AS/0101/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 101/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 3/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Recurso de Casación

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTE RECURRENTE

RESOLUCIÓN RECURRIDA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:David Ramiro Alconce Chiri

: Sentencia 187/2024 de 13 de agosto.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADO TRAMITADOR

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Germán Saúl Pardo Uribe.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">: 20 de junio de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA.

El Recurso de Casación parcial en el fondo (fs. 268 a 269), interpuesto por David Ramiro Alconce Chiri, impugnando la Sentencia N° 187/2024 de 13 de agosto (fs. 255 a 266), pronunciada por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del proceso contencioso sobre nulidad de resolución de contrato y pago de dineros adeudados, seguido por el recurrente contra el Ministerio de Medio Ambiente y Agua; Auto de 3 de diciembre de 2024; que concede el recurso (fs. 274); Auto Supremo N° 15/2025 de 2 de abril, que admite el recurso (fs. 279 a 280), los antecedentes del proceso.

Tramitado el proceso contencioso, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, emitió la Sentencia N° 187/2024 de 13 de agosto (fs. 255 a 266), declarando:

I.1.1. PROBADA en parte la demanda contenciosa (fs. 181 a 187), disponiendo la nulidad de la resolución de contrato emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, mediante Carta con CITE MMAYA/VRHR/UCOOR/UCEP MI RIEGO A LEGAL N° 520/2022, asimismo ordena el pago del Informe 5°, debiendo el monto ser determinado en una conciliación de saldos en ejecución de sentencia.

I.1.2.- IMPROBADA la demanda, con relación al pago de Informe Nro. 6 y el pago de daños y perjuicios.

Contra la referida Sentencia, David Ramiro Alconce Chiri, interpuso el Recurso de Casación parcial en el fondo (fs. 268 a 269), con los siguientes fundamentos:

I.2.1.- Interpretación errónea y aplicación indebida de los Términos de Referencia (TDRs) del contrato en lo referente a aprobación de la Planilla N° 6.

El recurrente expresa que, una vez recibido por el Supervisor el Informe Final o Informe N° 6, el 23 de abril de 2022, tenía un plazo de cinco días hábiles para efectuar observaciones o solicitar correcciones, es decir, hasta el viernes 29 de abril de 2022, lo cual no sucedió, por lo que de acuerdo a los Términos de Referencia, el informe se tiene por aprobado y en caso de que hubiere observaciones, correcciones posteriores al 29 de abril de 2022, no produce efectos jurídicos; por el contrario, dicho Informe ha quedado aprobado en virtud al silencio administrativo positivo, que a decir del mismo contrato, forman parte de éste, aspecto corroborado por el art. 86 del Decreto Supremo N° 0181 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

Asimismo, el recurrente sostiene que tanto el Documento Base de Contratación (DBC) como los TDRs, son normas que rigen en los procesos de contratación y en las contrataciones estatales, los cuales deben ser observados y cumplidos por las partes contratantes no pudiendo ninguna de ellas sustraerse a su cumplimiento al tratarse de normas de derecho público, puesto que devienen de la Ley N° 1178.

I.2.2. Interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley en relación al pago de intereses como forma de compensación por daños y perjuicios.

El recurrente sobre el punto acusa, que el no pago de las Planillas Nos. 5 y 6 que ascienden a Bs. 46.750.- y Bs. 20.000.- (Total 66.750) en forma oportuna, le ha generado perjuicios, los cuales trasuntan en el pago de intereses legales desde el día que debía efectuase el pago, que deberán ser calculados en ejecución de sentencia. En ese marco, el a quo al indicar que no estaría probado los daños y perjuicios que se trasuntan en interés, incurre en equivocación y vulnera lo dispuesto por los arts. 344, 410 y 414 del Código Civil (CC).

En merito a los antecedentes expuestos, el recurrente solicitó a este Supremo Tribunal de Justicia, se case parcialmente la Sentencia N° 187/2024 de 13 de agosto y se disponga: 1. La aprobación de la Planilla N° 6 o Planilla Final y el consecuente pago. 2. El pago de intereses legales que corresponde a daños y perjuicios a ser cuantificados en ejecución de sentencia.

I.3. CONCESIÓN DEL RECURSO

Por decreto de 3 de diciembre de 2024 (fs. 274), se concede el recurso ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, se tiene presente que el demandado, no respondió al recurso pese a su legal notificación.

CONSIDERANDO II: FUNDAMENTOS LEGALES, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES APLICABLES AL CASO CONCRETO

En consideración a los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto.

La Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo N° 620, en su art. 4, de manera concordante, dispone que, para el trámite de los procesos contenciosos y contenciosos administrativos, se aplicarán los arts. 775 al 781 del Código de Procedimiento Civil de 1975 (CPC-1975), hasta que sean regulados por Ley, como jurisdicción especializada. A partir de la normativa expuesta y en virtud a la vigencia de la Ley N° 439 del Código Procesal Civil de 2013 (CPC- 2013), con el fin de esclarecer la normativa aplicable en el trámite de los procesos contenciosos y contencioso administrativos, el Tribunal Supremo de Justicia, ha efectuado una interpretación de las normas precedentes a través de la Circular N° 002/2016 de 29 de febrero, estableciendo que el trámite en los procesos contencioso y contencioso administrativo proseguirá aplicándose el CPC-1975, hasta que sean reguladas por Ley especial. En el mismo sentido y ampliando la interpretación de la normativa que regulan los procesos contenciosos y contenciosos administrativos, el Tribunal Supremo de Justicia emitió la Circular N° 01/2019 de 14 de febrero, en la que señala: “El art. 4 de la precitada Ley N° 620, dispone de manera expresa y categórica que para la tramitación de estos procesos, se aplicarán los Arts. 775 al 781 del Código de Procedimiento Civil (D.L. N° 12760 de 06-08-1975), hasta que sean regulados por Ley como jurisdicción especializada, conforme lo establece también la Disposición Final Tercera de la Ley N° 439 (Código Procesal Civil).

La jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una Sentencia o Auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la Ley y sus infractores", pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el art. 274-3 del Código Procesal Civil (CPC-2013), en tanto se cumplan los requisitos establecidos; lo que implica citar en términos claros, concretos y precisos las Leyes violadas o aplicadas indebidamente o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, no siendo suficiente la simple expresión de la voluntad de impugnar. En este entendido, los recursos de "casación en el fondo" y "casación en la forma", si bien pueden ser formulados de manera paralela, representan dos realidades procesales de diferente naturaleza jurídica; pues, a través del primero se impugna el error "de juzgamiento", que no afecta a los medios de hacer el proceso, sino a su contenido; es decir, a sus fundamentos sustanciales; en cambio, el segundo, recae sobre el error "de procedimiento"; esto es, cuando la resolución recurrida hubiese sido dictada violando formas esenciales del proceso; o lo que es lo mismo, contenga errores de procedimiento y vicios que sean motivo de nulidad por haberse afectado el orden público.

CONSIDERANDO III: ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

La parte recurrente acusa que la Sentencia N° 187/2024 de 13 de agosto (fs. 255 a 266) pronunciada por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, contiene interpretaciones erróneas y aplicación indebida de los Términos de Referencia (TDRs), en lo referente a la aprobación de la Planilla N° 6 y el pago de intereses como forma de compensación por daños y perjuicios.

III.1. En cuanto a la aprobación de la Planilla N° 6, el recurrente afirma que la misma, se ha aprobado bajo la modalidad del silencio administrativo positivo al no recibir una respuesta oportuna, aspecto que no se ha considerado en Sentencia; para dar respuesta a este agravio, hay que remitirse al Contrato N° 171/2021 de 27 de abril, sobre prestación de servicios de consultoría individual, en la misma no se tiene constancia expresa, que ante cualquier requerimiento de una de las partes contratantes y no recibir una respuesta dentro el plazo de 5 días, directamente se operaría el silencio administrativo positivo; sin embargo de ello, en la Clausula Vigésima Segunda del referido contrato, se dispone: “que en caso de controversias, las partes podrán acudir a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos administrativos”; máxime si la figura del silencio administrativo positivo, si bien es un mecanismo de protección de los derechos de los ciudadanos, toda vez que garantiza una respuesta a sus peticiones, para su efectivización tiene que cumplir con ciertos requisitos, como el de estar enmarcado en la ley o reglamento, que en el presente caso, no se especifica en forma expresa en los términos expuestos en el contrato de prestación de servicios de consultoría individual. Respecto a la Planilla N° 6 cuya aprobación se persigue, el Tribunal que emitió la Sentencia, concluyó que: “presentada a supervisión la misma ha sido observada, por lo que, el parte demandante previo a solicitar el pago, debe subsanar el mismo y en conciliación de saldos establecer el monto a pagar”, al haber dispuesto de esa manera en Sentencia, se ha actuado conforme a derecho; en consecuencia, no es cierto el agravio que acusa el recurrente.

En el marco legal descrito, el Tribunal que pronunció la Sentencia N° 187/2024 de 13 de agosto, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, no incurrió en transgresión, violación o errónea aplicación de normas, ni en la interpretación errónea y aplicación indebida de la ley al declarar probada en parte la demanda contenciosa deducida David Ramiro Alconce Chiri contra la Ministerio de Medio Ambiente y Agua, como se acusó en el Recurso de Casación parcial en el fondo (fs. 255 a 266), correspondiendo, en consecuencia, aplicar el parágrafo II del artículo 220 del Código Procesal Civil, con la facultad descrita en el numeral 2 del parágrafo I del artículo 5 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014.

POR TANTO: La Plena del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad prevista en el numeral 1 del artículo 184 de la Constitución Política del Estado, en el numeral 16 del artículo 38 de la Ley de Órgano Judicial, N° 25 de 24 de junio de 2010 y en el numeral 2 del parágrafo I del artículo 5 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014 y art. 220.II del CPC, declara INFUNDADO el recurso de casación (fs. 268 a 269), interpuesto por David Ramiro Alconce Chiri.

Sin costas en aplicación del artículo 39 de la Ley N° 1178 y del artículo 52 del Decreto Supremo N° 23215 de 22 de julio de 1992.

No interviene el Magistrado, Carlos Alberto Egüez Añez, al haber suscrito la Sentencia N° 187/2024 de 13 de agosto.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Mostrando 99 de 197 parrafos.

Texto del fallo

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