AS/0081/2015

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA

Auto Supremo Nº 81/2015.

Sucre, 23 de marzo de 2015.

Expediente: SSA.II-SCZ.467/2014.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 285 a 286, interpuesto por la empresa Ingenio Azucarero Guabirá S.A., representado por Rudiger Trepp del Carpio, impugnando el Auto de Vista Nº 306 de 22 de junio de 2012 fs. 280 a 282, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social seguido por Carlos Edgar Arancibia Rojas contra la empresa recurrente, la respuesta de fs. 289, el auto de fs. 290 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso social, la Juez de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Montero, del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 23 de 28 de diciembre de 2011 de fs. 245 a 248, declarando probada en parte la demanda de fs. 25 a 27 e improbada la excepción perentoria de pago, disponiendo que la empresa demandada Ingenio Azucarero Guabirá S.A., representada por Rudiger Trepp del Carpio, pague a favor del demandante, dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia, la suma de Bs.137.009,65.-, por concepto de beneficios sociales, de acuerdo al de acuerdo a la liquidación contenida en la parte dispositiva. A solicitud del actor por auto de fs. 256, se complementó la sentencia, disponiendo se aplique el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Contra la sentencia, la empresa demandada formuló recurso de apelación de fs. 258 a 266, que fue resuelto por Auto de Vista Nº 306 de 22 de junio de 2012 de fs. 280 a 282, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que revocando en parte la Sentencia Nº 23 de 28 de diciembre de 2011, declaró probada en parte la demanda de fs. 25 a 27 y probada en parte la excepción perentoria de pago de fs. 152 a 162, determinando que respecto a la indemnización, solamente correspondía el pago de los últimos 3 meses y 20 días trabajados, por encontrarse indemnizado hasta el 24 de agosto de 2010; además de corresponder un nuevo cálculo de bono de antigüedad, disponiendo que la empresa demandada pague al trabajador por concepto de beneficios sociales, la suma final de Bs.62.982.-, más actualizaciones y reajustes establecidos por ley.

El auto de vista referido, motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 285 a 286, interpuesto por el Ingenio Azucarero Guabirá S.A., que en síntesis expresa los siguientes argumentos:

1. Ilegalidad en el cálculo de la prima.- Señala que el juez a quo realizó un cálculo erróneo respecto a la prima anual, al disponer su pago por toda la gestión 2010, sin considerar que las empresas industriales concluyen su gestión fiscal el 31 de marzo de cada año, por lo que la prima del último año del trabajador demandante, empezó a correr el 1 de abril de 2010 hasta el 14 de diciembre del mismo año, fecha en la que hizo abandono de su puesto de trabajo, es decir, correspondía su pago por 9 meses y medio; siendo al respecto, correcta la aplicación del art. 180 del Código Procesal del Trabajo, en cuanto a la presunción de utilidades, mas no la interpretación respecto al art. 57 de la Ley General del Trabajo, porque dicha normativa considera la realidad de la fecha de aprobación de la misma, del año 1942, cuando todas la empresas cerraban su gestión fiscal a fin de año, hecho que fue modificado pues, no coincide con la realidad actual de las empresas que tienen establecidas diferentes fechas para sus cierres fiscales, por lo que en aplicación del art. 180, parágrafo I de la Constitución Política del Estado, la prima debió liquidarse por duodécimas.

2. Ilegalidad en la liquidación del bono de antigüedad por prescripción. Indica que el auto de vista, si bien repara el error cometido por la juez de primera instancia al deducir los pagos de finiquitos acreditados y la confesión del trabajador, no consideró que solo correspondía liquidar los últimos dos años de bono de antigüedad, en virtud a lo dispuesto por el art. 120 de la Ley General del Trabajo, que establece los derechos sociales prescriben en dos años, consiguientemente, solo correspondía el pago por las gestiones 2009 y 2010 la suma de Bs.6.575,00.- y no de Bs.38.160.-, como dispuso el tribunal de alzada, con el argumento de que la prescripción no puede ser aplicada de oficio, siendo que dicha figura se invocó en el recurso de apelación e incluso en la contestación a la demanda, en el punto IV.1.4 se fundamentó al respecto.

3. Validez del pago a cuenta. Manifiesta que al monto liquidado en el auto de vista, corresponde deducir como pago a cuenta, el depósito abonado oportunamente a las cuentas del Ministerio de Trabajo en el Banco Unión S.A., por la suma de Bs.7.879,05.-, en aplicación del art. 161 del Código Procesal del Trabajo que, si bien establece que los documentos de prueba deben presentarse en originales, los que no sean presentados en original, tendrán el mismo valor cuando la parte contra la cual se presenta la copia, la reconozca expresa o tácitamente como genuina; siendo a fs. 123, presentaron el comprobante de dicho depósito, que no fue opuesto ni negado respecto a su veracidad por la parte demandante, aceptándolo tácitamente como veraz, correspondiendo únicamente que el juzgador, ordene el pago del mencionado depósito a favor del trabajador.

Por lo expuesto, solicita se conceda el recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia, para que previo el trámite de rigor, case parcialmente el auto de vista recurrido, respecto los puntos objeto del presente recurso.

A su vez, el demandante Carlos Edgar Arancibia Rojas, respondió al recurso formulado por la empresa Ingenio Azucarero Guabirá S.A., en base a los argumentos expuestos por memorial de fs. 289, solicitando se declare infundado el recurso de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, analizado el contenido del mismo se establece lo siguiente:

1. Respecto a la denuncia de ilegalidad en el cálculo de la prima anual, se debe considerar los principios protectores que rigen material laboral, que sirven de guía en la aplicación de las normas positivas de la materia, así como en la resolución de los conflictos que son objeto de litigio en instancia judicial, principios contenidos en los arts. 48.II de la Constitución Política del Estado y 4 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006. Así, cuando una demanda laboral pretende también el pago de las primas anuales, en aplicación plena del principio de la inversión de la prueba a favor de la trabajadora o del trabajador, que rige en materia laboral y contenido en los arts. 3.h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, el art. 181 del mismo cuerpo normativo establece como presunción de obtención de utilidades, cuando el empleador incumple la obligación legal de presentar el balance legal, situación que en el caso examinado sucedió, por cuanto, de lo argumentado por el tribunal de alzada para este punto, hace entender a este Tribunal que la parte empleadora no cumplió con esta obligación a objeto de desvirtuar la pretensión de pago de las primas anuales que estaba demandando el actor, pues, correspondía a la parte empleadora presentar el balance a objeto de demostrar que no se habían obtenido utilidades para de esa manera desvirtuar lo pretendido respecto a este derecho por el demandante, máxime cuando por disposición del Código de Comercio en sus arts. 36, 46, y 204, es obligación de la empresa demandada, al constituirse en sociedad comercial bajo la nomenclatura de “Sociedad Anónima”, elaborar su balance anual que permita conocer de manera clara, completa y veraz, la situación del patrimonio y las utilidades obtenidas, o las pérdidas sufridas, durante el ejercicio fiscal, presunción que fue aplicada por la juez a quo y correctamente ratificada por el tribunal de alzada en aplicación de los arts. 57 de la Ley General del Trabajo y 48 de su Decreto Reglamentario, estableciendo el pago de la prima anual demandada por el actor, correspondiente a la gestión 2010, conforme a los argumentos expuestos.

Sin embargo, el recurrente afirma que dicha prima debió pagarse únicamente desde el 1 de abril de 2010 hasta el 14 de diciembre de la misma gestión, en razón a que la empresa demandada tiene como fecha de cierre de gestión el 31 de marzo de cada año; al respecto es preciso señalar que si bien la juez a quo como el tribunal de alzada, basaron sus resoluciones en la disposición contenida en el art. 48 del Reglamento de Ley General del Trabajo, que establece: “las empresas que hubieren obtenido utilidades al finalizar el año, otorgarán a sus empleados y obreros, una prima anual de un mes de sueldo o salario”; y por otro lado el Decreto Ley Nº 6, de 27 de diciembre de 1943, elevado a rango de Ley el 22 de Noviembre de 1945,en su art. 1 dispone “Las empresas y establecimientos comerciales e industriales, que obtuvieron utilidades al finalizar el año, destinarán hasta el 25% de ellas para otorgar a sus empleados u obreros, que durante ese tiempo hubieran prestado sus servicios, una prima anual no inferior a un mes de sueldo y a quince días de salario respectivamente”, no consideraron lo dispuesto por el DS Nº 24041 de 29 de junio de 1995, que si tiene por objetivo reglamentar el impuesto a las utilidades, establece en su art. 39 lo siguiente: “(PLAZO Y CIERRES DE GESTIÓN).- Los plazos para la presentación de las declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán a los ciento veinte (120) días posteriores al cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban presentarse con o sin dictamen de auditores externos. A partir de la gestión 1995 inclusive, se establecen las siguientes fechas de cierre de gestión según el tipo de actividad:

- 31 de marzo: Empresas industriales y petroleras.

- 30 de junio: Empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriales.