AS/0087/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 87/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 17/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Recurso de Casación

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTES

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Grusamar Ingeniería y Consulting S.L.U. Sucursal Bolivia contra Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADA TRAMITADORA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Norma Velasco Mosquera.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">: 18 de junio de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS: El Recurso de Casación (fs. 544 a 551) interpuesto por la Administración Boliviana de Carreteras (ABC) a través de sus representantes legales, impugnando la Sentencia 56/2024 de 4 de mayo, pronunciada por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia (fs. 456 a 465), dentro del proceso contencioso seguido por la empresa Grusamar Ingeniería y Consulting S.L.U. Sucursal Bolivia contra la entidad recurrente; el Auto de 13 de enero de 2025, que concedió el Recurso de Casación ante la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia (fs. 561), la nota de remisión (fs. 563); y los antecedentes del proceso.

CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. La empresa Grusamar Ingeniería y Consulting S.L.U. Sucursal Bolivia, interpuso demanda contenciosa contra la ABC (fs. 153 a 160) en mérito a la prestación del Servicio de Atención Vial Proyecto Potosí - Tarija (Labores de Supervisión) adjudicada a esa empresa, solicitando se declare probada la misma y se determine: a) Que el Contrato ABC 434/16 GNT-SCT-CON-OTPRO se encuentra resuelto a raíz del incumplimiento de la ABC por falta de pago por los servicios prestados por la empresa; b) Se declare el incumplimiento de la ABC de la obligación emergente de la “Cl 29” del Contrato relativo al pago de los saldos adeudados a su favor; c) Se determine la existencia de una obligación de pago exigible a la ABC por el monto de Bs207.125,05 (doscientos siete mil ciento veinticinco 05/100 bolivianos) a favor de la empresa por los servicios prestados y no pagados por la ABC; d) Se ordene a la ABC pague a su favor la mencionada suma de dinero; e) Se ordene a la ABC la devolución de las boletas de garantía bancaria vigentes en el Contrato; y, f) Se ordene a la ABC a pagar a la empresa los intereses moratorios aplicables del saldo adeudado computables a partir de la mora, es decir, 20 de marzo de 2020.

2. La ABC a través de sus representantes legales, se apersonó al proceso, contestó negativamente la demanda presentada por la empresa Grusamar Ingeniería y Consulting S.L.U. Sucursal Bolivia (fs. 215 a 220 vta.), solicitando se declare improbada la demanda principal en todas sus partes por haberse evidenciado que la misma se fundamenta en hechos alejados de la verdad material.

3. Asumida la competencia por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, emitió la Sentencia 56/2024 de 4 de mayo (fs. 456 a 465) declarando: “…PROBADA en parte la demanda contenciosa de fs. 153 a 166, presentada por Grusamar Ingeniería y Consulting SLU Sucursal Bolivia; en consecuencia, se dispone:

1. La legalidad de la resolución de Contrato de Control y Monitoreo ‘Servicios de Atención Vial Proyecto Potosí – Tarija (Labores de Supervisión)’, efectivizado por Grusamar Ingeniería y Consulting SLU Sucursal Bolivia, porque la Administradora Boliviana de Caminos, no pagó el Certificado de Pago N° 9 debidamente aprobado por el FISCAL DE OBRA.

2. La Administradora Boliviana de Caminos y Grusamar Ingeniería y Consulting SLU Sucursal Bolivia, deben cumplir el procedimiento y formalidades en el numeral 20.3 de la Cláusula Vigésima del Contrato Administrativo, para concluir administrativamente la relación contractual y en su caso pagar la suma de Bs207.125,50 demandada por Grusamar Ingeniería y Consulting SLU Sucursal Bolivia y reconocida expresamente por la Administradora Boliviana de Caminos en el trámite del proceso.

3. El rechazo del pago de intereses solicitado por Grusamar Ingeniería y Consulting SLU Sucursal Bolivia; toda vez que, dejó caducar su derecho a reclamar su pago de acuerdo a lo estipulado en el Contrato Administrativo.

4. La devolución de la Boleta o Boletas de Garantía Bancaria que se encuentren vigentes.

Sin costas, ni costos, en aplicación de los arts. 39 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del DS N° 23215 de 22 de julio de 1992” (sic).

CONSIDERANDO II: CONSIDERACIONES LEGALES

En el marco de lo preceptuado en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, por el cual las partes pueden solicitar a otro juzgador superior que revise la resolución del inferior con la finalidad de que se fiscalice no sólo la decisión asumida sino también su legalidad. En ese marco, el art. 5.I.2 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014 -Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo-, dispone que contra la resolución que resuelva el proceso contencioso, procederá el Recurso de Casación, estableciendo que en los procesos contenciosos tramitados en las Salas Contenciosas, Contenciosas Administrativas, Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Recursos de Casación serán resueltos por la Sala Plena de este Tribunal; el art. 4 de la misma Ley, refiere que para la tramitación de los procesos contenciosos se aplicarán los arts. 775 al 781 del Código de Procedimiento Civil, hasta que sean regulados por Ley, como jurisdicción especializada.

Al presente, en vigencia el Código Procesal Civil (CPC), la Disposición Abrogatoria Segunda que abrogó el Código de Procedimiento Civil y la Disposición Transitoria Sexta, dispuso: “Al momento de la vigencia plena del Código Procesal Civil, en los procesos en trámite, en segunda instancia y en casación, se aplicará lo dispuesto en el presente Código”; en mérito al análisis precedente, aplicando lo establecido en el art. 277.I del CPC, corresponde realizar el examen de admisibilidad respecto al recurso de casación interpuesto.

ANALISIS DE ADMISIBILIDAD

En aplicación de la normativa citada, se establece lo siguiente:

1.- Se verifica que el Recurso de Casación (fs. 544 a 551) fue presentado ante la Sala Contenciosa que emitió la Sentencia, dentro del plazo de 10 días previsto en el art. 273 del CPC, conforme se tiene del timbre de recepción presentado en Plataforma del Tribunal Supremo de Justicia, cumpliendo a cabalidad el art. 274.I.1 del CPC.

2.- Identifica como resolución recurrida a la Sentencia 56/2024 de 4 de mayo (fs. 456 a 465), cumpliendo con el art. 274.I.2 del CPC.

3.- Analizado el contenido del Recurso de Casación (fs. 544 a 551), acusa que:

Primer motivo: La Sentencia únicamente se sustentó en realizar la valoración de la prueba del Informe INF/GTJ/RTE/2022-0225 de 18 de marzo de 2022, dando entender que solo se presentó esa prueba, sin considerar el Certificado N° 9 que se devolvió a la empresa al incumplir con las obligaciones administrativas necesarias para su pago, aceptadas y consensuadas en el contrato, existiendo esas observaciones se devolvió el referido Certificado, ya que no se adjuntaron copias de la boleta de garantía de correcta inversión actualizada, que no fue renovada por la empresa, requisito indispensable para procesar el pago de ese Certificado; y además, la empresa presentó la factura en diciembre de 2017, después de 6 meses de haberse presentado por primera vez el referido Certificado.

Segundo motivo: No se emitió ningún pronunciamiento con relación a la Nota ABC/GTJ/RTE/2020-0204 de 16 de julio de 2020, a través del cual devolvió el Certificado de Pago N° 10, para que el mismo se corrija y actualice el monto referente a este Certificado, debido a una multa existente, que fue producto de una llamada de atención; la Nota ABC/GTJ/RTE/2022-0161 de 30 de marzo de 2022, que reitera la corrección del mencionado Certificado de Pago; y, la Nota ABC/GTJ/RTE/2022-0272 de 30 de junio de 2022, que proceda a corregir y presentar nuevamente el Certificado N° 10, empero no lo hizo la empresa; Notas que fueron presentadas y desglosadas en el memorial de ofrecimiento de prueba por la ABC, por ello, se demuestra la inexistente y errónea valoración probatoria; puesto que, la Sentencia se basó en el Informe INF/GTJ/RTE/2022-0225 de 18 de marzo de 2022; no siendo cierto lo alegado por los Magistrados que no se hubiera aportado prueba para que acredite el pago del Certificado N° 10; sin embargo, se devolvió ese Certificado para su corrección del monto, y hasta la fecha no fue corregido menos presentado ante la ABC; por lo que las mencionadas Notas no fueron valoradas correctamente ni tomadas en cuenta ocasionando la vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso en cuanto a la valoración de la prueba.

Tercer motivo: La Sentencia 56/2024 vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, puesto que, en el referido fallo se indica que, se cumplió con las formalidades y procedimiento estipulado en el Contrato administrativo, para luego manifestar (punto 2 de la parte resolutiva) que no corresponde emitir pronunciamiento con relación al procedimiento y formalidades para procesar los pagos y fijar que se pague a la empresa demandante, tampoco debe obviarse que sí la ABC no procesó los pagos, no fue porque no quiso sino, porque la empresa no cumplió con sus obligaciones contractuales administrativas; es decir, las obligaciones administrativas del Contrato; en ese mérito, la Sentencia carece de fundamentación y congruencia, lo que transgrede también el principio de legalidad, haciendo referencia a la SCP 0498/2018-S1 de 12 de septiembre. Concluyendo que los Magistrados dejaron de lado el principio de igualdad de las partes, ya que se fijó un monto erróneo a cancelar, cuando lo que correspondía era que se disponga la conciliación de saldos y la elaboración de la planilla de liquidación final. Cumpliendo así con lo previsto en el art. 274.I.3 del CPC.

Por lo expuesto, se consideran cumplidos los requisitos de admisibilidad exigidos por el art. 274 del adjetivo civil.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE, 5.1.2 de la Ley 620 y 277.I del CPC, ADMITE el Recurso de Casación interpuesto por la Administradora Boliviana de Carreteras a través de sus representantes legales (fs. 544 a 551).

Por consiguiente, pase a Secretaría de Sala Plena para la prosecución del trámite y espere turno para sorteo.

No interviene el Magistrado Carlos Alberto Egüez Añez, al haber suscrito la Sentencia 56/2024 de 4 de mayo, pronunciada por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Romer Saucedo Gómez

PRESIDENTE

Rosmery Ruiz Martínez

DECANA

Mostrando 90 de 179 parrafos.

Texto del fallo

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