Texto del fallo
SALA PENAL SEGUNDA
Auto Supremo Nº 029 Sucre, 4 de febrero de 2010
Expediente: Santa Cruz 69/04
Partes: Ministerio Público c/ Oscar Argote Villarroel, Lorgio Ligerón Ligerón y otros.
Delito: Tráfico de Sustancias Controladas.
Ministro Relator: José Luis Baptista Morales
******************************************************************************************************* VISTOS: el recurso de casación interpuesto por Eufronio Márquez León (fojas 680 a 682), impugnando el Auto de Vista de 17 de julio de 2000 (fojas 671 a 673) dictado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Oscar Argote Villarroel, Lorgio Ligerón Ligerón, Filemón Bautista Iporre, Isaac Soliz Subirana, Alfredo Apaza Lizárraga, Serafín Wilfredo La Fuente Zúñiga y el recurrente, con imputación por comisión de delitos tipificados por la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
CONSIDERANDO: que finalizado el juicio oral, cumpliendo lo determinado por el Auto de Vista de 31 de marzo de 1999 (fojas 597), el Juzgado de Partido Segundo de Sustancias Controladas de la ciudad de Santa Cruz dictó sentencia el 25 de octubre de 1999 (fojas 614 a 622) por la que declaró a Oscar Argote Villarroel, a Lorgio Ligerón Ligerón y a Filemón Bautista Iporre autores del delito de tráfico de sustancias controladas tipificado por el artículo 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, condenando a cada uno de ellos a la pena de diez años de presidio y a pago de multa; declaró a Eufronio Márquez León y a Isaac Soliz Subirana autores del delito de complicidad en tráfico de sustancias controladas tipificado por los artículo 76 y 48 de la citada Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, y condenó a cada uno de ellos a la pena de seis años y seis meses de presidio más multa; absolvió de culpa y pena a Serafín Wilfredo La Fuente Zúñiga y a Alfredo Apaza Lizárraga con referencia al delito de tráfico de sustancias controladas por insuficiencia de pruebas; y dispuso la confiscación definitiva a favor del Estado de los bienes incautados a los condenados, ordenando que en ejecución de sentencia se proceda a la correspondiente subasta para destinar a un fin social los dineros así obtenidos.
Que el impetrante impugnó esa sentencia mediante recurso de apelación que tuvo como resultado el Auto de Vista que, por haber confirmado dicha sentencia, dio origen al recurso de casación que es caso de autos, el cual fue presentado con criterio expuesto en sentido de no haberse demostrado la existencia de prueba plena en su contra.
Que efectuado al respecto el análisis pertinente para emisión de la resolución final, se concluye que el Tribunal de Alzada, al confirmar la sentencia de primera instancia, apreció con prudente arbitrio las pruebas aportadas en el proceso, aplicando correctamente las reglas de la sana crítica.
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