AS/0040/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 40/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 1/2024

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Recurso de Casación

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTES

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Empresa Telefónica Celular de Bolivia Sociedad Anónima contra Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B)

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADA TRAMITADORA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Fanny Coaquira Rodríguez

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">: 06 de mayo de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA: El memorial de apersonamiento y solicitud de aclaración y complementación del Auto Supremo 344/2024 de 20 de noviembre, obrante (fs. 607 a 608), interpuesto por la Empresa Telefónica Celular de Bolivia Sociedad Anónima (TELECEL S.A.), los antecedentes procesales y todo lo que convino ver.

CONSIDERACIÓN I: LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN. La empresa TELECEL, dentro del proceso contencioso contra la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B), presenta solicitud de aclaración y complementación respecto del Auto Supremo 344/2024 de 20 de noviembre, argumentando inconsistencias y omisiones en la resolución.

Sobre el informe de auditoría, solicita precisar el fundamento por el cual el Auto Supremo considera que el informe no cumple con el valor probatorio conforme al art. 1311 del Código Civil (CC), cuando dicho artículo sí le otorga valor; asimismo, pide aclarar por qué se exige juramento de desconocimiento del referido informe de auditoría, cuando este es de fecha posterior a la demanda, lo que haría innecesario tal juramento conforme a los arts. 112 y 331 del Código Procesal Civil (CPC); en ese sentido, objeta la afirmación de que no se indicó la valoración errónea del informe, cuando el argumento de TELECEL S.A., se centró en que hubo una total falta de valoración, por lo que solicita aclarar esta contradicción y por último, respecto de la aplicación de la verdad material, cuestiona que el Auto Supremo reitere la preeminencia de la formalidad del contrato administrativo sin fundamentar por qué esta prevalece sobre la verdad material, principio constitucionalmente reconocido.

Además, solicita complementar el razonamiento de esta decisión, considerando que el derecho administrativo, conforme al art. 4, inciso d) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), establece la primacía de la verdad material.

Por lo que TELECEL S.A. solicita la aclaración y complementación del Auto Supremo 344/2024 de 20 de noviembre, en los puntos mencionados, con el fin de garantizar una correcta interpretación de los hechos y del derecho aplicable.

CONSIDERANDO II. DEL PLAZO: En mérito a la solicitud en análisis corresponde en primer término observar el alcance del art. 226.II del CPC, que prevé: "Las partes podrán solicitar aclaración sobre algún concepto oscuro, corrección de cualquier error material o subsanación de omisión en que se hubiere incurrido en la sentencia, auto de vista o auto supremo en el plazo improrrogable de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación, siendo inadmisible una vez vencido dicho plazo (...)" (negrillas y subrayado se añadieron).

Al respecto, se debe tener en cuenta el Auto Supremo 942/2021 de 26 de octubre, emitido por la Sala Civil, que establece: “… con base en el principio de progresividad, bajo un enfoque constitucional, moduló la interpretación literal de dicha norma respecto al cómputo del plazo, bajo el nuevo paradigma de valores y principios en procura de alcanzar una justicia real y efectiva, conforme orienta la Constitución Política del Estado; es así que si bien el art. 226. III del Código Procesal Civil, estipula que la solicitud de aclaración, enmienda y complementación, debe ser interpuesta dentro del plazo de veinticuatro horas de notificada con la resolución; sin embargo, no menos cierto es que en aplicación de principios como el pro homine, pro actione y el de impugnación, se debe efectuar una interpretación sistemática de los plazos procesales, de ahí que, conforme lo estipula el art. 90 del adjetivo civil de la materia, los plazos procesales establecidos para las partes comienzan a correr a partir del día siguiente hábil al de la respectiva notificación, norma que desde el principio de impugnación descrito en el art. 180. II de la Constitución Política del Estado, se entiende que sustrae la tesis normativa formalista del plazo “momento a momento”, esto en procura de que el justiciable pueda acudir fácilmente al sistema de impugnación; tal como ya se orientó en el SCP N° 526/2018-S1 de 17 de septiembre, donde se interpretó el plazo establecido en la citada norma”.

Ahora bien, en el caso de análisis, según consta en la diligencia a fs. 606, TELECEL S.A. fue notificada con el Auto Supremo 344/2024, el 8 de enero de 2025, a horas 09:29, por lo que, en observancia de la previsión de la norma glosada en el párrafo precedente, los representantes de la empresa demandante debieron presentar su solicitud de aclaración y complementación el 9 de enero de 2025 hasta la última hora hábil laboral de ese día, de acuerdo con la previsión del parágrafo III del art. 90 del CPC; y revisada la solicitud, efectivamente fue presentada dentro del término fijado por Ley.

CONSIDERANDO III: De la Resolución del Caso.

TELECEL S.A. interpuso solicitud de aclaración y complementación al Auto Supremo 344/2024 de 20 de noviembre, sustentada en cuatro puntos principales:

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 4800;">Respecto al primer punto, el informe de auditoría interna adolece de falta de autenticidad al haber sido presentado como copia simple sin certificación notarial o reconocimiento de firma, requisito exigido por el art. 1311.I del CC para documentos privados, pues la jurisprudencia, ha sido enfática en señalar que las pruebas documentales deben cumplir con los estándares de autenticidad, integridad y pertinencia para ser valoradas plenamente; además, el carácter preliminar del informe, al tratarse de un mero relevamiento sin conclusión definitiva (fs. 345), lo excluye de la categoría de prueba documental vinculante, por lo que la negativa a atribuirle valor probatorio pleno se ajusta estrictamente a los principios de legalidad y seguridad jurídica.

</li>

</ol>

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 4800;">En relación al segundo punto, la exigencia de juramento de desconocimiento encuentra su fundamento en el art. 112 del CPC, el cual permite la presentación de pruebas posteriores a la demanda únicamente si son de fecha posterior o, en caso de ser anteriores, se acredita mediante juramento que no se tuvieron a disposición al momento de interponer la demanda; por lo que la omisión del juramento de desconocimiento para pruebas posteriores configura un incumplimiento de carga procesal, lo que invalida su incorporación al proceso. En el caso concreto, TELECEL S.A. presentó el informe con la réplica (fs. 346 a 350) sin acreditar su "reciente obtención", lo que vulnera los principios de igualdad procesal y contradicción, garantías esenciales del debido proceso.

</li>

</ol>

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 4800;">Sobre el tercer agravio, es preciso señalar que el indicado Auto Supremo sí realizó un análisis exhaustivo del informe de auditoría (Consid. III.5), determinando que este no acreditaba el restablecimiento efectivo del servicio, dado que la ASP-B nunca emitió la conformidad expresa requerida por la Cláusula 20.2.3 del contrato; pues el art. 145 del CPC impone a los jueces la obligación de valorar todas las pruebas bajo los principios de sana crítica y motivación suficiente; sin embargo, la omisión de valoración solo constituye un vicio recurrible cuando la prueba es conducente, pertinente y decisiva para la resolución del caso, al efecto el informe carecía de estos atributos, por lo que su no valoración no configura incongruencia alguna en los términos del art. 213 CPC.

</li>

</ol>

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 4800;">Finalmente, en cuanto al cuarto punto, el principio de verdad material consagrado en el art. 180 de la CPE no es absoluto y debe armonizarse con otros principios constitucionales como la seguridad jurídica y la autonomía de la voluntad, especialmente en contratos administrativos sujetos a formalidades específicas de la Ley 1178, siendo claros al señalar que en la contratación administrativa las formalidades son de orden público y prevalecen sobre presunciones de hecho; ya que la Cláusula 20.2.3 del contrato exigía de manera expresa la conformidad escrita de la ASP-B para retirar la intención de resolución, requisito que TELECEL S.A. no cumplió; por lo tanto, el alegato de "verdad material" basado en un supuesto restablecimiento tácito del servicio resulta insuficiente para superar el requisito contractual, aplicándose correctamente el principio de especialidad.

</li>

</ol>

Que conforme establece el art. 226.III del CPC, procede la complementación cuando existiere alguna omisión en que se hubiere incurrido; y la explicación cuando existiere algún concepto oscuro en los argumentos del fallo; en el caso de autos, revisando el Auto Supremo pronunciado dentro el presente proceso, se colige que la resolución no contiene omisión de los puntos alegados, asimismo, es claro en su texto y no requiere de mayor explicación argumentativa, habiéndose analizado a tiempo de emitirla, todos los antecedentes del proceso así como las normas pertinentes, por lo que no se evidencia omisión alguna, ni concepto oscuro que corresponda explicar, ni error formal que amerite enmienda; por lo que la solicitud de la parte impetrante carece de sustento.

En conclusión, el Auto Supremo actuó con estricto apego a los principios de seguridad jurídica, especialidad contractual y rigor probatorio, sin vulnerar derechos ni garantías constitucionales o procesales.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en aplicación del art. 226 del CPC, declara NO HA LUGAR a la solicitud de aclaración y complementación, solicitada por la empresa Telefónica Celular de Bolivia Sociedad Anónima (TELECEL S.A.), representada legalmente por María Claret Toro Fernández, (fs. 607 a 608); en consecuencia, mantiene firme y subsistente el Auto Supremo 344/2024 de 20 de noviembre, en todos sus términos.

No suscribe el Magistrado Carlos Alberto Egüez Añez por haber emitido la Sentencia 222/2022 de 28 de noviembre; y, en consecuencia, no interviene en la emisión del Auto Supremo 344/2024 de 20 de noviembre.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Romer Saucedo Gómez

PRESIDENTE

Rosmery Ruiz Martínez

DECANA

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