AS/0100/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 100/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 24/2024

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Recurso de Casación

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTE RECURRENTE

RESOLUCIÓN RECURRIDA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Procuraduría General del Estado

: Sentencia 35/2021 de 13 de julio.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADO TRAMITADOR

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Romer Saucedo Gómez.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">: 20 de junio de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA:

El recurso de casación en la forma y en el fondo (fs. 779 a 787), interpuesto por la Procuraduría General del Estado (PGE) representada legalmente por Wilfredo Franz David Chávez Serrano, impugnando la Sentencia 35 de 13 de julio de 2021 (fs. 506 a 516), pronunciada por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del proceso contencioso por incumplimiento estipuladas en el contrato de servicios y provisión de materiales “MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES EN EL ÁREA INDUSTRIAL DE LA REFINERÍA GUILLERMO ELDER BELL”, seguido por la empresa Gerimex Geomembranas Importaciones y Exportaciones SRL contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) REFINACIÓN SA, los memoriales de contestación y adhesión de la entidad demandante y de YPFB (fs. 856 a 859; y 860 a 870 vta.); el Auto de 11 de junio de 2024 que concede la casación (fs. 1099), el Auto 367/2024 de 27 de noviembre, que admitió el mencionado medio de impugnación (fs. 1827 a 1829 vta.), y los antecedentes del proceso.

CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1. Sentencia.

Tramitado el proceso contencioso, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, emitió la Sentencia 35 de 13 de julio de 2021 (fs. 506 a 516), declarando PROBADA EN PARTE la demanda contenciosa (fs. 352 a 358 vta.) aclarada mediante memorial (fs. 362 a 367 vta.), presentada por la empresa Gerimex Importaciones y Exportaciones SRL; declarando: 1) Resuelto por incumplimiento de la entidad contratante, el Contrato de Servicios y Provisión de Materiales 7200001035/5000144-F de 28 de diciembre de 2015; 2) Ordenándose el pago a favor de la empresa actora de: a) Importe correspondiente al saldo del precio total pactado en el contrato; b) El pago de la Planilla N° 9 previa conciliación de saldos; c) El pago de lucro cesante; d) La restitución de las garantías bancarias que haya sido ejecutadas a raíz de la indebida resolución unilateral del contrato; 3) Se oficie la rehabilitación en el SICOES y en el registro de empresas habilitadas en la YPFB Refinación SA; y, 4) No ha lugar al pago de daños o perjuicios, o intereses.

CONSIDERANDO II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Contra la referida sentencia, la PGE representada legalmente por Wilfredo Franz David Chávez Serrano, interpuso el Recurso de Casación de acuerdo a los argumentos establecidos en el escrito (fs. 779 a 787), en el que luego de realizar una relación de los antecedentes del contrato, expresó lo siguiente:

II.1. En la forma:

II.1.1. Acusó la falta de citación oportuna con la demanda, ya que refiere que el proceso se desarrolló sin el conocimiento ni la participación de la PGE, considerando nulos los actuados procesales por falta de citación a dicha entidad del Estado, alegando la lesión al derecho al debido proceso en su vertiente el derecho a la defensa, citando los arts. 231 de la Constitución Política del Estado, concordante con los arts. 8.1 de la Ley 064 de 5 de diciembre de 2010 y 25 del Decreto Supremo 2739 de 20 de abril de 2016, que regulan la intervención de la PGE de intervenir y participar en los procesos judiciales cuando corresponda; por lo que la falta de citación con la demanda y el auto de admisión, constituye una infracción insubsanable que vulnera el debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa, lo que acarrea la nulidad de obrados.

II.1.2. Denunció que el proceso fue tramitado sin competencia del Tribunal Supremo de Justicia; por cuanto el contrato de Servicios y Provisión de Materiales GL-304/2015 de 28 de diciembre, tuvo como objeto la ejecución de trabajos, consistentes en el mantenimiento de obras civiles en el área industrial de la Refinería Elder Bell, conforme el alcance, características y especificaciones detallados en los Anexos del contrato. Agregó que producto de dicha relación contractual, se observa la Cláusula Vigésima Segunda que hace referencia a la cláusula arbitral; es decir, sometida y elaborada en cumplimiento del art. 42 de la Ley 708 de 25 de junio de 2015, quedando claramente establecido la competencia del presente contrato es la vía arbitral; por lo que considera que este Tribunal Supremo de Justicia es incompetente para conocer los asuntos y discrepancias emergente del contrato.

Aseguró que el contrato suscrito entre Gerimex y YPFB REFINACIÓN SA, se constituye en un trato de tipo comercial, en aplicación del art. 1 del Código de Comercio; y que es falso que se constituya en un contrato administrativo en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

II.2. En el Fondo:

II.2.1. Manifestó la errónea aplicación del numeral 1 del art. 231 de la Constitución Política del Estado (CPE), concordante con el numeral 1 del art. 8 de la Ley 064, modificado por la Ley 768; por cuanto la PGE se encuentra facultada para promover, defender y precautelar los intereses del Estado, siendo sus funciones, entre otras, la defensa judicial y extrajudicial de los intereses del Estado. Agregó que, en ese marco, asume la representación jurídica del Estado, otorgándole facultad de intervenir como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales y administrativas en el marco de la Norma Suprema y la ley.

II.2.2. Mencionó la interpretación errónea de la naturaleza jurídica del contrato comercial de servicios y provisión de materiales; señalando indebidamente normativa aplicable a los contratos generados dentro del Derecho Administrativo como el art. 47 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales; el art. 1 y 5,y) y aa) del Decreto Supremo 0181 de 28 de junio de 2009; teniendo éstos su propia regulación, encontrándose integrados al Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios, para lo cual su formalización requiere de fases previamente determinadas en las normas de contratación administrativa.

Añadió que los contratos suscritos por YPFB REFINACIÓN SA son predominantemente contratos comerciales, al estar sus actos y operaciones enmarcado al Código de Comercio, conforme establece el Decreto Supremo de nacionalización de Hidrocarburos 28701 de 1 de mayo de 2006 y Decreto Supremo 28128 de 12 de mayo de 2007, por el cual el Órgano Ejecutivo dispone la adquisición del 100% de las acciones que conforman el capital social de Petrobras Bolivia Refinación SA a favor del Estado boliviano, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, empresa corporativa por disposición del Decreto Supremo 29507 de 9 de abril de 2008.

II.2.3. Señaló la errónea interpretación de la Ley 466 de la Empresa Pública de 26 de diciembre de 2013, al concluir que YPFB Refinación SA, en aplicación de los parágrafos I y II de la Disposición Final Primera de la citada ley, se constituiría en una filial de la empresa Corporativa de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos, constituyendo una empresa Pública Nacional Estratégica, considerando incorrecta dicha determinación.

Aclaró que la Ley 466, en la Disposición Transitoria Segunda, parágrafo I de la Ley 466, establece que las empresas que posean un paquete accionario mayor al 70% y menor al 100% a la fecha de publicación de la presente norma, adoptarán la tipología de empresa estatal mixta, debiendo cumplir el procedimiento de conversión. Por lo que no existe duda de que la empresa demandada continúa siendo una Sociedad Mixta, situación que ha sido probada mediante documentación idónea con la presentación de la Matrícula de Comercio; y que la conversión hacia una empresa estatal mixta – EEM, obedece a un procedimiento aún no iniciado.

II.2.4. Indicó la falta de valoración de la prueba ofrecida por YPFB Refinación SA, citando al efecto la copia legalizada del Contrato de Servicios y Provisión de Materiales de 28 de diciembre de 2015, y sus anexos; Copia legalizada de la Carta de Resolución de Contrato YPFB-GGL-78-CE/2016 de 8 de noviembre de 2016; Copia legalizada del informe de auditoría Inf. DAI-ES/001/2016; documentos que corresponden al proceso de contratación, que no fueron objeto de mención ni consideración por la sentencia impugnada.

II.2.5. Indicó la incorrecta valoración de la prueba; por cuanto la entidad demandada, adjuntó a su contestación su Matrícula de Comercio con número de operación 10VS50510011, emitida por FUNDEMPRESA que acredita la calidad de Sociedad Anónima, que da fe probatoria de que la entidad demandada es una sociedad comercial que actúa en el ámbito del derecho privado; asimismo, sostiene que no se valoró el Testimonio 477/99 de 8 de octubre de 2010, que demuestra que la demandada es una sociedad anónima.

Petitorio.

Concluyó el memorial del recurso solicitando se anule obrados hasta el vicio más antiguo; esto es, hasta el Auto de admisión por incompetencia de la sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera y por falta de notificación a la Procuraduría General del Estado.

II.3 De la respuesta al recurso de casación

La empresa Gerimex, Geomembranas, Representaciones, Importaciones y Exportaciones SRL, respondió al recurso (fs. 856 a 859) deducido por la entidad demandada, señalando que, las cuestiones de forma, ya fueron debatidas, compulsadas y resueltas por la Sala especializada del Tribunal Supremo de Justicia, a través del Auto de 30 de septiembre de 2022, que resolvió la inexistente nulidad por falta de citación a la PGE, pretendiendo nuevamente en casación fundar el mismo reclamo, desconociéndose el principio de trascendencia.

En relación a los argumentos de fondo; sostuvo que en relación a que la Sala especializada carece de competencia para conocer y resolver las acciones judiciales, en el entendido que la empresa YPFB Refinación SA aún se constituye en una empresa privada y que la solución de controversias, deben ser dilucidadas a través de un arbitraje. Dicho aspecto, ya fue resuelto por el Tribunal de instancia, por lo que, bajo los principios procesales de seguridad jurídica, debido proceso, oportunidad y preclusión, no corresponde volver a ingresar al debate sobre la competencia del Tribunal; considerando que el conflicto deviene de la suscripción del contrato administrativo de servicios y provisión de materiales, adjudicadas por la empresa actora a través de Licitación Pública 50001447-F; y que por su naturaleza, las controversias deben ser resueltas ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

Petitorio.

Finalizó el memorial, solicitando que la Sala Plena de este Supremo Tribunal de Justicia, declare infundado el Recurso de Casación interpuesto por la PGE.

II.4. Contestación de YPFB REFINACION SA

Mediante memorial (fs. 860 a 870 vta.), la empresa se adhiere al Recurso de Casación interpuesto por la PGE; manifestando que es evidente la falta de citación a la citada entidad recurrente, la misma que implica nulidad; asimismo, refiere que el contrato contaba con una cláusula arbitral por lo que la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia no tenía competencia, por lo que se incurrió en errónea interpretación y aplicación indebida de la ley.

Se igual manera, señaló que, ante la existencia de una cláusula arbitral, no corresponde que el contrato sea sometido en un proceso contencioso, sino a un arbitraje. Finalizó el memorial, solicitando se case la sentencia recurrida, ordenando la nulidad de obrados.

CONSIDERANDO III. DOCTRINA LEGAL APLICABLE AL CASO.

III.1. Del Recurso de Casación

El art. 108 de la CPE, impone a todas las bolivianas y bolivianos, el deber de “Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, precepto constitucional que hace referencia al principio de legalidad consagrado en el art. 180 de la señalada Norma Suprema, en cuanto hace a la jurisdicción ordinaria; consiguientemente, toda autoridad jurisdiccional que deba emitir una resolución definitiva dentro un caso concreto, debe dar cumplimiento a dicho principio -que es parte del debido proceso- que fue definido por la Ley 025-del Órgano Judicial a través del art. 30.6) en los siguientes términos: “LEGALIDAD. Con sujeción a la Constitución Política del Estado, constituye el hecho de que el administrador de justicia, esté sometido a la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las partes”.

De acuerdo al citado principio y considerando que el Recurso de Casación es una nueva demanda de puro derecho, concedido para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley; es que en el caso de autos se encuentra amparado, por el art. 5.I.2) de la Ley 620 de 31 de diciembre de 2014 “Ley Transitoria para la Tramitación de los procesos Contencioso y Contencioso Administrativo”.

En ese sentido, resulta necesario mencionar a los autores: Gonzalo Castellanos Trigo y Hermes Flores Egüez, que en su obra “Proceso Contencioso, Proceso Contencioso Administrativo en Bolivia, Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014”, pág. 96 a 97, señalan: Generalidades sobre el recurso de casación. “El recurso de casación es un recurso extraordinario, porque no cabe, sino contra determinadas resoluciones y por motivos preestablecidos por la ley; y no constituye una tercera instancia ni una segunda apelación y se la considera como una demanda nueva de puro derecho y sujeta al cumplimiento de requisitos específicos que determinan la ley.

(…) Dada su naturaleza jurídica, así como sus raíces históricas, la casación no es una instancia adicional del proceso, sino un recurso extraordinario que tiene por objeto el enjuiciamiento de la sentencia, y no del caso concreto que le dio origen; de ahí que, tanto la doctrina cuanto la legislación, le reconocen un carácter excepcional o extraordinario a este recurso, toda vez que, en primer lugar, no procede contra toda sentencia sino sólo contra aquellas que el legislador expresamente señala en la Ley procesal; y, en segundo lugar, porque su fin principal es la unificación de la jurisprudencia nacional y no propiamente la composición del litigio.

Recurso de casación en el fondo. El recurso de casación está instituido para proteger dos finalidades esenciales en el proceso contencioso (…): la defensa del Derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia.

“La primera finalidad, es la correcta aplicación de la ley en los fallos judiciales de todo el país; con ello se busca el imperio de la seguridad jurídica la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la defensa de la supremacía del órgano legislativo”.

La segunda finalidad es unificar la jurisprudencia, con el objeto de una interpretación común de la norma jurídica común en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia; para ello se requiere un único órgano nacional de casación que se constituye en este momento el Tribunal Supremo de Justicia” (sic); por consiguiente, el Recurso de Casación, nace para el control de las infracciones que las sentencias puedan cometer en la aplicación del derecho en el proceso contencioso, para que el mismo sea uniforme en su interpretación judicial; sin embargo, es preciso que deba fundarse en la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma de derecho que sea gravitante en la resolución de fondo.

Asimismo, respecto al Recurso de Casación en el fondo, cabe señalar que: “…la casación se da como último recurso y nace para el control de las infracciones que las sentencia puedan cometer en la aplicación de derecho, cuando exista una infracción o aplicación errónea de normas de derecho” (sic); por lo que, en casación sólo son juzgables, las cuestiones de derecho y no las de hecho, porque esta última corresponde exclusivamente al Juez o Tribunal de primera instancia; por consiguiente, en casación solo se discute el derecho, jamás se valora los hechos que son incensurables en casación.

Los mencionados autores, expresaron que: “Para que exista el recurso de casación en el fondo deben concurrir necesariamente dos requisitos: 1. Que se haya producido al resolver una infracción de la ley. Hay infracción de ley cuando se contraviene su texto formal, cuando se interpreta erróneamente la ley o cuando se hace una falsa aplicación de ella. 2. Que esta infracción haya influido sustancialmente en la parte resolutiva del fallo. La infracción de ley influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo cuando ha sido de tal naturaleza que ha hecho que el pleito se resuelva de una manera distinta a lo que lo habría sido de aplicarse correctamente la ley”; por consiguiente, no se trata de una infracción cualquiera, sino que debe afectar la parte resolutiva del fallo; y, si una resolución contiene erróneas interpretaciones de la ley en sus considerandos, pero en lo dispositivo está ajustado a derecho, no procede la casación en el fondo; es decir, la infracción de la ley debe ser de tal naturaleza que haga fallar de manera diferente el caso; por lo que, la infracción acusada en la interposición del Recurso de Casación debe ser clara y precisa.

De igual manera, el Recurso de Casación debe expresar con claridad y precisión, la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error, ya se trate de Recurso de Casación en el fondo, en la forma o en ambos, conforme prevé el art. 274.3) del Código Procesal Civil (CPC).

En ese mismo sentido, los precitados autores, señalan: “El recurso de casación es un acto procesal complejo puesto que entre los elementos de forma esencialmente a contener es no sólo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura del acto impugnativo contenido en el presente artículo, constituyéndose su cumplimiento en un presupuesto necesario para su procedencia y viabilidad jurídica.

El recurso de casación se halla considerando como una demanda nueva de puro derecho, para cuya procedencia es necesario que el recurrente cumpla con los requisitos por la norma en análisis, vale decir, que especifique de manera ciara la ley o leyes violadas, aplicadas indebidamente, interpretadas erróneamente e indicar en qué consiste la violación, cuál debería ser la norma jurídica aplicable correctamente o cuál la interpretación debida. Cuando de error en la apreciación de las pruebas se trate, es necesario que indique si éste es de derecho o de hecho, habida cuenta que la apreciación, valoración de la prueba es incensurable en casación, a menos que se demuestre objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador"; por consiguiente, de acuerdo a la normativa legal establecida respecto a la interposición del recurso de casación, deben cumplir con ciertas exigencias por tratarse de una demanda nueva de puro derecho, debiendo los recurrentes cumplir con los requisitos establecidos por Ley para su consideración respectiva.

III.2. De las nulidades procesales

Al respecto, corresponde aludir el Auto Supremo 737/2018 de 27 de julio, emitido por la Sala Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, citando a los Autos Supremos 158/2013 de 11 de abril, 169/2013 de 12 de abril, 411/2014 de 4 de agosto, 84/2015 de 06 de febrero; sobre los principios que rigen las nulidades, expresando que: “Principio de especificidad o legalidad. - Este principio se encuentra previsto por el artículo 105.I del Código Procesal Civil, en virtud a él ‘no hay nulidad sin ley específica que la establezca’ (pas de nullité sans texte). Esto quiere decir que, para declarar una nulidad procesal, el Juez ha de estar autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto. Sin embargo, este principio no debe ser aplicado de manera restringida, pues, resulta virtualmente imposible que el legislador pudiera prever todos los posibles casos o situaciones que ameriten la nulidad en forma expresa, y siguiendo esa orientación la doctrina ha ampliado este principio con la introducción de una serie de complementos, a través de los cuales se deja al Juez cierto margen de libertad para apreciar las normas que integran el debido proceso, tomando en cuenta los demás principios que rigen en materia de nulidades procesales, así como los presupuestos procesales necesarios para integrar debidamente la relación jurídico-procesal. Principio de finalidad del acto.- Partiremos señalando que este principio se encuentra íntimamente relacionado con el de especificidad o legalidad, pues en virtud a este, habrá lugar a la declaratoria de nulidad si el acto procesal no cumplió con la finalidad específica por la que fue emanada, y en contraposición a lo señalado, en el caso de que el acto procesal, así sea defectuoso, cumplió con su finalidad, no procederá la sanción de la nulidad. Principio de Conservación.- Este principio da a entender que en caso de que exista duda debe mantenerse la validez del acto, esto en virtud a que se debe dar continuidad y efectos a los actos jurídicos sin importar el vicio que expongan, siempre y cuando, la nulidad no sea de tal importancia que lesione la calidad misma del acto. Principio de Trascendencia.- Si bien resulta evidente que el alejamiento de las formas procesales ocasiona la nulidad o invalidez del acto procesal, empero esta mera desviación no puede conducir a la declaración de nulidad, razón por la cual se debe tener presente que para la procedencia de una nulidad tiene que haber un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin daño o perjuicio ‘pas de nullite sans grieg’, es decir que previamente a declarar la nulidad se debe tener presente el perjuicio real que se ocasionó al justiciable con el alejamiento de las formas prescritas. Y como decía Eduardo J. Couture: ‘... No existe impugnación de Nulidad, en ninguna de sus formas, sino existe un interés lesionado que reclame protección. La anulación por anulación no vale’. Principio de Convalidación. - Partiremos señalando que convalidar significa confirmar, revalidar; en esa lógica, cuando se corrobora la verdad, certeza o probabilidad de una cosa, se está confirmando. De esta manera, este principio refiere que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, dejando pasar las oportunidades señaladas por ley para impugnar el mismo (preclusión); en otras palabras, si la parte que se creyere perjudicada omite deducir la nulidad de manera oportuna, vale decir en su primera actuación, este hecho refleja la convalidación de dicho actuado, pues con ese proceder dota al mismo de plena eficacia jurídica, a esta convalidación en doctrina se denomina convalidación por conformidad o pasividad que se interpreta como aquiescencia frente al acto irregular; por lo expuesto se deduce que la convalidación se constituye como un elemento saneador para los actos de nulidad. Principio de preclusión.- Concordante con el principio de convalidación tenemos al principio de preclusión también denominado principio de Eventualidad que está basado en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encontrando su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que deben desarrollarse los actos procesales. A este efecto recurrimos al Dr. Pedro J. Barsallo que refiere sobre el principio de preclusión que: ‘En síntesis la vigencia de este principio en el proceso, hace que el mismo reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del Tribunal, dentro de las fases y periodos, de manera que determinados actos procesales deben corresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse carecen totalmente de eficacia’. De ello se establece que el proceso consta de una serie de fases o etapas en las cuales han de realizarse determinados actos, por lo que una vez concluida la fase procesal, las partes no pueden realizar dichos actos y de realizarlos carecerán de eficacia, surgiendo así una consecuencia negativa traducida en la pérdida o extinción del poder procesal involucrado, pues se entenderá que el principio de preclusión opera para todas las partes.”

Asimismo, y en la misma línea de entendimiento, la jurisprudencia constitucional describió los presupuestos de la nulidad procesal, refiriéndose específicamente a materia civil, en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0207/2018-S2 de 23 de mayo, en los siguientes términos: “La nulidad procesal como una especie de sanción procesal, se halla regida por principios que se encuentran reconocidos por la normativa procesal civil; los mismos que hace referencia la jurisprudencia constitucional. Así, la SC 0731/2010-R de 26 de julio establece que los presupuestos para declarar la nulidad son: a) Los principios de especificidad o legalidad; en cuyo mérito, solo puede declararse la nulidad, si esta sanción está expresamente prevista por norma legal; b) El principio de finalidad del acto; por el cual, no es posible declarar la nulidad, si el acto, a pesar de su irregularidad, cumplió la finalidad a la que estaba destinado; c) El principio de trascendencia; que señala que la nulidad procesal solo puede ser declarada, si el acto irregular ocasionó un perjuicio serio e irreparable; y, d) El Principio de convalidación; en cuyo mérito, no es posible declarar la nulidad, si el afectado con el acto irregular, lo consiente expresa o tácitamente”.

III.3. Del principio de legalidad

Corresponde precisar, que el art. 108 de la CPE, impone a este Tribunal el deber de “Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, precepto constitucional que hace referencia al principio de “legalidad” previsto en el art. 180.I de la misma norma fundamental.

Consiguientemente, toda autoridad jurisdiccional que emite una resolución definitiva en un caso concreto, debe cumplir dicho principio, que fue definido en el art. 30.6 de la Ley 025 del Órgano Judicial (LOJ), como: “Con sujeción a la Constitución Política del Estado, constituye el hecho de que el administrador de justicia, esté sometido a la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las partes.” (Resaltado añadido).

El referido principio forma parte del “debido proceso”, que es conceptualizado en el art 30.12 de la LOJ, conforme lo siguiente: “Impone que toda persona tenga derecho a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido a disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación similar; comprende el conjunto de requisitos que debe observar toda servidora o servidor judicial en las instancias procesales, conforme a la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos y la ley.” (sic).

En el contexto constitucional y normativo descrito, en principio corresponde señalar que, si bien un contrato puede definirse como el acuerdo de voluntades generadora de obligaciones de contenido patrimonial; esta definición, es aplicable tanto a los contratos de Derecho Privado como a los de Derecho Público; sin embargo, esto no supone que el contrato de naturaleza privada (civil o comercial), sea similar al de naturaleza pública.

El art. 47 de la Ley 1178, en su parte final señala que: "(…) son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza." (sic).

También es pertinente señalar que, si bien la provisión de bienes, obras y servicios constituyen los contratos más comunes y utilizados por el Estado, ello no significa que sean los únicos. Lo expuesto, permite concluir que, hay contrato administrativo cuando una de las partes contratantes es un órgano de la administración pública, el objeto y fin del contrato está orientado a la satisfacción de alguna necesidad o bien común o es de interés general de la comunidad y que determina una regulación especial.

Finalmente corresponde puntualizar que, cuando se demanda el cumplimiento o la resolución de este tipo de contratos; esta pretensión, se sustenta en las previsiones contenidas en el art. 568.I del Código Civil, que prevé: “(…) en los contratos con prestaciones recíprocas cuando una de las partes incumple por su voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño; o también puede pedir sólo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijará el juez, y no haciéndose efectiva la prestación dentro de ese plazo quedará resuelto el contrato, sin perjuicio, en todo caso, de resarcir el daño.” (sic).

Por consiguiente, esta acción se encuentra reservada, sólo para la parte que cumplió sus obligaciones; por cuyo motivo, como requisito para acreditar la legitimación del actor y luego declarar probada la demanda, con carácter previo debe determinarse que éste, ha cumplido con la contraprestación a la que se encontraba reatado, pactada en el contrato administrativo suscrito.

CONSIDERANDO IV: ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

Antes de ingresar a la consideración de los argumentos del Recurso de Casación, es importante precisar que en el contenido del mismo, si bien hace una diferencia entre la forma y el fondo; sin embargo, en el desarrollo del memorial, los argumentos tanto en la forma como en el fondo, son similares, en relación a la falta de citación oportuna, citando al efecto los arts. 231.1 de la CPE, 8.1 de la Ley 064 de 5 de diciembre de 2010 y 25 del Decreto Supremo 2739 que regula la intervención de la PGE; en consecuencia, de los argumentos expresados en el medio de impugnación en la forma y en el fondo en la que se acusó la errónea aplicación de la normativa citada; se dará una respuesta en conjunto a efectos de no caer en reiteraciones innecesarias.

IV.1. En la forma:

IV.1.1. En cuanto al argumento de la falta de citación con la demanda contenciosa a la Procuraduría General del Estado, y que a criterio de la entidad recurrente corresponde la nulidad de obrados.

El art. 229 de la CPE establece que: “La Procuraduría General del Estado es la institución de representación jurídica pública que tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado (…)”; teniendo como una de sus funciones entre otros, la defensa judicial y extrajudicial de los intereses del Estado, asumiendo representación jurídica e interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales y administrativas, conforme al art. 231.1 de la Norma Suprema del Estado; es decir, que se trata de una previsión formal dentro del texto constitucional, que hacen a la organización de dicha entidad del Estado, encargada de la defensa de los intereses del Estado.

En ese mismo sentido, el numeral 1 del art. 8 de la Ley 064, de la Procuraduría General del Estado de 5 de diciembre de 2010, indica que una de las funciones de esta institución, es: "Defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, asumiendo su representación jurídica e interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales, extrajudiciales o administrativas, sea en resguardo de la soberanía, de los bienes del patrimonio e intereses del Estado, en particular, en materia de inversiones, derechos humanos y medio ambiente, asumiendo defensa en cualquier conflicto entre el Estado y personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que demanden al Estado boliviano."

Las normas citadas, son descriptivas de las funciones que compete a la PGE, lo que no se encuentra en discusión; pero dicha norma no establece la obligatoriedad de su notificación con procesos judiciales, o la consecuencia ante el incumplimiento de su participación en dichos procesos.

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Texto del fallo

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