AS/0055/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 055/2025

Fecha: 04 de febrero de 2025

Expediente: PT-30-24-S

Partes: Olga Araujo Venegas c/ Luis Andaluz Quintanilla y Nieves Huarachi

Morejón de Andaluz

Proceso: Reivindicación.

Distrito: Potosí.

VISTOS: Los recursos de casación cursante de fs. 229 a 234 y de fs. 236 a 237, presentados por Luis Andaluz Quintanilla y Nieves Huarachi Morejón de Andaluz, y por Olga Araujo Venegas, respectivamente, contra el Auto de Vista N° 133/2024, de 27 de septiembre, visible de fs. 221 a 227, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro el proceso ordinario de reivindicación, instaurado por ambas partes recurrentes; el Auto de concesión de 31 de octubre de 2024, cursante a fs. 245, el Auto Supremo de admisión Nº 132/2024-RA, de 12 de noviembre, cursante de fs. 250 a 252; todo lo inherente al proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Olga Araujo Venegas, con base en el memorial de demanda de fs. 23 a 24, subsanado a fs. 33 y vta., y 36, inició proceso ordinario de reivindicación contra Luis Andaluz Quintanilla y Nieves Huarachi Morejón de Andaluz, quienes una vez citados, mediante escrito de fs. 59 a 62 vta., respondieron de forma negativa a la demanda; desarrollándose de esta forma el proceso hasta la emisión de la Sentencia Nº 24/2021, de 03 de septiembre, cursante de fs. 171 a 179 vta., en la que el Juez de Público en lo Civil y Comercial 6° de la ciudad de Potosí, declaró PROBADA la demanda, en consecuencia, declaro con mejor derecho propietario a Olga Araujo Venegas y ordeno la reivindicación del bien inmueble ubicado en la calle S/N zona plan 40 lote Nº 1, manzano Nº 2 de la ciudad de Potosí, con una superficie de 200 m2 a favor de la misma, en el término de 30 días; asimismo, existiendo construcciones efectuadas en el predio objeto de la litis se indemnice por la parte actora a los demandados, con costas y costos.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación tanto por Luis Andaluz Quintanilla y Nieves Huarachi Morejón de Andaluz, mediante memorial cursante de fs. 182 a 190, como por Olga Araujo Venegas por escrito de fs. 191 y vta., dio lugar a que la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez, Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emita Auto de Vista N° 133/2024, de 27 de septiembre, visible de fs. 221 a 227, que CONFIRMÓ la Sentencia Nº 24/2021, de 03 de septiembre, cursante de fs. 171 a 179 vta., en base a los siguientes argumentos:

- Durante el desarrollo del proceso, el Juez A-quo estableció que parte de la controversia radica en establecer el mejor derecho propietario, ya que ambas partes cuentan con títulos debidamente registrados, aspecto que no fue cuestionado por los recurrentes en su momento, dejando que el proceso avance hasta la emisión de la sentencia, consecuentemente el haber declarado quien contaba con mejor derecho propietario no es una decisión extra petita.

- El mejor derecho propietario se basó fundamentalmente en la documentación presentada por las partes, habiendo llegado a la convicción de que la demandante registró su derecho propietario el 25 de febrero de 2000 y la demandada el 11 de noviembre de 2011, aspecto determinante a efectos de aplicar lo dispuesto por el art. 1538 del Código Civil.

- La condena de pago a costas y costos procesales no puede ser considerado como un agravio, puesto que su cuantificación fue diferida a la etapa de ejecución de sentencia, en consecuencia, no es evidente que la recurrente se halle actualmente en estado de indefensión.

- En relación al recurso presentado por la demandante, en audiencia preliminar de 29 de julio de 2021, al margen de establecer el objeto del proceso, se fijó como un punto de hecho a probar: la procedencia de la demolición y construcciones, extremo que fue declarado como “hecho no probado”, se entiende que en coherencia la autoridad judicial en aplicación del Art. 97 del Código Civil, concordante con el A.S. N° 122/2017 de 3 de febrero, estableció que los demandados han efectuado construcciones en el inmueble objeto de la demanda y que las mismas responden al buen aprovechamiento de la cosa, habiendo ejercitado dicha ocupación de buena fe, por ello se concluyó que corresponde la indemnización por las mejoras realizadas.

3. Resolución de segunda instancia que fue recurrida en casación por Luis Andaluz Quintanilla y Nieves Huarachi Morejón de Andaluz mediante memorial de fs. 229 a 234; y por Olga Araujo Venegas según escrito de fs. 236 a 237, recursos que son objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Luis Andaluz Quintanilla y Nieves Huarachi Morejón de Andaluz en el recurso de casación alegaron que:

a) El Tribunal de alzada, al confirmar la sentencia, violó y realizó una interpretación incorrecta e indebida del art. 1453 del Código Civil, en total contradicción con los principios de probidad y responsabilidad, sin considerar que el demandante debió plantear una acción de mejor derecho de propiedad y no de reivindicación.

b) No se consideró que la acción reivindicatoria resulta procedente en contra de poseedores y no de propietarios. Por informe pericial de 25 de agosto de 2021 se determinó que ambas partes cuentan con derecho propietario, en consecuencia, resulta inviable extinguir el derecho propietario de una de las partes a través de la acción reivindicatoria.

c) El Tribunal de alzada no advirtió que el folio real de la demandante contiene varios errores; la ubicación no coincide con el objeto de la litis, los linderos no coinciden con el objeto de la litis, la titularidad sobre el dominio no establece la existencia de un mismo vendedor.

d) El Tribunal de alzada, no tomó en cuenta que el apoderado de la demandante no ha diligenciado la prueba de mejor proveer, por ende, la prueba es incompleta.

Fundamentos por los cuales, solicitó se case el Auto de Vista recurrido y se declare improbada la demanda de reivindicación.

2. Contestación al recurso de casación:

Corrido en traslado a la parte adversa, no mereció contestación alguna, por lo que es innecesario ingresar a mayores consideraciones al respecto.

3. Olga Araujo Venegas en el recurso de casación alegó que:

a) El Tribunal de alzada, al confirmar la sentencia, realizó una errónea aplicación del art. 97 del Código Civil, el cual hace referencia a la posesión; en el presente caso el Juez A-quo a determinado que los demandados son detentadores y no poseedores, razón por la cual no resulta aplicable el artículo en cuestión.

b) Si los demandados pretendían el pago por las mejoras realizadas, debían de haber interpuesto su correspondiente demanda reconvencional, sin embargo, se han limitado a contestar la demanda, por lo que la determinación de pago de mejoras se constituye en un vicio de incongruencia en su modalidad extra petita.

4. Contestación al recurso de casación:

Luis Andaluz Quintanilla y Nieves Huarachi Morejón de Andaluz, respondieron el recurso de casación mediante memorial de fs. 240 a 242 solicitando en lo principal que:

Al haber existido una actuación de buena fe, las construcciones realizadas en el bien inmueble no pueden ser excluidas o desprestigiadas, al contrario, la demanda de acción reivindicatoria debería ser declarada improcedente por no cumplir con las exigencias de ley. En lo demás resulta reiterativo respecto a los argumentos de su recurso de casación.

Por lo referido, solicitó se declare la improcedencia con imposición de costas y demás condenaciones de ley.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la declaración de nulidad y la revisión de oficio de las actuaciones.

El art. 106.I del Código Procesal Civil, dispone que: “I. La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente”.

Por su parte, el art. 17.I de la Ley Nº 025 preceptúa que: “I. La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por Ley”. Gonzalo Castellanos Trigo, en su obra “Análisis Doctrinal del Nuevo Código Procesal Civil”, Tomo I, Imprenta Rayo del Sur, Sucre-Bolivia 2014, Págs. 495-497, al realizar el comentario del art. 106 del Código Procesal Civil, refiere que: “La primera parte de la norma en análisis regula la declaración de la nulidad, disponiendo que la nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la ley califique expresamente la causal de nulidad…”. Asimismo, citando al profesor Maurino señala que: “nulidad procesal es el estado de anormalidad del acto procesal, originado en la carencia de alguno de sus elementos constitutivos, o en vicios existentes sobre ellos, que potencialmente lo coloca en situación de ser declarado judicialmente inválido”. Es decir, la nulidad consiste en la ausencia de los efectos jurídicos del acto”.

De acuerdo a ambos textos legales, se establece que el art. 106 del Código Procesal Civil, permite al operador judicial a decretar la nulidad de obrados de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente. Así el art. 17.I de la Ley Nº 025 manifiesta que la revisión de las actuaciones será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley. Ese razonamiento ha sido reiterado en el Auto Supremo N° 884/2015–L, de 02 de octubre, entre otros.

También se tiene el Auto Supremo N° 146/2021 de 01 de marzo, donde se emitieron las siguientes consideraciones: “El Estado mediante sus operadores de justicia, garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, en el marco de lo establecido en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado; es por ello que el Tribunal Supremo de Justicia estableció razonamiento consecuente de proteger los actos procesales y de aplicar excepcionalmente la nulidad procesal; en ese marco, entre otras determinaciones, mediante el A.S. Nº 581/2013 de fecha 15 de noviembre, orientó: ‘…la nulidad procesal es una medida sancionatoria de última ratio, de aplicación excepcional, siendo la regla la conservación de los actos desarrollados en proceso y la nulidad su excepción, criterio procesal que emerge del contenido normativo de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que señala como deber funcional de los administradores de justicia el de proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuanto exista irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa de las partes; que condiciona además la nulidad a que procede cuando la irregularidad fue reclamada oportunamente en la tramitación del proceso, alocución normativa que se desprende del derecho a una justicia pronta y oportuna instituida por la Constitución Política del Estado en su art. 115.II’.

Este Tribunal Supremo de Justicia ha asumido una postura consecuente con la filosofía constitucional reprimiendo aquellas nulidades procesales que tienen como único objeto el de cumplir formalismos y que relega la solución del conflicto y en ello el derecho de las partes a una tutela judicial inmediata, en esta postura asumida citamos el Auto Supremo Nº 83/2013 que señaló: ‘Sólo es pertinente proceder con la nulidad de oficio cuando la vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes tiene incidencia directa en el derecho a la defensa y se ve seriamente afectado de forma objetiva; pues la nulidad de obrados es una medida excepcional, aplicable con criterio restrictivo en caso de verificarse indefensión efectiva, lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, que el Estado garantiza por medio de sus órganos de justicia, conforme señala el art. 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado’.

Bajo esa consideración, instauró para las nulidades establecidas de oficio un parámetro lógico - jurídico de observancia por los tribunales de instancia y por el mismo Tribunal Supremo de Justicia, a fin de limitar aquellas decisiones anulatorias que no se ajusten al principio de conservación de los actos y se aparten del derecho a una justicia pronta y oportuna, en tal sentido, el Auto Supremo Nº 506/2017 de 16 de mayo manifestó: ‘Conforme el art. 106 del Código Procesal Civil, que hace mención a que el Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, disposición aplicable al presente caso conforme a la disposición transitoria segunda de la mencionada ley, por lo que se pasa a efectuar una revisión de oficio del proceso en cuestión en aplicación del principio de eficacia, contenido en el art. 180.I de la CPE, que deben contener las resoluciones judiciales’.

Por otra parte, el art. 17.I de la Ley Nº 025 señala: ‘La revisión de actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley’, en este entendido, a los Tribunales aún les es permisible la revisión de las actuaciones procesales de oficio, sin embargo, esa facultad está limitada a aquellos asuntos previstos por ley, entendiendo, que el régimen de revisión no es absoluto, sino limitado por factores legales que inciden en la pertinencia de la nulidad para la protección de lo actuado, por lo que en el caso de que un Juez o Tribunal advierta algún vicio procesal, este en virtud del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria al tomar una decisión anulatoria, debe tener presente que una nulidad de oficio solo procederá cuando la ley así lo determine o exista evidente vulneración al debido proceso, cuando el vicio tenga incidencia directa en la decisión de fondo o el derecho a la defensa esté seriamente afectado”.

Por su parte, el Auto Supremo N° 479/2021, de 26 de mayo, señaló: “El art. 106 del Código Procesal Civil, Ley N° 439 de fecha 19 de noviembre de 2013 previene en su parágrafo I que: ‘La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte en cualquier estado del proceso, cuando la ley lo califique expresamente’, concordante con dicha norma, el art. 17 parágrafo I de la Ley N° 025 manifiesta que la revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley; de lo expuesto se tiene que, si bien aún les es permisible a los Tribunales la revisión de las actuaciones procesales de oficio, sin embargo, esa facultad está limitada a aquellos asuntos previstos por ley, entendiendo que el régimen de revisión no es absoluto sino limitado por factores legales que inciden en la pertinencia de la nulidad para la protección de lo actuado.

En ese entendido, en el caso de que un juez o Tribunal advierta algún vicio procesal, éste, en virtud del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria, al tomar una decisión anulatoria, debe tener presente que una nulidad de oficio sólo procederá cuando la ley así lo determine, exista evidente vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes o cuando el vicio tenga incidencia directa en la decisión de fondo o el derecho a la defensa esté seriamente afectado”.

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