AS/0052/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 052/2025

Fecha: 04 de febrero de 2025

Expediente: T-30-24-S

Partes: Margarita Nilda García Cruz c/ Servicio de Registro Cívico (SERECI) del

Departamento de Tarija representada por Paula Karina Parada Mealla.

Proceso: Cancelación de partida de nacimiento.

Distrito: Tarija.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 171 a 173 vta., interpuesto por Margarita Nilda García Cruz, contra el Auto de Vista Nº 157/2024, de 09 de agosto, corriente de fs. 163 a 167, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso ordinario de cancelación de partida de nacimiento, seguido por la recurrente contra el Servicio de Registro Cívico (SERECI) del Departamento de Tarija; la contestación de fs. 185 a 186 vta.; el Auto de concesión de 08 de octubre de 2024, visible a fs. 179 y vta., el Auto Supremo de admisión N° 1306/2024-RA, de 08 de noviembre, obrante de fs. 194 a 195 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Margarita Nilda García Cruz, por memorial de demanda que discurre de fs. 32 vta., subsanado a fs. 36 y fs. 48 promovió el proceso ordinario de cancelación de partida de nacimiento contra el Servicio de Registro Cívico (SERECI) del departamento de Tarija, institución que una vez citada, contestó la demanda en forma negativa conforme escrito de fs. 62 y vta; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 180/2023, de 19 de octubre, que cursa de fs. 114 a 116 vta., en la que el Juez Público Civil y Comercial 2° de la ciudad de Tarija, declaró PROBADA la demanda de cancelación de partida de nacimiento; en consecuencia, se declaró la ineficacia del certificado de nacimiento registrado en la oficialía N° DD4-005, Libro 0077-90-91, Partida 144, Folio 72, Departamento de Chuquisaca, Sub Cinti, Localidad La Banda.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por el Servicio de Registro Cívico (SERECI) del departamento de Tarija a través de su representante legal Paula Karina Parada Mealla, según memorial de fs. 122 a 124 vta., originó que la Sala Civil, Comercial, Familia Niñez, Adolescencia Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emita el Auto de Vista Nº 157/2024, de 09 de agosto, corriente de fs. 163 a 167, que REVOCÓ la Sentencia, en base a los siguientes argumentos:

La demanda versa sobre la cancelación de la partida de nacimiento de Margarita Nilda García Cruz; toda vez que, esta última declararía que evidentemente nació en Bolivia, empero toda su vida civil la hubiera realizado en la República de Argentina donde tendría un segundo registro; por lo que solicitó la cancelación del su primer registro generado en el Estado boliviano, argumento desestimado por el Tribunal de segunda instancia que revoca la Sentencia del Juez de origen, argumentando la aplicación del art. 141.I de la Constitución Política del Estado que establece: “La nacionalidad boliviana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son bolivianas y bolivianos por nacimiento, las personas nacidas en el territorio boliviano…”; por lo que, sería inviable la posibilidad de la cancelación de la partida de nacimiento de la demandante respecto al Estado Boliviano, pretendiéndose conservarse el de la República de Argentina, sin realizar el procedimiento idóneo y regido por ley para adquirir la nacionalidad argentina, siendo evidente que la sentencia al declarar probada la pretensión de la demandante, se le estaría cambiando de nacionalidad.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Margarita Nilda García Cruz, mediante memorial de fs. 171 a 173 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación alegó que:

a) Señaló que el Tribunal de Alzada, al revocar la sentencia no consideró que tendría tres hijos menores de nacionalidad argentina conforme documentales de fs. 22 a 27, dejándole sin legitimación para representarlos como su madre en actividades sociales, de educación, culturales etc., ya que por la dura situación económica del país de Argentina tuvieron la necesidad de emigrar a Bolivia y hacerlos estudiar en este país, como ciudadanos argentinos, sin la utilización de documento boliviano alguno, ya que el registro de su partida de nacimiento lo hubieran realizado sus padres por error o mal asesoramiento; por lo que se vulneraría el art. 65 de la Constitución Política del Estado respecto al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

b) Acusó que el Tribunal de alzada, no aplicó correctamente los arts. 13, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado, respecto a la aplicación preferente de Instrumentos Internacionales que resguarden Derechos Humanos, como el establecido en el art. 15 de la Declaración de Derechos Humanos, que manifiesta el derecho humano de todo ciudadano a la nacionalidad que le corresponda legalmente y que nadie será privado arbitrariamente de su nacionalidad y de cambiar, si así lo desea, por cualquier otro país que esté dispuesto a otorgárselo.

c) Manifestó que el Tribunal de segunda instancia, no consideró que no existe congruencia entre lo demandado y la Sentencia; toda vez que solicitó la cancelación de su partida de registro de nacimiento y la sentencia en su parte dispositiva resolvió por estimar su pretensión justamente de cancelación de partida de nacimiento, existiendo un error por parte del Tribunal Ad quem, ya que el hecho de conservar su registro en la República de Argentina no quiere decir que el Juez de grado le estuviera otorgando otra nacionalidad, sino que valorando los principios generales del derecho, nuestra normativa legal y tratados internacionales, dejó sin efecto una partida de nacimiento que su persona no realizó, no obteniendo ningún beneficio del Estado boliviano, siendo que toda su vida civil lo realizó en el vecino país de la República de Argentina donde tiene una realidad personal, familiar y social, manifestando que la cancelación reclamada no perjudica a ninguna institución y/o persona en particular, generando un perjuicio únicamente a sus hijos que no pueden estar a derecho.

Fundamentos por los cuales, solicitó se case el Auto de Vista recurrido y se declare probada la Sentencia principal.

2. Contestación al recurso de casación:

El Servicio de Registro Cívico (SERECI) del departamento de Tarija representada por Paula Karina Parada Mealla, respondió el recurso de casación mediante memorial de fs. 185 a 186 vta., solicitando en lo principal que:

La autoridad competente de la resolución de controversias en nuestro estado debe guiarse principalmente por la verdad material de los hechos, misma que se consagra en el art. 8.II y 180 de la Constitución Política del Estado; considerando que en el presente caso, la inscripción de la demandante hubiera sido realizada en Bolivia en la gestión 1990 y posteriormente después de 6 años se realiza de manera ilegal un nuevo registro en la República de Argentina, sin embargo de aquello la demandante pretendería la cancelación de su registro primigenio (Bolivia), situación que no corresponde a su realidad, además que debe considerarse que de concretarse dicha acción se estaría desconociendo la normativa del Estado boliviano generando una inseguridad jurídica registral, lo que conllevaría a un caos registral, siendo que cualquier persona podría mediante una resolución judicial desconocer su registro de nacimiento, por el solo hecho de vivir en un determinado tiempo en otro país, burlando la buena fe de ambos estados; por lo que los jueces están llamados al cumplimiento de la ley y del principio fundamental de la verdad material.

Por lo referido, solicitó se declare infundado el recurso de casación, manteniéndose firme el Auto de Vista N° 157/2024, de 09 de agosto.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre la verdad material

La Sala Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, en el Auto Supremo N° 174/2017 de 21 de febrero, sobre la verdad material, ha señalado: “…Sobre dicho principio este Supremo Tribunal de Justicia ha orientado en sus diversos fallos como el Auto Supremo Nº 131/2016 en sentido que: “…en este Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía al Juez o Tribunal ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, ya que ahora los jueces y Tribunales deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), (…), puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tiene su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso, (…).

En este entendido la averiguación de la verdad material resulta trascendente para que el proceso conduzca a decisiones justas, en un Estado Social Constitucional de Derecho, donde la solución de los conflictos, se basa en el establecimiento de la verdad como como única garantía de la armonía social.”.

(…).

Por otra parte, la Sentencia Constitucional 0713/2010-R de 26 de julio al respecto ha establecido que: “El art. 180. I de la CPE, prevé que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio procesal de verdad material, que abarca la obligación del juzgador, al momento de emitir sus resoluciones, de observar los hechos tal como se presentaron y analizarlos dentro de los acontecimientos en los cuales encuentran explicación o que los generaron; de ello, se infiere que la labor de cumplimiento de este principio, refiere a un análisis de los hechos ocurridos en la realidad, anteponiendo la verdad de los mismos antes que cualquier situación, aunque, obviamente, sin eliminar aquellas formas procesales establecidas por la ley, que tienen por finalidad resguardar derechos y garantías constitucionales.

El ajustarse a la verdad material, genera la primacía de la realidad de los hechos sobre la aparente verdad que pueda emerger de los documentos; aplicando este principio, debe prevalecer la verificación y el conocimiento de éstos, sobre el conocimiento de las formas.” (Las negrillas y subrayado nos corresponde).

(…) “Con un sentido más amplio, el art. 134 del Código Procesal Civil, señala que la autoridad judicial, en relación a los hechos alegados por las partes, averiguará la verdad material, valiéndose de los medios de prueba producidos con base en un análisis integral, dicha norma procesal, se encuentra vinculada con el art. 136-III de mismo Código Procesal Civil, que señala que la carga de la prueba que se impone a las partes.”

III.2. De la confesión espontánea.

En el Auto Supremo N° 1148/2023 de 17 de noviembre, se estableció los siguientes criterios jurídicos y doctrinarios: “…la amplia jurisprudencia emanada por esta Sala especializada, en el Auto Supremo N° 262/2021, de 30 de marzo, al respecto consideró, (…) ‘Según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio, es la: ‘Declaración que, sobre lo sabido o hecho por él, hace alguien voluntariamente o preguntando por otro. Reconocimiento que una persona hace, contra ella misma, de la verdad de un hecho’.

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