AS/0031/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo 31/2025

Sucre, 18 de febrero de 2025

Expediente : 580/2024

Demandante : Seguro Integral de Salud “SINEC”

Demandado : Gobierno Autónomo Departamental de

Santa Cruz

Proceso : Coactivo Social

Distrito : Santa Cruz

Relatora : Mgda. Rosmery Ruiz Martínez

I. VISTOS: Los Recursos de Casación interpuestos por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, a través de sus apoderados, y el Seguro Integral de Salud “SINEC”, mediante su representante legal, de fs. 1435 a 1438 y de fs. 1440 a 1445, respectivamente, impugnando el Auto de Vista 39 de 27 de abril de 2023, emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de fs. 1416 a 1421, dentro del proceso coactivo social seguido por la entidad gestora de salud contra el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz; el memorial de contestación al recurso de fs. 1448 a 1451 y sin contestación al Recurso de Casación por parte del Gobierno Autónomo Departamental; el Auto 62 de 6 de junio de 2024, que concedió los recursos, a fs. 1455 y vta.; el Auto Interlocutorio 336/2024 de 29 de julio, que admitió los Recursos de Casación de fs. 1461 a 1462 vta. y todo lo obrado en el proceso.

II. ANTECEDENTES PROCESALES

1. Auto de Solvendo

En atención a la demanda coactiva social presentada por “SINEC” contra la Prefectura de Santa Cruz (hoy Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz), con relación a las Notas de Cargo 01/2007 y 02/2007, ambas de 9 de marzo, la Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Tercero, emitió los Autos de Solvendo 191 de 13 de junio de 2007 y 73 de 20 de junio de 2008, a fs. 631 y 700 y vta., por los que intima a la institución demandada, para que a tercero día, pague las sumas adeudadas, ordenando la citación y emplazamiento de la entidad coactivada.

2. Auto Definitivo

El Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, vencido el término probatorio, emitió el Auto 226 de 20 de julio de 2020, de fs. 1326 a 1335, que declaró:

- PROBADA EN PARTE la demanda coactiva social, disponiendo la ejecución coactiva de la Nota de Cargo 01/2007 a fs. 622, contra la Prefectura de Santa Cruz (hoy Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz), bajo previsiones de ley, en caso de incumplimiento.

- IMPROBADAS las excepciones de impersonería en el demandante, falta de fuerza ejecutiva, excepción de compensación, excepción perentoria de prescripción y excepción de remisión, novación, transacción, conciliación o compromiso documentados, opuestas por la Prefectura de Santa Cruz.

- IMPROBADA EN PARTE la demanda coactiva, sólo en relación a la Nota de Cargo 02/2007, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el CONSIDERANDO III.2 de la Resolución, al haberse declarado su falta de fuerza coactiva, con base en lo dispuesto en el art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE); no se ingresó a resolver las excepciones planteadas contra dicha Nota de Cargo, al haberse declarado su falta de fuerza coactiva.

3. Auto de Vista

Interpuestos los Recursos de Apelación por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y el SINEC, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 39 de 27 de abril de 2023, de fs. 1416 a 1421, CONFIRMÓ el Auto 226.

III. ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS DE CASACION

III.1 Recurso de Casación presentado por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz

A través de memorial presentado el 12 de diciembre de 2023, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz interpuso Recurso de Casación exponiendo los siguientes argumentos:

1. Violación del derecho y garantía al debido proceso, reconocido en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, puesto que en la expresión de agravios del Recurso de Apelación se expusieron tres argumentos que demostraban la insostenibilidad del Auto 226, referidos a: “1. Legitimación activa y falta de fuerza coactiva para cobrar supuestas deudas anteriores a diciembre del año 2001, toda vez que el decreto de creación del SINEC del año 2001 no indica expresamente que pueda cobrar de manera retroactiva. 2. Prescripción y normativa aplicable en el tiempo.” (sic.); sin embargo, estos no fueron atendidos con una debida motivación en el Auto de Vista, donde no se puntualizan los puntos observados ni las pruebas aportadas, descartándose las cuestiones apeladas sin analizar la jurisprudencia citada y ratificando sin más lo realizado por el Juez A quo.

2. Errónea interpretación del art. 6.h) del Decreto Supremo (DS) 26474, toda vez que, en ninguna parte indica que la entidad ahora coactivante, pueda realizar los cobros de manera retroactiva, transgrediendo así el art. 123 de la CPE.

3. Violación de los arts. 6 de la Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público (EFP), 5 del Reglamento de Desarrollo Parcial del Estatuto del Funcionario Público, 1 del DS 24540 de 31 de marzo de 1997, 6 del DS 25798 de 2 de junio de 2000 y 60 del DS 26115 que aprueba la Normas Básicas de Administración de Personal (NBAP), toda vez que, la Nota de Cargo 01/2007, fs. “593”, indica: "APORTES PATRONALES NO CANCELADOS DE LAS PROVINCIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 1997 AL MES DE MAYO DEL 2001" (sic), cuando este personal de provincia es de contrato y por ende, se encuentra sujeto a normativa especial que regula su accionar administrativo.

4. El plazo de 5 años para la prescripción descrito en el art. 3 del DS 25714 empezó a correr desde mayo del 2001, siendo interrumpido recién mediante Nota Oficio G.G.OF. 60/07 presentada el 9 de marzo del 2007, cuando ya el derecho de la coactivante había fenecido, pues en la Nota Oficio GG. OF. 43/06 presentada el 31 de marzo del 2006, fs. “550 a 551”, el SINEC no realizó el cobro sobre los supuestos adeudos registrados en la Nota de Cargo 01/2007, pues solo efectuó el cobro de trabajadores a contrato (inc. a), que corresponde a la Nota de Cargo 02/2007 (declarada improbada por falta de fuerza coactiva), así como también realizó el cobro de aportes por concepto de bono de antigüedad (inc. b), que corresponden a otro proceso judicial; por lo que se ha interpretado de manera incorrecta el art. 3 del DS 25714 y el art. 1493 del Código Civil (CC). Citó parte del Auto Supremo 615/2019 de 22 de octubre.

Concluyó solicitando se anule obrados hasta fs. “1431”, disponiendo que se emita un nuevo Auto de Vista y/o case el Auto de Vista recurrido y por consiguiente se declare improbada la demanda.

2. Recurso de Casación presentado por el SINEC

Mediante memorial presentado el 19 de diciembre de 2023, el SINEC interpuso Recurso de Casación exponiendo los siguientes argumentos:

1. Vulneración al debido proceso en sus vertientes motivación, fundamentación y congruencia, pues el Auto de Vista no se pronunció sobre los siguientes agravios denunciados en el Recurso de Apelación:

a) Errónea valoración e inaplicación del marco jurídico vigente, referidos a los arts. 228 y 229 de la CPE de 1967, que facultan la aplicación directa de la Constitución para el cumplimiento de los derechos al trabajo y a la seguridad social, en relación con los arts. 136 del Código de la Seguridad Social (CSS) y 10 del Reglamento del Código de la Seguridad Social (RCSS); normativa en virtud de la cual, en resguardo de los derechos de los trabajadores y su derecho a la seguridad social, se emitió la Nota de Cargo 02/2007, por concepto de pagos de aportes patronales por cobrar, habiendo denunciado que el Juez no fundamentó ni motivo porqué considera que no son aplicables al caso concreto

2. Errónea aplicación del DS “571”, pues el Juez vulneró el principio de irretroactividad de la ley previsto en el art. 123 de la CPE, la concluir que el SINEC no tenía facultad para emitir la Nota de Cargo 02/2007, porque el DS 571, no le daba facultad al SINEC, sino a los trabajadores de denunciar una eventual simulación de la relación laboral, aplicando una norma emitida tres años después de la Nota de Cargo y más de quince años después de los hechos que la generaron, vulnerando los principios de legalidad y de irretroactividad.

3. Errónea valoración de las pruebas, pues la autoridad judicial omitió valorar los contratos que en su cláusula tercera, constatan que las personas que suscribieron los mencionados contratos civiles, fueron contratados para realizar funciones y tareas administrativas vinculadas al giro principal de la institución, y no así trabajos de naturaleza eventual como reemplazos por baja médica o embarazo, que fueran requeridas en un periodo determinado de la gestión, violando así el debido proceso por omitir valorar los prenombrados contratos.

Sin embargo, los vocales no se han pronunciado expresamente sobre ninguno de los tres agravios expuestos, incurriendo además en motivación arbitraria e incongruente, al haber sustentado su decisión en consideraciones meramente retóricas, cuando manifiestan que solo se presentaron contratos en copias simples y que no se habría probado la existencia de dependencia conforme al debido proceso.

Citó parte de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0563/2018-S4 de 19 de septiembre, alegando que el Auto de Vista vulneró su derecho al debido proceso en sus vertientes derecho a una resolución motivada, fundamentada y congruente, impidiendo a la institución conocer las razones de la decisión asumida, al no pronunciarse sobre todos los agravios denunciados, pasibles de nulidad.

Concluyó solicitando, se emita Auto Supremo disponiendo la nulidad del Auto de Vista 36, ordenando que se vuelva a emitir Auto de Vista, o en su defecto, en el fondo se case el Auto de Vista impugnado, dictando Auto Supremo, casando y se declare probada la demanda coactiva en todas sus partes, y se deje subsistente de la Nota de Cargo 02/2007.

IV. CONTESTACIÓN A LOS RECURSOS DE CASACIÓN

IV.1. Contestación del SINEC al Recurso de Casación del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz

Mediante memorial de fs. 1448 a 1451, el SINEC contestó el Recurso de Casación interpuesto por la entidad demandada, argumentando que el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz incumplió con la carga argumentativa que le corresponde. Citó parte de la SCP 0802/2007-R de 2 de octubre y alegó que el Auto impugnado fundamentó que, al crearse el SINEC sobre la base de los activos y pasivos del fondo complementario de los trabajadores de la Corporación Regional de Desarrollo de la ciudad de Santa Cruz, tiene derecho para reclamar el cumplimiento de obligaciones con el ex fondo complementario de los trabajadores de la Corporación Regional de Desarrollo de la ciudad de Santa Cruz, al haberse creado el SINEC sobre la base de este último, motivando así, las razones por las cuales encontró infundado el primer agravio analizado, siendo claro que existe motivación sobre el primer agravio, además de detallar la documentación y normas sobre las cuales sustenta su justificación para resolver el caso concreto, por lo que no se cumplen con los supuestos establecidos en la jurisprudencia para considerar que la motivación del Auto de Vista sea arbitraria. Asimismo, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz no indica qué pruebas no fueron valoradas por los Vocales menos indica alguna valoración que acuse de irrazonable (análisis basado en el incumplimiento de los parámetros de la sana crítica), aspectos que denotan el incumplimiento de la carga argumentativa, requisito sin el cual no es posible resolver el Recurso de Casación formulado.

Concluyó su exposición solicitando, se declare improcedente el recurso interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, por no estar motivado.

IV.2. Contestación del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz al Recurso de Casación del SINEC

No cursa en obrados contestación del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz al Recurso de Casación interpuesto por el SINEC.

V. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

V.1 Sobre el debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación

Respecto al debido proceso, en su triple dimensión la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 1585/2014 de 19 de agosto, entre otras, estableció: “…La triple dimensión del debido proceso, se encuentra reconocida en la Constitución Política del Estado, que lo consagra como un principio, un derecho fundamental y una garantía jurisdiccional.

Su protección como garantía jurisdiccional, implica a su vez el resguardo de los elementos constitutivos del debido proceso, traducidos en derechos fundamentales, entre ellos la fundamentación y congruencia de las resoluciones emitidas tanto por autoridades judiciales como administrativas, que se constituyen en normas rectoras de la actividad procesal...”

Respecto a la fundamentación y motivación de las resoluciones, como elementos del debido proceso, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, concluyó que: “…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita”

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