AS/0097/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:97/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:18/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Detención Preventiva con Fines de Extradición.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTES

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Embajada de la República Argentina contra Juan Ignacio Esteban Apaza.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADO TRAMITADOR

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Carlos Alberto Egüez Añez.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">:18 de junio de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA. La solicitud de detención preventiva con fines de extradición del ciudadano Juan Ignacio Esteban Apaza, de nacionalidad argentina, enviada por la Embajada de la República Argentina; la Nota Clasificación: MUY URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-1399/2025 de 14 de abril, el Tratado de Extradición suscrito entre la República de Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia; y los antecedentes del proceso.

CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia remite la Nota Clasificación: MUY URGENTE GM-DGAJ-UAJI-Cs-1399/2025 de 14 de abril (fs. 25), haciendo conocer la Nota Nº 150/2025 de 4 de abril (fs. 1 y 2), proveniente de la Embajada la República Argentina, acompañando la solicitud de detención preventiva con fines de extradición del ciudadano Juan Ignacio Esteban Apaza de nacionalidad argentina, a la que se adjuntan los antecedentes del proceso penal: Nota Verbal REB N° 150/2025 de 4 de abril, proveniente de la Embajada de la República Argentina, Auto de orden de captura y detención del requerido de extradición formulada por el Juez de Instrucción Penal Juvenil N° 1 de Pico Truncado-Santa Cruz (fs. 3 a 6), Auto de 20 de noviembre de 2024 que libra oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se proceda a solicitar cooperación internacional (fs. 7 a 10) y la solicitud de Detención Preventiva con Fines de Extradición en Bolivia (fs. 20 a 23).

CONSIDERANDO II: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS.

La extradición es un procedimiento solemne y formal, regida por requisitos y reglas previstas en un tratado o convenio bilateral o multilateral específico o en su ausencia por el principio de reciprocidad, que permite la entrega por un Estado (el Estado requerido) de un individuo que se encuentra en su territorio, a otro Estado (el Estado requirente), a los fines de ser sometido a un proceso judicial o a la ejecución de una pena impuesta en su contra.

En ese sentido, los tratados internacionales se constituyen en fundamento legal esencial de la Cooperación Penal Internacional en todo el mundo y ante su ausencia, debe primar el principio universal de reciprocidad, el cual cobra especial relevancia; en ese sentido, en la cooperación internacional, los tratados son el más formal de los instrumentos que se puede utilizar tanto en casos de asistencia jurídica, como de extradiciones, cooperación internacional por excelencia, cobrando relevancia en ese contexto lo previsto en el art. 255.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que señala: “I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo.”, disposición concordante con el art. 257.I de la CPE, que determina: “I. los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley.”

Ahora bien, el art. 3 del Código Penal (CP), señala: “Ninguna persona sometida a la jurisdicción de las leyes bolivianas podrá ser entregada por extradición a otro Estado, salvo que en un tratado internacional o convenio de reciprocidad disponga lo contrario. La procedencia o improcedencia de la extradición será resuelta por la Corte suprema. En caso de reciprocidad, la extradición no podrá efectuarse si el hecho por el que se reclama no constituye un delito conforme a la ley del Estado que pide la extradición y del que la debe conceder.”

Así también, el art. 149 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dispone: “La extradición se regirá por las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y subsidiariamente por las normas del presente Código o por las reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable”.

Del mismo modo, el art. 154.1 y 2 del adjetivo penal expresa: “La Corte Supremo de Justicia al resolver los pedidos de extradición tendrá la facultad de: 1) Ordenar la detención preventiva del extraditable por un plazo máximo de seis meses siempre que se acredite la existencia de una sentencia condenatoria o resolución judicial de detención; 2) Ordenar la detención provisional del extraditable por un plazo máximo de noventa días cuando no se hayan presentado todos los documentos exigidos para la procedencia de la extradición…”

Actualmente, se encuentra en vigencia el Tratado de Extradición suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Argentina, que ha sido ratificado por el Estado Boliviano mediante la Ley 723 de 24 de agosto de 2015.

En ese sentido, el art. 1 del mencionado Tratado de Extradición, referido a la "Obligación de conceder la extradición", establece: "Las Partes se obligan a entregarse reciprocamente, según las reglas y las condiciones establecidas en el presente Tratado, a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios o en lugares sometidos a su jurisdicción, que sean requeridas por las autoridades competentes de la otra Parte, para ser encausadas, juzgadas o para la ejecución de una pena privativa de libertad, por un delito que dé lugar a la extradición."; en cuanto a los delitos que dan lugar a la extradición, el art. 2 señala: "Darán lugar a la extradición los hechos tipificados como delito por las leyes de la Parte Requirente y de la Parte Requerida, cualquiera sea su denominación o calificación jurídica, que sean punibles por la legislación de ambas Partes con una pena privativa de libertad cuyo máximo sea de al menos dos años."

De conformidad al art. 20 del referido Tratado se tiene que: "La solicitud de detención preventiva podrá ser cursada a través de la vía Diplomática, Autoridades Centrales o por Intermedio de la Organización Internacional de la Policía Criminal (INTERPOL), pudiendo ser transmitida por correo electrónico, fax o cualquier otro medio que deje constancia por escrito. La solicitud de detención preventiva contendrá una descripción de la persona reclamada, el paradero de la misma si se conociere, una breve exposición de los hechos que motivan el pedido, la mención de las Leyes penales infringidas, la mención de la existencia de alguno de los documentos identificados en el artículo 8 inc. c) y una declaración señalando que el pedido formal de extradición se presentará posteriormente.

La persona detenida en virtud del referido pedido de detención preventiva será puesta en libertad si al cabo de 45 días, contados desde la fecha de su detención, la Parte Requirente no hubiere formalizado la solicitud de extradición ante las autoridades de la Parte Requerida. Sin perjuicio de lo anterior, existiendo motivos fundados y antes del vencimiento del plazo antes señalado, la Parte Requirente podrá solicitar una extensión del mismo por 15 días adicionales".

CONSIDERANDO III: RESOLUCIÓN DEL CASO.

El Tratado de Extradición entre la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia de 22 de agosto de 2013, en su art. 20 establece los siguientes requisitos a examinar:

Se tiene que, la solicitud fue enviada a través de la embajada Argentina en Bolivia y remitida a este Tribunal mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Así también se advierte que el Estado solicitante dio cumplimiento a las exigencias legales a los efectos de pedir la detención preventiva de “Juan Ignacio Esteban Apaza”, toda vez que, además de proporcionar los datos necesarios para su captura, realizó una breve descripción del hecho por el cual es requerido:“Causa N° 60704 Carátula: "SERVIN ARCENIA S/ DENUNCIA DESAPARICIÓN DE PERSONA"-III) HECHOS QUE SE INVESTIGAN.- Hecho ocurrido en Pico Truncado, Provincia de Santa Cruz, República Argentina, en fecha 23 de Octubre de 2024, siendo aproximadas las 19:30 horas, en que el nombrado Apaza se hizo presente en el instituto de inglés "English Center Institute", sito en calle Orkeke al 800, donde logró ardidosamente y a través de maniobras de manipulación, que la adolescente Nayelly Luján García Servín, de 15 años de edad, abordara el rodado marca Ford, modelo EcoSport dominio AA 601 EE por él conducido, tras lo cual la sacó de la localidad a Nayelly, sustrayéndola con la clara intención de menoscabar la integridad sexual de la joven. Los hechos descriptos anteriormente, habrían sido cometidos por el nombrado Apaza a sabiendas de que Nayelly Luján García Servín es menor de edad, y que con su accionar provocaría una desviación en el desarrollo psicosexual de la adolescente.”, citando la norma penal infringida “IV) NORMAS APLICABLES-ARTICULO 125 del Código Penal Argentino. El que promoviere o facilitare la corrupción de menores de dieciocho años, aunque mediare el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años. La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor de trece años. Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de diez a quince años, cuando mediare, engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda. y ARTICULO 130 del Código Penal Argentino Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que sustrajere o retuviere a una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude, con la intención de menoscabar su integridad sexual.",

Por otro lado, del artículo citado en que se funda la acción penal llevada a cabo contra lo solicitado, se evidencia que el delito por el que es perseguido, constituye también delito en la legislación penal boliviana, encontrándose tipificado y sancionado por el art. 318 del CP, cumpliéndose de esta forma con los requisitos establecidos en el art. 20 del Tratado referido, resultando en consecuencia, disponer la detención preventiva solicitada a los fines de extradición en contra del ciudadano argentino Juan Ignacio Esteban Apaza, nuevamente con el advertido de que el Estado solicitante, cumpla con lo establecido en el art. 20 del citado Tratado; es decir, que formalice el pedido de extradición en el plazo de 45 días computables a partir de la fecha de la detención del solicitado.

Por las circunstancias anotadas, corresponde dar curso a la detención preventiva con fines de extradición solicitada.

En ese marco, este Tribunal Supremo de Justicia, considera que, las condiciones para la procedencia de la presente solicitud, se encuentran en el marco de lo establecido por el Tratado de Extradición suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Argentina, además de la normativa interna boliviana, siendo razonable y proporcional al fin perseguido, el cual es el sometimiento del extraditado al proceso penal instaurado en su contra en el país requirente, aspecto que constituye un propósito legítimo, correspondiendo aceptar la solicitud, con la única finalidad de garantizar la efectiva cooperación internacional y lucha contra el crimen y la delincuencia.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 184.3 de la CPE, 38.2 de la LOJ y el art. 20 del Tratado de Extradición entre Argentina y Bolivia, conforme lo previsto por el art. 149 del CPP; dispone la DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN de Juan Ignacio Esteban Apaza, de nacionalidad argentina por el plazo de 45 días, quien se encontraría territorio boliviano, motivo por el cual, se dispone que se oficie al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a efecto de que comisione al Juez de Turno de Instrucción en lo Penal, para que, en conocimiento de la presente resolución, expida mandamiento de detención preventiva que podrá ser ejecutado en el ámbito nacional con auxilio de la INTERPOL y la Policía Boliviana.

La Autoridad judicial comisionada o del lugar donde sea aprehendido, deberá informar de forma inmediata al Tribunal Supremo de Justicia, sobre la ejecución del mandamiento remitiendo inmediatamente los antecedentes y diligencias practicadas.

A los efectos de garantizar el debido proceso, se dispone notificar al detenido con copia de la presente resolución y mandamiento a expedirse, otorgándosele el plazo de diez días, más los de la distancia, para que asuma defensa, con cuyo resultado se remitirán obrados en Vista Fiscal, ante la Fiscalía General del Estado para que se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de extradición, conforme prevé el art. 158 de CPP, una vez formalizada la solicitud de extradición.

A los fines de establecer la existencia de antecedentes a los que se refiere el art. 440 del CPP, se dispone que los Tribunales Departamentales de Justicia en el plazo máximo de 10 días, certifiquen a través de sus Juzgados y Salas en materia Penal y con su resultado, el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia informe sobre la existencia o no de antecedentes penales o de algún proceso instaurado o en trámite contra el extraditable; similar certificación requiérase al Consejo de la Magistratura de Bolivia para que por intermedio del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) informe a la brevedad posible.

Por Secretaría de Sala Plena, comuníquese la presente resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que haga conocer a la Embajada de la República de Argentina acreditada en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, notifíquese, cúmplase.

Romer Saucedo Gómez

PRESIDENTE

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="border-width:100 100 100 100;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">Rosmery Ruiz Martínez

Mostrando 95 de 189 parrafos.

Texto del fallo

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