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TSJ

AS/0109/2009

Tribunal Supremo de Justicia
27 de febrero de 2009Penal IMag. Maria Lourdes Bustamante Ramírez
Proceso
Sala
Penal I
Año
2009

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Texto del fallo

SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO: 109 Sucre, 27 de febrero de 2009

DISTRITO: Cochabamba

PARTES:Ministerio Público c/ Roberto Laura Rodríguez

Fabricación de Sustancias Controladas (Dispone la extinción de la acción penal)

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Sucre, 27 de febrero de 2009

VISTOS: El requerimiento fiscal de fojas 155 a 158 pronunciado de oficio sobre la extinción de la acción penal, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Roberto Laura Rodríguez, por el delito de fabricación de sustancias controladas, tipificado por el artículo 47 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de 19 de julio de 1988; los antecedentes, y

CONSIDERANDO: Que, la extinción de la acción penal es una excepción de previo y especial pronunciamiento, y corresponde a éste Tribunal Supremo pronunciarse, tomando en cuenta la Sentencia Constitucional Nº 0101/04 de 14 de septiembre de 2004, además la extinción es una forma extraordinaria de conclusión del proceso, que se traduce en la imposibilidad de continuar con dicho tramite, desapareciendo el control del Estado sobre el hecho ilícito, así como la posibilidad de ejercitar el ius puniendi, siempre que la demora no sea atribuible a los imputados. Al respecto la Disposición Transitoria Tercera del Código de Procedimiento Penal dispone: "las causas que deban tramitarse conforme al régimen procesal anterior, deberán ser concluidas en el plazo máximo de cinco años, computables a partir de la publicación de este Código".

Al respecto, la Sentencia Constitucional Nº 0101/04 de 14 de septiembre 2004 establece que el órgano jurisdiccional a tiempo de resolver sobre la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso debe analizar en términos objetivos y verificables el origen o motivo de la dilación de la causa. Asimismo, la Sentencia Constitucional Nº 1365/05 de 31 de octubre de 2005, determinó que es condición formal para la extinción del proceso penal tramitado según el Código de Procedimiento Penal de 1972, que el proceso tenga una duración superior a los cinco años, computables desde: a) la fecha de la publicación del Código de Procedimiento Penal, para los casos que se hubieran iniciado y estuvieren en trámite a esa publicación; y b) la fecha de inicio del proceso para los casos iniciados con posterioridad a la fecha de publicación y con anterioridad a la vigencia plena del Código de Procedimiento Penal.

CONSIDERANDO: Que, del examen de los antecedentes que informan el proceso se establece:

I) De los antecedentes procesales se evidencia que en fecha 25 de noviembre de 2000, se inicia la elaboración de las diligencias de policía judicial (fojas 1); y, concluidas las investigaciones y puestas en conocimiento de la autoridad jurisdiccional, el Juzgado de Partido Primero de Sustancias Controladas de la ciudad de Cochabamba, el 8 de enero de 2001 dicta el auto de apertura de proceso contra Roberto Laura Rodríguez, por el delito de fabricación de sustancias controladas, tipificado por el artículo 47 de la Ley 1008 (fojas 37); el 18 de julio de 2001 se recibe la declaración confesoria del incriminado Roberto Laura Rodríguez, luego de 6 mese y 10 días de haberse pronunciado el auto de apertura de proceso (fojas 89 a 90); la apertura de los debates se realiza el 22 de noviembre de 2001, luego de 4 mes y 4 días de recibida la confesión (fojas 113 a 114); se pronuncia el fallo de primer grado el 19 de abril de 2002 (fojas 126 a 127), transcurridos 4 meses y 27 días; por datos de fojas 129 el oficial de diligencias del juzgado notifica con el fallo de primera instancia al procesado recién en 21 de octubre de 2002, luego de 6 meses y 2 días de haberse pronunciado la sentencia de primer grado, dilación no atribuible al procesado.

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Criterio

Que la no conclusión del proceso en el plazo máximo de duración previsto por la Disposición Transitoria Tercera del Código de Procedimiento Penal no es atribuible al procesado referido supra, sino a omisiones y falta de diligencia debida del Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales. Aquí, el principio de legalidad representa a su vez el imperio del Derecho, lo que entraña la máxima garantía jurídica para los derechos individuales que sólo el Estado de Derecho puede otorgar, sin duda alguna la exigencia de una justicia pronta y cumplida es una consecuencia de la salvaguarda de las libertades del ciudadano.

Datos del proceso

Demandante
Ministerio Público
Demandado
Roberto Laura Rodríguez
Magistrado relator
Maria Lourdes Bustamante Ramírez

Descriptores

Derecho Penal / Derecho Procesal Penal / Elementos comunes de procedimiento / Excepciones / Extinción de la acción penal
Tribunal Supremo de Justicia27 de febrero de 2009AS/0109/2009Fuente oficial