AS/0120/2013-RA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 120/2013-RA

Sucre, 07 de mayo de 2013

Expediente : Santa Cruz 12/2013

Parte acusadora : Ministerio Público

Parte imputada : Wálter Nicasio Caracila

Delito : Tráfico de Sustancias Controladas

RESULTANDO

Por memorial presentado el 3 de abril de 2013, cursante de fs. 383 a 386, Wálter Nicasio Caracila, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 10 de 18 de febrero de 2013 de fs. 362 a 367 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto en el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

Por Sentencia 16/2011 de 27 de octubre de 2011 (fs. 265 a 270), el Tribunal Séptimo de Sentencia de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, declaró al imputado Wálter Nicasio Caracila, absuelto de culpa y pena de la acusación por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado en el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, por considerar que existía duda razonable sobre su responsabilidad penal; asimismo, dispuso se deje sin efecto todas las medidas cautelares personales que se hubieran dispuesto en su contra.

La referida Sentencia fue objeto de apelación por Sandra Villafuerte Sejas, Fiscal de Materia (fs. 276 a 278), dicho recurso mereció el pronunciamiento del Auto de Vista 36 de 28 de junio de 2012 (fs. 288 a 293 vta.), que declaró admisible y procedente la apelación restringida interpuesta por el Ministerio Público, revocando totalmente la Sentencia absolutoria y deliberando en el fondo declaró a Wálter Nicasio Caracila, autor y culpable de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, condenándole a la pena de diez años de presidio, más multa de trescientos días a razón de Bs. 2.- (dos bolivianos) por día y costas a ser reguladas en ejecución de Sentencia.

Contra el mencionado Auto de Vista, el imputado Wálter Nicasio Caracila,interpuso recurso de casación (fs. 334 a 338), que mereció el pronunciamiento del Auto Supremo 229/2012-RRC de 27 de septiembre (fs. 354 a 356 vta.), que dejó sin efecto la Resolución apelada y dispuso que previo sorteo y sin espera de turno, el Tribunal de alzada pronuncie una nueva aplicando la siguiente doctrina legal: "Es menester que los Tribunales de alzada asuman con precisión los alcances del recurso de apelación restringida, que constituye un medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o en la dictación de la Sentencia; por ello no debe entenderse que dicho recurso sea el medio idóneo que faculte al ad quem, para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho que es de potestad exclusiva de los Jueces o Tribunales de Sentencia; por ello, si se advierte que la Sentencia no se ajusta a las normas procesales, con relación a la valoración de la prueba y la falta de fundamentación y motivación, que haya tenido incidencia en la parte resolutiva, lo que corresponde es anular total o parcialmente la Sentencia, y ordenar la reposición del juicio por otro Tribunal. Se viola el derecho a la defensa y al debido proceso, reconocido por el art. 115.II de la CPE, y existe una inadecuada aplicación de los arts. 413 y 414 del CPP, cuando el Tribunal de alzada, revalorizando la prueba rectifica la Sentencia, cambiando la situación jurídica del imputado, de absuelto a condenado o viceversa; decisión que al desconocer los principios de inmediación y contradicción, incurre en defecto absoluto no susceptible de convalidación" (sic).

En cumplimiento del referido Auto Supremo, la Sala Penal Primera del Tribunal de Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 10 de 18 de febrero de 2013, que declaró admisible y procedente la apelación restringida interpuesta por la representante del Ministerio Público y anuló totalmente la Sentencia apelada, disponiendo en consecuencia la reposición del juicio por otro Tribunal, Resolución que fue objeto del recurso de casación que ahora se analiza.

II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la atenta revisión del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:

El recurrente, inicialmente efectúa una relación de los antecedentes, para luego señalar que el Auto de Vista impugnado, no cumplió con la doctrina legal establecida por el Auto Supremo 229/2012-RRC de 27 de septiembre, "que anula el Auto de Vista Nº. 36/2012 de fs. 298 a 293 Vlta. Esta resolución definitiva demuestra que la sentencia a sido pronunciada correctamente además el Tribunal de Alzada no está facultado legalmente para anular una Sentencia que fue correcta y debidamente emitida así lo dispone el AS.Nº. 344 del 15 de junio del 2011 vale decir que el Tribunal de Sentencia es el único que está facultado para valorar las pruebas y establecer los hechos como probados AS. Nº. 336/2011 del 13 de junio de 2011 con esta primicia manifiesto que el auto de vista que impugno no menciona donde está la inobservancia o errónea de la ley sustantiva así mismo no menciona porque no existe fundamentación en la sentencia y porque es contradictoria y que existe inobservancia a las reglas previstas para la deliberación y de la acción de la sentencia" (sic). Además, de expresar los argumentos que fueron transcritos textualmente, el recurrente efectúa un cuestionamiento impreciso respecto al trámite de los peritajes realizados por parte del Ministerio Público, para concluir en este punto señalando: "...al no existir motivo para anular la sentencia debía la sala penal primera del tribunal departamental de justicia confirmar la sentencia pero incumplió sus deberes" (sic).

Bajo el acápite "precedentes contradictorios en el presente caso" (sic), invoca los Autos Supremos 344 de 15 de junio de 2011, 336 de 13 de

junio de 2011 y 272 de 4 de mayo de 2009.

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).