AS/0119/2024

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 119

Sucre, 14 de marzo de 2024

Expediente: 628-2023

Demandante: Freddy Huanca Vallejos

Demandado: Empresa de Telecomunicaciones DIGICEL BOLIVIA SRL

Materia: Beneficios Sociales

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Carlos Alberto Egüez Añez

VISTOS: Los recursos de casación de fs. 563 a 565 vta., interpuestos por el apoderado del representante de la Empresa de Telecomunicaciones DIGICEL BOLIVIA SRL; y por el demandante Freddy Huanca Vallejos de fs. 572 a 575 vta.; contra el Auto de Vista Nº 94/2023 de 5 de julio de fs. 556 a 561, emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de pago de beneficios sociales y otros derechos, sustentado entre los recurrentes; la contestación de fs. 568 a 570 vta.; el Auto 539/2023 de 30 de octubre de fs. 578, que concedió los recursos; el Auto de 29 de noviembre de 2023 de fs. 587 y vta., que admitió los recursos; los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I.

I.1.Antecedentes del proceso.

Sentencia.

Tramitado el proceso social por pago de beneficios sociales y otros derechos, el Juez de Trabajo y Seguridad Social Octavo de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia N° 45/2022 de 7 de julio, de fs. 392 a 396, que declaró PROBADA EN PARTE la demanda de fs. 44-47, subsanada a fs. 49 a 50 y 51 52, sin costas ni costos, disponiendo que el representante de la empresa demandada cancele en favor del actor la suma de Bs. 58.871,89.-, por concepto de indemnización, desahucio, salarios devengados, bono de antigüedad y multa del 30 %, conforme la liquidación inserta en su texto.

I.2. Auto de Vista.

Contra dicha Sentencia, la entidad demandada de fs. 400 a 403; y el demandante de fs. 405 a 413, interpusieron recurso de apelación; que fue resuelto por Auto de Vista Nº 94/2023 de 5 de julio de fs. 556 a 561, emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que CONFIRMÓ EN PARTE la Sentencia apelada, modificando la liquidación del Juez de primera instancia respecto al pago del primer periodo laboral y bono de antigüedad del segundo periodo laboral, conforme consta en la liquidación del Auto de Vista.

I.3 Motivos del recurso de casación.

Dentro el plazo previsto por Ley, la empresa demandada de fs. 563 a 565 vta., y el demandante Freddy Huanca Vallejos de fs. 572 a 575 vta., interpusieron recurso de casación, acusando las siguientes infracciones:

3.1. Recurso de casación de la Empresa de Telecomunicaciones DIGICEL BOLIVIA SRL

Alegó que la Sentencia como el Auto de Vista impugnados fundamentan su decisión en un acto procesal inexistente; toda vez que, el acta de audiencia de la confesión provocada de 28 de noviembre de 2021, no existe por no haber sido transcrita e incorporada al cuaderno procesal, debido a problemas de grabación y qué en dicho acto procesal basaron su decisión, hecho que fue denunciado al Tribunal de alzada y no fue objeto de pronunciamiento, contraviniendo el art. 17-II de la Ley del Órgano Judicial.

3.2. Indicó que no se debe reconocer el pago de alquileres, por no formar parte de los derechos laborales; máxime, si el actor solo adjuntó un documento de alquiler de la ciudad de Santa Cruz a título personal, que no demuestra el arriendo a nombre de la empresa.

En su petitorio, solicitó la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo.

La parte actora, por escrito de fs. 568 a 570 vta., contestó en forma negativa a todas las infracciones acusadas por la recurrente, pidiendo se declare infundado el referido recurso de casación.

3.3.1. Recurso de casación del demandante Freddy Huanca Vallejos.

Denunció la violación de las siguientes normas; arts. 7 del Decreto Supremo (DS) 2748 del 1 de mayo del 2016, 19 de la Ley General del Trabajo (LGT), concordante con el 64 y 202 del Código Procesal del Trabajo (CPT) y con el 48 de la Constitución Política del Estado (CPE) y error de derecho en la valoración de la prueba documental de fs. 187 a 205, fs. 295 a 299 y fs. 318 en relación a la indebida negativa de incrementar el salario promedio indemnizable que corresponde.

El Auto de Vista recurrido, en su punto II.32, en el fundamento respecto al salario promedio indemnizable (SPI), señaló en la demanda que su persona como SPI percibía la suma de Bs 5.507- y que no se aclaró a lo largo del proceso su solicitud de incremento salarial de cada gestión, motivo por el cual el SPI, se quedó en la suma señalada, negándome la suma pretendida de Bs 6.593.46.-

Al respecto este razonamiento expresado por el Tribunal Ad-quem, viola la normativa citada en el título de este acápite pues, es el mismo Auto de Vista punto II 3 4, donde se analiza el bono de antigüedad demandado, con claridad se establece que sí hubo error en el cálculo de dicho bono, condenando su pago conforme se detalla en la parte dispositiva; entonces, por un lado se condena al pago de bono de antigüedad; empero, indebidamente se niega incrementar el SPI, que debió subir automáticamente producto de la condena del pago de dicho bono y por efecto del incremento salarial del año 2016, que se omitió indebidamente.

En segundo lugar, en el memorial de ofrecimiento de pruebas de fs. 295 a 298, solicitó el incremento del promedio indemnizable en base al incremento salarial omitido del año 2016, sumado al bono de antigüedad que le correspondía, en ese sentido, en aplicación del principio de inversión de la carga de la prueba, se conminó la empresa demandada a que presentara, entre otros documentos, las respectivas boletas de pago donde conste el incremento salarial y el pago de bono de antigüedad, conforme se desprende del contenido de los documentos de fs. 295 a 299 y fs. 318; es decir, el incremento salarial 2016, fue objeto de debate en el término de prueba y surgió a raíz de las literales de fs. 187 a 205 adjuntadas por la empresa demandada

En tercer lugar, la empresa hizo caso omiso a la conminatoria de fs. 299 notificada a fs. 318 y no presentó las boletas de pago solicitadas, evidenciándose así la existencia de error de derecho en la valoración de las pruebas de fs. 187 a 205 donde consta la omisión del referido incremento salarial 2016 y de fs. 295 a 299 y fs. 318, donde consta que se conminó a la empresa demandada a la presentación de las boletas de pago donde debía constar la efectivización de ese incremento, boletas que nunca fueron adjuntadas; empero, al negarse el incremento del SPI, además de incurrir en error de derecho en la valoración de la prueba, se ha violado la normativa señalada precedentemente.

Como podrá ver, la norma faculta a los de instancia a fallar por conceptos inclusive que no hubieran sido demandados; más aún, cuando estos conceptos fueron debatidos en la etapa probatoria. Este agravio fue alegado en su memorial de apelación de fs. 405 a 413; empero, el Tribunal Ad-quem, al momento de resolver este agravio incurrió en error de derecho en la valoración de la prueba referida y violó las precitadas normas, por lo que reparando este agravio corresponderá otorgar el incremento del SPI.

3.3.2. Violación de los arts. 3-g) y h), 124, 66, 150, 160 y 182 del CPT, por la indebida negación al pago de Salarios Dominicales por 42 domingos trabajados y devolución de gastos por reparación de vehículos.

El Auto de Vista recurrido, en cuanto al análisis del salario dominical por 42 domingos trabajados y la devolución de gastos por reparaciones de vehículo, analizó sus argumentos concluyendo que, no habría presentado prueba pertinente que demuestre la correspondencia de los pagos demandados, cuando en realidad solicitó que la empresa demandada, responda a su demanda, a la cual hicieron caso omiso; es decir, que estos aspectos no fueron desvirtuados.

3.3.3. Violación de los arts. 3 y 5 del DS N° 522/2010, 162 del CPT; error de hecho en la valoración de la prueba de fs. 187, 188 y 205, para confirmar la injusta deducción de Bs. 31.839,74.-, del finiquito que corresponde.

El Auto de Vista recurrido, en franca violación de las precitadas normas e incurriendo en error de hecho en la valoración de prueba, confirmó la indebida deducción de Bs. 31.839,74.- del finiquito que le correspondía, con el errado argumento que no acudió a la complementación y enmienda; cuando, bien se sabe que esa figura es sólo para aclarar aspectos formales, sin alterar el fondo de la decisión, resultando así injusta deducción que causa agravios a la norma; cuando, se debió considerarse lo establecido en los arts. 161 inc. a) y 162 del CPT; en ese entendido, las copias simples de los cheques, objetadas por las trabajadoras o a entender del precepto, no reconocidas, no tienen valor legal que demuestre que los cheques fueron cobrados por la actora, que estos montos son pagos realizados por concepto de indemnización, al no contener una liquidación que acompañe para que se demuestre este extremo y que la misma, tenga una firma de recepción a aceptación de la beneficiaria, conforme exige el art. 135 del CPT; entonces, queda claro que, al margen de las violaciones a las referidas normas, los de instancia han incurrido en error de hecho al valorar las literales de fs. 187 a 205, asignándole a esas boletas no firmadas, valor de prueba para fundar la indebida deducción del pago de su indemnización por el tiempo de servicio demandado.

En su petitorio, solicitó se case en parte el Auto de Vista impugnado disponiendo el incremento de SPI, el pago de salarios dominicales, la devolución de gastos por reparación de vehículo y se declare no ha lugar a la deducción de Bs. 31.839.74.- de la indemnización que le corresponde, con la condena de costas judiciales por el juicio.

CONSIDERANDO II:

Luego de haber revisado minuciosamente los antecedentes cursantes en el expediente, compulsado con los argumentos expuestos en los recursos de casación, corresponde resolver los mismos en merito a los siguientes argumentos:

1.1. Fundamentación y motivación de la decisión.

Recurso de casación de la empresa de Telecomunicaciones DIGICEL BOLIVIA SRL

1.- Con referencia al primer argumento de recurso de casación, al haberse denunciado que la Sentencia, como el Auto de Vista impugnados fundamentaron su decisión en un acta de audiencia de confesión provocada, que no existe por no haber sido transcrita e incorporada al cuaderno procesal, debido a problemas de grabación, hecho que fue denunciado al Tribunal de alzada y no fue objeto de pronunciamiento.

Revisados los antecedentes del proceso, se constató que su recurso de apelación se basó específicamente en la denuncia de nulidad de notificaciones dentro el presente proceso, agravio que el Tribunal de alzada de forma correcta, no consideró, porque ya habría sido objeto de un incidente de nulidad que fue rechazado por Resolución N° 259/2021 de 24 de noviembre por el Juez de primera instancia; además que, recurrido en apelación, dicha resolución fue confirmada por Resolución N° 148/2022 de 12 de agosto.

Sin embargo, en el acápite II.2 del memorial de recurso de apelación, denunció que el Juez de primera instancia basó su decisión en el acta de audiencia de 18 de noviembre de 2021 (inexistente); sobre el particular, revisada la Sentencia, resulta falsa esta aseveración, pues se verificó que la prueba de confesión provocada valorada por los de instancia fue la que cursa de fs. 381 a 382 de 28 de abril de 2022; y no como erróneamente refiere al recurrente, en el acta de 18 de noviembre de 2021, pues dicha audiencia fue suspendida a solicitud de la propia empresa, ahora recurrente; por consiguiente, se considera infundado este reclamo.

2.- Con referencia al segundo argumento, que no se debe reconocer el pago de alquileres, por no formar parte de los derechos laborales; máxime, si el actor solo adjuntó un documento de alquiler de la ciudad de Santa Cruz a título personal, que no demuestra el arriendo a nombre de la empresa, corresponde señalare que los de instancia determinaron correctamente el pago de alquiler de vivienda, en aplicación del art. 9 y 10 de la LGT; pues, verificaron que el actor a efectos de cumplir con la prestación de servicios para la empresa demandada, tuvo que trasladarse a la ciudad de Santa Cruz, donde residió temporalmente, conforme consta el contrato de arrendamiento de una habitación de fs. 11.

Por lo anteriormente expresado, se advierte que, uno de los pilares que componen el núcleo del Derecho Laboral sustantivo, recae sobre el principio protector, cuyo carácter general es la aplicación de la norma y/o situación más beneficiosa al trabajador; bajo esa premisa, la conclusión lógica señala que el principio protector inherente al derecho sustantivo laboral, comprende de modo cierto e inevitable al derecho adjetivo laboral; no pudiendo entenderse una práctica procesal laboral; sino, desde una perspectiva tuitiva, pues un sentido contrario diluiría no sólo los principios generales de la materia; sino, conformaría cauces contrarios a los fines que la propia Constitución señala y persigue.

Por todo lo expuesto, se concluye que el Tribunal de alzada no incurrió en las vulneraciones acusadas en el recurso de casación; en consecuencia, corresponde resolver conforme establece el art. 220-II del CPC-2013, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

Recurso de casación del actor Freddy Huanca Vallejos

1. El primer argumento del recurso, señala que el Tribunal de alzada indicó que el actor en su demanda reflejó que el SPI arrojaba la suma de Bs.5.507- y que no aclaró a lo largo del proceso su solicitud de incremento salarial de cada gestión motivo por el cual el SPI, se quedó en la suma señalada, negándosele la suma pretendida de Bs 6.593.46.-; sin embargo, se reconoció el pago de bono de antigüedad, pero indebidamente se niega incrementar el SPI, que debió subir automáticamente producto de la condena del pago de dicho bono, y por efecto del incremento salarial del año 2016, el cual se omitió indebidamente.

Sobre este reclamo, revisados los antecedentes procesales se pudo constatar que, evidentemente, el actor por memorial de ofrecimiento de prueba de fs. 295 a 298, específicamente en el inc. d), hizo mención respecto a que el SPI referida en su demanda debe sufrir una variación; toda vez que, no habrían sido considerados los incrementos salariales que le corresponden en cada gestión, solicitando además en el otrosí 3°, núm. 4) que la empresa demandada presente boletas de pagos mensuales de ambos periodos laborales donde conste los referidos incrementos salariales, bono de antigüedad y otros, que también fueron ratificados en el memorial de presentación de alegatos de fs. 363 a 370.

Con referencia a la omisión reclamada en el monto determinado como sueldo promedio indemnizable de Bs. 5.507,00.- del segundo periodo laboral, y no así lo demandado de Bs. 6.599,00.-; es decir, sin incluir el incremento salarial de las gestiones 2016 al 2018 y la aplicación errada del artículo 19 de la LGT, que señala que el cálculo de la indemnización debe efectuarse tomando en cuenta el término medio de los sueldos o salarios de los tres últimos meses, debiéndose consolidarse como sueldo único los sueldos básicos, las bonificaciones legales, las voluntarias acordadas por los patronos y en general todas las remuneraciones actuales percibidas.