AS/0051/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:51/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:488/2007

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Juicio de Responsabilidades.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTES

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Ministerio Público contra Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada y otros.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADO TRAMITADOR

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Carlos Alberto Eguez Añez.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">: 06 de mayo de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA: La solicitud de cancelación y/o levantamiento de hipoteca judicial interpuesto por Marco Vladimir Vargas Terrazas y los antecedentes legales del proceso.

CONSIDERANDO I: Que, por memorial de 28 de noviembre de 2024 (fs. 11778 a 11780 vta.), se apersonó Marco Vladimir Vargas Terrazas, manifestando que el 8 de julio de 2005 realizó la compra del Consultorio N° 311 del 3 Nivel ubicado en el Edificio UNIMED, Av. Arce Num. 2630 de la zona de San Jorge de la ciudad de La Paz con Folio Real Matrícula computarizada 2.01.0.99.0028718 expedida por Derechos Reales de la ciudad de La Paz, adquirido del Sr. Alcides Aparicio Miranda, compra realizada mediante un préstamo con garantía hipotecaria con la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda "La Primera" S.A, conforme lo acredita la Escritura Pública 624/2005 de 13 de julio, expedida por Dra. Carla Chávez Valencia de la Notaria N° 083 de la ciudad de La Paz, hipoteca inscrita debidamente en Derechos Reales que a la fecha se encuentra cancelada en su la totalidad conforme la Escritura Pública 1738/2020 de 26 de agosto, expedida por Dra. Silvia Noya Laguna de la Notaria de Fe Pública N° 096 de la ciudad de La Paz; sin embargo, refiere que existe una nueva hipoteca registrada como Asiento Número 3, realizada por el Ministerio Público el 22 de Agosto de 2005 dentro del Juicio de Responsabilidades, dispuesta mediante Auto de 23 de junio 2005 registrada en el Folio Real en la columna B denominada Gravámenes y Restricciones.

Señala también que, los Juicios de Responsabilidades se realizan a dignatarios de Estado, por lo cual aclara que su persona nunca ejerció el cargo de Presidente ni Vicepresidente de la República en la gestión 2005 ni en otras anteriores, tampoco fue Ministro, Prefecto o Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, además, de que el anterior propietario del consultorio, Alcides Aparicio Miranda, tampoco fungió en esos cargos.

Ante las averiguaciones, existe un expediente de la Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia, caratulado como N° Int. 268/2001 correspondiente al JUICIO DE RESPONSABILIDADES instaurado contra Gonzalo Sánchez de Lozada y su gabinete de Ministros, en el cual, a fs. 204 cursa Auto de 23 de junio 2005 donde se ordena la hipoteca legal de los bienes pertenecientes a los imputados: 1) Yerko Andrés Kukok del Carpio 2) Erick Alberto Reyes Villa Bacigalupi 3) Adalberto Kuajara Arandia 4) Hugo Carvajal Donoso 5) Mirtha Patricia Quevedo Acarnilovic 6) Javier Torres Goitia Caballero 7) Dante Napoleón Pino 8) Guido Rodolfo Añez Moscoso y 9) Jorge Ernesto Torres Obleas; en ese entendido, ni su persona ni su vendedor Alcides Aparicio Miranda se encuentran en el listado de las personas cuyos bienes se ordenó, por lo que solicita se ordene la cancelación y/o levantamiento de dicho gravamen.

CONSIDERANDO II: En observancia al decreto de 29 de noviembre de 2024 de fs. 11781, el Fiscal General del Estado responde (fs. 11801 a 11803) expresando lo siguiente: “…si bien las afirmaciones del impetrante redundan en que su derecho propietario se adquirió de manera posterior a la anotación preventiva dispuesta mediante Auto Supremo de fecha 23 de junio de 2005 y de una tercera persona (ALCIDES APARICIO MIRANDA), no es menos cierto, que la matricula computarizada 2.01.0.99.0028718 corresponde al inmueble gravado en el presente proceso, por lo que pretender que a raíz de transferencia posteriores, se levante el gravamen dispuesto en el marco del caso denominado "Octubre negro” sobre bienes del imputado Javier Torres Goitia, (declarado Rebelde por Auto Supremo de 18 de mayo de 2009), no corresponde a derecho…”(sic) por lo que solicita denegar la solicitud del impetrante.

CONSIDERANDO III: Conforme dispone el art. 87 del Código Penal: “Toda persona responsable penalmente, lo es también civilmente y está obligada a la reparación de los daños materiales y morales causados por el delito”; en concordancia con el art. 90 del mismo cuerpo legal que señala: “Desde el momento de la comisión de un delito, los bienes inmuebles de los responsables se tendrán por hipotecados especialmente para la responsabilidad civil”.

Las disposiciones citadas, son concordantes con el art. 252 del Código de Procedimiento Penal que establece: “Sin perjuicio de la hipoteca legal establecida por el art. 90 del Código Penal, las medidas cautelares de carácter real serán dispuestas por el juez del proceso a petición de parte, para garantizar la reparación del daño y los perjuicios, así como el pago de costas o multas, a cuyo efecto se podrá solicitar el embargo de la fianza siempre que se trate de bienes propios del imputado.”

Por otra parte, el art. 1360 del Código Civil refiere: “I. La hipoteca constituida sobre bienes propios del deudor o de un tercero, como garantía de una deuda, confiere al acreedor hipotecario los derechos de persecución y preferencia. Por el primero, puede embargar la cosa o derecho en poder de cualquiera; por el segundo, es preferido en el pago a otros acreedores. II. Los bienes muebles sujetos a registro, sobre los cuales se constituye una hipoteca, se equiparán a los inmuebles para los efectos correspondientes. III. La hipoteca sólo tiene lugar en los casos y según las formas autorizadas por la ley.”

Asimismo, el art. 1391 del mismo Código señala: “I. A petición de parte interesada, puede ordenarse judicialmente la cancelación cuando: 1. La inscripción fue realizada sin título legal ni convencional. 2. El título constitutivo de la hipoteca se anula o se deja sin efecto. 3. El crédito está extinguido. 4. La hipoteca se ha extinguido aunque el crédito siga existiendo. 5. La inscripción es nula por un vicio de forma. La cancelación sólo procederá por virtud de mandato judicial en los procedimientos que prevé el Código del ramo.”

Resolución del caso en concreto:

Del análisis de la documental presentada se tiene: Fotocopia legalizada del Testimonio N° 624/2005 de 13 de julio (fs. 11752 a 11756 vta.), Folio Real original con matricula computarizada 2.01.0.99.0028718 (fs. 11757 a 11759 vta.), fotocopias simples de Folios Reales con Matrícula computarizada 2.01.0.99.0028718 (fs. 11763 a 11767 vta.), fotocopia simple de Testimonio 1738/2020 de 3 de septiembre (fs. 11768 a 11772 vta.), Formulario de Información Rápida de Derechos Reales de La Paz (fs. 11773), fotocopias legalizadas del proceso; ahora bien, del citado Consultorio N° 311 del 3 Nivel ubicado en el Edificio UNIMED, Av. Arce Num. 2630 de la zona de San Jorge de la ciudad de La Paz con Folio Real Matrícula computarizada 2.01.0.99.0028718 expedida por Derechos Reales de la ciudad de La Paz, se evidencia que en el mismo el 23 de junio de 2005 se constituyó una hipoteca legal (fs. 11757), como emergencia del Juicio de Responsabilidades en el que se ordenó la hipoteca legal sobre los bienes del imputado declarado rebelde, Javier Torres Goitia Caballero, entre otros.

En ese entendido, de la revisión de antecedentes se evidencia que el incidentista si bien refiere no ser parte del proceso en calidad de imputado ni el vendedor de dicho inmueble, empero, se tiene que adquirió el bien fraccionado, tiempo después antes de los hechos sucedidos en el caso Octubre Negro, por lo que, no corresponde dar lugar a lo solicitado.

Por consiguiente, los argumentos expresados en el memorial, no tienen asidero legal, por lo que no corresponde el levantamiento de la Hipoteca Legal.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en sujeción al artículo 44 in fine del Código de Procedimiento Penal, RECHAZA el incidente de Levantamiento de Hipoteca Legal planteado por Marco Vladimir Vargas Terrazas.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Romer Saucedo Gómez

PRESIDENTE

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="border-width:100 100 100 100;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">Rosmery Ruiz Martínez

DECANA

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Texto del fallo

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Datos del proceso