. 123 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que dispone sobre los días hábiles para las labores judiciales.

Solicitó la nulidad de obrados, para que se emita una resolución conforme al art. 202 del CPT.

En el fondo

a) El Tribunal de Alzada omitió valorar correctamente el Contrato de Alquiler de fs. 88 a 89, prueba que acredita que la demandante era inquilina y desvirtúa todos los derechos laborales y beneficios sociales otorgados en el proceso.

Relacionó los motivos por los que se emitieron tres Sentencias dentro el proceso laboral e insistió que el referido Contrato de Alquiler acredita una relación civil, no una relación laboral; por ello, solicitó casar la resolución recurrida y declarar improbada la demanda, porque se habría aplicado erróneamente los arts. 154 y 167 del CPT.

b) Aplicación errada e indebida de los arts. 52 de la LGT y 39 de su Decreto Reglamentario (DR), así como de la Ley de 18 de diciembre de 1944 y DS 28699, respecto del pago de sueldos devengados, aguinaldo, actualización y multa del 30 %; toda vez que: “…mal se podría disponer el pago en favor de una persona que fue inquilina…” (sic).

c) Violación de: i) Los arts. 1286 del Código Civil (CC) y 145 del CPC, porque no se otorgó el valor que la Ley le asigna al Contrato de Alquiler de fs. 88 a 89; ii) Los arts. 3.j) y 158 del CPT, porque no se valoró y consideró correctamente el referido Contrato de Alquiler; y iii) El art. 206 del CPC, porque no se realizó “…una presunción de los hechos, las reglas de la sana crítica…” (sic), del Contrato de Alquiler de fs. 88 a 89.

Solicitó que este Tribunal Supremo de Justicia, valore correctamente el Contrato de Alquiler de fs. 88 a 89.

2. Recurso de casación presentado por la demandante

En el Otrosí 1ro, del escrito de fs. 707 a 716 vta., la demandante interpuso Recurso de Casación, argumentando lo siguiente:

a) De acuerdo a los antecedentes, la relación laboral inició el 30 de marzo de 1993 y concluyó el 15 de mayo de 2014; entonces, aplicando el principio “extra petita” instituido en el art. 64 del CPT, los beneficios sociales y derechos laborales, debieron ser calculados considerando el tiempo de servicios de 21 años, 1 mes y 25 días; sin embargo, el Tribunal de Alzada calculó el desahucio, la indemnización, salarios y aguinaldos devengados, con el tiempo de servicios de 6 años, 10 meses y 4 días, sin considerar que, de acuerdo a los arts. 48.IV y 123 de la CPE, los derechos laborales y beneficios sociales no prescriben.

b) El Tribunal de Alzada sólo otorgó el desahucio, indemnización, sueldos y aguinaldos devengados, sin tomar en cuenta que, conforme al principio “extra petita”, en los 21 años, 1 mes y 25 días de servicio, la demandante trabajó domingos, feriados, horas extras y en turno de la noche, porque el trabajo era de 24 horas diarias, excediendo las 40 horas semanales establecidas por la LGT; por lo que, corresponde otorgarle el bono de antigüedad calculado sobre la base de todos los años de servicio, porque el retiro de su fuente laboral fue forzoso.

c) Debe aplicarse la multa del 30% y la actualización prevista en el DS 28699, a la indemnización, desahucio, horas extras, recargo nocturno y bono de antigüedad calculado sobre la base de 21 años, 1 mes y 25 días de servicio.

d) El Tribunal de Alzada omitió pronunciarse sobre: i) las multas y actualizaciones que emergen del incumplimiento al plazo establecido para el pago de los beneficios sociales; y ii) las costas y costos procesales en segunda instancia.

IV. CONTESTACIONES A LOS RECURSOS DE CASACIÓN

Contestación de la demandante

Mediante escrito de fs. 707 a 716 vta., la demandante contestó el Recurso de Casación del Sindicato, señalando que reiteró los argumentos expuestos al momento de contestar la demanda e interponer los Recursos de Apelación y Casación; empero, no desvirtuó objetivamente los argumentos y pretensiones de la demanda, porque:

a) El Sindicato pretende desconocer la relación laboral, olvidando la confesión de parte que cursa en los memoriales a fs. 34 y 37.

b) El Contrato de Alquiler no cuenta con el reconocimiento de firmas; su contenido y firmas son falsos; el Papel Sellado fue elaborado el 25 de febrero de 1997 y entró en vigencia el 5 de noviembre del mismo año; empero, el referido Contrato de Alquiler fue suscrito el 15 de mayo de 1997; y el Contrato de Alquiler estipula como domicilio la calle “27”; sin embargo, conforme consta a fs. 11 y vta. y 225 de obrados, en la gestión 1997 el domicilio se encontraba ubicado en la calle “26”.

c) El Voto Resolutivo del Sindicato, los recibos de egreso por pago de sueldos firmados y sellados por el Sindicato, las Cartas Notariadas del Sindicato dirigidas a la demandante; la contestación a la demanda, el Acta de Audiencia de Conciliación de 22 de agosto de 2014 y la Inspección Judicial a fs. 65 a 68 vta., acreditan la existencia de la relación laboral entre la demandante y el Sindicato.

Contestación del Sindicato

A través del escrito de fs. 719 a 723 vta., el Sindicato contestó el Recurso de Casación de la demandante, advirtiendo que carece de “petitum”.

Reiteró los argumentos expuestos en su Recurso de Casación en la forma, en el que denunció que la determinación del Tribunal de Alzada vulneró el debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, porque se otorgó el desahucio y la indemnización que no fueron pedidos por la demandante y no fueron demostrados en el trámite del proceso laboral.

Aseveró que el pago de horas extras, sábados, domingos, recargo nocturno y bono de antigüedad, pretendidos por la demandante en su Recurso de Casación, vulnera el debido proceso en su elemento de congruencia, correspondiendo declarar infundado el Recurso de Casación de la demandante.

V. NORMAS LEGALES, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES APLICABLES AL CASO CONCRETO

1. Principio “ultra y extra petita” en materia laboral

El art. 64 del CPT, dispone que: “El Juez de primera instancia podrá condenar por pretensiones distintas de las pedidas, cuando se trata de salario mínimo, salario básico, vacaciones, declaraciones o condenas sustitutivas que según Ley correspondan por las expresamente pedidas en la demanda, siempre que los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y se hallen debidamente probados. Podrá también condenarse al pago de sumas mayores que las pedidas en la demanda, cuando en el proceso se establezca que éstos son inferiores a las que corresponden al demandante de conformidad con la Ley” (resaltado añadido).

El Auto Supremo 109 de 11 de marzo de 2021, emitido por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró la siguiente línea jurisprudencial: “…en el derecho procesal laboral, existe un principio conocido como ultra o extra petita, el cual permite al Juez de primera instancia, conceder en su fallo más de lo que el trabajador solicitó en su demanda, siempre que hubiese sido objeto y discusión del proceso conforme prevé el art. 202 del CPT.

Con esa permisión el Juez laboral, cuando corresponda, puede conceder al trabajador más de lo que solicitó en su demanda si encuentra que, ajustado a derecho, al trabajador le es propio más de lo pretendido, con ello se busca garantizar y resguardar la faz de irrenunciabilidad de los derechos laborales, de manera que el trabajador no está facultado a renunciar a ellos y si el Juez laboral, encuentra que con la demanda el trabajador está renunciando a derechos mínimos, puede fallar extra y ultra petita para reconocer en la Sentencia esos derechos al trabajador.

Este principio está contenido en los arts. 64 y 202-c) del CPT que fijan los criterios y requisitos para su aplicación, estableciendo: `El Juez de primera instancia podrá condenar por pretensiones distintas de las pedidas, cuando se trate de un salario mínimo, salario básico, vacaciones, declaraciones o condenas sustitutivas que según Ley corresponden por las expresamente pedidas en demanda, siempre que los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y se hallen debidamente probados. Podrá también condenarse al pago de sumas mayores que las pedidas en la demanda, cuando en el proceso se establezca que estos son inferiores a las que corresponden al demandante de conformidad con la Ley´ y `la parte resolutiva también comprenderá aquello que el trabajador hubiese omitido reclamar en la demanda y que en el curso del proceso se hubiera evidenciado y tenga conexitud´.

Frente a estas disposiciones legales glosadas esta Sala, considera que los fallos extra o ultra petita obedecen a una facultad especial en materia laboral que el legislador atribuyó en determinadas circunstancias y condiciones al Juez laboral, a fin de garantizar una protección especial a la irrenunciabilidad de los derechos y beneficios mínimos, establecidos en las normas laborales, salvo los casos que pueda conllevar una variación del proceso, de manera que puedan ser supervisados y controlados en segunda instancia, con la salvaguarda del principio de la no reformatio in peius.

De esta forma, respecto de los derechos laborales, las prerrogativas y beneficios mínimos con carácter irrenunciable, derivados de la relación de trabajo, en virtud del carácter de orden público que representan de acuerdo con los principios constitucionales, significa que el Juez que resuelve esa clase de conflictos, cuenta con libertad para asegurar su reconocimiento, mediante el ejercicio de una atribución que le permite hacer efectiva la protección especial de la cual gozan los trabajadores, frente a sus propias pretensiones y a la realidad procesal…” (resaltado añadido).

2. Principio de “libre apreciación de la prueba”

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