AS/0017/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo 17/2025

Sucre, 12 de febrero de 2025

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente : 432/2024

Demandante : Cristian Francisco León Cruz

Demandado : ENDE ANDINA S.A.M.

Materia : Beneficios Sociales

Distrito : Cochabamba

Relatora : Mgda. Norma Velasco Mosquera

I. VISTOS: Los Recursos de Casación interpuestos por la Empresa ENDE ANDINA SOCIEDAD ANONIMA MIXTA (ENDE ANDINA S.A.M.), mediante sus representantes legales, y por Cristian Francisco León Cruz de fs. 208 a 210 y fs. 214 a 216 vta., respectivamente, impugnando el Auto de Vista 121/2023, de 6 de abril, pronunciado por la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, de fs. 192 a 197, dentro del proceso social por pago de Beneficios Sociales, seguido por Cristian Francisco León Cruz contra ENDE ANDINA S.A.M.; la contestación de fs. 214 a 216 vta., el Auto de 29 de abril de 2024 que concedió los recursos a fs. 224; el Auto Interlocutorio 674-A/2024 de 11 de noviembre, que admitió los Recursos de Casación, de fs. 235 a 236 vta. y lo obrado en el proceso.

II. ANTECEDENTES PROCESALES

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 2400;">Sentencia

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Tramitado el proceso laboral de pago de beneficios sociales, seguido por Cristian Francisco León Cruz contra ENDE ANDINA S.A.M. la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Quillacollo emitió la Sentencia 30/2022 de 31 de marzo de fs. 145 a 149, declarando PROBADA EN PARTE, la demanda social de pago de beneficios sociales, respecto al pago de desahucio, indemnización, vacaciones y salarios devengados en la suma total de Bs96.289,01 (noventa y seis mil doscientos ochenta y nueve 01/100 bolivianos) e IMPROBADA respecto al pago de aguinaldo. Asimismo, declaró PROBADA EN PARTE la excepción de pago documentado, disponiendo y conminándose en consecuencia a ENDE ANDINA S.A.M., dentro de tercero día de ejecutoria de esta Sentencia, pagar a Cristian Francisco León Cruz la suma indicada, debiendo calcularse además el 30% de multa, conforme lo establece el art. 9 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006.

2. Auto de Vista

Interpuestos los Recursos de Apelación por ENDE ANDINA S.A.M., y Cristian Francisco León Cruz, de fs. 162 a 164 y fs. 177 a 180 vta. respectivamente; la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista 121/2023, de fs. 192 a 197, resolvió REVOCAR EN PARTE la Sentencia 30/2022, cursante de fs. 145 a 149 de obrados, determinando que el monto establecido en la Sentencia apelada, deberá ser cancelado en ejecución de sentencia, más la correspondiente actualización con base en la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), conforme a lo previsto por el art. 9 del DS 28699. Sin costas ni costos.

III. ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN

III.1 Recurso de Casación interpuesto por ENDE ANDINA S.A.M.

La empresa demandada acusa incorrecta interpretación del art. 9 del DS 28699 por parte del Tribunal Ad quem, argumenta que el trámite para el pago efectuado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, inició el 21 de febrero de 2020 y concluyó el 30 de octubre de 2020, entendiendo que el pago se realizó fuera de plazo de 15 días previstos por ley. Sin embargo, no se consideró que la presentación de solicitud de pago (EA-00526/2020) ante el mencionado Ministerio realizada el 20 de febrero de 2020, constituye plena prueba del cumplimiento del art. 9 del DS 28699, pues previamente se intentó por todos los medios cumplir con el pago directamente al trabajador.

Asimismo, debe considerarse que la multa establecida en esta norma busca sancionar a los empleadores que pretenden evadir su responsabilidad, lo que no ocurre en el presente caso, ya que la empresa nunca tuvo la intención de burlar los principios protectores del derecho laboral.

Concluyó señalando que interpone el Recurso de Casación contra el citado Auto de Vista 121/2023 por incorrecta interpretación de la norma.

III.2 Recurso de Casación presentado por Cristian Francisco León Cruz

El demandante acusó errónea interpretación del Código Procesal del Trabajo (CPT) con un enfoque formalista, debido a que el Tribunal de Alzada interpretó erróneamente los arts. 64, 117, 122 y 202 del CPT, aplicando criterios de rigorismo formalista procesal civil, contraviniendo el principio proteccionista establecido en el art. 3.g) del citado Código, que exige la aplicación de la norma más favorable y la condición más beneficiosa para el trabajador. Lo propio con relación art. 202.c) del CPT que establece que la sentencia debe incluir aquello que el trabajador no haya señalado en la demanda, pero que se haya evidenciado en el proceso y tenga conexión con lo demandado, por lo que la solicitud de vacaciones devengadas no constituye una nueva pretensión, sino un derecho evidenciado en el proceso que permite al juez condenar al pago de sumas mayores a las pedidas en la demanda, si en el transcurso del proceso, se prueba que el trabajador tiene derecho a montos superiores. Argumentó que el Tribunal de Alzada omitió aplicar esta norma correctamente, restringiendo el derecho del trabajador a recibir el monto que le correspondía conforme a ley.

Concluyó solicitando que se CASE parcialmente el Auto de Vista 121/2023 conforme cursa en el petitium de su recurso; con costas y costos.

IV. CONTESTACIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN

De parte de ENDE ANDINA S.A.M., no existe contestación al Recurso de Casación del demandante; sin embargo, el demandante Cristian Francisco León Cruz en el Otrosí 1 del memorial cursante de fs. 214 a 216 vta., respondió negativamente al Recurso de Casación interpuesto por la empresa demandante, argumentando que el recurso no cumple con la técnica procesal propia del recurso de casación, incumpliendo el art. 274 del Código Procesal Civil (CPC); enfatiza que el empleador también recurrente confiesa que no pagó beneficios sociales dentro del plazo previsto por ley.

V. NORMAS LEGALES, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES APLICABLES AL CASO CONCRETO

En consideración a los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado (CPE), el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto.

La protección constitucional a los derechos del trabajador y su aplicación preferente.

El art. 48 de la CPE, establece imperativamente que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, y que deben aplicarse bajo los principios de protección de los trabajadores, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación e inversión de la prueba a favor del trabajador; siendo la finalidad de todos ellos, buscar la protección y la tutela de los derechos de los trabajadores, de modo que se logre su real materialización.

Bajo estos principios, debe aceptarse que el Estado, a través de las autoridades que imparten justicia en materia laboral, no se basa necesariamente en la paridad jurídica, sino en la favorabilidad del trabajador, como sostiene la Sentencia Constitucional (SC) 0032/2011-R de 7 de febrero, que señala en cuanto al principio de proteccionismo: “a) Principio de protección y tutela.- Llamado así porque la razón del derecho laboral es esencialmente de protección, de ahí que si se emiten normas laborales, éstas tienen que estar orientadas al resguardo del trabajador; dicho de otro modo no se busca la paridad jurídica sino la de establecer un amparo preferentemente a favor del trabajador” (negrillas del texto original).

Razonamiento que este Tribunal, sustenta en la valoración de los principios básicos de protección al trabajador, los que están definidos de manera general en el art. 4 del DS 28699, que establece: “I. Se ratifica la vigencia plena de los principios del Derecho Laboral:

a. Principio Protector, en el que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado, entendido con base en las siguientes reglas: In Dubio Pro Operario, en caso de existir duda sobre la interpretación de una norma, se debe preferir aquella interpretación más favorable al trabajador. De la Condición más Beneficiosa, en caso de existir una situación concreta anteriormente reconocida, ésta debe ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador ante la nueva norma que se ha de aplicar.

b. Principio de Continuidad de la Relación Laboral, donde a la relación laboral se le atribuye la más larga duración, imponiéndose al fraude, la variación, la infracción, la arbitrariedad, la interrupción y la sustitución del empleador.

c. Principio Intervencionista, en la que el Estado, a través de los órganos y tribunales especiales y competentes, ejerce tuición en el cumplimiento de los derechos sociales de los trabajadores y empleadores.

d. Principio de la Primacía de la Realidad, donde prevalece la veracidad de los hechos a lo determinado por acuerdo de partes.

e. Principio de No Discriminación, es la exclusión de diferenciaciones que coloquen a un trabajador en una situación inferior o más desfavorable respecto de otros trabajadores con los que mantenga responsabilidades o labores similares” (negrillas añadidas).

Mostrando 41 de 82 parrafos.

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