AS/0069/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:69/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:2/2023

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Extradición.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTES

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Embajada de la República de Argentina contra Adrián Ocampo Cazón.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADA TRAMITADORA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Rosmery Ruiz Martinez.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">:21 de mayo de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA: Las Notas Verbales REB N° 61 de 13 de febrero y REB 605 de 15 de diciembre, ambas de 2023 emitida por la Embajada de la República Argentina (fs. 11 y 30); la Nota CLASIFICACIÓN: URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-479/2023 de 15 de febrero y Nota CLASIFICACIÓN: URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-4778/2023 de 28 de diciembre ambas de 2023 (fs. 13 del cuerpo 1 y 482 de Anexos de Informes 3), mediante la cual el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, remitió a este Tribunal Supremo de Justicia; el Tratado de Extradición suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Argentina ratificado mediante Ley 723 de 24 de agosto de 2015; el Dictamen FGE/RRMM 12/2025 de 5 de mayo (fs. 112 a114) y los antecedentes del proceso.

CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia remite la Nota CLASIFICACIÓN: URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-4778/2023 de 28 de diciembre (fs. 482 de Anexos de Informes 3), haciendo conocer la Nota Verbal REB N° 61 de 13 de febrero y REB 605 de 15 de diciembre, ambas de 2023, proveniente de la Embajada de la República Argentina, acompañando la solicitud de extradición del ciudadano Adrián Ocampo Cazón (fs. 471 a 481 del Anexo de Informes 3) a la que se adjuntan los antecedentes del proceso penal.

CONSIDERANDO II: AUTO SUPREMO QUE DETERMINÓ LA DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

Mediante el Auto Supremo 64/2023 de 22 de mayo (fs. 15 a 17 vta.) se determinó la detención preventiva con fines de extradición de Adrián Ocampo Cazón.

CONSIDERANDO III: ANTECEDENTES PENALES DEL EXTRADITABLE.

Conforme a lo ordenado por el Auto Supremo 64/2023 de 22 de mayo (fs. 15 a 17 vta.), los Tribunales Departamentales de Justicia informan la inexistencia de proceso penal alguno instaurado en la justicia penal boliviana en contra del sujeto extraditable Adrián Ocampo Cazón pendientes o en trámite (fs. 14 a 44, 48 a 49, 56 a 93, 101 a 107, 109, 114 a 139, 144 a 195 del Anexos Informes 1 y 315 a 365, 373 a 400 de Anexos de Informes 2 y 401 a 466 del Anexo de Informe 3).

El Consejo de la Magistratura informa a través de la Dirección Nacional del Registro Judicial de Antecedentes Penales, que el prenombrado no registra antecedentes penales referidos a Sentencias Condenatorias Ejecutoriadas, Declaratorias de Rebeldía o Suspensión Condicional del Proceso (fs. 5 del Anexo Informes 1).

CONSIDERANDO IV: DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

En cumplimiento al Auto Supremo 64/2023 de 22 de mayo de 2023 (fs. 15 a 17 vta.), el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres 4° del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Mandamiento de Detención Preventiva 10/2023 de 23 de julio del ciudadano Adrián Ocampo Cazón (fs. 14 del Cuaderno de Control Jurisdiccional 1), ejecutada el 27 de febrero de 2025 (fs. 531 vta. del Cuaderno de Control Jurisdiccional 3) en la zona Ceyaya s/n de Rurrenabaque del departamento del Beni.

Según Nota 297/25 de 24 de marzo de 2025, el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, remite actuaciones procesales (fs. 537 del Cuaderno de Control Jurisdiccional 3), por el cual trasmite la Nota CITE-JIPN°4 204/2025 de 21 de marzo, suscrito por el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres 4° del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (fs. 536 del Cuaderno de Control Jurisdiccional 3) que contienen las acciones realizadas por las diferentes unidades y jefaturas dependientes del Comando Departamental de la Policía de Chuquisaca, consistentes en:

a) Remisión de Informe de 11 de marzo de 2025 suscrito por el Director Departamental Interpol La Paz – Cnl. Miguel Ángel Pablo Hidalgo Chávez (fs. 530 del Cuaderno de Control Jurisdiccional 3); b) Informe DDI-DIV-TR.TF. 474/2025 de 11 de marzo, emitida por el Asignado al Caso – Sgto. My. Meliton Cosme Mamani (fs. 531 del Cuaderno de Control Jurisdiccional 3) referido a las acciones realizadas en la ejecución del mandamiento de detención de ADRIÁN OCAMPO CAZÓN (requerido de extradición por la Embajada de la República de Argentina); asimismo, se puso en conocimiento que el ciudadano requerido de extradición fue detenido y conducido al Recinto Penitenciario San Pedro de la ciudad de La Paz.

CONSIDERANDO V: DICTAMEN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO.

El Dictamen FGE/RRMM 12/2025 de 5 de mayo (fs. 112 a 114), emitido por el Fiscal General del Estado resolvió al amparo del art. 158 del Código de Procedimiento Penal (CPP), art. 30.29 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, advirtiendo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Tratado de Extradición suscrito entra la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia REQUIRIÓ POR LA PROCEDENCIA de la extradición de ADRIÁN OCAMPO CAZÓN.

CONSIDERANDO VI: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS.

La extradición es un procedimiento solemne y formal, regida por requisitos y reglas previstas en un tratado o convenio bilateral o multilateral específico o en su ausencia por el principio de reciprocidad, que permite la entrega por un Estado (el Estado requerido) de un individuo que se encuentra en su territorio, a otro Estado (el Estado requirente), a los fines de ser sometido a un proceso judicial o a la ejecución de una pena impuesta en su contra.

En ese sentido, los tratados internacionales se constituyen en fundamento legal esencial de la Cooperación Penal Internacional en todo el mundo y ante su ausencia, debe primar el principio universal de reciprocidad, el cual cobra especial relevancia; en ese sentido, en la cooperación internacional, los tratados son el más formal de los instrumentos que se puede utilizar tanto en casos de asistencia jurídica, como de extradiciones, cooperación internacional por excelencia, cobrando relevancia en ese contexto lo previsto en el art. 255.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que señala: “I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo.”, disposición concordante con el art. 257.I de la CPE, que determina: “I. los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley.”

Ahora bien, el art. 3 del Código Penal (CP), señala: “Ninguna persona sometida a la jurisdicción de las leyes bolivianas podrá ser entregada por extradición a otro Estado, salvo que en un tratado internacional o convenio de reciprocidad disponga lo contrario. La procedencia o improcedencia de la extradición será resuelta por la Corte suprema. En caso de reciprocidad, la extradición no podrá efectuarse si el hecho por el que se reclama no constituye un delito conforme a la ley del Estado que pide la extradición y del que la debe conceder.”

Así también, el art. 149 del CPP, dispone: “La extradición se regirá por las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y subsidiariamente por las normas del presente Código o por las reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable”.

Por su parte, el art. 150 del CPP, en cuanto a la procedencia de la extracción, dispone: "Procederá la extradición por los delitos que, en la legislación de ambos Estados, se sancionen con penas privativas de libertad cuyo mínimo legal sea de dos o más años y tratándose de nacionales cuando el mínimo legal sea superior a dos años. La extradición de una persona para el cumplimiento de una pena en el Estado requirente, será procedente cuando quede por cumplir por lo menos un año de la condena”.

La normativa nacional determina criterios que deben ser cumplidos para que se procese una solicitud de extradición; así el art. 157 del CPP, establece: "Toda solicitud de extradición será presentada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, acompañada de la identificación más precisa de la persona extraditable, de los datos que contribuyan a determinar el lugar en el que se encuentre y del texto autenticado de la disposición legal que tipifica el delito. Toda la documentación exigida deberá acompañarse de una traducción oficial al idioma español. Cuando la persona esté procesada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la resolución judicial de imputación que contenga la tipificación del delito, incluyendo una referencia al tiempo y lugar de su comisión y del mandamiento de detención emitido por una autoridad judicial competente. Cuando la persona haya sido condenada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la sentencia condenatoria y la certificación correspondiente a su ejecutoria señalando, en su caso, el resto de la pena que le quede por cumplir".

Las relaciones internacionales en materia de extradición entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Argentina como país requirente se encuentran regidas por el Tratado de Extradición suscrito entre ambos países ratificado por Bolivia mediante Ley 723 de 24 de agosto de 2015.

De lo expresado, conforme a los antecedentes procesales en obrados, se tiene que a lo dispuesto en el art. 20 primer y segundo párrafo del Tratado de Extradición entre la República de Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, referente a la detención preventiva, se observó y valoró las presentadas por la República Requirente, emergiendo de dicho acto el Auto Supremo 64/2023 de 22 de mayo (fs. 15 a 17 vta.), emitido por este Tribunal, que resolvió ordenar la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano Adrián Ocampo Cazón; entendiéndose de ese extremo, que para la emisión del Auto Supremo referido que dispuso la procedencia de la detención preventiva con fines de extradición, llegó a estimar la forma de la solicitud, la información que contenía, la identificación de las leyes infringidas y la mención de documentos legales que originan la solicitud, así como de la expresión de materializar el pedido formal de la extradición, situaciones cumplidas y vinculadas a hechos que posibilitan el análisis de la petición de extradición.

A lo señalado, se tiene que el art. 8 del Tratado de 22 de agosto de 2013, expresa textual: “La solicitud de extradición se efectuará por escrito y deberá contener la siguiente información y documentación: a) Datos de la persona reclamada, incluyendo su nacionalidad, descripción física, datos filiatorios, fotografía e impresiones digitales si estuvieran disponibles, como asimismo la información que se disponga sobre su paradero, b) Datos completos de la autoridad requirente, incluyendo números de teléfono, fax y dirección de correo electrónico, c) Copia certificada o legalizada, por la autoridad emisora, de la sentencia, orden de detención u otra resolución análoga, incluyendo los datos sobre dicha autoridad y la fecha de la emisión, d) Copia o transcripción de las disposiciones legales de la Parte Requirente que tipifiquen el delito, e) Descripción del hecho, incluyendo circunstancias de tiempo, lugar y el grado de participación de la persona reclamada, f) El tiempo de la condena si hay sentencia firme y la pena que reste por cumplir y, g) Una manifestación acerca de que la acción o la pena no se encuentran prescritas.”

En el trámite de solicitud de extradición del caso de autos, se advierte que el Tribunal Penal Colegiado N°2, Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza de la República Argentina, mediante nota de 10 de febrero de 2023 (fs. 1), solicitó a la Directora a cargo de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional – Coordinación de Cooperación en Materia Penal Internacional – del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, la tramitación de SOLICITUD DE DETENCIÓN INTERNACIONAL, con la finalidad de someter a proceso al ciudadano argentino Adrián Ocampo Cazón, a quien se le atribuye la comisión de la conducta prevista en el art. 79 del Código Penal Argentino (CPA), cuya pena mínima es de ocho (8) y la máxima de veinticinco (25) años de prisión (Homicidio Simple), cuyas acciones se habrían desarrollado el 11 de febrero de 2013 en el Barrio 25 de Mayo de Rodeo del Medio de la ciudad de Mendoza, República Argentina, declarando que en caso de detención, se compromete a requerir su extradición a través de la vía diplomática correspondiente.

Adjuntando también fotografía (fs. 3) y datos de prontuario (fs. 8 y 9), documentación adjunta que contiene información necesaria, que conlleva a sostener que las exigencias descritas en el art. 8 del Tratado sobre Extradición, fueron cumplidas.

Por otra parte, el art. 2 del Tratado dispone qué delitos darán lugar a la extradición, cuando los hechos tipificados como delito por las leyes de la Parte Requirente y de la Parte Requerida, cualquiera sea su denominación o calificación jurídica, sean punibles por la legislación de ambas Partes con una pena privativa de libertad cuyo máximo sea de al menos dos años, circunstancia que se encuentra definida por el art. 150 del CPP: “(Procedencia). Procederá la extradición por delitos que, en la legislación de ambos Estados, se sancionen con penas privativas de libertad cuyo mínimo legal sea de dos (2) o más años y tratándose de nacionales cuando el mínimo legal sea superior a dos (2) años (…)”.

Encontrándose en el caso de autos acorde a tales exigencias, las características de los hechos y su sanción punible, para que proceda la extradición solicitada, debido a que, se evidencia que el delito por el que es perseguido el reclamado, constituye también delito en la legislación penal boliviana, encontrándose tipificado como Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidentes de Tránsito y sancionado por el art. 261 del Código Penal Boliviano que establece: “El que resulte culpable de la muerte o producción de lesiones graves o gravísimas de una o más personas ocasionadas con un medio de transporte motorizado, será sancionado con reclusión de uno (1) a tres (3) años. Si el hecho se produjera estando el autor bajo la dependencia de alcohol o estupefacientes, la pena será de reclusión de uno (1) a cinco (5) años y se impondrá al autor del hecho, inhabilitación para conducir por un período de uno (1) a cinco (5) años”; sin advertirse la existencia de causales para la denegación y/o rechazo de la petición de extradición.

CONSIDERANDO VII: RESOLUCIÓN DEL CASO.

De acuerdo al Tratado de Extradición suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Argentina se han cumplido los requisitos exigidos para otorgar la extradición, consistente en:

a) El Estado Requirente (República Argentina) de conformidad a los Autos de 20 de febrero de 2013 y de 27 de diciembre de 2018 (fs. 475 y 476); pronunciados por el Tribunal Penal Colegiado N°2, Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Mendoza de la República Argentina, tiene competencia para el procesamiento penal del ciudadano Adrián Ocampo Cazón, al haberse determinado dentro de la Causa: P 16.210/13-2, por la comisión del delito de “Homicidio Simple, cometido con dolo eventual” por el hecho cuyas acciones se habrían desarrollado el 11 de febrero de 2013 en el Barrio 25 de Mayo de Rodeo del Medio de la ciudad de Mendoza, República Argentina, conducta que se encuadra la previsión del art. 79 del Código Penal Argentino.

b) La conducta y delito por el cual se pretende la extradición tiene una pena privativa de libertad en su calificación a priori más gravosa pueden llegar de veinte años de prisión, siendo la pena mínima de ocho años de prisión a imponerse, conforme a la legislación del Estado Requirente.

c) El Estado Requirente adjuntó la documentación prevista en el art. 8 del Tratado de Extradición suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Argentina, consistente en: Autos de 20 de febrero de 2013 y de 27 de diciembre de 2018 (fs. 475 y 476), pronunciados por el Tribunal Penal Colegiado N°2, Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza de la República Argentina, dentro de la causa descrita precedentemente a través del cual se ordena la captura nacional e internacional de ADRIÁN OCAMPO CAZÓN.

Asimismo, se establece que no operó la prescripción respecto a los hechos por el cual el Estado requirente solicitó la extradición del ciudadano ADRIÁN OCAMPO CAZÓN; a ello se suma que los mismos también constituyen delitos en la legislación boliviana, encontrándose tipificado y sancionado en el art. 261 del CP que establece: “El que resulte culpable de la muerte o producción de lesiones graves o gravísimas de una o más personas ocasionadas con un medio de transporte motorizado, será sancionado con reclusión de uno (1) a tres (3) años. Si el hecho se produjera estando el autor bajo la dependencia de alcohol o estupefacientes, la pena será de reclusión de uno (1) a cinco (5) años y se impondrá al autor del hecho, inhabilitación para conducir por un período de uno (1) a cinco (5) años.; lo que implica el cumplimiento del principio de doble incriminación”.

Por las razones de hecho y de derecho expuestas, corresponde otorgar la extradición de ADRIÁN OCAMPO CAZÓN de conformidad al art. 153.1 del CPP.

En conclusión, no existen causas que hagan improcedente la solicitud formulada en el marco del Tratado aplicado que tiene como propósito promover la cooperación entre las partes a fin de entregarse recíprocamente los delincuentes del otro Estado refugiados en el territorio, por lo que corresponde deferir favorablemente a la solicitud de extradición impetrada; asimismo, no existiendo vulneración a lo determinado en los arts. 150 y 151 del CPP, corresponde resolver propiciamente la solicitud del requirente República de Argentina y ordenar la extradición del sujeto requerido.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 184 núm. 3) de la Constitución Política del Estado, 150 del CPP, 38.2 de la Ley del Órgano Judicial, FALLA DECLARANDO PROCEDENTE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN del ciudadano ADRIÁN OCAMPO CAZÓN, de nacionalidad boliviana con DNI de Extranjería N° 94.348.247, nacido en Potosí-Bolivia el 8 de septiembre de 1975, sus padres Juan Cando Ocampo y Santusa Cazón, con domicilio desconocido en el Estado boliviano, para que sea entregado de manera inmediata conforme las formalidades legales, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Embajada y/o Consulado de la República de Argentina.

Para cuyo efecto, se ordena se oficie al Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca para que el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres 4° del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca emita el correspondiente Mandamiento de Excarcelación, para la entrega del sujeto extraditable al País requirente, sea a través de los órganos competentes del Órgano Ejecutivo.

Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y por su intermedio a la Embajada de la República Argentina para los fines consiguientes y de conformidad a lo ya previsto.

Regístrese, notifíquese, cúmplase.

Mostrando 108 de 215 parrafos.

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