AS/0034/2025

Texto del fallo

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SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA,

SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

AUTO SUPREMO 34/2025

Sucre, 18 de febrero de 2025

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente : 130/2024

Demandante : Henry López Arnez

Demandado :.Corporación de Seguro Social Militar .“COSSMIL”

Proceso : Beneficios Sociales

Distrito : La Paz

Relatora : Mgda. Norma Velasco Mosquera

I. VISTOS: El Recurso de Casación interpuesto por Henry López Arnez, de fs. 243 a 251, impugnando el Auto de Vista 120/2023 de 3 de agosto, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de fs. 234 a 235 vta., dentro del proceso de pago de Beneficios Sociales y derechos laborales seguido por el recurrente contra la Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL”; la contestación al Recurso de Casación, de fs. 253 a 255 vta., el Auto 13/2024 de 15 de enero, que concede el recurso a fs. 256, el Auto Supremo AD 26/2024 de 18 de octubre, que admite el Recurso de Casación, de fs. 280 a 283 vta., y demás antecedentes.

II. ANTECEDENTES PROCESALES

1. Sentencia

Tramitado el proceso laboral por pago de Beneficios Sociales y derechos laborales, la Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social, Novena de la Capital de departamento de la Paz, emitió la Sentencia 233/2022 de 20 de junio, de fs. 204 a 208, declarando PROBADA EN PARTE la demanda, disponiendo que la Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL” cancele al demandante la suma de Bs124.968,76 (ciento veinticuatro mil novecientos sesenta y ocho 76/00 bolivianos), por concepto de indemnización por el tiempo trabajado haciendo un total de 18 años 5 meses y 20 días, vacaciones 30 días, duodécimas de vacación 12,97 días, monto que deberá ser actualizado con base en la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), más la multa del 30%, conforme dispone el Decreto supremo (DS) 28699, de cuyo resultado deberá deducirse el pago parcial de Bs118.190,88 (ciento dieciocho mil ciento noventa 88/100 bolivianos). Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 y el art. 52 del Decreto Supremo 23215.

2. Auto de Vista

Interpuesto el Recurso de Apelación por el demandante Henry López Arnez, de fs. 211 a 219 vta., la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera Tribunal Departamental de Justicia La Paz, mediante Auto de Vista 120/2024 de 15 de enero, de fs. 234 a 235 vta., resolvió CONFIRMAR en su integridad la Sentencia apelada. Sin costas.

Ante esta determinación, ambas partes interpusieron Recurso de Casación, emitiendo el Tribunal de Alzada el Auto 13/2024 de 15 de enero a fs. 256, concediendo ambos recursos.

Se deja en constancia que, este Tribunal en el examen de admisibilidad de los recursos declaró improcedente el Recurso de Casación presentado por COSSMIL, atendiendo lo dispuesto en el art. 272.II del Código Procesal Civil (CPC) que señala: “No podrá hacer uso del recurso quien no apelo de la sentencia de primera instancia ni se adhirió a la apelación de la contraparte, cuando la resolución del Tribunal superior hubiere confirmado totalmente la sentencia apelada”; admitiendo únicamente el Recurso de Casación presentado por el demandante.

III. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Por memorial presentado el 2 de enero de 2024, Henry López Arnez, interpone Recurso de Casación exponiendo los siguientes argumentos:

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 2400;">Errónea valoración de la prueba sobre la causal de retiro y desahucio, debido a que no existe carta de renuncia en la que el trabajador haya solicitado pasar a la jubilación; aspecto erróneamente valorado por el Juez de primera instancia y confirmado por el Tribunal de Alzada, al valorar el documento a fs. 1 consistente en el Radiograma DRH. URD N° 005/2012 de 5 de enero, bajo el argumento que a través del mismo se pone a conocimiento del trabajador la aceptación de pase a jubilación a partir del 30 de enero de 2012, sin considerar que éste nunca solicitó pasar a jubilación, es más, el trabajador pidió mediante nota de 27 enero de 2012 a fs. 2 que le permitan continuar trabajando hasta el 31 de diciembre de 2012, debido a que aún contaba con hijos pequeños y necesitaba trabajar para cubrir las necesidades de su familia; asimismo advierte que le falta cumplir requisitos para jubilarse.

Al margen de lo señalado, refiere que COSSMIL incumplió con esa instrucción, ya que el 20 de enero de 2012, ejecutaron o procedieron con su despido intempestivo, arbitrario e ilegal.

Reiterando que nunca presentó renuncia voluntaria a su trabajo por pase a la jubilación, al amparo de lo dispuesto en el art. 48 y siguientes de la Constitución Política del Estado (CPE), al no encontrarse contemplado en los arts. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9 de su Decreto Reglamentario (DR), esa causal de retiro, pide al Tribunal Supremo de Justicia subsanar este error y establecer que el retiro fue intempestivo e injustificado; consecuentemente, modificar el Auto de Vista y la Sentencia.

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<li style="margin:0 0 0 2400;">Diferencia de salarios de las gestiones 1993-2001 y 2003-2012, si bien han existido ciertos incrementos salariales en las gestiones en las que tenía relación laboral con COSSMIL; empero, no se pagaron en su totalidad los incrementos salariales en cada gestión ni tampoco los retroactivos al mes de enero, tal como disponían las respectivas normas de cada gestión; extremos que no fueron desvirtuados por el empleador.

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No niega que hayan existido ciertos incrementos salariales, sin embargo, advierte que estos fueron inferiores a lo decretado, en base a los cuadros presentados en el memorial, por lo que se adeudaría la diferencia entre el incremento dado por COSSMIL y los Decretos Supremos de cada gestión.

Por su parte COSSMIL, sin precisar detalle únicamente alega que los incrementos se otorgaron de acuerdo a disponibilidad financiera, situación que sólo se encuentra regulada y permitida recién desde la gestión 2008 y que además, no fue demostrada con documentación idónea (convenios salariales, resolución administrativa) habiendo actuado la parte demandada de forma arbitraria, situación que no fue debidamente apreciada por el Juez y Tribunal de instancia, por lo que solicita sea subsanada; y en consecuencia, se reconozca el pago de las diferencias de incrementos salariales y retroactivos por las gestiones 1994 a 2001, 2003 a 2012.

En merito a los agravios expuestos solicita se realice una correcta liquidación del monto de beneficios sociales a ser pagados a su favor, y se declare probado el Recurso de Casación.

IV. CONTESTACIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN

El Recurso de Casación fue contestado por COSSMIL, por memorial de fs. 253 a 255 vta., alegando que, el recurrente no ha proporcionado una fundamentación legal adecuada para su Recurso de Casación. Se señala que la demanda carece de una crítica concreta a la Sentencia de primera instancia y al Auto de Vista dictado por la “Sala Social, Administrativa Segunda”, respecto a lo que determinan los arts. 271.I y 274.III del CPC, aplicable en materia laboral, lo que implica que no se estableció agravios claros ni demostró una posible errónea apreciación de la prueba, así también, en el ámbito laboral la carga de la prueba recae sobre el empleador, tal como lo establecen los arts. 3 y 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

Que la prueba fue correctamente valorada por los tribunales inferiores y que la afirmación del demandante sobre una incorrecta valoración es infundada.

Respecto al error de hecho y derecho, COSSMIL menciona que el Recurso de Casación puede proceder por error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, definiendo el error de hecho como una apreciación falsa sobre un hecho material. Sin embargo, argumenta que el recurrente no ha demostrado que exista tal error en el caso concreto, por lo tanto, el recurrente debe exponer razones fácticas relacionadas con la aplicación de la norma legal en cuestión.

Por último, aseveró que, solo constituirá causal, la vulneración o la errónea aplicación de aquellas que fueren esenciales para la garantía del debido proceso y que hubiesen sido reclamadas oportunamente ante juezas, jueces o tribunales inferiores; de ahí porque, resulta necesario que el recurrente exponga las razones fácticas, vinculadas a la aplicación del precepto legal en ese aspecto.

Solicitó se rechace el Recurso de Casación.

V. NORMAS LEGALES, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES APLICABLES AL CASO CONCRETO

En consideración a los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la CPE el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias al caso concreto.

El Desahucio en la legislación laboral boliviana.

La doctrina tiene unanimidad, conceptualizando al desahucio como una suerte de pago indemnizatorio al trabajador ante un despido intempestivo, dicho de otro modo, es la figura que obliga al empleador al pago de una determinada suma en el supuesto de que, de manera imprevista proceda a la ruptura unilateral del contrato de trabajo.

El art. 13 de la LGT, aclara que la procedencia del desahucio se asienta en situación de que el trabajador sea retirado por causas ajenas a su voluntad, en igual sentido se tiene el art. 8 del DR LGT.

En igual orden, debe tenerse presente que: “…si bien la normativa laboral protege y tutela las relaciones de trabajo y al trabajador, no impone al empleador la permanencia de un trabajador o empleado en contra de su voluntad; la relación de trabajo supone la conjunción de dos voluntades en aras de lograr un objetivo común, cual es el producto derivado de las acciones de ambas partes” (Auto Supremo 048/2012 de 15 de mayo, Sala Social y Administrativa Liquidadora).

En ese orden de ideas, es la propia norma que desestima el pago del desahucio, en el supuesto de que el trabajador se retire voluntariamente o bien cuando éste incurra en alguna de las causales del catálogo del art. 16 de la LGT, así como en las análogas del art. 9 del DR LGT.

Un criterio similar, fue el adoptado por la normativa reglamentaria contenida en el DS 0110 de 1 de mayo de 2009, que en su art. 3 indica: “Corresponde el pago de desahucio a la trabajadora o al trabajador que sea retirado intempestivamente. No corresponde el pago del desahucio a las trabajadoras o trabajadores que se retiren voluntariamente de su fuente laboral”.

Del principio de verdad material.

El art. 180.I de la CPE, prevé que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio procesal de verdad material, el cual desarrollado por el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), estableciendo que el principio de verdad material obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa solo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, en estricto cumplimiento con las garantías procesales.

En ese contexto, la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1662/2012 de 1 de octubre, define al principio procesal de verdad material, cuando precisa: “…Entre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la Constitución Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derecho y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Jurisdiccional y de otras instancias, se encuentran impelidos de dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal”.

Principio de primacía de la realidad

En materia laboral, rige el principio de primacía de la realidad, en cuya virtud, para la interpretación de las relaciones entre empleadores y trabajadores se debe tomar en cuenta, lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que las partes han contratado formalmente o de manera aparente; en cumplimiento a lo prescrito por el art. 4.I.d) del DS 28699.

Es así, que, bajo este principio, las características que rigen y dan luces al Derecho Laboral, son el propio resultado de las especiales circunstancias que se manifiestan en el universo de las relaciones laborales.

Con relación al principio protector del trabajador y la valoración probatoria en materia laboral

El art. 48 de la CPE, establece que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio; que los derechos y beneficios que nacen de ellas no pueden renunciarse, siendo nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos; que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia siendo inembargables, imprescriptibles e irrenunciables.

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