Texto del fallo
SALA CIVIL LIQUIDADORA
Auto Supremo: Nº 122
Sucre: 28 de marzo de 2013
Expediente: LP-14-08-S
Proceso: Resarcimiento de daños y perjuicios.
Partes: Empresa Constructora Asbún S.R.L. c/ Banco Internacional de Desarrollo S.A.
Distrito: La Paz
Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos
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VISTOS: el recurso de casación en el fondo y en la forma de fojas 801 a 806, interpuesto por el Banco Internacional de Desarrollo S.A. en Liquidación representado por Humberto Trigo Miranda, contra el Auto de Vista Nº 239 de 3 de diciembre de 2007, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro el proceso sobre resarcimiento de daños y perjuicios seguido por la Empresa Constructora Asbún S.R.L. contra la entidad recurrente, la respuesta de fojas 807 y vuelta, los antecedentes procesales; y,
CONSIDERANDO: que, la Jueza Octavo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz pronunció la Sentencia Nº 97 de 17 de febrero de 2005 (fojas 666 a 672), declarando improbada la demanda e improbada la reconvención, asimismo improbadas las excepciones de falsedad, ilegalidad, improcedencia, falta de acción y derecho, sin costas.
Deducida la apelación por la empresa demandante, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz mediante Auto de Vista Nº 239 de 3 de diciembre de 2007 (fojas 780 y vuelta), anula obrados hasta fojas 664 vuelta inclusive, disponiendo la remisión de obrados al Juez suplente llamado por ley para que dicte nueva sentencia.
Esta resolución superior dio lugar al recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por la entidad demandada Banco Internacional de Desarrollo S.A. en Liquidación representado por Humberto Trigo Miranda, en los términos expresados en su memorial de 14 de diciembre de 2007 (fojas 801 a 806).
CONSIDERANDO: que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Juez o Tribunal de casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel.
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