AS/0040/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo 40/2025

Sucre, 18 de febrero de 2025

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente : 627/2024

Demandante : Gonzalo Rene Rodrigo Huerta

Demandado : INGENIERÍA DE TRANSPORTES R.L.

LTDA.

Proceso : Beneficios Sociales

Distrito : La Paz

Relatora : Mgda. Rosmery Ruiz Martínez

I. VISTOS: Los Recursos de Casación interpuestos por la empresa INGENIERÍA DE TRANSPORTES RL LTDA., a través de su representante legal, y Gonzalo Rene Rodrigo Huerta mediante su apoderado de fs. 545 a 547 vta., y de fs. 549 a 551 vta., respectivamente impugnando el Auto de Vista 42/2024 de 6 de marzo, pronunciado por la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de fs. 531 a 536 vta., dentro del proceso laboral de pago de beneficios Sociales, seguido por Gonzalo Rene Rodrigo Huerta contra la empresa INGENIERÍA DE TRANSPORTES RL LTDA., con respuesta de contrario de fs. 549 a 551 vta., el Auto 360/2024 de 15 de julio, de fs. 554, que concedió ambos recursos de casación, el Auto Interlocutorio 383/2024 de 11 de noviembre, que admitió los recursos, de fs. 568 a 569 vta; y los antecedentes del proceso.

II. ANTECEDENTES PROCESALES

1. Sentencia

Tramitado el proceso social de pago de beneficios sociales, el Juez Tercero de Partido del Trabajo y Seguridad Social de El Alto, emitió la Sentencia 05/2023 de 8 de febrero, de fs. 458 a 465 vta., que declaró PROBADA EN PARTE la demanda de fs. 11 a 13, complementada de fs. 21 a 23 sin costas; conminando a la empresa INGENIERÍA DE TRANSPORTE RL. LTDA., de cancelar la suma de Bs88.225,72 (ochenta y ocho mil doscientos veinticinco 72/100 bolivianos), por concepto de indemnización, desahucio, aguinaldo, vacación, sueldos devengados y bono de antigüedad.

2. Auto de Vista

En mérito a los Recursos de Apelación deducidos por ambas partes, de fs. 476 a 478 vta., y de 483 a 486, mediante Auto de Vista 42/2024 de 6 de marzo, de fs. 531 a 536 vta., la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, CONFIRMÓ EN PARTE la Sentencia 05/2023 de 8 de febrero, debiendo la parte demandada cancelar la suma de Bs81.474,04 (ochenta y un mil cuatrocientos setenta y cuatro 04/100 bolivianos) por concepto de desahucio, aguinaldo, vacaciones y sueldos devengados.

III. ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN

1 El Recurso de Casación interpuesto por la empresa INGENIERÍA DE TRANSPORTES RL. LTDA, cursante de fs. 545 a 547 vta., expone los siguientes argumentos:

1.- Durante la gestión 2019, después de las elecciones se han producido bloqueos de carreteras impidiendo la circulación de todo tipo de vehículos; posteriormente durante la gestión 2020, todas las actividades fueron paralizadas a partir de la primera quincena del mes de mayo de 2020, habiendo ingresado a partir de junio en una cuarentena dinámica con algunas restricciones, por lo que todo este panorama ajeno a la voluntad, lamentablemente afectó de manera severa al rubro del transporte.

Estos hechos que constituyen una verdad material notoria como establece el art. 154 del Código Procesal del Trabajo (CPT), y conforme la Sentencia Constitucional (SC) 1088/2015 de 5 de noviembre, es una situación de fuerza mayor, por lo que no corresponde el pago del desahucio, pues la interrupción de la relación laboral fue por causa ajena a la voluntad de las partes, no pudiendo considerarse despido injusto ni arbitrario, siendo falso el pretender hacer ver que la desvinculación fue por decisión unilateral.

2.- Conforme lo establece el art. 3 del Decreto Supremo (DS) 3770, el salario promedio indemnizable es de Bs11.238,33 (once mil doscientos treinta y ocho 33/100 bolivianos) y no de Bs15.953,48, la reducción de los salarios se efectivizó en junio de 2020 y la terminación de la relación laboral se produjo el 30 de junio de 2021, por lo tanto, transcurrieron 12 meses en los cuales el actor pudo haber reclamado la reducción de su salario pero no lo hizo, consiguientemente el silencio y tiempo transcurrido determinaron el consentimiento tácito del trabajador con su nuevo nivel salarial, siendo este un acto consentido bajo la noción establecida en la SC 0906/2010-R de 10 de agosto, por lo que deben ajustarse todos los conceptos laborales adeudados al trabajador al sueldo promedio indemnizable aceptado tácitamente.

3.- Error de cálculo en las duodécimas de aguinaldo a fs. 536 vta., ya que el actor trabajó exactamente 6 meses en la gestión 2021, por tanto, le corresponde 6 duodécimas del correcto salario promedio indemnizable, vale decir el 50% de Bs11.238,33.

4.- De acuerdo a los Decretos Supremos 4296, 4199, 4200 y 4229, se establecieron severas restricciones al libre tránsito, lo cual afecto totalmente la circulación nacional e internacional generando la imposibilidad de ejecutar actividades de transporte de carga y mercadería; por este motivo corresponde recuperar las horas dispuestas por el art. 5 del Convenio 30 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado mediante Decreto Ley 07737, compensándose con las vacaciones adeudadas; toda vez que, desde el 23 de marzo de 2020 hasta la fecha de terminación de la emergencia sanitaria, no se produjo labor alguna por parte del demandante, acumulándose más de 60 días de inactividad que deben ser recuperados.

En su petitorio, solicitó se case en el fondo el Auto de Vista 42/2024 de 6 de marzo.

III.2 El Recurso de Casación, interpuesto por Gonzalo Rene Rodrigo Huerta de fs. 549 a 551 vta., acusa las siguientes infracciones:

1.- El Tribunal de Alzada no consideró que el demandado, si bien reconoce la vacación acumulada por fuerza mayor, correspondiente a 277,67 días (1994-1995 en forma correlativa hasta 2020-2021), pero efectivizó su pago determinándolas sobre un sueldo de Bs9.000 que resulto inferior al sueldo promedio indemnizable de Bs15.853,00, monto que percibió de remuneración mensual los últimos años, hasta antes del retiro forzoso; asimismo, el pre-finiquito de fs. 7 de obrados, elaborado por la empresa, indica como sueldo promedio indemnizable Bs 11.238,33, monto que en el peor de los casos, debió considerar el Ad quem para el pago de vacaciones acumuladas, en aras de una correcta administración de justicia, bajo el principio de primacía de la realidad reconocido en el art. 5 del DS 28699 y arts. 46 y 48 de la Constitución Política del Estado (CPE).

2.- A partir de la contratación hasta antes de la desvinculación unilateral, por existir exceso de trabajo, el empleador no ha permitido que haga uso del descanso anual, además que jamás existió rol de turnos para que se haga uso del mismo conforme el art. 33 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT), siendo viable el pago de Bs63.429,08 incluyendo el monto reconocido de fs. 7 de obrados, donde además se reconoce y acepta adeudar en favor del trabajador 277,67 días de vacación lo cual no es objeto de observación, aspectos que deben considerarse a momento de casar el Auto de Vista.

3.- El Auto de Vista suprime el bono de antigüedad de Bs6.751,68 dispuesto en la Sentencia 05/2023, con argumentos que no se ajustan a derecho, más aún cuando el art. 60 del DS. 21060 concordante con el DS 21137, refieren que se aplicará sobre el mínimo nacional mensual, no pudiendo el monto restante ser inferior al que percibió, por el mes de julio de 1985; es decir, que habiendo prestado servicios en la empresa INGENIERÍA DE TRANSPORTE RL. LTDA., a partir del 1 de junio de 1985 al 30 de junio del 2021, con antigüedad según escala vigente 50%, corresponde al pago de bono de antigüedad, sin embargo, dicho beneficio no es tutelado en segunda instancia ocasionando graves perjuicios.

Por lo expuesto, solicita se Case el Auto de Vista 42/2024, con relación a la vacación acumulada 277,67 días que representa la suma de Bs146.730,08 en vez de Bs83.301,00; y con referencia al pago de Bs6.751,68 por concepto de bono de antigüedad, y en lo demás mantener firme y subsistente los rubros determinados.

IV. CONTESTACIONES A LOS RECURSOS DE CASACIÓN.

Puesto en conocimiento del demandante como del demandado los Recursos de Casación, se advierte que el demandante contestó al recurso presentado por la empresa demandada, alegando lo siguiente:

La parte demandada no cumple en lo más mínimo lo establecido por el art. 274.3) del CPC, ya que repite y reitera aspectos mencionados a partir de la respuesta a la demanda, sin precisar y menos aclarar cual la supuesta infracción o violación a la norma legal, omisión que no permite que el Tribunal Máximo de Justicia, considere y menos ingrese a considerar al fondo del recurso, pues el Recurso de Casación es una demanda nueva y de puro derecho, donde necesariamente el recurrente debe indicar en forma clara, en qué consiste la infracción o aplicación de la norma legal.

Por otra parte, la demandada con argumentos que no se ajustan a la verdad, menos realidad de los hechos, acusa que no procede el pago del Desahucio, por cuanto el retiro unilateral se habría generado por fuerza mayor tratando de desconocer que los beneficios sociales son irrenunciables, inembargables e imprescriptibles, debido a que todo acuerdo o convenio que tiene por finalidad burlar o soslayar el pago de los derechos laborales, no surte efecto legal alguno, conforme determina el art. 48 de la CPE, concordante con el art. 4 de la LGT, DS 28699, mas aun cuando la empresa no ha pagado los sueldos o remuneración mensual, en su debida oportunidad, adeudando hasta antes del retiro forzoso sueldos devengados, correspondientes a dos años, sin considerar para nada lo establecido por el art. 53 de la LGT.

El representante legal de la empresa INGENIERÍA DE TRANSPORTE RL. LTDA., con el afán de burlar disposiciones vigentes, indica que supuestamente debía considerar el sueldo promedio indemnizable Bs11.238,33 para el pago de beneficios sociales, intentado desconocer la rebaja del sueldo, por contravenir lo establecido por el art. 48.III de la CPE, concordante con el art. 4 de la LGT.

La empresa olvida que a fs. 6 de obrados, se encuentra arrimada en original la literal de cargo Sistema de Gestión Integrado – Informe de Vacaciones, documento que se encuentra firmado por la empresa, donde el demandado acepta y reconoce que adeuda al trabajador el saldo de vacaciones 277,67 días, ascendiendo éstas al importe de importe de Bs146.730,08 calculados sobre el sueldo promedio indemnizable de Bs15.853,00, sin embargo, el fallo del Tribunal de Alzada confirma la Sentencia del inferior cuando debió haber revocado este ítem, por haberse calculado sobre un sueldo promedio inexistente de Bs9.000, por lo que, el Tribunal de casación no tendrá otra alternativa legal que resolver declarando improcedente el recurso de casación.

V. FUNDAMENTOS LEGALES, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES APLICABLES AL CASO CONCRETO

1.- Sobre la valoración y apreciación de la prueba en materia laboral

El art. 3 inc. j) del CPT, señala como uno de los principios de los procesos sociales a: “Libre apreciación de la prueba, por la que el juez valora las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios enunciados.” (sic).

Se debe precisar que el sistema de libre convicción en la apreciación de la prueba, otorga al Juez la libertad en la evaluación de la prueba, por lo que la convicción del Juez no está ligada a un criterio legal-tarifa legal de la prueba-, sino se funda en una valoración personal, porque las exigencias de las formalidades procesales respecto de los medios probatorios no son limitantes para que el juzgador aplique la sana crítica, la razonabilidad y la lógica jurídica que apropiadamente empleadas, llevan a la armonía de la apreciación jurisdiccional con la CPE, puesto que la facultad de los jueces de apreciar con libre conciencia, no resulta encontrada a la obligación del juzgador de fundamentar sus resoluciones, principio constitucional que integra el debido proceso.

Así referido el sistema de valoración probatoria, de ninguna forma puede pensarse que se trata de un régimen que permite al juzgador fallar arbitrariamente, sino mediante un sistema valorativo de persuasión racional como aprehensión o juicio que se forma en virtud de un fundamento.

En el sistema de la libre apreciación, el Juez forma su convicción, no existiendo tarifa legal de la prueba, pues no está sujeto a ésta, la valoración corresponde íntegramente al juzgador, al cual deja la ley en libertad para formar su convencimiento, y sólo con base a esta certeza se determinan los hechos probados, valorando en su conjunto y en su contexto las pruebas que se produzcan en el proceso, de ahí que, en materia laboral, el art. 158 del CPT, expresa de manera clara que los juzgadores no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba; sino por el contrario, deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la misma y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, en relación con el art. 3-j) del mismo cuerpo legal, que dispone la libre apreciación de la prueba, pudiendo valorar las mismas con amplio margen de libertad y según los principios reconocidos por la Constitución y las normas laborales, conforme a su sana lógica.

2.- Del per saltum

El Auto Supremo (AS) 746/2016 de 28 de junio, pronunciado por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, establece que: “El per saltum (pasar por alto), es una locución latina que significa pasar por alto las formas regulares de impugnación de las resoluciones judiciales, saltando etapas en las cuales correspondía hacer valer el derecho a la impugnación respectiva, toda vez que los reclamos deben ser acusados en forma vertical, este entendimiento ya fue vertido en varios Autos Supremos que orientan sobre la aplicación del per saltum, así tenemos el AS 154/2013 de 8 de abril, el cual estableció que: “Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 núm. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem”.

3.- Sobre el desahucio

En cuanto al desahucio, el art. 16 de la LGT, determina las causales por las que procederá el despido de un trabajador, no debe perderse de vista que la norma citada señala claramente que si el trabajador incurre en una de sus previsiones “No habrá lugar a desahucio ni indemnización...”. Por otra parte, dicha disposición debe ser interpretada en relación con el art. 13 del mismo texto legal, que establece que “Cuando fuere retirado el empleado u obrero por causal ajena a su voluntad, el patrono estará obligado independientemente del desahucio, a indemnizarle por tiempo de servicios...”. Si bien la normativa laboral protege y tutela las relaciones de trabajo y al trabajador, no impone al empleador la permanencia de un trabajador o empleado en contra de su voluntad; así, la relación de trabajo supone la existencia de dos voluntades con un objetivo común, cual es el producto derivado de las acciones de ambas partes, y es por esta razón que se introdujo la previsión contenida en los arts. 13 y 16 de la LGT, concordantes con los arts. 8 y 9 de su Decreto Reglamentario y las Leyes de 8 de diciembre de 1942 y de 23 de noviembre de 1944, que determinan un freno a los abusos en que el empleador pudiera incurrir al despedir a un trabajador sin causa justificada, instituyéndose por esta razón el derecho del trabajador al cobro del desahucio, consistente en el pago del equivalente de 3 meses de sueldo o salario.

4.- Sobre el salario promedio indemnizable

En cuanto al salario promedio determinado, es preciso señalar que el art. 19 de la LGT, dispone que: “El cálculo de la indemnización se hará tomando en cuenta el término medio de los sueldos o salarios de los tres últimos meses”, por su parte el art. 1 de la Ley de 9 de noviembre de 1940, señala: “Para los efectos de las leyes sociales, relativas al pago de jubilaciones, pensiones y montepíos, desahucios, indemnizaciones, etc. se consolida como sueldo único los sueldos básicos, las bonificaciones legales, las voluntarias acordadas por los patronos y en general, todas las remuneraciones actualmente percibidas por empleados y obreros del comercio, la industria y las instituciones bancarias, sin exclusión alguna, por mucho que al hacerse los aumentos voluntarios se hubiese establecido por las empresas o instituciones que ellos no serán considerados para tales beneficios sociales”. Por último, el art. 11 del DS 1592 de 19 de abril de 1949, determina: “El sueldo o salario indemnizable comprenderá el conjunto de dinero que perciba el trabajador incluyendo las comisiones y participaciones, así como los pagos por horas extraordinarias, trabajo nocturno y trabajo en días feriados, siempre que unos y otros revistan carácter de regularidad dada la naturaleza del trabajo que se trate. El sueldo o salario indemnizable no comprenderá los aguinaldos y primas anuales establecidos por Ley, ni los bagajes, viáticos y otros gastos directamente motivados por la ejecución del trabajo”.

5.- Sobre las vacaciones

La vacación es un derecho considerado como el tiempo concedido por Ley, para el cese del trabajo, otorgándole al trabajador el descanso ininterrumpido y remunerado para la reposición de energías fisiológicas debido al desgaste en la fuente laboral, derecho adquirido regulado por el art. 44 de la LGT, concordante con el art. 1 del DS 17288.

Antes de la vigencia de la actual CPE, que fue promulgada el 7 de febrero de 2009, los derechos laborales prescribían a los dos años desde que se hacían exigibles, se entendía que en aplicación de la prescripción de los derechos, se podía acumular hasta dos vacaciones, ahora éste derecho, al uso de las vacaciones, es imprescriptible como todos los derechos laborales; en consecuencia, la situación jurídica del pago de vacaciones no gozadas en caso de ruptura de la relación laboral, es similar, pues esas vacaciones ante la imposibilidad de ser gozadas por el trabajador; deben ser compensadas económicamente por los días no gozados de todas las vacaciones pendientes, pago que constituye un reconocimiento excepcional del derecho al uso del descanso, precisamente por la ruptura de la relación laboral; es decir, si antes de la extinción de la relación laboral se tienen vacaciones pendientes de hacer uso, en aplicación al art. 33 del DR-LGT, procede su pago, respecto de todos los días no gozados de vacación, conforme se ha reglamentado el art. 44 de la LGT, en el DS 12058, ésta excepción fue desarrollada en la Sentencia Constitucional (SC) 0194/2010-R de 24 de mayo.

6.- El derecho laboral del aguinaldo, en nuestra legislación

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