AS/0083/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:83/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:38/2024

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Extradición.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTES

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Embajada de la República del Perú contra Wilfredo Díaz Antezana.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADA TRAMITADORA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Norma Velasco Mosquera.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">:04 de junio de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA. La solicitud de extradición del ciudadano peruano Wilfredo Díaz Antezana; la Nota Clasificación: MUY URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-1549/2025 de 5 de mayo, remitida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores; el Tratado de Extradición entre la República de Bolivia (ahora Estado Plurinacional de Bolivia) y la República del Perú ratificado mediante Ley 2776 de 7 de julio de 2004; el Dictamen del Fiscal General del Estado y los antecedentes del proceso.

CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia remite la Nota Clasificación: MUY URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-1549/2025 de 5 de mayo (fs. 832), haciendo conocer la Nota 5-7-M/181 de 24 de abril de 2025 (fs. 830), proveniente de la Embajada de la República del Perú, acompañando la solicitud de extradición del ciudadano peruano Wilfredo Díaz Antezana (fs. 818 a 827) a la que se adjuntan los antecedentes del proceso penal.

CONSIDERANDO II: AUTO SUPREMO QUE DETERMINÓ LA DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

Mediante el Auto Supremo 299/2024 de 23 de octubre (fs. 74 a 76) se determinó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano peruano Wilfredo Díaz Antezana.

CONSIDERANDO III: ANTECEDENTES PENALES DEL EXTRADITABLE.

Conforme a lo ordenado por el Auto Supremo 299/2024 de 23 de octubre (fs. 74 a 76), los Tribunales Departamentales de Justicia informan la inexistencia de proceso penal alguno instaurado en la justicia penal boliviana contra el sujeto extraditable Wilfredo Díaz Antezana pendientes o en trámite (fs. 176 a196 [Tarija], fs. 201 a 247 [Cochabamba], fs. 250 a 258 [Potosí]; fs. 260 a 298 [Beni]; fs. 299 a 337 [Oruro]; fs. 340 a 396 [Chuquisaca]; fs. 397 a 453 [La Paz]; fs. 589 a 594 [Pando]; y, fs. 597 a 689 [Santa Cruz] del expediente).

El Consejo de la Magistratura mediante Certificación informa a través de la Dirección Nacional del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) de 25 de noviembre de 2024 (fs. 172), que Wilfredo Díaz Antezana con Cédula de Ciudadanía 10503761 no registra antecedente penal referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso.

CONSIDERANDO IV: DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

Conforme se tiene del Auto Supremo 299/2024 de 23 de octubre (fs. 74 a 76). A solicitud de la Embajada de la República del Perú se dispuso la Detención Preventiva con Fines de Extradición del ciudadano peruano Wilfredo Díaz Antezana facultando al Juez Cautelar de Turno en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a expedir el mandamiento de detención preventiva, que podría ser ejecutado en el territorio nacional con el auxilio de la INTERPOL y la Policía Boliviana.

Dando cumplimiento al referido Auto Supremo 299/2024, el Juez de Instrucción Cautelar, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz (Autoridad Comisionada), emitió el Auto Interlocutorio 565 de 29 de noviembre de 2024, ordenó se expida el mandamiento de detención preventiva contra el ciudadano peruano Wilfredo Díaz Antezana, mismo que fue librado remitiéndose una copia legalizada a la Dirección Departamental Santa Cruz de la Policía Boliviana, a la Dirección de la INTERPOL y al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz (fs. 457 a 461).

En ese orden, el 10 de febrero de 2025, el Investigador de INTERPOL Santa Cruz informa al Jefe Operativo de INTERPOL Santa Cruz, que se procedió a la ejecución del mandamiento de detención preventiva con fines de extradición del ciudadano peruano Wilfredo Diaz Antezana, a quien se le advirtió de sus derechos y garantías constitucionales y de los plazos procesales para asumir defensa, siendo notificado el nombrado con una copia del mencionado Auto Supremo y Mandamiento de Detención Preventiva con Fines de Extradición, firmando en constancia (fs. 468 a 469); circunstancia y documentales puestos a conocimiento de la Autoridad Comisionada mediante Nota Cite: Oficio Nro. I-79/2025 de 13 de febrero, emitido por el Comandante Departamental Santa Cruz a.i. de la Policía Boliviana, haciendo conocer que “…en cumplimiento a Mandamiento de Detención Preventiva con Fines de Extradición del ciudadano DIAZ ANTEZANA Wilfredo, emitido por el Dr. Helver Cabrera Vásquez JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES N°6 DE LA CAPITAL, remito INFORME elaborado por el Cap. Fabio Quiroga Medrano INVESTIGADOR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTERPOL SANTA CRUZ, en relación a la EJECUCION del MANDAMIENTO DE DETENCION PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN del AM. Quien al presente guarda detención preventiva en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz ‘Palmasola”’ (sic [fs. 468 a 489]); antecedentes que fueron puestos a conocimiento de la República Requirente (Embajada de la República del Perú) a través del Ministerio de Relaciones Exteriores dispuesto mediante providencia de 19 de marzo de 2025 (fs. 498 y 500 vta.).

CONSIDERANDO V: DICTAMEN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO.

El Dictamen FGE/RRMM 15/2025 de 3 de junio, emitido por el Fiscal General del Estado (fs. 865 a 867 vta.) refiere que, habiendo evidenciado el cumplimiento de los requisitos señalados en la normativa internacional y nacional, establecidos en el art. 157 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y el Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República de Bolivia (hoy Estado Plurinacional), en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad al amparo de los arts. 225 de la Constitución Política del Estado (CPE), 158 del CPP y 30.29 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) resuelve “…el suscrito Fiscal General del Estado REQUIERE se declare PROCEDENTE la EXTRADICION del ciudadano peruano Wilfredo Díaz Antezana, con Cédula de Ciudadanía 10503761, nacido el 13 de abril de 1967, conforme señala el Art. 150 del Código de Procedimiento Penal boliviano (CPPb)” (sic).

CONSIDERANDO VI: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS.

Conforme a lo previsto por el art. 184.3 de la CPE, concordante con los arts. 50.3 del CPP y 38.2 de la LOJ, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, es competente para conocer y sustanciar las solicitudes de extradición en única instancia.

El art. 138 del CPP, respecto a la cooperación internacional, establece: “Se brindará la máxima asistencia posible a las solicitudes de las autoridades extranjeras, siempre que lo soliciten conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las disposiciones de esta Código. La solicitud de cooperación será presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que la pondrá en conocimiento de la autoridad competente”.

La extradición es un procedimiento solemne y formal, regida por requisitos y reglas previstas en un tratado o convenio bilateral o multilateral específico o en su ausencia por el principio de reciprocidad, que permite la entrega por un Estado (el Estado requerido) de un individuo que se encuentra en su territorio, a otro Estado (el Estado requirente), a los fines de ser sometido a un proceso judicial o a la ejecución de una pena impuesta en su contra.

En ese sentido, los tratados internacionales se constituyen en fundamento legal esencial de la Cooperación Penal Internacional en todo el mundo y ante su ausencia, debe primar el principio universal de reciprocidad, el cual cobra especial relevancia; en ese sentido, en la cooperación internacional, los tratados son el más formal de los instrumentos que se puede utilizar tanto en casos de asistencia jurídica, como de extradiciones, cooperación internacional por excelencia, cobrando relevancia en ese contexto lo previsto en el art. 255.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que señala: “I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo.”, disposición concordante con el art. 257.I de la CPE, que determina: “I. los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley.”

Ahora bien, el art. 3 del Código Penal (CP), señala: “Ninguna persona sometida a la jurisdicción de las leyes bolivianas podrá ser entregada por extradición a otro Estado, salvo que en un tratado internacional o convenio de reciprocidad disponga lo contrario. La procedencia o improcedencia de la extradición será resuelta por la Corte suprema. En caso de reciprocidad, la extradición no podrá efectuarse si el hecho por el que se reclama no constituye un delito conforme a la ley del Estado que pide la extradición y del que la debe conceder.”

Así también, el art. 149 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dispone: “La extradición se regirá por las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y subsidiariamente por las normas del presente Código o por las reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable”.

Por su parte, el art. 150 del CPP, en cuanto a la procedencia de la extracción, dispone: "Procederá la extradición por los delitos que en la legislación de ambos Estados, se sancionen con penas privativas de libertad cuyo mínimo legal sea de dos o más años y tratándose de nacionales cuando el mínimo legal sea superior a dos años. La extradición de una persona para el cumplimiento de una pena en el Estado requirente, será procedente cuando quede por cumplir por lo menos un año de la condenó”.

La normativa nacional determina criterios que deben ser cumplidos para que se procese una solicitud de extradición; así el art. 157 del CPP, establece: "Toda solicitud de extradición será presentada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, acompañada de la identificación más precisa de la persona extraditable, de los datos que contribuyan a determinar el lugar en el que se encuentre y del texto autenticado de la disposición legal que tipifica el delito. Toda la documentación exigida deberá acompañarse de una traducción oficial al idioma español. Cuando la persona esté procesada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la resolución judicial de imputación que contenga la tipificación del delito, incluyendo una referencia al tiempo y lugar de su comisión y del mandamiento de detención emitido por una autoridad judicial competente. Cuando la persona haya sido condenada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la sentencia condenatoria y la certificación correspondiente a su ejecutoria señalando, en su caso, el resto de la pena que le quede por cumplir".

Las relaciones internacionales en materia de extradición entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Perú como país requirente se encuentran regidas por el Tratado de Extradición suscrito por la República de Bolivia (ahora Estado Plurinacional) y la República del Perú el 27 de agosto de 2003, ratificado por nuestro país mediante Ley 2776 de 7 de julio de 2004 y por Perú mediante Decreto Supremo 005-2007-RE de 17 de enero de 2007.

Tratado de Extradición que en su Artículo II señala: “…DELITOS QUE DAN LUGAR A LA EXTRADICIÓN. 1.- Darán lugar a la extradición los delitos punibles con pena máxima privativa de libertad superior de dos años o una pena más grave, conforme a la legislación de ambos Estados Contratantes. 2.- También dará lugar a la extradición la tentativa en la comisión de los delitos a que se hace referencia en el párrafo 1, la confabulación o agrupación destinada a cometerlos, así como la participación y asociación en los mismos. 3.- Para efectos del presente artículo, un delito dará lugar a la extradición independientemente de: a. que las leyes de los Estados Contratantes clasifiquen el delito en diferente categoría, o lo tipifiquen con distinta terminología; siempre que la conducta subyacente se considere delictiva en ambos Estados…”.

Asimismo, el referido Tratado de Extradición para la procedencia de la solicitud de extradición requiere que se cumpla con lo siguiente: “ARTÍCULO VI SOLICITUD DE EXTRADICIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 1. La solicitud de extradición será formulada en todos los casos por escrito y remitida por conducto diplomático. 2. Toda solicitud de extradición irá acompañada de: a. los documentos, declaraciones u otro de tipo de información que describan la identidad y probable paradero de la persona reclamada; b. exposición de los hechos delictivos y la historia procesal del caso; c. textos de las disposiciones legales que tipifiquen el delito por el cual se solicita la extradición y las penas correspondientes; d. textos de las disposiciones legales que indiquen que ni la acción penal ni la pena han prescrito en la Parte requirente; y e. los documentos, declaraciones, u otro tipo de información especificada en el numeral 3 o 4 de este Artículo, según corresponda. 3. La solicitud de extradición que se refiera a una persona imputada por la comisión de un delito deberá también ir acompañada de: a. una copia del mandamiento u orden de detención emanado de un juez u otra autoridad competente; b. una copia del documento de imputación; y c. las pruebas que serían suficientes para justificar la remisión de la persona reclamada a los tribunales si el delito hubiese sido cometido en el Estado requerido. 4. Si la solicitud de extradición se refiriese a una persona declarada culpable o condenada pro el delito por el cual se solicita la extradición, la solicitud deberá también ir acompañada de: a. copia del fallo condenatorio o, si tal no existiese, constancia dictada por autoridad judicial competente que la persona reclamada ha sido declarada culpable; b. información que demuestre que la persona reclamada es la misma a quien se refiere la declaración de culpabilidad; y c. si la persona reclamada ha sido condenada, copia de la sentencia dictada, y si fuere el caso, constancia de la parte de la condena que ha sido cumplida…” (negrillas añadidas).

Por su parte, el Tratado de Extradición supra señalado en su Artículo IX señala: “…DECISIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN Y ENTREGA DEL EXTRADITABLE. 1. El Estado requerido tramitará la solicitud de extradición de conformidad con el procedimiento establecido en su legislación así como en este Tratado, y comunicará sin demora al Estado requirente, por la vía diplomática, la decisión que adopte respecto a tal solicitud. 2. Concedida la extradición, los Estados Contratantes convendrán la fecha y el lugar para la entrega del extraditable. Si esta persona no hubiese sido trasladada del Estado requerido en el plazo establecido por su legislación, podrá ser puesta en libertad, pudiendo el Estado requerido posteriormente denegar la extradición por el mismo delito. 3. En caso que circunstancias imprevistas impidan la entrega del extraditable, el Estado Contratante afectado informará al otro Estado, y se acordará una nueva fecha para la entrega, en armonía con la legislación del Estado requerido. 4. Denegada la extradición, total o parcialmente, el Estado requerido proporcionará una explicación fundamentada de su negativa y, a solicitud del Estado requirente, remitirá copia de la resolución pertinente”.

CONSIDERANDO VII: RESOLUCIÓN DEL CASO.

Realizada la revisión de antecedentes concernientes a la solicitud de Extradición y la documentación adjunta, a los fines del cumplimiento de los requisitos exigidos en el Acuerdo de Extradición entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Perú se tiene lo siguiente:

1. La Nota 5-7 M/ 181 de 24 de abril de 2025, emitida por la Embajada de la República del Perú remite la solicitud de extradición activa del ciudadano peruano Wilfredo Díaz Antezana formulada por el Sexto Juzgado Penal Liquidador y actualmente Vigésimo Noveno Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima, por la presunta comisión del delito de estafa agravada; solicitud realizada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.

2. De las literales acompañadas a la solicitud de extradición se tiene: a) La Sentencia de 28 de marzo de 2022, emitida por el Juez Titular 6° del Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Supremo de Justicia de Lima, disponiendo en la parte resolutiva que: “…FALLA: CONDENANDO a FABIOLA LEDESMA ALCANTARA y WILFREDO DIAZ ANTEZANA como autores del delito contra El Patrimonio – ESTAFA AGRAVADA en agravio de Gisela Rodríguez Nieto de Sánchez y Carlos Alberto Sánchez Sotomayor, como tal se les impone CINCO AÑOS CON CUATRO MESES de pena privativa de Libertad EFECTIVA, las mismas empezara a computarse desde el día de sus capturas, debiendo oficiarse para la inmediata ubicación y captura; una vez puestos que sean a disposición de este Juzgado se procederá a su internamiento en el establecimiento penitenciario respectivo…” (sic [fs. 713 a 731]); apelada la referida Sentencia la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió la Resolución 548 de 23 de septiembre de 2022, resolviendo: “…CONFIRMAR: La sentencia de fecha 28 de marzo de 2022, emitida por el señor Juez del Sexto Juzgado Penal Liquidador de Lima, (…) en el extremo que Falla: Condenando a Fabiola Ledesma Alcántara y Wilfredo Díaz Antezana como autores del delito contra El Patrimonio – Estafa Agravada, en agravio de Gisela Rodríguez Nieto de Sánchez y Carlos Alberto Sánchez Sotomayor…” (sic [fs. 732 a 758]); en vista a esos fallos emitidos, la Juez 6° del Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante Oficio 9327-2018-6TO.JPL-MQT-MCC de 5 de junio de 2023 dirigida al Director Ejecutivo de la Organización Internacional de la Policía Criminal – INTERPOL, solicita la inmediata ubicación, captura a nivel internacional con miras de su detención de Wilfredo Diaz Antezana, nacido el 13 de abril de 1967, en Huancavelica – Tayacaja – Colcabamba, de nacionalidad Peruana, con Documento de Identidad: 10503761, Características Físicas: contextura gruesa, cabello negro corto, tez trigueña, 1,608 ctms de estatura, no presenta señas particulares; fecha de comisión del delito 10 de marzo de 2014, penalidad: cuatro años de pena privativa de libertad efectiva.

3. Cursa Oficio 5817-2025-MP-FN-OC-JIE-E2 (EXT 119-2024) de 4 de abril de 2025 emitida por el Fiscal Provincial de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación remitiendo a folios 134 la solicitud de extradición activa del ciudadano peruano Wilfredo Díaz Antezana formulada por el Sexto Juzgado Penal Liquidador, actualmente Vigésimo Noveno Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima, para cumplir la pena impuesta por la comisión del delito de estafa agravada aprobada mediante Resolución Supremo 061-2025-JUS publicada el 4 de abril de 2025 (fs. 693 a 694 vta.); en ese sentido, se acompaña la Solicitud de Extradición Activa emitida por el Juez Sexto Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima (fs. 699 a 712) señalando: a) La Descripción de la Persona Reclamada: Wilfredo Díaz Antezana; fecha de nacimiento: 13 de abril de 1967; nombre de los progenitores del nombrado: Donato y Hermelinda; lugar de nacimiento: Colcabamba – Tayacaja – Huancavelica; Cédula de Ciudadanía: 10503761; Descripción Física: De1.60 m. de estatura, tez trigueña oscura, cabello negro corto, nariz ancha, frente amplia, cejas poco pobladas; delito imputado: Estafa Agravada; b) Paradero de la Persona Reclamada: Según información de la INTERPOL el requerido Wilfredo Díaz Antezana se encuentra en la ciudad de Santa Cruz – Bolivia teniendo vigentes ordenes de captura en contra del nombrado debido a que cuenta con Sentencia condenatoria de carácter efectiva; c) Exposición de los Hechos: “Se imputa a los procesados Sotomayor y Gisela Rodríguez Nieto, al haber inducido en error a los agraviados Gisela Rodríguez Nieto Sánchez y Carlos Alberto Sánchez Sotomayor, al hacerles creer que adquirían la posesión de dos predios libres cuando en realidad dichos predios estaban judicializados, teniendo un proceso de usurpación, habiéndoles causado un perjuicio económico a los agraviados de US$270.000.00 dólares americanos (…) dicha transferencia se realizó sólo con la procesada Fabiola Ledesma Alcántara, toda vez que el predio materia de denuncia se lo transfirió su esposo Wilfredo Díaz Antezana a inicios de 2012, empero ambos procesados han participado en la venta de dicho predio, siendo que los agraviados, pagaron por el valor de los predios la suma de US$270,000.00 dólares americanos, suma de dinero que fuera pagado en su totalidad mediante cheques (…) los procesados Fabiola Ledesma Alcántara y Wilfredo Díaz Antezana, tenían conocimiento que sobre el predio existía un proceso penal, signado con el expediente N° 489-2012 seguido por Mardominio Feliciano Sotomayor Huamancayo- contra Antonio Salinas Urfano y María Ylda Villavicencio Valdivia, por el delito de usurpación agravada (…) Es así que el día 20 de abril de 2017, concurrieron el inmueble que adquirieron los agraviados Gisela Rodríguez Nieto de Sánchez y Carlos Alberto Sánchez Sotomayor, personal del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, con el fin de llevar a cabo la diligencia de lanzamiento, donde recién los agraviados tomaron conocimiento de la existencia un proceso penal de lanzamiento que se llevó a cabo, con el cual perdieron la posesión que con engaños le habían transferidos los procesados. Formulando acusación contra Ledesma Alcántara y Wilfredo Díaz Antezana como autores del delito contra El Patrimonio – Estafa Agravada (…) solicitando se les imponga cinco años con cuatro meses de pena privativa de libertad…” (sic); d) Ley infringida: El delito por el cual se solicita la detención preventiva de Wilfredo Díaz Antezana esta previsto y sancionado en los arts. 196° y 196°A del Código Penal peruano; en el Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra tipificado en el art. 335 del CPb; e) Respecto a la Conminación Penal: Wilfredo Díaz Antezana ha sido condenado como autor del delito contra El Patrimonio – Estafa Agravada en agravio a Gisela Rodríguez Nieto Sánchez y Carlos Alberto Sánchez Sotomayor a una pena de cuatro años de pena privativa de libertad efectiva; e) Vigencia y Declaración de No Prescripción de la Acción Penal: El art. 518° literal “b” del Código Procesal Penal el juez penal se encuentra habilitado para ejecutar la sanción penal contra Wilfredo Diaz Antezana, puesto que el plazo de prescripción de la pena conforme señala el art. 86° y 87° del CP peruano se computa en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito; es así que el delito de Estafa Agravada tiene el parco penal abstracto no menor de 4 ni mayor de 8 años de pena privativa de libertad, siendo este el plazo de prescripción ordinario, siendo el de la prescripción extraordinaria 12 años, por lo que al quedar firme Sentencia con fecha 26 de septiembre de 2022, la República del Perú se encuentra expedita para ejecutar la sanción penal; f) Principio de Doble Incriminación: la extradición activa del ciudadano Wilfredo Díaz Antezana cumple con el principio de doble incriminación, debido a que los hechos fácticos que se le atribuyen califican como delitos tanto en el Perú (estafa agravada) como en el Estado Plurinacional de Bolivia; y g) Declaración de la existencia de una orden de captura: mediante Sentencia de 28 de marzo de 2022, se condenó a Wilfredo Díaz Antezana como autor del delito contra El Patrimonio – Estafa Agravada, a cinco años con cuatro meses de pena privativa de libertad efectiva y ciento veintiséis días multa; fallo que en apelación, se emitió la Resolución de 26 de septiembre de 2022, confirmando la referida Sentencia revocando en los extremos del quantum de la pena y pena multa impuesta a cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva, la misma que empezará a computar desde el día de su captura, debiendo oficiarse para la inmediata ubicación y captura; para tal efecto, debiéndose oficiar a las autoridades competentes, asimismo, se han girado las órdenes de captura a nivel nacional e internacional mediante la INTERPOL – Lima.

4. Finalmente, cursa la Resolución Consultiva de 14 de marzo de 2025, emitida por la Sala Penal Permanente, Extradición Activa 18-2025/Lima, que en su parte resolutiva “…DECLARARON PROCEDENTE la solicitud de extradición activa formulada por el Sexto Juzgado Penal Liquidador-Sede Alimar de la Corte Superior de Justicia de Lima, dirigida a las autoridades competentes del Estado Plurinacional de Bolivia, respecto al ciudadano peruano Wilfredo Díaz Antezana, a fin de que se cumpla la condena impuesta por el delito de estafa agravada, en perjuicio de Gisela Rodríguez Nieto de Sánchez y Carlos Alberto Sánchez Sotomayor…” (sic).

En tal sentido, se concluye que el Estado Requirente dio cumplimiento con los presupuestos procesales establecidos en el Tratado de Extradición suscrito entre Bolivia y Perú suscrito el 27 de agosto de 2003, ratificado por nuestro país, mediante Ley 2776 de 7 de julio de 2004, concordante con el art. 150 del CPP; no existiendo causas que hagan improcedente la solicitud formulada por el Estado Requirente; en consecuencia, corresponde declarar la procedencia de la solicitud de extradición que cursa en obrados y ordenar la extradición Wilfredo Díaz Antezana, sujeto reclamado de extradición, sea con ejecución inmediata.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida en los arts. 184.3 de la CPE, 38.2 de la LOJ, 50.3 y 150, 157 y 158 del CPP, y los Artículos II y VI del Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República de Bolivia (ahora Estado Plurinacional) de 27 de agosto de 2003, ratificado por nuestro país mediante Ley 2776 de 7 de julio de 2004 y por Perú mediante Decreto Supremo 005-2007-RE de 17 de enero de 2007, FALLA DECLARANDO PROCEDENTE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN del ciudadano Wilfredo Díaz Antezana de nacionalidad peruana, fecha de nacimiento 13 de abril de 1967, lugar de nacimiento Colcabamba – Tayacaja – Huancavelica, Cédula de Ciudadanía 10503761, para que sea entregado de manera inmediata conforme las formalidades legales, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Embajada de la República del Perú.

Para cuyo efecto, se ordena se oficie al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para que comisione al Juez de Instrucción Cautelar, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz (Autoridad Comisionada), emita el correspondiente Mandamiento de Excarcelación, para la entrega del sujeto extraditable a la República Requirente, sea a través de los órganos competentes del Órgano Ejecutivo.

Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y por su intermedio a la Embajada de la República del Perú para los fines consiguientes y de conformidad a lo ya previsto.

Regístrese, notifíquese, cúmplase.

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Texto del fallo

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