AS/0030/2025

Texto del fallo

<div>

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

AUTO SUPREMO 30/2025

Sucre, 18 de febrero de 2025

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">Expediente

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">835/2024

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">Demandante

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">Carmen Rosa Barrón Duran

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">Demandado

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">Proceso

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">Conversión de contrato de trabajo

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">Distrito

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">Chuquisaca

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">Relatora

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">Mgda. Rosmery Ruiz Martínez

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

I. VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 214 a 218, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, a través de su representante legal, impugnando el Auto de Vista 103/2024 de 24 de junio, de fs. 204 a 206 vta., emitido por la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso de conversión de contrato de trabajo, seguido por Carmen Rosa Barrón Duran contra la entidad recurrente; el memorial de fs. 220 a 221 vta. que contestó el Recurso de Casación; el Auto 204/2024 de 3 de octubre, a fs. 223, que concedió con el recurso; el Auto Interlocutorio 591/2024 de 11 de octubre, de fs. 227 a 228, que admitió el recurso y lo obrado en el proceso.

II. ANTECEDENTES PROCESALES

1. Sentencia

Tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Tercero de Sucre, emitió la Sentencia 19/2022 de 6 de diciembre de fs. 158 a 163 vta., que declaró IMPROBADA la demanda de conversión de contratos de trabajo de fs. 44 a 49 vta.; sin costas conforme a lo dispuesto en el art. 39 de la Ley 1178.

2. Auto de Vista

En mérito al Recurso de Apelación de fs. 182 a 187, interpuesto por Carmen Rosa Barrón Duran contra la referida Sentencia, la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista 103/2024 de 24 de junio, de fs. 204 a 206 vta., que REVOCÓ la Sentencia apelada y deliberando en el fondo declaró PROBADA la demanda presentada por Carmen Rosa Barrón Duran, disponiendo la convertibilidad del contrato de trabajo de plazo fijo a indeterminado, en aplicación del art. 1 de la Ley 321.

III. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Contra el referido Auto de Vista, el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (GAMS) interpuso el Recurso de Casación de fs. 214 a 218, conforme lo siguiente:

1.- El requisito de permanencia exigido por el art. 1 de la Ley 321, en el caso no se cumplió, porque la trabajadora suscribió contratos a plazo fijo, entre los cuales existen interrupciones temporales.

El Auto de Vista no consideró la prueba presentada por esa entidad, limitándose sólo a analizar la normativa y los contratos suscritos en las gestiones 2019 y 2020; asimismo, no consideró las funciones que cumplía la demandante, las cuales no son manuales, operativas y/o técnico administrativas.

2.- El Programa Operativo Anual Individual (POAI) de fs. 97 a 125, prevé como requisito del puesto la formación técnico medio y nivel de experiencia profesional, que fueron cumplidos por la demandante, respaldado con el Título en Provisión Nacional de Técnico Medio en Topografía.

Los Vocales debieron considerar que las funciones que realizaba la demandante eran: a) Recepción de trámite con planimetría, cambiando las superficies del terreno de acuerdo al folio real; b) Informes de trámites técnicos administrativos de la jefatura de catastro; c) Verificación de informes de inspección para valor catastral o base imponible para Derechos Reales (DDRR); d) Verificación de fichas de inspección anterior y actual en el sistema con los anteriores registros de cambio de nombre; e) Administrar de manera eficiente todos los trámites ingresados a la jefatura; f) Digitalización de los predios a los que se hace inspección; g) Verificación de códigos catastrales y cambios de códigos provisionales a códigos definitivos y viceversa; y h) Corrección gráfica de los informes para los diferentes trámites técnicos administrativos que se llevan a cabo en la jefatura de catastro y otros; las que se encuentran en el POAI y que se realizan en calidad de profesional del área.

Conforme a lo señalado, la demandante se encuentra dentro de la excepción prevista en el art. 1.II.5 de la Ley 321, aplicable bajo el principio de verdad material, analizado en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0426/2012 de 22 de junio y la Sentencia Constitucional (SC) 0713/2010-R de 26 de julio; en el entendido de que la verdad material y la primacía de la realidad no pueden aplicarse de manera favorable en ninguna situación, con relación a ningún sujeto procesal.

3.- El Auto de Vista, aplicó el principio de “in dubio pro operario”, los arts. 2 de la Ley 16187, 1.I y la Disposición Final Tercera de la Ley 321, para la conversión de los contratos de plazo fijo a naturaleza laboral indefinida; empero, no consideró la SCP 0562/2017-S2 (no señaló fecha de emisión), aplicable conforme a los arts. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 15.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), como precedente constitucional, que prohíbe conversión de contrato de trabajo en el sector público y la tácita reconducción.

Por lo señalado, no se debió aplicar la Ley General del Trabajo (LGT), las Resoluciones Ministeriales (RRMM) 283/62 de 13 de junio de 1962 y 193/72 de 15 de mayo de 1972, ni el Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979, porque los contratos de plazo fijo son del sector público y se sujetan a la Ley del Presupuesto General del Estado.

4.- El Auto de Vista no se encuentra fundamentado, porque no expone la normativa que permite a las entidades públicas a suscribir un contrato indefinido; tampoco consideró el art. 5 de la Ley 2042, ni comprendió que las entidades públicas se rigen por el presupuesto anual y no pueden comprometer ni ejecutar recursos no declarados en el Plan Operativo Anual (POA), aspecto que debe ser aplicado conforme a la Disposición Transitoria Novena parágrafo I numeral 1 de la Ley 031, que regula el límite para que las entidades estatales puedan invertir en su funcionamiento y en caso de excederse, conlleva la responsabilidad funcionaria.

Mostrando 66 de 131 parrafos.

Texto del fallo

Lee el fallo completo con Pixi

Máxima

Datos del proceso

Precedente

Descriptores