AS/0116/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:116/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:33/2023

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Extradición.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTES

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Embajada de la República del Perú contra Noemí Velarde Flores.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADA TRAMITADORA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Rosmery Ruiz Martínez.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">:25 de junio de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA. De la revisión de los antecedentes del trámite, se evidencia lo siguiente: la Embajada de la República del Perú en Bolivia, mediante Nota 5-7-M/447 de 17 de octubre de 2023, (fs. 1), dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, quien a su vez remite la Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-3892/2023 de 23 de octubre (fs. 139), requiere formalmente la Extradición de la ciudadana de nacionalidad boliviana Noemí Velarde Flores, portadora de la Cédula de Identidad 4816172, en mérito al Oficio 15577-2023-MP-FN-OCJIE-LNRR-LSRV (EXT 118-2023) de 18 de septiembre, de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación del Perú, que transmite la solicitud de detención preventiva con fines de extradición de la ciudadana antes mencionada; quien es requerida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno, por la comisión del delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado previsto en el art. 297.7 del Código Penal del Perú y el Tratado de Extradición suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Perú ratificado mediante Ley 723 de 24 de agosto de 2015; el Dictamen FGE/AMNMC 23/2025 de 8 de julio (fs. 205 a 208) y los antecedentes del proceso

CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia remite la Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-3892/2023 de 23 de octubre (fs. 139), haciendo conocer la Nota 5-7-M/447 de 17 de octubre de 2023 y REB 605 de 15 de diciembre, ambas de 2023 (fs.1), proveniente de la Embajada de la República del Perú, acompañando la solicitud de extradición de la ciudadana Noemí Velarde Flores a la que se adjuntan los antecedentes del proceso penal.

CONSIDERANDO II: AUTO SUPREMO QUE DETERMINÓ LA DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

Mediante el Auto Supremo 281/2023 de 28 de noviembre (fs. 141 a 143) se determinó la detención preventiva con fines de extradición de Noemí Velarde Flores.

CONSIDERANDO III: ANTECEDENTES PENALES DE LA EXTRADITABLE.

Conforme a lo ordenado por el Auto Supremo 281/2023 de 28 de noviembre (fs. 141 a 143), los Tribunales Departamentales de Justicia informan la inexistencia de proceso penal alguno instaurado en la justicia penal boliviana en contra del sujeto extraditable "Noemí Velarde Flores" pendientes o en trámite en ese sentido: el Tribunal Departamental de Justicia de Potosí (fs. 15 a 22), Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (fs. 23 a 79 del Anexo de Informes 1), Tribunal Departamental de Justicia de Pando (82 a 97 del Anexo de Informes 1), Tribunal Departamental de Justicia del Beni (fs. 100 a 138), Tribunal Departamental de Justicia de Tarija(fs. 139 a 158), todos pertenecientes al Anexo de Informes 1; el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 184 a 235 anexo de informes 1 y 2), Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (fs. 322 a 367); del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 379 a 473), ambos pertenecientes al Anexo de Informes 2; donde se constata que NOEMI VELARDE FLORE, no cuenta con antecedentes ni procesos penales pendientes; empero, de la revisión de antecedentes emitido por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se constata que la ciudadana precitada cuenta con los siguientes antecedentes: 1) Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la violencia Hacia la Mujer 6to. de La Paz que emitió el Mandamiento de Libertad 940099 de 1 de diciembre de 2012 y Mandamiento de Detención Preventiva de 23 de julio de 2011 y 2) el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la violencia Hacia la Mujer 4to de El Alto señaló que cuenta con Orden de Detención Domiciliaria de 2 de diciembre de 2023 y Mandamiento de Detención Preventiva de 2 de diciembre de 2023.

El Consejo de la Magistratura informa a través de la Dirección Nacional del Registro Judicial de Antecedentes Penales, que la prenombrada registra “DECLARATORIA DE REBELDÍA de fecha 08/05/2023 dictada por el Juzgado 9no. de Sentencia Penal de El Alto, por el delito de TRANSPORTE DE SUSTANCIAS CONTROLADAS; previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008 (fs. 1 del Anexo Informes 1)”.

CONSIDERANDO IV: DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

En cumplimiento al Auto Supremo 281/2023 de 28 de noviembre (fs. 141 a 143), el Juzgado Undécimo de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Mandamiento de Detención Preventiva de 29 de abril de 2025 en contra de la ciudadana Noemí Velarde Flores (fs. 173 del Anexo de Informes 1).

Según Informe de 14 de mayo de 2025 (fs. 491 del Anexo de Informes 3), transmitido por el Comisionado Juez Undécimo de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el mandamiento de detención preventiva con fines de extradición fue ejecutado el 29 de abril de 2025 en el domicilio de pre nombrada ubicado en la calle Jornada 2054, de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz tal como se advierte en el informe emitido por el Director Departamental de INTERPOL La Paz (fs. 490); asimismo, se puso en conocimiento que la ciudadana requerida de extradición fue detenida y conducida al Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz.

CONSIDERANDO V: DICTAMEN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO.

El Dictamen FGE/AMNMC 23/2025 de 8 de julio (fs. 205 a 208), emitido por el Fiscal General del Estado S/L resolvió al amparo del art. 158 del Código de Procedimiento Penal (CPP), art. 30.29 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, advirtiendo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Tratado de Extradición suscrito entra la República del Perú y el Estado Plurinacional, REQUIRIÓ POR LA PROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN EN EFECTO DIFERIDO de Noemí Velarde Flores.

CONSIDERANDO VI: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS.

La extradición es un procedimiento solemne y formal, regida por requisitos y reglas previstas en un tratado o convenio bilateral o multilateral específico o en su ausencia por el principio de reciprocidad, que permite la entrega por un Estado (el Estado requerido) de un individuo que se encuentra en su territorio, a otro Estado (el Estado requirente), a los fines de ser sometido a un proceso judicial o a la ejecución de una pena impuesta en su contra.

En ese sentido, los tratados internacionales se constituyen en fundamento legal esencial de la Cooperación Penal Internacional en todo el mundo y ante su ausencia, debe primar el principio universal de reciprocidad, el cual cobra especial relevancia; en ese sentido, en la cooperación internacional, los tratados son el más formal de los instrumentos que se puede utilizar tanto en casos de asistencia jurídica, como de extradiciones, cooperación internacional por excelencia, cobrando relevancia en ese contexto lo previsto en el art. 255.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que señala: “I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo.”, disposición concordante con el art. 257.I de la CPE, que determina: “I. los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley.”

Ahora bien, el art. 3 del Código Penal (CP), señala: “Ninguna persona sometida a la jurisdicción de las leyes bolivianas podrá ser entregada por extradición a otro Estado, salvo que en un tratado internacional o convenio de reciprocidad disponga lo contrario. La procedencia o improcedencia de la extradición será resuelta por la Corte suprema. En caso de reciprocidad, la extradición no podrá efectuarse si el hecho por el que se reclama no constituye un delito conforme a la ley del Estado que pide la extradición y del que la debe conceder.”

Así también, el art. 149 del CPP, dispone: “La extradición se regirá por las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y subsidiariamente por las normas del presente Código o por las reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable”.

Por su parte, el art. 150 del CPP, en cuanto a la procedencia de la extracción, dispone: "Procederá la extradición por los delitos que en la legislación de ambos Estados, se sancionen con penas privativas de libertad cuyo mínimo legal sea de dos o más años y tratándose de nacionales cuando el mínimo legal sea superior a dos años. La extradición de una persona para el cumplimiento de una pena en el Estado requirente, será procedente cuando quede por cumplir por lo menos un año de la condenó”.

La normativa nacional determina criterios que deben ser cumplidos para que se procese una solicitud de extradición; así el art. 157 del CPP, establece: "Toda solicitud de extradición será presentada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, acompañada de la identificación más precisa de la persona extraditable, de los datos que contribuyan a determinar el lugar en el que se encuentre y del texto autenticado de la disposición legal que tipifica el delito. Toda la documentación exigida deberá acompañarse de una traducción oficial al idioma español. Cuando la persona esté procesada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la resolución judicial de imputación que contenga la tipificación del delito, incluyendo una referencia al tiempo y lugar de su comisión y del mandamiento de detención emitido por una autoridad judicial competente. Cuando la persona haya sido condenada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la sentencia condenatoria y la certificación correspondiente a su ejecutoria señalando, en su caso, el resto de la pena que le quede por cumplir".

Las relaciones internacionales en materia de extradición entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Perú como país requirente se encuentran regidas por el Tratado de Extradición entre la República de Bolivia y la República del Perú de 27 de agosto de 2003, ratificado mediante Ley 2776 de 7 de julio de 2004.

A su vez, el Tratado de Extradición suscrito entre la entonces República de Bolivia y la República del Perú el 27 de agosto de 2003, que fue ratificado por nuestro país, mediante Ley 2776 de 7 de Julio de 2004 y por aquel, mediante Decreto Supremo 005-2007-RE de 17 de enero de 2007, prevé lo siguiente:

“ARTÍCULO I. OBLIGACION DE EXTRADITAR.

Los Estados Contratantes convienen en extraditar recíprocamente, de acuerdo con las disposiciones del presente Tratado, a personas que estén procesadas o hayan sido declaradas culpables o condenadas por las autoridades el Estado requirente con motivo de la comisión de un delito o delitos que dan lugar a la extradición”.

“ARTÍCULO II. DELITOS QUE DAN LUGAR A LA EXTRADICIÓN.

1.- Darán lugar a la extradición los delitos punibles con pena máxima privativa de libertad superior de dos años o una pena más grave, conforme a la legislación de ambos Estados Contratantes. 2.- También dará lugar a la extradición la tentativa en la comisión de los delitos a que se hace referencia en el párrafo 1, la confabulación o agrupación destinada a cometerlos, así como la participación y asociación en los mismos. 3.- Para efectos del presente artículo, un delito dará lugar a la extradición independientemente de: a) que las leyes de los Estados Contratantes clasifiquen el delito en diferente categoría, o lo tipifiquen con distinta terminología; siempre que la conducta subyacente se considere delictiva en ambos Estados (…)”.

“ARTÍCULO VI SOLICITUD DE EXTRADICIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

1. La solicitud de extradición será formulada en todos los casos por escrito y remitida por conducto diplomático. 2. Toda solicitud de extradición irá acompañada de: a) los documentos, declaraciones u otro de tipo de información que describan la identidad y probable paradero de la persona reclamada; b) exposición de los hechos delictivos y la historia procesal del caso; c) textos de las disposiciones legales que tipifiquen el delito por el cual se solicita la extradición y las penas correspondientes; d) textos de las disposiciones legales que indiquen que ni la acción penal ni la pena han prescrito en la Parte requirente; y e) los documentos, declaraciones, u otro tipo de información especificada en el numeral 3 o 4 de este Artículo, según corresponda. 3. La solicitud de extradición que se refiera a una persona imputada por la comisión de un delito deberá también ir acompañada de: a) una copia del mandamiento u orden de detención emanado de un juez u otra autoridad competente; b) una copia del documento de imputación; y c) las pruebas que serían suficientes para justificar la remisión de la persona reclamada a los tribunales si el delito hubiese sido cometido en el Estado requerido (…)”.

“ARTÍCULO IX DECISIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN Y ENTREGA DEL EXTRADITABLE.

1. El Estado requerido tramitará la solicitud de extradición de conformidad con el procedimiento establecido en su legislación así como en este Tratado, y comunicará sin demora al Estado requirente, por la vía diplomática, la decisión que adopte respecto a tal solicitud. 2. Concedida la extradición, los Estados Contratantes convendrán la fecha y el lugar para la entrega del extraditable. Si esta persona no hubiese sido trasladada del Estado requerido en el plazo establecido por su legislación, podrá ser puesta en libertad, pudiendo el Estado requerido posteriormente denegar la extradición por el mismo delito. 3. En caso que circunstancias imprevistas impidan la entrega del extraditable, el Estado Contratante afectado informará al otro Estado, y se acordará una nueva fecha para la entrega, en armonía con la legislación del Estado requerido. 4. Denegada la extradición, total o parcialmente, el Estado requerido proporcionará una explicación fundamentada de su negativa y, a solicitud del Estado requirente, remitirá copia de la resolución pertinente”.

De lo expresado, conforme a los antecedentes procesales en obrados, se tiene que a lo dispuesto en los art. I y II (OBLIGACIÓN DE EXTRADITAR Y DELITOS QUE DAN LUGAR A LA EXTRADICIÓN) del Tratado de Extradición entre la República del Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia, referente a la detención preventiva, se observó y valoró las presentadas por la República Requirente, emergiendo de dicho acto el Auto Supremo 281/2023 de 28 de noviembre, emitido por este Supremo Tribunal de Justicia, que resolvió ordenar la detención preventiva con fines de extradición de la ciudadana Noemí Velarde Flores; entendiéndose de ese extremo, que la forma de la solicitud, la información que contenía, la identificación de las leyes infringidas y la mención de documentos legales que originan la solicitud, así como de la expresión de materializar el pedido formal de la extradición, situaciones cumplidas y vinculadas a hechos que posibilitan el análisis de la petición de extradición.

CONSIDERANDO VII: RESOLUCIÓN DEL CASO.

De acuerdo al Tratado de Extradición suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Perú se han cumplido los requisitos exigidos para otorgar la extradición, consistente en:

a) A la ciudadana requerida de extradición, se le imputó en la República del Perú, la comisión del delito contra la salud pública - Tráfico Ilícito de Drogas - en agravio del Estado, conducta prevista y penada por el art. 297.7) del Código Penal peruano, modificado por la Ley 28002, que sanciona dicha conducta con una pena mínima de quince (15) años de privación de libertad y máxima de veinte (20) años; delito que también es sancionado en la legislación penal boliviana, conforme establecen los arts. 33. n) y 48 de la Ley 1008 de 19 de julio de 1998 (Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas); en cuyo mérito, se tiene por cumplido el principio de la doble incriminación, al encontrarse tipificada la conducta en las legislaciones de ambos Estados, así como el requisito de que la pena no sea inferior a dos años de privación de libertad; conforme lo exige el art. 150 del CPP y art. II, numerales 1 y 3 inc. a) del Tratado de Extradición entre la República de Bolivia (hoy Estado Plurinacional de Bolivia) y la República del Perú.

b) La conducta y delito por el cual se pretende la extradición tiene una pena privativa de libertad en su calificación a priorí más gravosa pudiendo llegar de veinte años de prisión, siendo la pena mínima de quince años de prisión a imponerse, conforme a la legislación del Estado Requirente.

c) El Estado Requirente adjuntó la documentación prevista en el Artículo VI del Tratado de Extradición suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Perú, consistente en: i. Atestado 21-2001-DIVANDRO-XII-R-PNP-P (fs. 5 a 18); ii. Denuncia 01-2001 interpuesta por el Fiscal Provincial Especializado Antidrogas de la Fiscalía Provincial Especializada en el Tráfico Ilícito de Drogas de Puno dirigida al Juez del Juzgado Mixto de Chucuito – Juli (fs. 40 a 44); iii. Dictamen Fiscal 678/2002-MP-FPM-CHUCUITO perteneciente al proceso penal 2001-329 (fs. 59 a 63); iv. Acusación 74/2002-MP-ESPEI-PUNO (fs. 64 a 67); v. Sentencia de 6 de diciembre de 2002 (fs. 82 a 85); vi. Resolución 17-2017 de 7 de agosto de 2017 emitida por la Sala Penal Liquidadora (Adición de Funciones) SED (fs. 88 a 89); viii. Solicitud de Asistencia Judicial Internacional emitida por el Presidente de la Sala Penal de Apelaciones en Adición Liquidadora de Puno de la Corte Superior de Justicia de Puno (fs. 113 a 115); ix. Oficio 02-2023-VP-SPA-SPL emitido por el Presidente de la Sala Penal de Apelaciones en Adición Liquidadora de Puno dirigido al Fiscal Superior Jefe de la Oficina de Cooperación Internacional Judicial Internacional y Extradiciones (116); x. Solicitud de Extradición Activa (fs. 118 a 124); y xi. Requerimiento 35-2023-MP-FN-1°FSP.

Asimismo, se establece que no operó la prescripción respecto a los hechos por el cual el Estado requirente solicitó la extradición de la ciudadana NOEMI VELARDE FLORES; a ello se suma que los mismos también constituyen delitos en la legislación boliviana, encontrándose tipificado y sancionado en conforme establecen los arts. 33. n) y 48 de la Ley N° 1008 de 19 de julio de 1998 (Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas); en cuyo mérito, se tiene por cumplido el principio de la doble incriminación, al encontrarse tipificada la conducta en las legislaciones de ambos Estados, así como el requisito de que la pena no sea inferior a dos años de privación de libertad; conforme lo exige el art. 150 del CPP y art. II, numerales 1 y 3 inc. a) del Tratado de Extradición entre la República de Bolivia (hoy Estado Plurinacional de Bolivia) y la República del Perú.

Ahora bien, conforme se tiene en el Dictamen FGE/AMNMC 23/2025 de 8 de julio (fs. 205 a 208), emitido por el Fiscal General del Estado S/L; el mismo requiere por la procedencia de la Extradición en efecto diferido; es decir, considera que NOEMI VELARDE FLORES, al contar con procesos penales pendientes de acuerdo al sistema “ROMA” relacionados a la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas y una Declaratoria de Rebeldía emitida por el Certificado del REJAP (fs. 1 del Anexo de Informes 1) .

Por otro lado; previo a considerar la ejecución en efecto diferido de la presente extradición: conforme se advierte en antecedentes, los procesos penales instaurados en el Estado Plurinacional de Bolivia contra la extraditable NOEMÍ VELARDE FLORES son de naturaleza similar; sin embargo, la pena a aplicarse en el País requirente resulta más gravosa. Dichos procesos son, además, posteriores a la fecha de la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas agravado (año 2001), que es el objeto principal de la solicitud de extradición.

Asimismo, la sanción a imponerse en la legislación boliviana, de acuerdo a la Ley 1008 (arts. 33.n y 48), dispone una pena mínima de diez años, inferior a la prevista en el art. 297.7 del Código Penal peruano, modificado por la Ley 28002, que sanciona dicha conducta con una pena no menor a quince años de privación de libertad. La diferencia en la gravedad de la pena subraya la mayor relevancia del proceso penal en el Estado requirente.

Por lo tanto, la naturaleza y cronología de los procesos penales en Bolivia no justifican una extradición diferida en este caso; ello, en atención a que la finalidad del Tratado de Extradición suscrito entre la República de Bolivia y la República del Perú es garantizar que la delincuencia transnacional, particularmente en delitos de alta gravedad como el narcotráfico, no quede en la impunidad; en este contexto, el principio de cooperación internacional prevalece, y se debe dar prioridad a la jurisdicción donde se cometió el delito y donde se sigue el proceso penal por la conducta de mayor gravedad.

Aunado a lo anterior, la presente decisión se alinea con los compromisos ineludibles asumidos por el Estado Plurinacional de Bolivia al ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, aprobada mediante Ley 1159 del 30 de mayo de 1990. Esta Convención, en su art. 3, tipifica de manera universal el tráfico ilícito de drogas como un delito grave que exige una respuesta internacional coordinada. Más aún, su art. 6, que regula la extradición, establece la obligación de los Estados Parte de otorgar la extradición de los delitos comprendidos en la Convención. Si bien el párrafo 9 del art. 6 contempla la posibilidad de no extraditar a los propios nacionales, en tal caso, exige el enjuiciamiento en el propio territorio. Sin embargo, la jurisprudencia de este Tribunal Supremo ha interpretado que, en delitos de narcotráfico, y en virtud de tratados bilaterales específicos (como el que existe con el Perú), la extradición de nacionales es procedente, en estricta observancia del espíritu de lucha contra la impunidad y la cooperación internacional que impulsa la referida Convención. Es una respuesta a un fenómeno criminal transnacional que requiere la máxima colaboración entre Estados.

Por las razones de hecho y de derecho expuestas, y en conocimiento del Dictamen de la Fiscalía General del Estado en cuanto al diferimiento, corresponde otorgar la extradición de Noemí Velarde Flores de conformidad al art. 153.1 del CPP. Esto, al considerar que la solicitud cumple con todos los requisitos formales y materiales, no existiendo causales para denegar la extradición ni para su diferimiento. La decisión se enmarca en la finalidad del Tratado, que es promover la cooperación entre las partes a fin de entregarse recíprocamente a los delincuentes del otro Estado refugiados en el territorio, garantizando la efectiva administración de justicia en crímenes de alta lesividad social.

En tal sentido, al no existir vulneración a lo determinado en los arts. 150 y 151 del CPP, corresponde resolver favorablemente la solicitud del requirente República del Perú y ordenar la extradición de la ciudadana requerida."

POR TANTO:

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 184 núm. 3) de la Constitución Política del Estado, 150 del CPP, 38.2 de la Ley del Órgano Judicial, FALLA DECLARANDO PROCEDENTE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN de la ciudadana NOEMÍ VELARDE FLORES, de nacionalidad boliviana con C.I. 4816172, para que sea entregada de manera inmediata conforme las formalidades legales, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Embajada y/o Consulado de la República del Perú.

Asimismo, esta Sala Plena, en aplicación de los principios de cooperación jurídica internacional, deja expresa constancia que, en la eventualidad de que la ciudadana Noemí Velarde Flores resultare absuelta o se decretare el sobreseimiento definitivo en la causa penal que motiva la presente extradición ante las autoridades jurisdiccionales de la República del Perú, se reservará el derecho de tramitar, a través de los canales diplomáticos y mediante el procedimiento de extradición activa, su restitución al territorio nacional.

Para cuyo efecto, se ordena se oficie al Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca para que el Juzgado Undécimo de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emita el correspondiente Mandamiento de Excarcelación, para la entrega del sujeto extraditable al País requirente, sea a través de los órganos competentes del Órgano Ejecutivo.

Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y por su intermedio a la Embajada de la República del Perú para los fines consiguientes y de conformidad a lo ya previsto.

Regístrese, notifíquese, cúmplase.

Mostrando 112 de 223 parrafos.

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