AS/0107/2013-RRC

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 107/2013-RRC

Sucre, 22 de abril de 2013

Expediente : La Paz 8/2013

Parte acusadora : Bando Unión S.A.

Parte imputada : Jorge Fernando Tuto Quiroga Ramírez

Delitos : Difamación, Calumnia e Injuria

Magistrado Relator : Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

RESULTANDO

Por memorial cursante de fs. 1114 a 1128, Jorge Fernando Tuto Quiroga Ramírez, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 67/2012 de 5 de octubre de fs. 1075 a 1080 vta. y el Auto complementario de 20 de febrero de 2013, a fs. 1092, pronunciados por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Banco Unión S.A. contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282, 283 y 287 del Código Penal (CP).

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN

I.1. Antecedentes

Por Sentencia 19/2010 de 8 de septiembre (fs. 427 a 433), el Juzgado Tercero de Sentencia de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró al imputado Jorge Fernando Tuto Quiroga Ramírez, autor de la comisión de los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282, 283 y 287 del CP, condenándole a la pena privativa de libertad de dos años y ocho meses, con costas y daños a calificarse en ejecución de sentencia.

La referida Sentencia fue objeto de apelación por parte de: Jorge Fernando Tuto Quiroga (fs. 480 a 489) y por el representante del Banco Unión S.A. (fs. 500 a 501 vta.), recursos que fueron resueltos mediante el Auto de Vista 67/2012 de 5 de octubre, que declaró improcedentes los recursos de apelación restringida confirmando la Sentencia, motivando la formulación del recurso de casación que ahora es motivo de análisis.

I.1.1. Motivos del recurso

De la revisión del recurso de casación de Jorge Fernando Tuto Quiroga Ramírez, admitido mediante el Auto Supremo 076/2013-RA de 20 de marzo, se tienen los siguientes motivos para su análisis de fondo:

Sobre la "aplicación del delito de Calumnia"(sic), el recurrente transcribiendo parte del Auto de Vista; denuncia:

"Aplicación retroactiva de la norma" (sic); manifestando que, en cuanto al fundamento utilizado por el Juez de Sentencia, para sentenciarlo por el delito de calumnia por los hechos acontecidos en el mes de febrero del 2009, éste concluyó que: "El delito de calumnia Art. 283 del Código Penal se halla demostrado por cuanto al Banco por las pruebas judicializadas de referencia, el imputado sindica que los recursos que maneja el Banco provienen de la corrupción, la misma que se halla relacionada con el lavado de dinero, por lo que está imputando de un delito que se halla penado por ley"; sobre esta conclusión afirma que, es la única referencia que se hizo a la presunta adecuación de su conducta al tipo penal, sin que el Juez mencione de forma inequívoca, cuál habría sido el tipo penal específico que falsamente su persona hubiera imputado al Banco Unión S.A.; sin embargo, dice que, el Tribunal de apelación en forma arbitraria señaló que: "evidenciándose que el criterio asumido por el Juez A quo respecto al delito de calumnia, ha sido el correcto ya que con las afirmaciones realizadas por el acusado se atribuyó la comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas al Banco Unión..." y "...se puede evidenciar que se realiza una descripción de los elementos constitutivos del tipo penal tipificado en el art. 185 bis del Código Penal, Legitimación de ganancias Ilícitas..." (sic); arribando a conclusiones no contempladas en la Sentencia, haciendo uso de normas cuya vigencia es posterior a los hechos criminosos que se le atribuyeron, pues al momento de haberse realizado las declaraciones cuestionadas se encontraba vigente el Código Penal aprobado mediante Ley 1768 de 10 de marzo de 1997, en el cual el art. 185 bis, no hacía referencia al término "lavado" o "corrupción".

Por ello precisa que, el Tribunal de alzada hizo uso de la tipificación del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas modificado por el art. 34 de la Ley 004 de 31 de marzo de 2010, utilizando una ley posterior y soslayando el hecho de que esta misma norma fue modificada por la Ley 170 de 9 de septiembre de 2011, para justificar e identificar el delito falsamente imputado conforme exige el art. 283 del CP.

Finaliza, mencionando que el error de no haberse identificado en su momento el delito falsamente imputado es atribuible al Juez de primera instancia, quien conforme a la valoración de los hechos y las pruebas determina la adecuación de la conducta al tipo penal, lo que no ocurrió, y contrariamente el Tribunal de apelación en vez de advertir el error y ordenar su corrección, ha intentado subsanarlo teniendo que recurrir para este cometido a la aplicación retroactiva de la norma y realizar una valoración de los hechos; situación que sería contraria a los Autos Supremos 438 de 15 de octubre de 2005 y 84 de 1 de marzo de 2006.

ii. En este mismo motivo precisando: "En cuanto a la calidad de sujeto pasivo de los delitos contra el honor de las personas jurídicas" (sic); manifiesta que, el Auto de Vista impugnado, recogiendo en parte los fundamentos de la Sentencia, hace referencia a una serie de aspectos para intentar justificar que las personas jurídicas pueden ser víctimas o sujetos pasivos del delito de Calumnia, así como al art. 13 Ter del CP, entendimiento de la Sentencia Constitucional (SC) 294/2002-R y art. 410 de la Constitución Política del Estado (CPE), pretendiendo realizar una interpretación forzada y sesgada del art. 14.V de la CPE, tratando de establecer que las personas jurídicas gozan y

ejercen los mismos derechos que una persona natural, en especial el derecho al honor en su faceta objetiva y subjetiva; al respecto, hace mención a la SC 0400/2006-R de 25 de abril de 2006.

Expresa que nuevamente, la errónea aplicación de la ley sustantiva queda manifestada en la inadecuada subsunción realizada por el Juez de Sentencia como por el Tribunal de apelación, cuando se intenta argumentar que la persona jurídica puede ser sujeto pasivo de los delitos contra el honor para justificar su responsabilidad sobre el delito de Calumnia, cuando este tipo penal no admite esa posibilidad; contradiciendo de ese modo el precedente establecido por el Auto Supremo 84 de 1 de marzo de 2006.

iii. Intitulando "En cuanto a la inaplicabilidad del Auto Supremo 155 de 10 de abril de 2010" (sic), el recurrente denuncia que tanto el Juez como el Tribunal de alzada, se apartaron de la ley y de su cumplimiento para desconocer el sentido jurídico y los elementos normativos del tipo penal de Calumnia; señala que, corresponde a la autoridad judicial el valorar los hechos y pruebas para determinar si la exteriorización de la voluntad humana incurre en responsabilidad al transgredir el orden legal y las prohibiciones en él insertos que es definida como la subsunción penal; al respecto, resalta que durante el proceso la calidad de presunta víctima ha recaído en el Banco Unión S.A., como un ente inmaterial y una ficción jurídica, quien estima que se han cometido delitos contra su honor y no así de sus representantes o personeros.

Agrega que, a lo largo de la tramitación de este proceso sostuvo la imposibilidad de la aplicación del delito de Calumnia dado que el mismo requiere la falsa imputación de un delito a otra persona, la cual debe tener la capacidad de delinquir o cometer ilícitos y es así que cumpliendo los requisitos de ley, a tiempo de formular el recurso de apelación restringida, hizo mención al precedente contenido en el Auto Supremo 155 de 10 de abril de 2010, que afirmó que: "...si bien es cierto que el tipo penal de la calumnia no puede ser sujeto pasivo una persona jurídica al no poder imputárselo la comisión de un ilícito" (sic), el Tribunal de alzada se apartó de este entendimiento y sin apoyarse en otros precedentes o doctrina, hizo prevalecer su errada conclusión sobre la calidad de sujeto pasivo del delito de Calumnia al Banco Unión S.A., además de manifestar que se desestimó el precedente citado, señalando que éste sería solamente un argumento considerativo y no doctrina legal aplicable, cuando no todos los Autos Supremos contienen un apartado específico para identificar el precedente o doctrina legal, lo que no implica que el Auto Supremo no contenga una razón de decisión relevante que adquiera estas características.

Denominando "irretroactividad de la ley penal"(sic); el recurrente señala que, el Auto de Vista impugnado, en su acápite

tercero, se refiere a la posible errónea aplicación de la Ley 004, transcribiendo para ello parte del Auto de Vista; refiriendo que en apelación restringida precisó como un agravio, la aplicación retroactiva de la Ley 004 de 31 de marzo de 2010, habiendo mencionado la impertinencia de la citada ley, que se refiere a delitos contra la Corrupción, que no podía ser aplicada retroactivamente para justificar el delito de Calumnia; finaliza, señalando que el Tribunal de alzada, al confirmar la Sentencia no sólo infringió el principio de la retroactividad de la ley penal, al referirse a la Ley 004, sino también cuando con manifiesta parcialidad y sin competencia, refirió que el criterio asumido por el A quo respecto al delito de Calumnia fue el correcto, ya que con afirmaciones realizadas por el acusado se le atribuyó la comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas al Banco Unión S.A.; infringiendo así el art. 123 de la CPE.

c) Intitulando "contradicciones del Auto impugnado...con el precedente Auto Supremo 95 de fecha 24 de marzo de 2005" (sic); manifiesta que, el Auto de Vista recurrido, en su considerando III al referirse al delito de Injuria, no fundamenta cómo su persona hubiera ofendido al Banco Unión S.A. en su dignidad y decoro, limitándose a mencionar lo que señala el profesor argentino Carlos Creus en su obra Derecho Penal Parte Especial Tomo III, sin llegar a la afirmación del cómo y por qué hubiese cometido la injuria por culpa o dolo. Al respecto señala que, la contradicción con el Auto Supremo 95, se encontraría en el hecho de que ese Auto señala que para que se cometa el delito de Injuria el autor debe actuar con dolo directo, y en el caso de autos no hubiera adecuado su conducta a este tipo penal, porque nunca tuvo la intención manifiesta de producir daño, lo que significa que en ningún momento tuvo la intención de injuriar al Banco querellante.

d) En el último motivo de su recurso, admitido para su análisis de fondo, identificado como: "Sobre el concurso de delitos y múltiple juzgamiento" (sic); el recurrente señala que en apelación restringida precisó que otro de los aspectos soslayados por el Juez de primera instancia, tuvo que ver con la inobservancia de los arts. 44 y 45 del CP, porque en ninguna parte de la Sentencia se hizo referencia al tema de aplicación de los concursos ideal o real, como única autoridad facultada para analizar y determinar los hechos que motivan el enjuiciamiento penal; sin embargo, se le atribuyó la comisión de tres tipos penales. Denuncia que el Auto de Vista impugnado, nuevamente en vez de observar y ordenar su corrección, se pronunció realizando una valoración de los hechos del proceso, incurriendo en una abierta falsedad, al tratar de subsanar aspectos no contemplados en la Sentencia de primera instancia, asumiendo facultades privativas que debieron ser ejercidas por el Juez de Sentencia sobre valoración de los hechos para determinar la existencia de concurso real o ideal de delitos; al respecto, manifiesta que existe contradicción del Auto de Vista recurrido con el Auto Supremo 438 de 15 de octubre de 2005.

En este mismo motivo, el recurrente señala que otro punto no considerado en el Auto de Vista fue el relativo a la imposición de la pena, por la presunta comisión de los tipos penales de Difamación, Calumnia e Injuria; que si bien

protegen el mismo bien jurídico, tienen diferentes elementos constitutivos, lo que significa que necesariamente deben demostrarse los hechos que determinan que una conducta se adecua a los presupuestos normativos de cada uno de los tipos. Concluye, manifestando que existe inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, ya que el juez de primera instancia no fundamentó cómo el hecho generó una pluralidad de delitos y como estos delitos se materializaron cada uno de forma independiente al otro al ser del mismo género y precautelar el mismo bien jurídico, contrariando así el precedente establecido en el Auto Supremo 448 de 12 de septiembre de 2007.

I.1.5. Petitorio.

El recurrente pide que este Tribunal Supremo, declare fundado su recurso.

I.2. Admisión del recurso.

Mediante el Auto Supremo 076/2013-RA de 20 de marzo, se admitió el recurso de casación, únicamente respecto a los motivos identificados como II.1.2 en sus tres incisos, II.1.4, II.1.5 y II.1.6, que en esta Resolución por metodología fueron identificados como a), b), c) y d).

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO

De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación se concluye lo siguiente:

II.1. Acusación, Juicio Oral y Sentencia.

René Vicente Arzabe Soruco apoderado legal del Banco Unión S.A., por memorial de 11 de mayo de 2009, cursante de fs. 43 a 47 vta., presenta acusación particular contra Jorge Quiroga Ramírez, por la presunta comisión de los delitos de acción penal privada de Difamación, Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282, 283 y 284 del CP, con la siguiente relación de hechos: "en fecha 6 de febrero del presente año, apareció en los medios de comunicación televisivos y en medios de prensa escrita el señor que responde al nombre de Jorge Quiroga Ramírez, en el mismo realizó declaraciones públicas contra el Banco Unión, haciendo referencia a que el Banco Unión se habría constituido como lavandería de corrupción y de chavismo, habrá que ver si se está usando para lavandería de narcotráfico"(sic); que con los delitos cometidos por el imputado "ha afectado directamente al Banco Unión S.A. en su condición de persona jurídica..."(sic).

Radicada la causa en el Juzgado Tercero de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz, por Auto de 11 de septiembre de 2009 (fs. 135), se determina la Apertura de Juicio Oral.

El 25 de enero de 2010 (fs. 196), se instala la Audiencia de Juicio Oral, que concluye con la emisión de la Sentencia 19/2010 (fs. 427 a 433), que declara a Jorge Fernando Tuto Quiroga Ramírez, autor de los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, sancionándole a la pena privativa de libertad de dos años y ocho meses, más multa de doscientos días.

Los fundamentos esgrimidos por el A quo para declarar la culpabilidad del imputado, en lo pertinente al presente recurso, son los siguientes:

En el acápite "Valoración y Fundamentación Jurídica de la Prueba" en el numeral CUARTO se concluye respecto al delito de Calumnia que: "el delito de Calumnia art. 283 del CP se halla demostrado por cuanto el Banco por las pruebas judicializadas de referencia, el imputado sindica que los recursos que maneja el Banco provienen de la corrupción, la misma que se halla relacionada con el lavado de dinero, por lo que le está imputando de un delito que se halla penado por ley; consumándose con dicha sindicación el delito de calumnia, donde la voluntad delictuosa en este tipo de delitos está integrada por el elemento subjetivo de la inocencia del imputado, asimismo las imputaciones contra una persona, en este caso jurídica, propaladas de manera pública y continuada, que constituyen un sólo conjunto, tratándose de un delito formal para su perfeccionamiento, donde se detiene en la voluntad directa del hecho en sí y tal hecho produzca efectivo daño en cualquier orden que sea" (sic).

"Que, el art. 1 de la Ley de lucha contra la Corrupción, Ley 004 tiene como objeto la investigación y sancionar actos de corrupción entre otros a personas naturales y jurídicas y representantes legales de personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado, asimismo el art. 5 num. 5) de dicha ley, señala que el ámbito de aplicación de la ley 004 afecta a personas privadas, naturales o jurídicas y todas aquellas personas que no siendo servidores públicos cometan delitos de corrupción causando daño económico al Estado o se beneficien indebidamente con sus recursos, ésta ley de conformidad con la Constitución Política del Estado no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno, debiendo ser de aplicación preferente, normas que tienen directa relación con el art. 14 p. V de la Constitución Política del Estado; se donde se infiere que una persona jurídica puede ser objeto de un proceso penal, legitimada que se halla por dichas normas" (sic).

Respecto al delito de Injuria, finaliza señalando que: "el delito de injurias art. 287 del CP que es formal en su naturaleza, basta el ataque a la dignidad o decoro, ya que sea verbal o escrito etc. Consumándose en el momento en que se la dice, que, el imputado por ante la prensa en forma verbal, publicado y por medos de televisión consumó su conducta antijurídica, donde el aspecto objetivo está representado por la apreciación y estimación que hacen los demás de las cualidades morales y del valor social, aquél es el honor en sentido estricto, esta es la buena reputación, la lesión de cualquiera de estos sentimientos integra un delito contra el honor, lo mismo injuria el que ofende ante una colectividad, que, el que agravia sin otra presencia que el ofendido"(sic).

En el numeral SEXTO en cuanto a la imposición de la pena concluye señalando que: "la acción típica, antijurídica y culpable, correspondiendo establecer responsabilidades civiles y penales contra el imputado, se considera como atenuante de la pena, por cuando no se demostró que el imputado tenga antecedentes penales anteriores al hecho acusado art. 40 num. 2 del Código Penal" (sic).

II.2. Recurso de Apelación restringida y Auto de Vista.

Por memorial cursante de fs. 480 a 489, el imputado interpone recurso de apelación restringida, denunciando como agravios: Sentencia dictada con inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva; fundamentación insuficiente y contradictoria; sentencia basada en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio e incorrecta valoración de la prueba.

Por Auto de Vista 67/2012 de 5 de octubre de fs. 1075 a 1080, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declara Improcedente el recurso de apelación restringida interpuesta por Jorge Tuto Quiroga Ramírez confirmando la sentencia, con los siguientes argumentos en lo pertinente al presente recurso:

Respecto al motivo del recurso de apelación restringida de falta de fundamentación y contradictoriedad de la Sentencia, después de transcribir la conclusión del juez en cuanto al tipo penal de calumnia, señala que: "evidenciándose que el criterio asumido por el Juez A quo respecto al delito de calumnia, ha sido el correcto ya que con las afirmaciones realizadas por el acusado se atribuyó la comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas al Banco Unión. Y con relación a que no se hubiere señalado expresamente el artículo o norma jurídica contenida en la ley penal sustantiva vigente en el momento del supuesto hecho punible en la cual se encuentra incurso el delito de corrupción, lavandería y otras expresiones vertidas por el Juez A quo, se puede evidenciar que se realiza una descripción de los elementos constitutivos del tipo penal tipificado en el art. 185 bis del Código Penal Legitimación de ganancias ilícitas" (sic); el de alzada, continúa el fundamento transcribiendo la norma penal de referencia y concluye señalando que (el): "Juez A quo, realizó la respectiva descripción del delito que el acusado atribuyó a la ahora víctima, se colige que no se podrá alegar indefensión en el marco del debido proceso" (sic).

En base a la doctrina procede a realizar una diferenciación entre el honor subjetivo y objetivo, llegando a la conclusión que las personas jurídicas también pueden ser sujetos pasivos de la comisión de los delitos contra el honor.

El Tribunal de alzada, haciendo referencia al art. 13 Ter del CP, a la SC 294/2002-R, a los arts. 410 y 14.V de la CPE y al Auto Supremo 155, precisa sobre esta última resolución que: "del análisis referido del A.S. 155 corresponde al punto de las consideraciones realizada en el referido A.S. no a la doctrina legal aplicable, más aún considerando que la jurisprudencia como fuente del derecho que resulta de los fallos judiciales y correcta aplicación de la ley al caso concreto debe ser de manera concordante y uniforme, debiendo existir uniformidad en el caso concreto del cual emana el Auto Supremo con el caso concreto al cual se pretende aplicar, sin cuyo requisito no puede ser considerada vinculante, lo que en este caso no acontece, ya que no existe identidad en la esencia de los hechos en el proceso que dio origen al A.S. 155 y el caso de autos no siendo aplicable"(sic).

Después de la conclusión que antecede se concluye afirmando que: "una persona jurídica puede ser víctima del delito de calumnia, en virtud de que la misma puede ser sujeto activo en la comisión de un hecho delictivo, de forma específica en este caso legitimación de ganancias ilícitas (como se ha referido incluso como compañía fachada y otras especificaciones) por los representantes legales de la persona jurídica. Evidenciándose que en el caso de autos se ha evidenciado que el ahora acusado a atribuido la comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas al Banco Unión, como entidad financiera, afectando de esta forma su honor objetivo, siendo víctima del delito de calumnia porque existe la posibilidad de que puede ser sujeto activo de la comisión del hecho delictivo imputado por el acusado" (sic).

Respecto al motivo de errónea aplicación de la ley 004, manifiesta que: "se debe considerar que las leyes penales sustantivas que crean facultades y son eminentemente retroactivas y de leyes penales adjetivas que regulan los procedimientos y que excepcionalmente puede ser retroactivas, no viola los tratados de derecho, la doctrina mayoritaria, el concepto de garantía ni colisionaría con el art. 116-I de la propia Constitución" (sic).

Continúan los Vocales señalando que: "evidenciándose que la sentencia objeto del presente análisis tiene uno de sus fundamentos en base a la Ley 004, Ley de Lucha contra la Corrupción el cual no ha sido determinante en algún criterio a ser asumido por el juez A quo a momento de realizar la valoración de la prueba la fundamentación de la sentencia, toda vez que la fundamentación real de que una persona jurídica puede ser objeto de un proceso penal, se encuentra bajo el criterio determinado por el art. 14 - V de la CPE; por cuyo extremo se deberá considerar a este análisis como un defecto procesal relativo, susceptible de corrección en virtud a que dicha fundamentación no es la esencia de la sentencia conforme se ha motivado en los puntos anteriores, no cumpliendo de esta forma con la teoría de las nulidades respecto a la afectación que generaría contra el recurrente"(sic).

Con relación al delito de Injuria, señala que "finalmente con respecto al art. 287 injuria, en la Sentencia objeto del presente análisis se señala de forma clara cuál es la manifestación injuriosa que desacredita al Banco Unión entendida como la víctima en el presente proceso" (sic).

Finaliza señalando respecto al art. 44 del CP: "entendiendo que puede ocurrir que un mismo sujeto realice una actividad o una secuencia de actividades encuadradas en varios tipos penales, que nos da en unidad de hecho con pluralidad de encuadramientos típicos, lo que ocurre en el presente caso, ya que a través de un solo hecho el ahora recurrente adecuó su conducta a tres tipos penales, de entre los cuales se impone una sola pena, la cual tiene el parámetro de la más grave con una posibilidad de agravarla en un cuarto. Parámetro que fue plenamente cumplido por el Juez A quo" (sic).

Con ese antecedente el recurso del hoy recurrente fue declarado improcedente.

III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN

Establecido el ámbito de análisis en el Auto de Admisión del presente recurso y al advertirse el planteamiento de distintas temáticas, se pasa a analizarlas y resolverlas en el orden señalado en el acápite I.1.1. de la presente Resolución.

III.1 Con relación al delito de Calumnia.

El recurrente plantea en su recurso varias temáticas relativas a la aplicación retroactiva de la norma, la calidad de sujeto pasivo de los delitos contra el honor de las personas jurídicas, la inaplicabilidad del Auto Supremo 155 de 10 de abril de 2010 y la irretroactividad de la ley penal; todas vinculadas al delito de calumnia, razón por la cual a los efectos de resolverlas es pertinente efectuar las siguientes precisiones.

III.1.1. La discusión si las personas jurídicas tienen honor.

En este apartado cabe plantearse si las personas jurídicas tienen honor, teniendo en cuenta que dentro de la doctrina existen distintas opiniones, siendo necesario asumir una posición respecto a este particular tema; en ese propósito, el punto de partida es la identificación de las dos posiciones divergentes sobre el tema; es decir, aquella que sostiene el carácter personalista del derecho del honor; la segunda, asumida en sentido de que el significado del derecho al honor ni puede ni debe excluir de su ámbito de protección a las personas jurídicas; para que con base a la normativa constitucional e interna, definir si en Bolivia el referido derecho abarca o no a la personas jurídicas.

Primera posición.

En cuanto a la primera posición se puede citar el entendimiento asumido por la Sala Primera del Tribunal Constitucional de España, que en la STC 107/1988, de 8 de junio, asumió que: "...el derecho al honor tiene en nuestra Constitución un significado personalista, en el sentido de que el honor es un valor referible a personas individualmente consideradas, lo cual hace inadecuado hablar del honor de las instituciones públicas o de clases determinadas del Estado, respecto de las cuales es más correcto, desde el punto de vista constitucional, emplear los términos de dignidad, prestigio y autoridad moral, que son valores que merecen la protección penal que les dispense el legislador, pero que no son exactamente identificables con el honor, consagrado en la Constitución como derecho fundamental...".

En la misma línea de entendimiento, el Tribunal Constitucional de Bolivia a través de la Sentencia Constitucional 0686/2003-R, de 6 de mayo señaló: "... el derecho al honor es el que toda persona tiene a ser tratada conforme a la prioridad ontológica y moral que le otorga su propia condición humana, y de acuerdo con las cualidades que la distinguen en su obrar. Este derecho, se constituye en una parte del núcleo esencial de derecho a la dignidad humana; por ello se lo vulnera cuando su titular es tratado como cosa y no como persona, como medio y no como fin, con desconocimiento del realce y de la primacía que ostenta todo integrante del género humano; así, por ejemplo, cuando a una persona se le somete a esclavitud, o cuando se le aplican tratos o penas degradantes, o se le hace objeto de discriminaciones o marginaciones por razón de raza, sexo, religión u otros motivos. Con mucha frecuencia se tiende a considerar el honor como sinónimo de la honra, lo cual es impropio ya que entre ambos existe una diferencia claramente definida por la doctrina, pues mientras el honor constituye un concepto interno de la persona, la honra constituye el concepto objetivo externo que se tiene de la persona".

Siempre en la primera posición, cabe señalar que doctrinalmente el honor está compuesto por dos elementos complementarios como son: 1) el honor interno y 2) el honor externo, constituyendo el primero el ideal e intangible, que posee el hombre como ser racional y que se identifica con la dignidad de la persona, mientras que el honor externo constituiría el juicio que la comunidad proyecta sobre el individuo, es decir, la reputación o fama social.

Como puede advertirse tanto el concepto y composición del derecho de honor precedentemente precisados, tienen un significado personalista del derecho al honor, motivo por el cual, en esta primera posición se asume que la dimensión interna del honor, falta en las personas jurídicas, habida cuenta que el honor sólo es predicable de la persona individualmente considerada; en cuyo mérito, correspondería en todo caso respecto a las personas jurídicas de base patrimonial, hablar en términos de dignidad, prestigio y crédito mercantil, que son bienes jurídicos protegibles, pero no identificables con el derecho al honor.

Segunda posición.