Texto del fallo
SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 50
Sucre, 25 de febrero de 2010
DISTRITO: Beni PROCESO: Administrativo
PARTES: Gerencia Departamental del Beni de la Contraloría General de la República c/. Roberto Arauz Rea
MINISTRO RELATOR: Hugo R. Suárez Calbimonte.
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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 272-273, interpuesto por Roberto Arauz Rea y Jesús Rodríguez Ayala, contra el Auto de Vista de 14 de septiembre de 2005 (fs. 268-269), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, dentro del proceso coactivo fiscal que sigue la Gerencia Departamental del Beni de la Contraloría General de la República contra los recurrentes, el dictamen fiscal de fs. 278, los antecedentes del proceso y
CONSIDERANDO I: Que el Juez Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Trinidad-Beni, emitió la Sentencia Nº 05/2005 de 3 de febrero de 2005 de fs. 242 a 244 vta., declarando mantener la Nota de Cargo Nº 05/2004 girada contra Roberto Arauz Rea y Jesús Rodríguez Ayala por la suma de $us. 4.870.
En grado de apelación deducido por los coactivados, por Auto de Vista 14 de septiembre de 2005 (fs. 268-269), la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, confirmó totalmente la sentencia apelada, con costas.
Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 272-273, interpuesto por Roberto Arauz Rea y Jesús Rodríguez Ayala, quienes haciendo un resumen de los descargos que presentaron en el presente proceso y señalando que sus personas no hicieron disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, acusan que el tribunal de apelación no ha dado correcta aplicación a lo que señalado por los arts. 16 de la C.P.E., 33 de la Ley Nº 1178 y 50 del D.S. Nº 23318, toda vez que han demostrado plenamente que no dispusieron arbitrariamente de bienes patrimoniales del Estado.
Concluyeron solicitando se conceda el recurso de casación en el fondo para ante el tribunal superior en grado, para que se case el auto de vista recurrido, dejando sin efecto la Nota de Cargo Nº 05/2004 girada en su contra.
CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso en relación a los antecedentes del proceso se establece lo siguiente:
1.- En primer lugar corresponde señalar que los Informes de Auditoria Especial Nº GB/EP39/M02 R2 y Complementario Nº GB/EP39/M02 C2 de fs. 1 a 174, aprobados por el Contralor General de la República, constituyen instrumento idóneo con suficiente fuerza coactiva además de ostentar la calidad de prueba preconstituida, conforme disponen los arts. 3º inc.1) del Procedimiento Coactivo Fiscal, 43 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y 51 del Decreto Supremo Nº 23318 - A de 3 de noviembre de 1992, para promover la acción coactiva aspecto que no implica que dichos informes, sean considerados como verdades jurídicas inamovibles cuando sólo son opiniones técnicas que admiten prueba en contrario, es así que dichos actos de la administración pública se someten al control jurisdiccional, conforme el procedimiento coactivo fiscal siguiendo las reglas del debido proceso.
2.- Ejerciendo su derecho a la defensa los coactivados, a momento de contestar la demanda, presentaron los documentos de descargo de fs. 191 a fs. 202, a los que hacen referencia en su recurso de casación como mal valorados por el tribunal ad quem, los que fueron evaluados tanto en sede administrativa como en sede judicial y sobre cuyos resultados se reflejan en el Informe de Auditoria Especial Nº GB/EP39/M02 R2 y Complementario Nº GB/EP39/M02 C2 de fs. 1 a 174, en cuyas conclusiones se ratifica el hecho que la falta de cumplimiento a los pagos convenidos en el contrato suscrito el 1º de marzo de 2001 entre el Gobierno Municipal de San Borja y Toyosa S.A., origino la instauración de un proceso ejecutivo, demanda que no fue contestada por el Municipio y declarada probada en sentencia y por ello se condenó en costas procesales y honorarios profesionales a la entidad municipal, de tal manera que el aludido Gobierno Municipal de San Borja canceló honorarios del abogado patrocinante de Toyosa S.A. que ascendieron a la suma de $us. 4.870.
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