AS/0102/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 102/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 5/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Recurso de Casación

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTE RECURRENTE

RESOLUCIÓN RECURRIDA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO)

: Sentencia 197/2024 de 1 de octubre.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADO TRAMITADOR

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Ricardo Torres Echalar.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">: 20 de junio de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA:

El Recurso de Casación (fs. 289 a 295 vta.), deducido por el Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO), impugnando la Sentencia 197/2024 de 1 de octubre (fs. 275 a 287), pronunciada por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del proceso contencioso interpuesto por la Empresa Unipersonal Constructora Consultora y Servicios (CONSCONSERV) contra la parte recurrente, el memorial de contestación (fs. 300 a 302), el Auto de concesión de 5 de diciembre de 2024 (fs. 303), el Auto Supremo 21/2025 de 9 de abril (fs. 308 a 309), mediante el cual se admite referido recurso de casación y los antecedentes del proceso.

CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES DEL PROCESO.

CONSCONSERV, interpuso demanda contenciosa de cumplimiento de obligación contra IBMETRO, por la “Supervisión Técnica para la Construcción y Equipamiento de Laboratorios y Oficinas IBMETRO Santa Cruz” bajo la modalidad Llave en Mano, con código interno IBMETRO/AMPE/2019-012 y CUCE 19-0041-07-974556-1-1 signado IBM-C-AMPE-2019.198, solicitando se declare probada la demanda y se disponga el pago de Bs. 138.000 (Ciento treinta y ocho mil 00/100 bolivianos) como contraprestación que adeuda IBMETRO, más costas, costos, pago de intereses y resarcimiento de daños y perjuicios.

Mediante Sentencia N° 197/2024 de 1 de octubre (fs. 275 a 287), pronunciada por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, se declara: Probada la demanda contenciosa de fs. 95 a 98, presentada por CONSCONSERV, en cuyo mérito se dispone que IBMETRO, en cumplimiento de la obligación asumida en el Contrato Administrativo IBM-C-AMPE-2019.189, proceda al pago de Bs. 138.000.00 en favor del demandante, más el pago de intereses, conforme los lineamentos establecidos, a ser regulados en ejecución de Sentencia.

CONSIDERANDO II:

II.1. La parte recurrente alega como primer agravio que, en ningún momento la Empresa demandante demostró objetivamente el cumplimiento de la presentación de informes de las planillas 3, 4, 5 y 6; y, si bien fueron presentadas notas de solicitud, las mismas no fueron aprobadas por el Fiscal de Obras y nunca fueron presentados los informes subsanados, como es el caso del informe final que no fue enmendado.

Señala asimismo que, los aspectos contenidos en la clausula decima primera del Contrato IBM-C-ANPE-2019.189, no fueron valorados en la Sentencia recurrida, por cuanto la empresa CONSCONSERV incurrió en incumplimiento del contrato en la presentación de los informes de las planillas 5 y 6 (informe final) que en su momento fueron observados, sin que hayan sido subsanados, razón por la que no corresponde proceder al pago.

II.2. Como segundo agravio manifiesta que, la cláusula decima primera del contrato, refiere que las multas para la Entidad se originan desde la fecha de aprobación del certificado de pago, teniendo el supervisor derecho a reclamar el pago de interés sobre el monto no pagado por día adicional de retraso. En este caso, si bien se presentaron solicitudes de pago 5 y 6, no así el certificado de pago aprobado por el Fiscal de Obra; consecuentemente, de acuerdo a la mencionada cláusula del Contrato, al no existir aprobación, nunca se produjeron los intereses, puesto que los mismos se generan desde la fecha de aprobación del certificado de pago.

Agrega que, la Empresa incumplió con el Contrato IBM-C-ANPE-2019.189, el DBC y los términos de referencia, en cuanto a la presentación del Informe Final que debía ser presentado después de la recepción provisional de la obra de 2 de marzo de 2020, hasta antes de la conclusión de sus servicios de 10 de abril del mismo año; empero, el informe final fue presentado el 7 de julio de 2020, habiendo sido observado por el Fiscal de Obra y ante la falta de regularización mediante Carta Notariada IBMETRO DGE CE 784-2021 de 10 de junio, se notificó con la Resolución del mencionado Contrato, ante lo cual la Empresa demandante presentó Recurso de Revocatoria, solicitando la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo.

Señala que la parte demandante falta a la verdad y pretende inducir en error al señalar el cumplimiento del Contrato, cuando ello no fue así, al no haberse presentado el Informe Final subsanado las observaciones efectuadas en su oportunidad, continuando a la fecha el incumplimiento al Contrato, más la multa de Bs. 35.000, sin que dichos aspectos hayan sido valorados en la sentencia impugnada.

Concluye solicitando que, “…al amparo del art. 5 de la Ley Transitoria para la tramitación de los procesos contenciosos y contenciosos administrativos en concordancia con el Art. 270 y siguientes del Código Procesal Civil, INTEPONGO RECURSO DE CASACIÓN contra la Sentencia 197/2024 de fecha 01 de octubre de 2024 (…), debiendo remitirse todos los obrados a la SALA PLENA DE ESE TRIBUNAL” (sic).

CONTESTACIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN.

Edwin Morales Tapia por la Empresa CONSCONSERV mediante memorial (fs. 300 a 302), responde al Recurso de Casación, refiriendo que el medio de impugnación no reúne los requisitos establecidos por los arts. 271 y 274.3 del Código Procesal Civil (CPC); tampoco expresa con claridad y precisión la ley o leyes infringidas, indebidamente o erróneamente interpretadas, precisando en que consiste la infracción, falsedad o error, ya se trate de casación en la forma o en el fondo; solicitando se declare improcedente y se declare la ejecutoria de la Sentencia 197/2024 de 1 de octubre.

CONSIDERANDO IV.

FUNDAMENTOS DE LA SALA PLENA.

CONSIDERACIONES PREVIAS

Luego de la revisión de los antecedentes cursantes en el expediente, compulsado los mismos con lo expuesto en el recurso de casación, previo a emitir una decisión debidamente fundamentada, respecto de las infracciones acusadas por el recurrente, corresponde realizar precisiones conceptuales respecto a determinados institutos jurídicos, situación que coadyuvará a comprender de mejor manera la motivación y fundamentación de la presente decisión judicial.

IV.1. RESPECTO A LA NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y EL PROCESO CONTENCIOSO.

En principio, manifestaremos que la Justicia Administrativa, en palabras de Héctor Fix-Zamudio, citado por Favio Chacolla Huanca, en su libro “La Justicia Administrativa en Bolivia. El proceso contencioso administrativo y proceso contencioso. Pág. 109 Edición 2020” es: “un conjunto bastante amplió y crecientemente complejo de instrumentos jurídicos para la tutela de los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los particulares frente a la actividad de la administración pública o de la conducta en materia administrativa de cualquier autoridad, por medio de los cuales se resuelven los conflictos que se producen entre la administración y los administrados”.

De lo transcrito se asume que la Justicia Administrativa, se constituye en el conjunto de instrumentos legales, mediante los cuales se limita el poder que ejerce el Estado a través de la administración pública, respecto del administrativo, el cual se materializa mediante actos administrativos unilaterales y actos administrativos bilaterales.

En la legislación nacional, la Justicia Administrativa, se efectiviza a través de dos procesos judiciales, como ser el contencioso administrativo y el contencioso, es en razón de ello que corresponde precisar que el proceso contencioso, es el mecanismo judicial, mediante el cual corresponde resolver cualquier clase de controversia, emergente de un contrato administrativo, negociación y concesión del Gobierno Central y demás instituciones públicas o privadas que cumplan roles de administración pública a nivel nacional o departamental. (arts. 2.1 y 3.1. de la Ley Nº 620), salvo disposición legal que expresamente disponga otra situación.

Para interponer un proceso contencioso, respecto de un acto administrativo bilateral, no es imperativo que la parte actora agote la vía de impugnación administrativa y tampoco existe un plazo de caducidad, respecto a su procedencia. Complementando, el profesor Mariano Gomes Gonzales establece que los contratos administrativos: “…son todos aquellos contratos en que intervienen la administración, legalmente representada y tienen por objeto la ejecución de una obra o servicio público ya sea en interés general o del Estado de la Provincia o Municipio”. A su vez el art. 47 de la Ley Nº 1178 prevé: “…son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza”.

IV.2. NATURALEZA PROCESAL DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL PROCESO CONTENCIOSO.

La Ley 620, de 29 de diciembre de 2014, cuyo nomen juris es: “Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo”, es una disposición jurídica mixta, modifica la estructura competencial del Órgano Judicial, establece nuevas competencias y precisa formalidades procesales, con relación al proceso contencioso y contencioso administrativo.

En el primer caso, crea Salas Especializadas en los Tribunales Departamentales de Justicia y en el Tribunal Supremo de Justicia, tribunales que asumen competencia para resolver mediante una resolución definitiva o una sentencia, la controversia emergente de cualquier de estos procesos, especiales.

Realizando una interpretación extensiva del art. 5 de la Ley 620, respecto de los procesos contenciosos, se asume que toda sentencia o auto definitivo que ponga fin al litigio, podrá ser impugnado mediante recurso de casación, sea en la forma o en el fondo. En su tramitación, deberán observarse las formalidades previstas en la Circular N° 05/2021, emitida por Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

Infracciones de forma e infracciones de fondo. La doctrina y jurisprudencia, han definido a la casación como un recurso extraordinario, con presupuestos esencialmente establecidos por ley, los cuales pueden ser identificados como casación en la forma, referidos a una errónea interpretación y aplicación de determinados procedimientos previstos en una norma adjetiva, también llamados “errores in procedendo”, o casación en el fondo; es decir, que la autoridad judicial interpreto y aplicó erróneamente determinados preceptos jurídicos sustantivos, referidos a derechos y deberes subjetivos, aplicables a la constitución de los actos administrativos bilaterales, que son objeto de la controversia a resolver, llamados “errores in jundicando”.

En ese entendido, debe tenerse en cuenta que mientras la finalidad de un recurso de casación en la forma es la nulidad de obrados, la finalidad de un recurso de casación en el fondo es totalmente distinta, siendo ambas resoluciones excluyentes, por un criterio lógico jurídico, de ahí que si se acredita que evidentemente las autoridades judiciales que emitieron la resolución judicial de primera instancia, incurrieron en errores in procedendo, no corresponde ingresar a analizar las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo, por cuanto, se habrá dispuesto la nulidad de obrados, no siendo viable por lo tanto emitir ningún criterio, respecto de los errores in jundicando que hubieran sido acusado en el recurso de casación en el fondo.

El art. 271 del CPC, norma legal que en su parágrafo I indica: “El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo. Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas, se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial”.

La primera parte de este parágrafo, es aplicable tanto a los errores in procedendo, como a los errores in jundicando, no siendo suficiente que el recurrente acuse una determinada infracción o vulneración legal, sino que debe explicar el mismo en forma clara, si por el contrario la parte recurrente realiza una exposición genérica de sus argumentos, los miembros del Tribunal de Casación, no podrán subsanar de oficio esta situación, por cuanto ello implicará emitir una decisión ultra petita y esto significa emitir un auto supremo contrario al principio de congruencia y por ende al debido proceso.

Respecto de la segunda parte de este parágrafo, el Dr. Pastor Ortiz Mattos en su libro "El Recurso de Casación en Bolivia", refiere: "El error consiste en creer verdadero lo falso o creer falso lo que es verdadero”.

Complementando, existirá error de derecho en la valoración de la prueba, cuando la autoridad judicial, hubiera omitido a tiempo de exponer su argumentación probatoria, determinadas formalidades o solemnidades que el legislador a previsto para el referido medio de prueba, omisiones que hacen ineficaz el referido medio de prueba, para ello deberá individualizar tanto el medio de prueba acusado, como las formalidades legales omitidas.

El error de hecho, en la valoración de la prueba, está referido a que la autoridad judicial, equivocadamente estima el contenido material de un determinado medio de prueba, a mérito de lo manifestado y dada la gravedad de esta clase de error o apreciación valorativa, el legislador ha establecido que el error de hecho en la valoración de la prueba, imperativamente deberá evidenciarse por documento o actos auténticos que lo demuestren.

El segundo parágrafo refiere: “II. En cuanto a las normas procesales, sólo constituirá causal la infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueren esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas oportunamente ante juezas, jueces o tribunales inferiores. Esta previsión está referida a un recurso de casación en la forma, donde se acusa errores in procedendo, pudiendo considerarse una causal de improcedencia subjetiva, por cuanto el legislador ha establecido que en un recurso de casación en la forma, no es suficiente el haber evidenciado que sí existió una errónea interpretación y aplicación de un determinado procedimiento, previsto en una norma adjetiva, sino que además deberá acreditarse que esta vulneración normativa fue esencial, para vulnerar el debido proceso, entendemos en su triple dimensión.

Finalmente, el tercer parágrafo dispone: “III. No se considerarán causales de casación, los errores de derecho que no afectaren la parte resolutiva de la sentencia o auto definitivo”. Dado que esta redacción cumple con el principio de taxatividad, no corresponde realizar ningún comentario.

En resumen, con la finalidad de garantizar la eficacia de un recurso de casación, es imperativo que la parte recurrente explique de manera precisa, en su escrito de casación, que clase de infracción o error, habrían cometido las autoridades judiciales de primera instancia, a tiempo de emitir su decisión, técnica recursiva que es imperativo que sea cumplida, por cuanto de omitirse aquello, no puede ser subsanado de oficio por el Tribunal de Casación.

CONSIDERANDO V.

De la lectura del recurso interpuesto, se advierte que se acusa falta de valoración de la prueba, en torno a lo cual alega dos agravios:

V.1. En cuanto al primer agravio, referido a que la Empresa CONSCONSERV no demostró la presentación de los informes de las planillas 3, 4, 5 y 6, incumpliendo con lo previsto en la cláusula décima primera del Contrato IBM-C-ANPE-2019.189. De la lectura de la Sentencia confutada se tiene que al respecto efectúa un pronunciamiento preciso señalando que de la documentación presentada se advertía que, el Acta de recepción provisional es de 2 de marzo de 2020, el Acta de recepción definitiva de 9 de noviembre del mismo año y la solicitud de pago de certificado de supervisión N° 6 presentado por CONCONSERV tiene como data el 7 de julio de 2020, estando establecido en la cláusula décimo novena, punto 19.1.4 que el informe final se emitirá en el lapso que medie entre la recepción provisional y la definitiva, teniendo el supervisor plazo entre el 2 de marzo al 9 de noviembre de 2020 y habiendo presentado su informe el 7 de julio del mismo, se tendría por cumplido lo establecido. Conforme lo señalado se tiene no ser evidente la afirmación de la parte recurrente en cuanto a la falta de valoración de la prueba que demostraría un incumplimiento de la Empresa en cuanto a la presentación del informe final, puesto que el fallo objetado, sustentado en la prueba existente, entre ellas el Contrato suscrito entre las partes, efectuó una relación de fechas en base a lo cual concluyó que el mencionado informe fue presentado dentro del plazo previsto en el referido Contrato.

Asimismo, refiere como agravio que el contenido de la cláusula vigésima primera no fue valorado en sentencia, al respecto, en la resolución recurrida a través de fs. 286, en su acápite Respecto de los interese demandados (SIC), argumenta dicho enunciado, justamente en base a la cláusula décimo primera del Contrato Administrativo, llegando a la conclusión de otorgar el pago de intereses por la demora de pago; por consiguiente, no siendo cierto lo alegado por el recurrente sobre la falta de valoración de esta cláusula.

Mostrando 123 de 245 parrafos.

Texto del fallo

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