Texto del fallo
SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
AUTO SUPREMO No. 042-Amparo Sucre, 16 de enero de 2001.
DISTRITO: La Paz
PARTES: Wálter Tudela Cornejo c/ Ministro de Hacienda Herbert Müller y otros.
RELATOR: MINISTRO DR.- Eduardo Rodríguez Veltzé.
VISTOS: En revisión la Resolución de fs. 51-52, pronunciada por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del recurso de Amparo Constitucional seguido por Wálter Tudela Cornejo, en representación legal de José Cruz Argote, Félix Royo Torres, Freddy Valverde Pérez, Ricardo Jaime Jaldín Tapia, Andrés Mérida Delgadillo y otros, en contra del Ministro de Hacienda Ing. Herbert Müller Costas, Viceministro de Política Tributaria Lic. Alberto Machicao B. y Director General de Aduanas Gral. de División R. Juan Carlos Monje Landivar; los antecedentes, el dictamen del señor Fiscal de Sala Suprema de fs. 62, y
CONSIDERANDO: Que interpuesto el recurso de fs. 29-31 y celebrada la audiencia pública cuya acta cursa a fs. 46-50, se pronunció la Resolución de fs. 51-52 declarando Procedente el recurso, la misma que es objeto de revisión en virtud de lo dispuesto por el art. 3° de la Ley N° 1979 de 24 de mayo de 1999 y la Declaración Constitucional N° 001/00 de 12 de julio de 1999, emitida por el Tribunal Constitucional, en relación a la Disposición Transitoria Tercera de la Ley N° 1836 de 1° de abril de 1998, y la competencia de la Corte Suprema de Justicia para conocer los asuntos de puro derecho planteados antes del 1° de abril de 1999.
CONSIDERANDO: Que los recurrentes argumentan que con anterioridad a la vigencia del D.S. N° 25093 de 9 de julio de 1998 que limitaba la importación de motorizados, cumplieron con los requisitos legales para la internación y nacionalización de 124 camiones. Posteriormente, acogiéndose al art. 12 del mismo, exigieron la dictación de la Resolución Administrativa que les permita la internación de los motorizados, lo que en efecto se logró, cumpliendo con las verificaciones, pero dicho trámite, fue intempestivamente interrumpido mediante simple instructivo, lo que a la fecha viene impidiendo el pago de las pólizas de importación, medida que consideran ilegal porque estaría contraviniendo Decretos y Resoluciones sin respetar la jerarquía normativa a que se refiere el art. 228 de la Constitución Política del Estado, infringiendo además los arts. 7, 19, 31, 32, 33 y 34 de la misma "Carta Magna", que a la postre vulneran sus derechos.
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