AS/0092/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 092/2025

Fecha: 11 de febrero de 2025

Expediente: CH-130-24-S

Partes: Franz Mario Ortiz Vargas por sí y en representación de Olga Valda Guzmán c/ Banco Mercantil Santa Cruz S.A. representado por Gonzalo Daniel Gutiérrez Dalence y Yolanda Kespi Solís.

Proceso: Cumplimiento exacto de la prestación de deuda.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 509 a 517 vta., interpuesto por Franz Mario Ortiz Vargas por sí y en representación legal de Olga Valda Guzmán contra el Auto de Vista N° 381/2024, de 25 de septiembre, que corre de fs. 494 a 496 vta., emitido por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de cumplimiento exacto de la prestación de deuda, seguido por los recurrentes contra el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. representado por Gonzalo Daniel Gutiérrez Dalence y Yolanda Kespi Solís; la contestación de fs. 531 a 535; el Auto de concesión de 29 de octubre de 2024, visible a fs. 536, el Auto Supremo de admisión N° 1358/2024-RA, de 19 de noviembre, obrante de fs. 551 a 552 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Franz Mario Ortiz Vargas por sí y en representación legal de Olga Valda Guzmán, mediante memorial de fs. 45 a 48 vta., subsanado a fs. 54; planteó demanda ordinaria de cumplimiento exacto de prestación de deuda contra el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. representado por Gonzalo Daniel Gutiérrez Dalence, quien una vez citado, por escrito de fs. 116 a 120, Yolanda Kespi Solís en su condición de asesora legal y apoderada de la entidad bancaria, contestó en forma negativa; posteriormente, por memorial visible de fs. 218 a 221 vta., la entidad financiera complementó su memorial de contestación, oponiendo excepción de incompetencia de la autoridad judicial y reconvino por cumplimiento exacto de la prestación debida, pretensiones que dieron lugar al Auto de 15 de septiembre de 2023, obrante a fs. 222, que dispuso que en mérito a lo establecido por el art. 126 del Código Procesal Civil, no considerar el referido memorial de ampliación de contestación, oposición de excepción y formulación de demanda reconvencional; desarrollándose de esa manera la causa, hasta la emisión de la Sentencia Nº 105/2024, de 11 de mayo, cursante de fs. 470 a 477, en el que el Juez Público Civil y Comercial 2º de la ciudad de Sucre – Chuquisaca, declaró IMPROBADA la demanda ordinaria de cumplimiento exacto de la prestación de la deuda, con costas y costos.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Franz Mario Ortiz Vargas por sí y en representación legal de Olga Valda Guzmán, mediante memorial cursante de fs. 478 a 484, originó que la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emita el Auto de Vista Nº 381/2024 de 25 de septiembre, visible de fs. 494 a 496 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia apelada, con costas y costos a los apelantes, en base a los siguientes argumentos:

El A quo se pronunció sobre todos los aspectos demandados, así como identificó y compulsó toda la prueba producida por ambas partes, especificando con meridiana claridad que hechos fueron probados o no, y porque; además de especificar porque no fueron compulsadas las pruebas de fs. 360 a 428, principalmente por ser fotocopias simples; asimismo, explico que la suma reclamada como pago de Bs. 29.421,71.- correspondía a un ajuste contable efectuado por el Banco demandado y no era un pago efectivo de los demandantes.

En definitiva, según informe técnico pericial presentado por la perito de oficio del Tribunal Ad quem, la cual no mereció observación e impugnación alguna, se tiene que a la fecha de la compra de la deuda por el banco Unión, tenían una acreencia con el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. de Bs. 61.724,03.- y que el importe de Bs. 29.420,71.- no fue cancelado por los deudores, sino que fue un ajuste contable efectuado por el Banco para continuar con sus operaciones.

Por último, no se precisó y menos especifico como y de qué manera se hubiese incurrido en la ilogicidad referente al principio de identidad, contradicción y tercero excluido, siendo que lo que en definitiva se observa es que el juzgador no haya efectuado una diferenciación de lo que resulta ser un ajuste contable y un comprobante contable, empero dicho aspecto de ninguna manera supone, por sí mismo, la infracción de las reglas de la sana crítica, pues esa tarea no resulta del juzgador, sino de los entes especializados en el tema, como es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Franz Mario Ortiz Vargas por sí y en representación legal de Olga Valda Guzmán, según escrito visible de fs. 509 a 517 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación alegó:

a) Violación de los arts. 112, 218, 261.III nums. 3 y 4 y 264.I del Código Procesal Civil, conforme a lo acusado en el recurso de apelación, el Juez de primera instancia no dio una respuesta respecto al valor probatorio de las documentales cursantes de fs. 38 a 40 y de fs. 43 a 104 y consecuentemente, el Tribunal de alzada no supo responder a dichos cuestionamientos limitándose a referir que el nuevo peritaje de segunda instancia refleja la realidad, sin la debida motivación y argumentación.

b) Transgresión de los arts. 5, 218 y 265.I y II del Código Procesal Civil, debido a que el Tribunal de apelación no argumentó y ni fundamentó de forma clara, concreta e individual cada uno de los agravios identificados contra la Sentencia de primera instancia, por lo que no fueron respondidos en su totalidad, incumpliendo el principio de congruencia respecto de las resoluciones judiciales.

c) Falta de valoración probatoria del informe pericial de fs. 494 a 496, dispuesto de oficio por el Tribunal de alzada, ya que dicho informe es contradictorio a la información proporcionada en primera instancia y no pueden ambas ser legales o válidas, por lo que el Auto de Vista recurrido se limitó a confirmar la Sentencia apelada, incurriendo en falta de motivación y fundamentación e incongruencia interna.

Fundamentos por los cuales la parte recurrente solicita la emisión de un Auto Supremo que anule hasta el vicio más antiguo o en su defecto case el Auto de Vista recurrido y declare probada la demanda en todas sus partes, con imposición de costas.

2. Contestación al recurso de casación:

Banco Mercantil Santa Cruz S.A., respondió el recurso de casación mediante memorial de fs. 531 a 535, solicitando en lo principal que:

En recurso se evidencia de una transcripción prácticamente textual del recurso de apelación, sin identificar claramente cuál sería la vulneración, violación o errónea aplicación de las normas, no entendiéndose que es lo que el recurrente alega como vulneración, pues en un primer momento refiere la transgresión de los arts. 261 y 264 del Código Procesal Civil, empero ello fue cumplido por el Tribunal al hacer uso de la facultad para mejor proveer; añadiéndose que, la observación al error en la apreciación de la prueba, tiene ciertos elementos, por una parte, la inadecuada interpretación de las normas de la sana crítica, se trata de un razonamiento subjetiva que tiene sus implicancias en el proceso intelectual que realiza la autoridad, y ello se pone de manifiesto en la fundamentación que contiene tanto una sentencia como un Auto de Vista, por lo que no forma parte expresa de esta garantía/derecho; por otro parte, la prueba ofrecida y producida dentro del proceso, tanto de primera, como de segunda instancia, fueron valoradas a plenitud, no existiendo acreditación de lo denunciado.

Lo que le molesta y le resulta gravoso, al demandante, es el hecho de haber perdido la demanda en ambas instancias, pues desde el principio del proceso la demanda no tuvo razón respecto del supuesto pago, ya que este jamás fue realizado, sino que quiso provechar la buena fe de la entidad financiera, que lo único que hizo fue apoyar a sus clientes respecto a los terribles efectos de la pandemia del Covid-19.

En ese sentido, el recurso de casación resulta manifiestamente improcedente ya que no cumple con las exigencias de citar en términos claros, precisos y con claridad la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, máxime cuando el recurso resulta ser una reiteración de la demanda y apelación.

Por lo referido, solicitó se declare la improcedencia por no cumplir las exigencias dispuestas en el art. 274.I num. 3 del Código Procesal Civil, sea con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Del principio de congruencia y el art. 265 del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional desarrolló el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R, de 05 de julio, donde razonó que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); a este respecto, este Tribunal Supremo de Justicia orientó a través del Auto Supremo Nº 304/2016 de esta Sala Civil, citando al Auto Supremo Nº 11/2012, de 16 de febrero, que: “Todo Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal ad quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal ad quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso”.

Mostrando 39 de 78 parrafos.

Texto del fallo

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