AS/0091/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 091/2025

Fecha: 11 de febrero de 2025

Expediente: CH-129-24-S

Partes: Ángel José Miguel Espada Bustillo, representado legalmente por Alfredo Gutiérrez Martínez, Bismarck Darío Solíz Núñez, Daniel Castro Duarte y Giovanni Daza Medrano c/ Hernán Challhua Montaño y Marina Mostacedo Sayhua de Challhua.

Proceso: Eficacia de contradocumento y cumplimiento de contradocumento, más

calificación de daños y perjuicios.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 532 a 542, interpuesta por Hernán Challhua Montaño y Marina Mostacedo Sayhua de Challhua contra el Auto de Vista Nº 401/2024, de 07 de octubre, corriente de fs. 524 a 530, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de eficacia de contradocumento y cumplimiento de contradocumento más calificación de daños y perjuicios, seguido por Ángel José Miguel Espada Bustillo, representado legalmente por Alfredo Gutiérrez Martínez, Bismarck Darío Soliz Núñez, Daniel Castro Duarte y Giovanni Daza Medrano contra Hernán Challhua Montaño y Marina Mostacedo Sayhua de Challhua; la contestación de fs. 546 a 547 vta.; el Auto de concesión de 04 de noviembre de 2024, visible a fs. 548, el Auto Supremo de admisión N° 1315/2024-RA, de 11 de noviembre, obrante de fs. 553 a 555, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Ángel José Miguel Espada Bustillo, representado legalmente por Alfredo Gutiérrez Martínez, Bismarck Darío Soliz Núñez, Daniel Castro Duarte y Giovanni Daza Medrano, por memorial de demanda que discurre de fs. 30 a 35, subsanado a fs. 38, promovió el proceso ordinario de eficacia de contra documento y cumplimiento de contra documento más calificación de daños y perjuicios contra Hernán Challhua Montaño y Marina Mostacedo Sayhua de Challhua, quienes una vez citados, se apersonaron, contestaron a la demanda en forma negativa, e interpusieron demanda reconvencional de eficacia de minuta de compra venta de lote de terreno con certificación de reconocimiento de firmas y rúbricas de fecha 24 de abril de 2019, e ineficacia de documento privado de compromiso de venta de Lote de terreno con certificación de reconocimiento de firmas y rúbricas, que por Auto de 06 de septiembre de 2023 cursante a fs. 95 vta., se declaró por no presentada; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 114/2024, de 18 de junio, que cursa de fs. 431 vta. a 436 vta., en la que el Juez Público Civil y Comercial 1° de la ciudad de Sucre, declaró PROBADA la demanda de eficacia de contradocumento y su cumplimiento a través de contrato simulado, más la calificación de daños y perjuicios, disponiendo que la parte demandada en el plazo de 3 días efectué el pago de la suma de $us. 25.795., y, en ejecución de sentencia se efectué la reducción de la suma de Bs. 2.000.- (dos mil 00/100 bolivianos), calificándose como daños y perjuicios un interés del 6% anual sobre el saldo del monto a cancelarse.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por la Agencia Estatal de Vivienda representado por Bryan España Flores; según memorial de fs. 448 a 450; y Hernán Challhua Montaño y Marina Mostacedo Sayhua de Challhua, según memorial de fs. 459 a 468 vta., originó que la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emita el Auto de Vista N° 401/2024, de 07 de octubre, corriente de fs. 524 a 530, que CONFIRMÓ la Sentencia, en base a los siguientes argumentos:

En cuanto al recurso de apelación de la Agencia Estatal de Vivienda.

En cuanto al primer agravio, referido a que el demandado fue beneficiado con una vivienda social, inmueble que constituye patrimonio del Estado al haberse invertido recursos del mismo, expresó que tal argumento no pude ser acogido, debido a que la participación de la Agencia Estatal de Vivienda se limita a la calidad de tercero interesado, en ese sentido el reclamo que trae no es motivo de discusión y menos de resolución.

En relación al segundo agravio, referida a que la sentencia no cumple con el principio de congruencia, declara también que no puede ser acogido por cuanto este tema ya fue abordado al momento de resolver la apelación interpuesta por la parte demandada.

Respecto al recurso de apelación interpuesta por Hernán Challhua Montaño y Marina Mostacedo Sayhua de Challhua

En relación al primer agravio, referido a la errónea interpretación de los hechos, sana crítica y prudente criterio, respecto al documento de fecha 26 de abril de 2019 (minuta de compra venta de lote de terreno que hubiera extinguido el derecho propietario del demandante), expresa que los demandados no registraron su derecho propietario en Derechos Reales, que demuestre que se cambió de propietario el bien y de esa forma se extinguió el derecho del actor; de haberse supuestamente extinguido, no habría existido la necesidad de suscribir el documento de compromiso de venta del mismo día con el respectivo reconocimiento de firmas y rúbricas; es decir, ambos contratantes ya sabían de la existencia de ambos documentos, por lo que no resulta coherente el reclamo traído.

En relación a la falta de objeto, consentimiento, causa, forma y conexitud con el primer documento, no se advierte lo señalado por la parte demandada, toda vez que se observa una causa (finalidad de adquirir la propiedad a cambio de un monto de dinero); existe un objeto (lo que pretende con el contrato); existe la forma del documento, mismo que se dio con el reconocimiento de firmas y rúbricas, lo que da fe de las intenciones de ambas partes respecto a sus alcances; y en cuanto a la conexitud de ambos documentos, los datos del inmueble coinciden respecto a la superficie, ubicación, codificación, así como las partes intervinientes, por lo que no pueden tratarse de documentos aislados como señalan los apelantes; es más en la cláusula quinta del documento de compromiso de venta, se establece que en caso de no cancelarse la totalidad del precio al vendedor, la minuta de transferencia queda nula, evidenciándose la conexitud de ambos documentos.

En relación al segundo documento que no señala ser contradocumento y el primero fuera simulado, el juzgador realizó un análisis sobre el alcance de ambos, lo que en aplicación del principio de verdad material, le llevo a concluir la existencia de un contradocumento y de un documento simulado; este entendimiento del juzgado de primera instancia, en base a la documental ofrecida, no fue desvirtuada por la parte demandada, toda vez que es evidente la suscripción de ambos documentos por ambas partes, no constando que el contradocumento, en el que si bien no se aclara que la minuta de transferencia no es simulada, las cláusulas insertas en el documento de compromiso de venta, son lo suficientemente específicas para concluir en la verdadera intención de las partes, sobre todo en cuento al monto de dinero de la transferencia y la forma de su cancelación.

En relación al segundo y tercer agravio, referidas a la indebida apreciación de la prueba conforme a los arts. 1286 y 1287 del Código Civil; y, errónea interpretación del art. 545.II del Código Civil, expresa que, la denuncia de falta de elementos de formación del documento de compromiso de venta, es reiterativo, mismo que fue abordado y desarrollado en el análisis del primer motivo de apelación, así como en referencia a que no se trataría de un contradocumento.

Respecto a la falta de otorgación de valor a la prueba ofrecida por ambas partes, como ser el acta de entrega definitiva del inmueble por la Autoridad de Vivienda, así como las facturas de servicios básicos, la certificación emitida por la junta vecinal del Barrio Santa Catalina, el A quo, señaló que no otorgaba validez al documento de compra venta del lote de terreno, sin embargo los demandados, consideraron que los mismos sí demostraron la eficacia de la compra venta; este último pensamiento resulta equivocado, toda vez que la documentación antes referida no puede acreditar la eficacia o no del contrato de compra venta, sino simplemente la posesión del predio, al no estar inscrito en Derechos Reales.

Con relación a la prueba de reciente obtención, consistente en las declaraciones voluntarias, las mismas fueron obtenidas de forma posterior a la demanda, toda vez que datan del 4 y 6 de noviembre de 2024 (fs. 153 a 156), y se encuentran dentro de la previsión del art. 112 del Código Procesal Civil, no existiendo óbice para que el juzgador las pueda tomar en cuenta, pero además tal observación debió ser interpuesta al momento de su ofrecimiento, al no haberlo hecho existe consentimiento.

Respecto a la errónea interpretación del art. 545.II del Código Procesal Civil, que el documento de compromiso de venta no señala que el primer documento se simulado, este reclamo ya fue abordado.

En referencia al cuarto agravio, referido a la indebida aplicación de los arts. 111 y 112 del Código Procesal Civil; es el mismo reclamo referido a la admisión de la prueba de reciente obtención, aspecto que también ya fue abordado.

En relación al quinto agravio, en el que se acusa incongruencia externa y violación al principio dispositivo, porque el demandante nunca solicito la resolución de contrato, debe reflexionarse que en consideración a la naturaleza de la pretensión el A quo, dispuso que los demandados cancelen dentro de tercero día, la suma acordada en el documento de compromiso de venta, además que se tome en cuenta el pago realizado por Bs. 2000, la calificación de daños y perjuicios y la imposición de costas, no habiendo dispuesto la resolución del contrato, como erróneamente refieren los demandados.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Hernán Challhua Montaño y Marina Mostacedo Sayhua de Challhua, mediante memorial de fs. 532 a 542, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Los recurrentes en el recurso de casación alegaron que:

a) Los Vocales al emitir el Auto de Vista se limitaron a interpretar, aplicar de manera incorrecta, parcial, los arts. 452, 519, 584 y 1297 del Código Civil y a favor del demandante; toda vez que, no analizaron de manera integral las pruebas de descargo presentadas como el documento público (Minuta de compraventa de lote de terreno de 26 de abril de 2019) y el documento privado (compromiso de venta de lote de terreno de 26 de abril de 2019); sino únicamente se valoró este último documento, arguyendo que se trata de un contradocumento verdadero oculto y considerándolo que cumple con lo establecido en el art. 543.II de la Ley N° 439, por lo mismo sería eficaz, no infringe la ley y no perjudica a terceros, todo ello sin considerar que infringe la Ley N° 850 de 01 de noviembre de 2016, que en su Disposición Final Primera, prohíbe efectuar actos de disposición de viviendas sociales durante los 10 años siguientes.

b) Acusa los arts. 1287 y 1289 del Código Civil, al no haber dado un valor legal adecuado a la minuta de compra venta de lote de terreno, por constituir documento público y auténtico.

c) Infringe el art. 543.II del Código Civil, al aplicar el mismo al documento privado de compromiso de venta de lote de terreno, sin tomar en cuenta que un contrato de promesa de venta, facilita la formalización de acuerdos previos a la compra y venta de un bien inmueble, este tipo de documento es especialmente útil cuando aún las partes no están en condiciones de realizar la transacción inmediata, ya sea por cuestiones económicas, trámites legales pendientes o la necesidad de realizar alguna diligencia adicional.

d) Se infringió el art. 113.I de la Ley N° 439, toda vez que el Juez de primera instancia, mediante Auto Interlocutorio de 19 de junio de 2023 que cursa a fs. 36, ha observado la demanda concediendo el plazo perentorio de 3 días para subsanar, y habiendo sido notificado con el mismo el 19 de junio de 2023, el Juez admitió la subsanación el 23 de junio de 2023, cuando el plazo venció el 22 del mismo mes y año.

e) Incurrió en violación de la Ley N° 850 de 01 de noviembre de 2016 y los arts. 339 y 410 de la Constitución Política del Estado; en violación de la primera norma al permitir actos de disposición de la vivienda social en un periodo en el que la ley mencionada prohíbe tales actos, al considerar que se confirmó la sentencia que tiene la única finalidad con la obligación adeudada en dólares americanos, y porque sólo se afecta al lote de terreno y no así a la vivienda social de la que se benefició; incurrió en violación del art. 339 de la Constitución Política del Estado, que protege el patrimonio del Estado, porque de manera indirecta, al confirmar la sentencia, han beneficiado al demandante, porque permitirán que beneficios económicos del Estado utilizados en la construcción de la vivienda social, sean utilizados en favor del demandante.

f) Incurrió en aplicación indebida de los arts. 543.II, 111, 112 y 1311 del Código Civil y de la Ley N° 850 de 1 de noviembre de 2016; en aplicación indebida del art. 543.II del Código Adjetivo Civil, porque al dar viabilidad al proceso de eficacia del contradocumento y de cumplimiento de contradocumento más calificación de daños y perjuicios, al considerar que el documento privado de compromiso de venta de lote de terreno es eficaz, sin pensar que el mismo infringe la Ley N° 850 y perjudica a un tercero como es la Agencia Estatal de Vivienda de Chuquisaca y por ende al Estado, con referencia a los recursos económicos invertidos en la construcción de la vivienda Social; también en aplicación indebida de los arts. 111 y 112 del Código Procesal Civil; toda vez que, se consintió la admisión de forma arbitraria de prueba de reciente obtención consistentes en declaraciones voluntarias y declaraciones testificales; tampoco se hizo una correcta interpretación del art. 1311 del Código Civil al haber admitido y valorado el Acta de Apertura de la Organización Integral Tomas Katari de fecha 25 de enero de 2019, presentadas en fotocopias simples, sin acreditación de una personería jurídica que reconozca su existencia.

g) Que los Vocales debieron someter sus actos al art. 568, referida a la resolución de contrato por cumplimiento de obligación, y al art. 569 ambos del Código Civil, referida a la cláusula resolutoria, encaminando sus actos a lo establecido en la cláusula quinta del documento de compromiso de venta de lote de terreno.

Fundamentos por los cuales, solicitó se case el Auto de Vista recurrido, anule el mismo y en su lugar se emita una nueva resolución conforme a derecho.

2. Contestación al recurso de casación:

Ángel José Miguel Espada Bustillo, representado legalmente por Alfredo Gutiérrez Martínez y Bismark Darío Solíz Núñez, respondió el recurso de casación mediante memorial de fs. 546 a 547 solicitando en lo principal que:

No se admita el recurso de casación interpuesto por los demandados, por cuanto el mismo fue presentado en forma extemporánea, después de un día del plazo establecido para el efecto, tota vez que, con el Auto de Vista, fueron notificados el 7 de octubre de 2024, y el recurso fue interpuesto el 21 del mismo mes y año.

Los recurrentes incumplieron los requisitos para la presentación de la casación en el fondo, porque solo transcribieron fragmentos de su recurso de apelación y se limitaron a acusarle indicando que se estaría enriqueciendo a costa del Estado, cuando lo único que reclama su persona es que se le cancele el monto conforme al contradocumento suscrito.

Por lo referido, solicitó se declare la improcedencia del recurso de casación en previsión del art. 220 num.4 del Código Procesal Civil, sea con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1 Del acto de la simulación.

Al respecto, esta Sala se ha pronunciado sobre el contrato simulado, entre muchos otros, a través el Auto Supremo Nº 651/2015, de 12 de agosto, estableciendo: “En principio debemos señalar que se entiende por simulación en términos generales, simular es representar o hacer aparecer algo fingido, jurídicamente se define la simulación, como el acto jurídico que, por acuerdo de las partes, se celebra exteriorizando una declaración no verdadera, sea que carezca de todo contenido pura apariencia, o bien que esconda uno verdadero diferente al declarado apariencia que encubre la realidad. Es decir, la simulación puede ser absoluta o relativa, siendo absoluta cuando se celebra un acto jurídico que nada tiene de real, y es relativa cuando se emplea para dar a un acto jurídico una apariencia que oculta su verdadero carácter.

Asimismo, se debe establecer cuales los requisitos para que un contrato sea simulado, en principio debe existir el acuerdo de partes, es decir la conformidad o acuerdo de todas las partes contratantes, siendo necesaria la bilateralidad de la ficción en la creación del acto simulado. Otro requisito es la discordancia intencional, que se entiende como la contradicción entre lo querido y lo manifestado con la voluntad de engañar, la que debe ser intencional con el fin de ocultar la realidad frente a terceros, puesto que la intencionalidad engañosa es la característica básica del acto simulado. Finalmente debe existir la intención de engañar, debido a que en la simulación siempre hay engaño, por esta razón la simulación al ocultar la verdad y ofrecer una apariencia falsa, busca engañar a los terceros que suponen la realidad del acto cuando en realidad dicho acto no existe o encubre otro simulado”.

III.2 Respecto a la prueba para determinar la simulación.

El art. 545 del Código Civil señala: “I. La prueba de la simulación demandada por terceros puede hacerse por todos los medios incluyendo el de testigos. II. Entre las partes solo puede hacerse mediante contradocumento u otra prueba escrita que no atente contra la ley o el derecho de terceros”. (El resaltado fue añadido).

De la citada normativa se puede advertir que la prueba de la simulación puede variar según al caso, ya que entre partes solo puede hacerse por el contradocumento u otra prueba escrita que no atente contra la ley y en caso de terceros por todos los medios de prueba.

Sobre el particular en el Auto Supremo Nº 1160/2015, de 16 de diciembre, emitido por la Sala Civil, ha orientado lo siguiente: “el art. 545 del Código Civil, señala: ‘(Prueba de la simulación), I La prueba de la simulación demandada por terceros puede hacerse por todos los medios incluyendo el de testigos. II. Entre las partes solo puede hacerse mediante contradocumento u otra prueba escrita que no atente contra la ley o el derecho de terceros”, que tratándose de terceros la prueba no está limitada, siendo viables todos los medios probatorios, inclusive la testifical, con el objetivo de demostrar la simulación practicada por las partes.

En el caso en cuestión, es preciso señalar, que la jurisprudencia nacional con referencia a estos negocios jurídicos simulados, ha establecido que los contra-documentos suscritos entre los mismos simuladores hacen fe entre ellos de conformidad con el art. 545 parág. II del Código Civil, concordante con el art. 1297 del mismo Código (..) demostrando de esta manera incuestionablemente, que el contra-documento constituye una prueba concluyente para probar la simulación, pues la declaración contenida en él expresando que no es cierto el documento, tal como debe suceder en la especie, dejaría sin efecto e importaría una revocación del negocio jurídico simulado por mutua voluntad de las partes contratantes y constituiría ley entre los mismos de conformidad con lo previsto por el art. 519 del Código Civil resguardando los derechos del simulador que en ciertos casos resulta víctima de mala fe de aquel que aparece actuando simuladamente y trata de aprovecharse de esa situación para ejecutar el acuerdo simulado, que en esencia jamás fueron ciertos. Por ello que, en esta clase de procesos, el contra-documento es tenido como prueba fehaciente, para acreditar que el acto fue simulado”. (El resaltado es nuestro).

III.3. Sobre la valoración de la prueba.

Respecto a la valoración de la prueba, este Tribunal a través del Auto Supremo N° 545/2018, de 28 de junio, razonó: “El art. 145 del Código Procesal Civil, bajo el nomen juris de ´Valoración de la prueba´, establece: ´I. La autoridad judicial al momento de pronunciar la resolución tendrá la obligación de considerar todas y cada una de las pruebas producidas, individualizando cuales le ayudaron a formar convicción y cuales fueron desestimadas, fundamentando su criterio. II. Las pruebas se apreciarán en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las producidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica o prudente criterio, salvo que la Ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta. III. En la valoración de los medios de prueba, la autoridad judicial, apreciará las mismas tomando en cuenta la realidad cultural en el medio probatorio´, acudiendo a la doctrina podemos citar José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: ´…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, ´todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación´. Este proceso mental -Couture- llama ´la prueba como convicción´, así también, Víctor De Santo, en su obra ´La Prueba Judicial´ (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba, ´El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme´.

El principio de comunidad de la prueba es: ´La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla. Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el Juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar las todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 145 del Código procesal Civil, y dentro de los sistemas de valoración de la prueba conforme arroja la citada normativa procesal, permite el sistema de valoración probatoria de acuerdo a las reglas de la prueba tasada en los casos establecidos por ley, y en otros casos de acuerdo al sistema del prudente criterio o a las reglas de la sana critica, esta última regentada bajo las directrices de la lógica, ciencia y experiencia.

La primera de esas directrices son denominadas como ´reglas de la lógica´; sobre la misma se dirá que forman parte de ella ´la regla de la identidad´, mediante la cual se asegura que una cosa sólo puede ser lo que es y no otra cosa; ´la regla de la no contradicción´, por la que se entiende que una cosa no puede entenderse en dos dimensiones, como ser falsa o verdadera, al mismo tiempo; ´la regla del tercero excluido´, mediante la cual establece que entre dos proposiciones en la cual una afirma y otra niega, una de ellas debe ser verdadera; y, ´la regla de la razón suficiente´, por la cual se entiende que cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho debe estar fundamentada en una razón que la acredite suficientemente, mediante este conjunto de reglas, se podrá evaluar el razonamiento lógico de la argumentación de los de instancia, ha sido el correcto o de ser defectuoso permitirá su corrección.

La segunda de las directrices es conocida como ´la experiencia´ o ´máximas de la experiencia´, como señala Devis Echandía en su obra TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA JUDICIAL, Edit. Zavalia Buenos Aires 1981 Tomo I página 336 las máximas de la experiencia se refieren a “un criterio objetivo, interpersonal o social […] que son patrimonio del grupo social [.] de la psicología, de la física y de otras ciencias experimentales´.

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