AS/0032/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo 32/2025

Sucre, 18 de febrero de 2025

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente : 386/2024

Demandante : Manuel Aquiles Farel Soza

Demandado : Empresa de Servicios Petroleros Lince S.A.

Materia : Beneficios Sociales

Distrito : Santa Cruz

Relatora : Mgda. Norma Velasco Mosquera

I. VISTOS: Los Recursos de Casación interpuestos por la Empresa de Servicios Petroleros Lince S.A., a través de su representante legal, de fs. 777 a 781 y fs. 783 a 785, impugnando el Auto de Vista 232 de 14 de septiembre de 2023, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de fs. 753 a 767 vta., dentro del proceso laboral por pago de Beneficios Sociales, seguido por Manuel Aquiles Farel Soza contra la Empresa recurrente; las contestaciones a los Recursos de Casación de fs. 788 a 791 vta. y 793 a 797, el Auto 31 de 1 de abril de 2024 que concedió los Recursos de Casación, a fs. 798 y vta.; el Auto Interlocutorio 706-A/2024 de 19 de noviembre, que admitió los Recursos de Casación, de fs. 819 a 820, lo obrado en el proceso.

II. ANTECEDENTES PROCESALES

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 2400;">Sentencia

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Tramitado el proceso laboral de pago de Beneficios Sociales, seguido por Manuel Aquiles Farel Soza contra la Empresa recurrente, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Séptimo de la capital de departamento de Santa Cruz, emitió la Sentencia 60 de 29 de septiembre, de fs. 523 a 533, declarando PROBADA EN PARTE la demanda laboral de pago de Beneficios Sociales; ordenando a la Empresa demandada, pague al tercero día de ejecutoriada la Sentencia en favor del demandante la suma total de Bs270.398,06 (doscientos setenta mil trescientos noventa y ocho 06/100 bolivianos) por concepto de desahucio, indemnización, duodécimas de aguinaldo, vacaciones, duodécimas de vacaciones, sueldos devengados incluido su incremento salarial, prima y duodécimas de primas, actualizable en ejecución de sentencia conforme a lo previsto por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006. Con costas.

2. Auto de Vista

Interpuesto el Recurso de Apelación por la Empresa de Servicios Petroleros Lince S.A., de fs. 722 a 725 vta., la Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 232 de 14 de septiembre de 2023, de fs. 753 a 767 vta., resolvió REVOCAR EN PARTE la Sentencia 60, reconociendo como PROBADA EN PARTE la demanda, con costas a favor del demandante Manuel Aquiles Farel Soza, en la suma total de Bs237.855,28 (doscientos treinta y siete mil ochocientos cincuenta y cinco 28/100 bolivianos) con la actualización a calcular en ejecución de sentencia.

III. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Mediante memoriales presentados el 13 de marzo de 2024, la Empresa de Servicios Petroleros Lince S.A., interpuso Recursos de Casación en el fondo y en la forma; empero para fines didácticos, se consigna y resuelve primeramente el Recurso de Casación en la forma, seguido del Recurso de Casación en el fondo.

III.1 Recurso de Casación en la forma, acusa las siguientes infracciones:

1. Violación del art. 202.a) del Código Procesal del Trabajo (CPT) concordante con el art. 218.I del Código Procesal Civil (CPC); al ser el Auto de Vista lesivo a sus intereses porque modifica en parte la Sentencia 60 sin apoyarse en ninguna norma legal que lo sustente, afectando a sus derechos al omitir velar por el principio de justicia y no sustentarse en la jurisprudencia.

2. Incongruencia e Inexistencia de interpretación y correcta fundamentación entre la parte considerativa con la parte resolutiva del Auto de Vista, violando así el art. 202.a) y b) concordante con el art. 218 parágrafo I (no señala de qué norma).

3. Violación o errónea interpretación del art. 33 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DRLGT), al no exponer el Tribunal de Apelación las razones y fundamentos legales para otorgar una gran cantidad de vacaciones; primero, porque el demandante se jubiló el 2012; y segundo, porque el art. 33 del DRLGT establece que la vacación no será acumulada, salvo acuerdo mutuo por escrito, por lo que, conforme a ley, solo le correspondería 2 vacaciones.

4. Incompleto diligenciamiento de la prueba de fs. 535 a 625, consistentes en libros de asistencia y prueba de accidentes de trabajo, que no fue valorada y que acreditó que el demandante firmó su asistencia hasta el 2012, adeudándole solo la liquidación de 6 años.

5. Violación de los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, ya que los agravios expuestos en su apelación no fueron analizados a profundidad en el Auto de Vista.

Concluyó solicitando se ANULE el Auto de Vista 232.

III.2 Recurso de Casación en el fondo, se exponen las siguientes infracciones:

1. Errónea valoración de la prueba testifical de descargo y confesión provocada, ya que, si bien se nombra la prueba de descargo documental y testifical, en el Auto de Vista, no se las valora conforme exigen los arts. 159, 161, 162, 163, 166, 167 y 169 del CPT. Asimismo, el Juez y Tribunal Ad quem tampoco valoraron la Confesión Judicial Provocada de fs. 459 a 560 de obrados, donde habría declarado como representante de la empresa demandada que el demandante trabajó del 2001 al 2012.

2. Error de hecho en la apreciación de las pruebas documentales e infracción del art. 159 del CPT, debido a que el Tribunal de Alzada al momento de realizar la modificación del finiquito, no realizó una correcta apreciación de las pruebas documentales adjuntas al proceso, que acreditan el tiempo de servicios del trabajador en la empresa, omitiendo el Tribunal de Apelación verificar las planillas, boletas de pago, etc, visadas por la Caja Nacional de Salud (CNS) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

Asimismo, no se valoró la prueba que demuestra que el demandante dejó de trabajar a fines del 2012 por jubilación, así como la documental que acredita su renuncia voluntaria como causal de extinción de la relación laboral, por lo que no procedería el pago del desahucio.

3. Infracción del art. 162 del CPT, el demandante hizo incurrir en error al Juez al presentar boletas de pago y recibos simples de fs. 299 a 301, que no pertenecen a la Empresa de Servicios Petroleros Lince S.A. y que resultan inconsistentes entre unas y otras, hasta con vicios de falsedad, aun así el Juez y Vocales dieron valor probatorio a simples fotocopias y una carta de despido indirecto; por tanto la Sentencia y Auto de Vista al aceptar esa prueba violaron los principios de verdad material, legalidad, igualdad de las partes, proporcionalidad, seguridad jurídica y jerarquía normativa.

4. Violación del art. 33 del DRLGT respecto a las vacaciones, ya que en Sentencia se otorgan vacaciones al demandante desde el 2001 hasta el 2018 y duodécimas de 11 meses y 2 días por la suma de Bs51.773,31.- (cincuenta y un mil setecientos setenta y tres 31/100 bolivianos) como si nunca hubiera hecho uso de ellas y sin considerar que solo trabajó hasta el 2012, fecha en la que se jubiló, violando el citado artículo que establece que la vacación no es acumulable.

5. Violación del art. 202.a) del CPT, pues a lo advertido en la apelación, el Auto de Vista solo modifica en parte la Sentencia apelada, sin apoyarse en ninguna norma legal que lo sustente, lo que generó agravio y atenta a sus derechos constitucionales a la defensa y seguridad jurídica por encontrarse frente a la discrecionalidad del administrador de justicia.

Concluyó solicitando se CASE el citado Auto de Vista por existir violación e indebida aplicación de las leyes y errónea valoración de las pruebas mencionadas en el presente recurso.

IV. CONTESTACION AL RECURSO DE CASACIÓN

Mediante memorial cursante de fs. 793 a 797, el demandante Manuel Aquiles Farel Soza, responde el Recurso de Casación en la forma, indicando respecto a la primera infracción consignado como quinto en el Recurso de Casación de fondo, que el recurrente solamente manifiesta de manera genérica su inconformidad, sin expresar con claridad, cuál sería la vulneración de la ley citada.

Respecto a la segunda infracción, el recurrente no expresa que derechos se lesionan; sin embargo, el Auto de Vista contiene todas las formalidades de ley cumpliendo con el art. 213 del CPC y art. 202 del CPT.

Respecto a la tercera infracción “vacaciones, violación o errónea interpretación del art. 33 DRLGT”, señala que este agravio es el mismo consignado como cuarto en el Recurso de Casación de fondo; sin embargo, el Juez A quo y los Vocales expresaron en sus resoluciones que corresponden las vacaciones por expresa disposición de los arts. 48 y 49 de la Constitución Política del Estado (CPE) y se constituyen en un derecho irrenunciable e imprescriptible.

Respecto a la cuarta infracción, “incompleto diligenciamiento de prueba”, señala que no es evidente, porque incluso las pruebas presentadas fuera de plazo ante el Juez A quo, fueron consideradas por los Vocales, demostrando las demás pruebas que trabajó hasta el 25 de junio de 2019.

Finalmente, respecto a la quinta infracción, “violación de los principios de congruencia, pertenecía y exhaustividad”, transcribe lo que considera congruencia y rechaza la pretensión recursiva del recurrente; consecuentemente, solicita que se declare infundado el Recurso de Casación, con costas y costos.

Mediante memorial cursante de fs. 788 a 791 vta., el demandante Manuel Aquiles Farel Soza, responde el Recurso de Casación de fondo, indicando respecto a la primera infracción que el recurso es totalmente ambiguo y que el Juez A quo en la Sentencia hizo una lectura y análisis de las pruebas aportadas por ambas partes, por tanto, no es evidente que en ambas instancias no se haya valorado las pruebas de cargo y descargo. Respecto a la segunda infracción, manifiesta que el Auto de Vista a fs. “760” de obrados se pronuncia sobre las pruebas extrañadas.

Con relación a la jubilación señala que el recurrente incurre en error de apreciación, ya que, si bien inició su trámite de jubilación, empero el mismo no concluyó el 2012, por lo que continuó trabajando hasta el 25 de junio de 2019. Respecto a la tercera infracción, refiere que el Juez A quo y Tribunal de Alzada, valoraron la prueba bajo el principio de libre apreciación, tampoco el recurrente especifica qué pruebas de descargo no fueron valoradas.

Respecto a la cuarta infracción, indica que no es evidente, toda vez que en el punto III.4 de fs. “764 vta.” parte final y el primer parágrafo de fs. “765” de obrados, están claramente expresados los argumentos respecto a las vacaciones; finalmente sobre la quinta infracción violación del art. 202 del CPT, señala que el recurrente no indica con claridad qué parte del artículo se infringe o como debió fallar en Sentencia el Juez A quo. Consecuentemente, responde negando todos los motivos Recursos de Casación en el fondo, pidiendo se confirme el Auto de Vista.

V. NORMAS LEGALES, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES APLICABLES AL CASO CONCRETO

En consideración a los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme a la CPE, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto.

Del principio de “libre apreciación de la prueba”

En materia laboral, las autoridades judiciales al momento de valorar los diferentes medios de prueba se rigen por el principio de “libertad probatoria”, previsto en el art. 158 del CPT, que fue entendido por la jurisprudencia ordinaria, en los siguientes términos:

El Auto Supremo 514 de 17 de diciembre de 2012, emitido por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, estableció que: “…toda vez que los juzgadores de instancia, bajo el entendido que en materia laboral no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba, sino por el contrario deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la misma y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, conforme lo disponen los artículos 158 y 159 del Código Procesal del Trabajo, en relación con el artículo 3. j) del mismo cuerpo legal que dispone que se someten a la libre apreciación de la prueba, pudiendo valorar las mismas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios reconocidos por el Código Procesal Laboral…”.

Así, la decisión de los juzgadores de instancia, se encuentra respaldada, conforme la normativa jurídica que rige la relación laboral, que asiste a todo trabajador en el marco de los principios rectores que deben observarse ante una evidente desproporción y desigualdad frente a su empleador; que, determinan la libre apreciación de la prueba, conforme a la sana lógica de los arts. 3.j) y 158 del CPT; observando empero, las circunstancias relevantes del proceso y a la conducta procesal observada por las partes.

El principio de verdad material

El art. 180.I de la CPE, prevé que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio procesal de verdad material, desarrollado por el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); que establece que el principio de verdad material, obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa solo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, en estricto cumplimiento con las garantías procesales.

En ese contexto, la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1662/2012 de 1 de octubre, define al principio procesal de verdad material, cuando precisó: “Entre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la Constitución Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derecho y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Jurisdiccional y de otras instancias, se encuentran impelidos de dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal”.

Por lo que, los servidores jurisdiccionales tienen la obligación de juzgar conforme a la verdad que se evidencie en las pruebas producidas, por encima de las formalidades que deben cumplir; pues, conforme al nuevo modelo constitucional, la administración de justicia debe ser menos formalista y procesalista, buscando la verdad material y efectiva que respete los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas. Principio que bajo el establecimiento de la visión de justicia que propugna el Estado boliviano y de manera imperativa el Órgano Judicial, que debe ser cumplido inexcusablemente en todo proceso; aplicando la normativa vigente desde la CPE y no de forma inversa.

La protección constitucional a los derechos del trabajador y su aplicación preferente

El art. 48 de la CPE, establece imperativamente que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, y que deben aplicarse bajo los principios de protección de los trabajadores, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión de la prueba a favor del trabajador; siendo la finalidad de todos ellos, buscar la protección y la tutela de los derechos de los trabajadores, de modo que se logre su real materialización.

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