Texto del fallo
SALA PENAL PRIMERA
AUTO SUPREMO Nº 93/2012
Sucre, 25 de abril de 2012
EXPEDIENTE: Santa Cruz 65/2012
PARTES PROCESALES: Ministerio Público contra Reny Ribera Rojas
DELITO: transporte de sustancias controladas
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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Reny Ribera Rojas (fs. 226 a 227), impugnando el Auto de Vista Nro 10/2012 emitido el 19 de enero de 2012 (fs.222 a 224) por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por el delito de transporte de sustancias controladas, previsto por el art. 55 de la Ley del Régimen de Coca y Sustancias Controladas.
CONSIDERANDO: Que el recurso de referencia tuvo origen en los siguientes antecedentes:
Concluido el juicio oral, público y contradictorio, el Tribunal de Sentencia Cuarto de Santa Cruz de la Sierra, por Sentencia Nro 25/2011 de 9 de septiembre de 2011 (fs.201 a 209) declaró a Reny Ribera Rojas autor del delito de transporte de sustancias controladas, tipificado por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley Nro. 1008) condenándolo a la pena de ocho años de presidio a cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz, así como al pago de 500 días multa a razón de Bs. 5 por día, y al pago de costas y gastos ocasionados al Estado calificados en la suma de Bs. 500 conforme a las reglas previstas en la Ley de Ejecución Penal.
El procesado interpuso recurso de apelación restringida (fs 213 a 214) que fue resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista Nro 10/2012 de 19 de enero de 2012, declarándolo improcedente y confirmando la Sentencia impugnada.
Que siendo esos los antecedentes, el recurrente formuló recurso de casación contra el Auto de Vista referido (fs. 226 a 227) alegando que el Tribunal de Alzada no se manifestó sobre las observaciones realizadas a la Sentencia; en cuanto a que se otorgó valor probatorio a pruebas introducidas a juicio que no cumplieron las formalidades de ley, no realizó la diferencia entre indicio, evidencia y prueba; toda vez, que cada una de ellas cumple un rol determinado dentro del proceso penal; asimismo manifestó que debió ser exonerado del pago de multas, costas y gastos, en virtud al principio de gratuidad estipulado en el inc. 8) art. 3 la Ley Nro. 25, al haber sido asistido por un defensor público del Servicio Nacional de Defensa Pública, conforme establece el art. 5 de la Ley Nro. 2496 del Servicio Nacional de Defensa Pública, por otra parte acusó que el Auto impugnado carece de motivación y fundamentación, vulnerando de este modo el debido proceso y seguridad jurídica, vulnerando lo establecido por el art. 124 del Código de Procedimiento Penal y Sentencia Constitucional Nro. 0221/2007-R; señaló como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros 229 de 14 de mayo de 2004, 125 de 8 de marzo de 2003, 228 de 14 de abril de 2004, 300 de 17 de mayo de 2004, 225 de 23 de abril de 2004, 224 de 16 de abril de 2004, 220 de 13 de abril de 2004, 103 de 31 de marzo de 2005 y 211 de 28 de marzo de 2007.
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