AS/0128/2015-RRC-L

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 128/2015-RRC-L

Sucre, 09 de marzo de 2015

Expediente : Cochabamba 19/2011

Parte Acusadora : Ministerio Público

Parte Imputada : Madeleine Alicia Rodríguez y otros

Delitos : Tráfico de Sustancias Controladas y otro

Magistrada Relatora: Dra. Maritza Suntura Juaniquina

RESULTANDO

Por memoriales presentados el 29 de noviembre de 2010, cursante de fs. 1547 a 1551 vta., Carola Claudia Mancilla Ballesteros y Lorena Melean Coronado, en su calidad de Fiscales de Materia de Sustancias Controladas, 29 de noviembre de 2010, cursante de fs. 1570 a 1575 vta., Madeleine Alicia Rodríguez, el 3 de diciembre de 2010, cursante de fs. 1608 a 1616 vta., Augusto Cesar Toro Blacutt, el 3 de diciembre de 2010, cursante de fs. 1630 a 1635 vta., Stina Brendemo Hagen, el 10 de enero de 2011, cursante de fs. 1664 a 1670, Alex Ramiro Pereira Blacutt, interpusieron recursos de casación, impugnando el Auto de Vista de 3 de noviembre de 2010, de fs. 1507 a 1526 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público ahora recurrente representado por Carola Claudia Mancilla Ballesteros y Lorena Melean Coronado, en su calidad de Fiscales de Materia de Sustancias Controladas contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados por los arts. 48 con relación al 33 inc. m) y 53 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008), respectivamente.

I. DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN

I.1. Antecedentes

a) En mérito a la acusación fiscal (fs. 34 a 53), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció la Sentencia 17/2010 de 24 de abril (fs. 887 a 927 vta.), por la que declaró a los imputados:

1. Augusto Cesar Toro Blacutt, como autor y culpable de la comisión de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados por los arts. 48 con relación al 33 inc. m) y 53 de la Ley 1008, imponiéndole la pena privativa de libertad de veinte años de presidio a cumplir en el Centro de Rehabilitación “El Abra” de la ciudad de Cochabamba, más quinientos días multa a razón de Bs. 2.- (dos bolivianos) por día, con costas.

2. Alex Ramiro Pereira Blacutt, autor y culpable de la comisión de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados por los arts. 48 con relación al 33 inc. m) y 53 de la Ley 1008, imponiéndole la pena privativa de libertad de veinte años de presidio a cumplir en el Centro de Rehabilitación “El Abra” de la ciudad de Cochabamba, más quinientos días multa a razón de Bs. 2.- (dos bolivianos) por día, con costas.

3. Madeleine Alicia Rodríguez, autora y culpable de la comisión de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados por los arts. 48 con relación al 33 inc. m) y 53 de la Ley 1008, imponiéndole la pena privativa de libertad de trece años y cuatro meses de presidio a cumplir en el Centro de Rehabilitación “San Sebastián” Mujeres de la ciudad de Cochabamba, más doscientos días multa a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día, con costas.

4. Stina Brendemo Hagen, autora y culpable de la comisión de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados por los arts. 48 con relación al 33 inc. m) y 53 de la Ley 1008, imponiéndole la pena privativa de libertad de trece años y cuatro meses de presidio a cumplir en el Centro de Rehabilitación “San Sebastián” Mujeres de la ciudad de Cochabamba, más doscientos días multa a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día, con costas.

5. Con relación a Paola Alejandra Olivares Vergara, Juan Yonis Campos Justiniano, Amada Verónica Parada Franco y Fanny Franco Viruez, se emitió Sentencia Absolutoria, por los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados por los arts. 48 con relación al 33 inc. m) y 53 de la Ley 1008, en consecuencia se ordenó la inmediata cancelación de la medidas cautelares personales impuestas.

b) Contra la mencionada Sentencia, los imputados Madeleine Alicia Rodríguez (fs. 1042 a 1054), Carola Claudia Mancilla Ballesteros, Lorena Melean Coronado, Eliana Colque Rubín de Celis y Cynthia Orietta Escobar Oblitas, en su calidad de Fiscal de Materia (fs. 1064 a 1067), Stina Brendemo Hagen (fs. 1080 a 1091 vta.), Augusto Cesar Toro Blacutt (fs. 1116 a 1142 vta.) y Alex Ramiro Pereira Blacutt (fs. 1240 a 1259 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista de 3 de noviembre de 2010, (1507 a 1526 vta.), emitido por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, que declaró Improcedente la apelación interpuesta por el Ministerio Público y Parcialmente Procedentes las Apelaciones Restringidas planteadas por los imputados Madeleine Alicia Rodríguez, Stina Brendemo Hagen, Augusto Cesar Toro Blacutt y Alex Ramiro Pereira Blacutt, en consecuencia sin anular la Sentencia recurrida, se dictó una nueva declarando a los imputados:

1. Madeleine Alicia Rodríguez, coautora y culpable de la comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados por los arts. 55 y 53 de la Ley 1008, imponiéndole la pena privativa de libertad de diez años y ocho meses de presidio.

2. Stina Brendemo Hagen, autora y culpable de la comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados por los arts. 55 y 53 de la Ley 1008, imponiéndole la pena privativa de libertad de diez años y ocho meses de presidio.

3. Augusto Cesar Toro Blacutt, autor y culpable de la comisión de los ilícitos de Transporte de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados por los arts. 55 y 53 de la Ley 1008, imponiéndole la pena privativa de libertad de trece años y cuatro meses de presidio.

4. Alex Ramiro Pereira Blacutt, autor y culpable de la comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados por los arts. 55 y 53 de la Ley 1008, imponiéndole en consecuencia la pena privativa de libertad de trece años y cuatro meses de presidio.

5. Finalmente se confirmó la absolución de Paola Alejandra Olivares Vergara, Juan Yonis Campos Justiniano, Amada Verónica Parada Franco y Fanny Franco Viruez, por los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados por los arts. 48 con relación al 33 inc. m) y 53 de la Ley 1008.

El referido Auto de Vista motivó la interposición de los siguientes recursos de casación.

I.1.1. Motivos de los recursos.

De los memoriales de los recursos de casación y del Auto Supremo 822/2014 de 15 de diciembre (fs. 2002 a 2003), se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, aspecto sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

I.1.1.1. Recurso de casación de Carola Claudia Mancilla Ballesteros y Lorena Melean Coronado en representación del Ministerio Público.

1) Que, el Tribunal de alzada al modificar la calificación penal de Traficó de Sustancias Controladas a Transporte de Sustancias Controladas incurrió en inadecuada subsunción de los hechos al tipo penal respecto de las imputadas Madeleine Alicia Rodríguez y Stina Brendemo Hagen, pues no se consideró los demás elementos del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, como ser el hecho de pretender sacar del país la sustancia controlada, la posesión dolosa, la entrega y las transacciones ilícitas, cada una de estas conductas respaldadas por la invocación de precedentes contradictorios.

2) Se recurre respecto de la calificación jurídica de la conducta y consiguiente fijación de la pena de los co-imputados Augusto Cesar Toro Blacutt y Alex Ramiro Pereira Blacutt, señalando que no se consideró el principio de incomunicabilidad de la responsabilidad penal previsto por el art. 24 del Código Penal (CP), pues, no se debió aplicar el delito de Transporte de Sustancias Controladas ya que la participación de los imputados no se adecua a este tipo penal.

Al respecto invocó como precedentes contradictorios consistentes en los Autos Supremos referidos a: Posesión dolosa, 031 de 4 de febrero de 2010, 238 de 7 de marzo de 2007, 407 de 9 de octubre de 2006. Entrega, 337 de 1 de julio de 2010, 224 de 3 de julio de 2006, 251 de 22 de julio de 2005, 307 de 11 de junio de 2003, 73 de 10 de febrero de 2004, 104 de 20 de febrero de 2004. Sacar del País, 131 de 5 de abril de 2010, 42 de 3 de febrero de 2010, 539 de 5 de noviembre de 2009. Transacciones ilícitas, 194 de 11 de junio de 2005, 448 de 4 de noviembre de 2005 y 527 de 21 de octubre de 2003 y las Sentencias Constitucionales 1008/05-R DE 29 de agosto, 1075/2003-R de 34 de julio y 727/2003-R.

Petitorio.- Solicitan se “Deje Sin Efecto del Auto de Vista de 18 de noviembre de 2009…” (sic), y devolviendo actuados se pronuncie nueva resolución de acuerdo a la doctrina legal aplicable.

I.1.1.2. Recurso de casación de Madeleine Alicia Rodríguez.

1) Denuncia la existencia de actividad procesal defectuosa, incongruencia y violación de la Ley sustantiva Penal y el sagrado derecho a la defensa, señalando que no se respetó su derecho a contar con un intérprete, aspecto que configura la existencia de un defecto absoluto, respecto de la temática planteada invocó las Sentencias Constitucionales 400/06-R de 25 de abril, 608/06-R de 27 de junio, 443/06-R de 10 de mayo, 313/02-R de 20 de marzo, 635/04-R de 27 de abril y 829/04-R de 1 de junio y Auto Supremo 104 de 20 de febrero de 2004.

2) Insuficiente fundamentación del Auto de Vista, ya que no se expresó de forma clara cual su participación concreta en el Iter Criminis. Consiguientemente se establecería la defectuosa valoración probatoria y ante la existencia de duda razonable lo que corresponde es la emisión de Sentencia absolutoria, pues la presunción de inocencia se encuentra protegida tanto por los Convenios Internacionales como la Constitución Política del Estado, como consecuencia se incurrió en defectos absolutos previsto en el art. 169 inc. 2) y 3) del CPP y la infracción de los arts. 48, 55 y 53 de la Ley 1008. Sobre el motivo expuesto invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 99 de 24 de marzo de 2005, 178 de 17 de mayo de 2006, 41 de 27 de enero de 2003, 97 de 1 de abril de 2005, 166 de 12 de mayo de 2005, 384 de 26 de septiembre de 2005, 314 de 25 de agosto de 2006, 297 de 30 de julio de 2002, 83 de 8 de marzo de 2002, 383 de 7 de agosto de 2003, 48 de 27 de marzo de 1979, 63 de 11 de agosto de 1993, 331 de 27 de agosto de 2002, 394 de 10 de octubre de 2002, 183 de 30 de mayo de 2005, 104 de 20 de febrero de 2004, 99 de 24 de marzo de 2005, 526 de 20 de septiembre de 2004, 527 y 529 de 20 de septiembre de 2004, 551, 553, 559, 560, 567 de 1 de octubre de 2004, 573 de 4 de octubre de 2004, 636, 637, 648 y 657 de 20 de octubre de 2004, 640 y 651 de 21 de octubre de 2004, 97 de 1 de abril de 2005, 111 de 31 de enero de 2007, 223 de 28 de marzo de 2007, 241 de 1 de agosto de 2005, 369 de 5 de abril de 2007 y el Auto de Vista 1/2009 de 22 de enero de 2009.

Petitorio.- Solicita se declare fundado su recurso de casación todo ello a efecto de que se apliquen en toda su concepción las normas sustantivas violadas.

I.1.1.3. Recurso de Casación de Augusto César Toro Blacutt.

1) Insuficiente fundamentación de la Sentencia basada en defectuosa valoración de la prueba, aspecto que no fue correctamente considerado por el Tribunal de alzada pese a la presentación de los correspondientes precedentes contradictorios que sustentaban sus alegaciones; pues, el Tribunal de alzada simplemente se habría dedicado a justificar indirectamente la Sentencia sin considerar su recurso de apelación, debido a que en la resolución final del juicio se debió señalar todos los elementos probatorios introducidos, determinando su valoración para probar o no un determinado extremo si esas pruebas causaron o no convicción en el juzgador aspectos que no ocurrieron; por tanto, la acusación del Ministerio Público no fue probada a cabalidad. Al respecto invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 314 de 25 de agosto de 2006, 82 de 30 de enero de 2006, 256 de 26 de julio de 2006, 166 de 12 de mayo de 2005.

2) Incoherencia entre lo solicitado en su Recurso de Apelación Restringida y el Auto de Vista, pues el Tribunal de alzada no se habría pronunciado sobre el inc. 6) del art. 370 del CPP, incumplimiento la previsión contenida en el art. 17 de la Ley de Organización Judicial 025, para el efecto cita la correspondiente jurisprudencia vinculante. Respecto de la temática planteada invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 724 de 26 de noviembre de 2004, 654 de 25 de octubre de 2004, 242 de 6 de julio de 2006, 256 de 26 de julio de 2006, 166 de 12 de mayo de 2005 y 314 de 25 de agosto de 2006.

Petitorio.- Solicita se dicte Auto Supremo anulando la Sentencia en base a la aplicación del art. 413 del CPP y se efectúe un nuevo juicio por otro Tribunal.

I.1.1.4. Recurso de Casación de Stina Brendemo Hagen.

1) Inobservancia y errónea aplicación del inc. 1) del art. 370 del CPP, señalando que si bien el Tribunal estableció que no existió prueba suficiente para determinar su culpabilidad del delito de Tráfico de Sustancias Controladas y presuntamente sí la de Transporte de Sustancias Controladas; sin embargo, no consideró que para acreditar este delito se tiene que probar como elemento esencial que el sujeto conozca que lo que está transportando es ilícito aspecto que no fue acreditado, pues en contrario por las declaraciones testificales uniformes se habría establecido que la imputada no conocía del contenido de los bolsones.

Sobre los motivos expuestos señaló los Autos Supremos 417 de 19 de agosto de 2003, 209 de 23 de junio de 2005, 104 de 20 de febrero de 2004, 196 de 3 de junio de 2005, 151 de 2 de febrero de 2007, 111 de 31 de enero de 2007.

2) Que, se denunció la falta de fundamentación de la Sentencia y defectuosa valoración probatoria aspecto que no fue debidamente considerado por el Tribunal de alzada al señalar soló que en apelación restringida se les está prohibida la revalorización probatoria; sin embargo, aclara la recurrente que no se pretendió la revalorización; sino, que se advierta los errores denunciados y de acuerdo a lo previsto en el art. 413 del CPP, se proceda a anular el juicio y se disponga el reenvío de este.

Sobre la temática planteada señaló los siguientes Autos Supremos, 724 de 26 de noviembre de 2004, 654 de 25 de octubre de 2004, 314 de 25 de agosto de 2006, 242 de 6 de julio de 2006, 82 de 30 de enero de 2006, 14 de 26 de enero de 2006, 256 de 26 de julio de 2006, 320 de 23 de septiembre de 2005, 173 de 20 de abril de 2010, 209 de 23 de junio de 2005.

Petitorio.- Solicita se declare la admisibilidad de su recurso y en análisis de fondo se declare Fundado, resolviendo conforme al segundo parágrafo del art. 419 del CPP.

I.1.1.5. Recurso de Casación de Alex Ramiro Pereira Blacutt.

1) El Tribunal de alzada al haber declarado parcialmente procedente su recurso de apelación restringida actuó sin competencia y en franca violación de los arts. 413 y 414 del CPP, al haber procedido a revalorizar prueba sin estar autorizados para ello, pues en su caso la Sentencia no fue anulada a pesar de haber sido pronunciada en un proceso que vulneró el derecho a la defensa y adolecer de los defectos establecidos por el art. 370 del CPP, en los que incluso existió el abandono de un juez ciudadano sin justificativo alguno aspectos que generan defecto absoluto previsto en el art. 169 del CPP; por lo que, el Auto de vista debió velar por el saneamiento procesal. Con relación al temática planteada invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 141 de 6 de junio de 2008, 160 de 2 de febrero de 2007, 654 de 25 de octubre de 2004, 221 de 28 de marzo de 2007, 69 de 20 de marzo de 2006, 726 de 26 de noviembre de 2004 y 240 de 6 de junio de 2006 y la Sentencia Constitucional 1424/2004-R de 6 de septiembre.

2) El Tribunal de alzada al dictar una nueva Sentencia sin anular la anterior vulnera el principio del NON BIS IN IDEM establecido en el art. 4 del CPP, incurriendo en la interpretación errónea de los arts. 413 y 414 de la misma norma debida a que revalorizó la prueba arrogándose indebidamente la facultada de modificar en forma sustancial la Sentencia; por lo que, existe vulneración al debido proceso y la seguridad jurídica de porque el Tribunal de alzada al no haber anulado la Sentencia con la reposición del juicio por otro Tribunal cometió una acto ilegal viciando de nulidad, al respecto invocó como precedente contradictorio los Autos Supremos 337 de 1 de julio de 201, 224 de 3 de julio de 2006, 251 de 22 de julio de 2005, “300 73 11 de junio de 2003”, 73 de 10 de febrero de 2004, 104 de 20 de febrero de 2004 y 635 de 20 de octubre de 2004 y las Sentencias Constitucionales 418/2000-R, 739/2003-R, 1075/2003-R de 24 de julio, 1722/2003-R de 25 de noviembre y 0889/2004-R de 8 de junio.

Petitorio.- Interpone recurso de casación solicitando se pronuncie resolución disponiendo la nulidad del Auto de Vista de 3 de noviembre de 2010 y de la Sentencia 17/2010 (fs. 887 a 927) dictada por el Tribunal Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba.

I.2. Admisión del recurso.

Mediante Auto Supremo 822/2014 de 15 de diciembre, cursante de fs. 2002 a 2003, este Tribunal admitió los recursos formulados por los recurrentes para su análisis de fondo, respecto de los motivos planteados.

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO

De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:

II.1. De la Sentencia.

Desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció la Sentencia 17/2010 de 24 de abril (fs. 887 a 927 vta.), por la que declaró a los imputados: Augusto Cesar Toro Blacutt, como autor y culpable de la comisión de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados por los arts. 48 con relación al 33 inc. m) y 53 de la Ley N° 1008, imponiéndole la pena de veinte años de presidio, más quinientos días multa a razón de dos bolivianos por día, con costas. Alex Ramiro Pereira Blacutt, autor y culpable de la comisión de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados por los arts. 48 con relación al 33 inc. m) y 53 de la Ley 1008, imponiéndole la pena de veinte años de presidio, más quinientos días multa a razón de dos bolivianos por día, con costas. Madeleine Alicia Rodríguez, autora y culpable de la comisión de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados por los arts. 48 con relación al 33 inc. m) y 53 de la Ley 1008, imponiéndole la pena de trece años y cuatro meses de presidio, más doscientos días multa a razón de un boliviano por día, con costas. Stina Brendemo Hagen, autora y culpable de la comisión de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados por los arts. 48 con relación al 33 inc. m) y 53 de la Ley 1008, imponiéndole la pena de trece años y cuatro meses de presidio, más doscientos días multa a razón de un boliviano por día. Con relación a Paola Alejandra Olivares Vergara, Juan Yonis Campos Justiniano, Amada Verónica Parada Franco y Fanny Franco Viruez, se emitió Sentencia Absolutoria, por los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados por los arts. 48 con relación al 33 inc. m) y 53 de la Ley 1008, de acuerdo a los siguientes fundamentos:

Se extracta como hechos probados de la producción de las pruebas, tanto del Ministerio Público como de la defensa de todos los imputados, resultando probada la comisión de los delitos de Tráfico y Asociación Delictuosa y Confabulación previstos y sancionados por los arts. 48 con relación al 33 inc. m) y 53 de la Ley 1008; toda vez, que se ha demostrado que el 19 de mayo de 2008, las ciudadanas de nacionalidad noruega MADELEINE ALICIA RODRIGUEZ; STINA BRENDEMO HAGEN Y OTRA declarada rebelde, fueron sorprendidas en el Aeropuerto Jorge Wilsterman de la ciudad de Cochabamba, transportando clorhidrato de cocaína escondido en la base de unos bolsones que cada una ellas llevaba en sus respectivas maletas, con destino a la ciudad de Oslo capital del Reino de Noruega, siendo que esta actividad ilícita se inicia en Noruega cuando Augusto César Toro Blacutt conviene con Madeleine Alicia Rodríguez y ésta con Stina Brendemo Hagen y la otra ciudadana Noruega declarada rebelde, para que viajen a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia donde a su arribo toman contacto con ALEX RAMIRO PEREIRA BLACUTT, quien las lleva al Hotel Buganvillas donde las hospeda. Durante varios días las nombradas ciudadanas noruegas hacen turismo, mientras tanto, Augusto Cesar Toro Blacutt que estaba ya en Santa Cruz de la Sierra, toma contacto con Alex Ramiro Pereira Blacutt, asegurando los detalles del tráfico del clorhidrato de cocaína. Posteriormente, en vísperas del retorno de las ciudadanas noruegas, ALEX RAMIRO PEREIRA BLACUTT las conduce a la ciudad de Cochabamba donde presumía que los controles de interdicción al tráfico de sustancias controladas era menor que en Santa Cruz y las hospeda en el Hotel Cesar’s Plaza. El día en que debían embarcarse de retorno en el vuelo 701 de TAM MERCOSUR con destino a Oslo-Noruega con escala en Santa Cruz, Asunción y Sao Paolo, dos horas antes de su salida, Alex Ramiro Pereira Blacutt lleva al Hotel César’s Plaza una maleta azul cuyo contenido fueron bolsones dé mano, en cuyas respectivas bases se había escondido muy hábilmente el clorhidrato de cocaína envuelto en fibra de vidrio y papel carbónico para evitar su detección, tanto, por los rayos X como por los canes antidroga y se las entrega a Madeleine Alicia Rodríguez con la instrucción de que las distribuya en las tres maletas de las viajeras y que una vez en Oslo recoja los bolsones y los entregue a una persona cuya identidad se desconoce; sin embargo, una vez que las ciudadanas noruegas son descubiertas y arrestadas en el Aeropuerto Jorge Wilsterman, Alex Ramiro Pereira Blacutt abandona apresuradamente el Aeropuerto y pone en conocimiento de César Augusto Toro Blacutt de este acontecimiento por lo que Augusto César Toro hace una serie de gestiones a favor de las ciudadanas Noruegas detenidas, como asegurarles asistencia jurídica pagando abogados defensores y proporcionándoles recursos y teléfonos celulares para mantener comunicación.

Estos hechos cometidos en la forma descrita evidencia la participación plena y concertadas de las seis personas, las dos imputadas noruegas enjuiciadas, Augusto César Toro Blacutt y Alex Ramiro Pereira Blacutt, más las dos imputadas declaradas rebeldes; por lo que, la participación individualizada se ajusta a la siguiente descripción:

MADELEINE ALICIA RODRIGUEZ, mantiene una relación de amistad de larga data con Augusto César Toro Blacutt originada en la ciudad de Oslo y por intermedio de su novia NICOL AURDAHL (coimputada declarada rebelde) quién es la madrina de su pequeña hija dé nombre Alicia, también tiene relación con Alex Ramiro Pereira Blacutt quién ya fue su guía él 2007. Asimismo, tiene relación con STINA BRENDEMO HAGEN quién es cuñada; y con CHRISTINA OYGARDEN por intermedio de Stina Brendemo Hagen.

Esta relación con estas personas, excepto Christina Oygarden, el 2007 ella y Stina Brendemo Hagen llegan a Bolivia, Santa Cruz de la Sierra; encontrándose con Alex Ramiro Pereira Blacutt, quien hace las veces de su “guía” que las hace pasear por la ciudad de Santa Cruz, luego las trae a Cochabamba y las hospeda en el Hotel Cesar’s Plaza y finalmente, las embarca de retorno a Noruega en el Aeropuerto Jorge Wilsterman. El 2008, nuevamente por encargo de Augusto César Toro Blacutt llama a Stina Brendemo Hagen quién se encontraba trabajando en el norte de su país para que otra vez viajen a Santa Cruz-Bolivia. Luego de reunirse con ella, Madeleine le entrega a Stina la suma de 36.000.- (treinta y seis mil coronas), para que las deposite en su cuenta y llegan a Santa Cruz de la Sierra encontrándose nuevamente con Alex Ramiro Pereira Blacutt quién luego de repetir los actos de simulación de turismo las lleva nuevamente a Cochabamba y las hospeda otra vez en el Hotel Cesar’s Plaza. Tres días después, el día 19 de mayo de 2008, dos horas antes de embarcarse para el viaje de retorno a Noruega Madeleine Alicia Rodríguez recibe de Alex Ramiro Pereira Blacutt en su habitación, una maleta azul que contenía once bolsones de manto en cuya base se encontraba escondido el clorhidrato de cocaína y las instrucciones de distribuir los bolsones en el equipaje de ella y de sus compañeras de viaje (Stina y Christina) y que a su llegada a Oslo los recoja y luego los entregue a un amigo de Alex Ramiro Pereira Blacutt, persona que no se ha identificado. Madeleine Alicia Rodríguez acomoda entre sus pertenencias en su maleta tres bolsones y entrega cuatro bolsones a Stina Brendemo Hagen y otros cuatro bolsones a Christina Oygarden para que hagan lo mismo, dirigiéndose luego junto con Alex Ramiro Pereira Blacutt hasta el Aeropuerto donde Alex Ramiro Pereira se encarga de realizar todas las diligencias para que las viajeras se embarquen; sin embargo, Madeleine Alicia Rodríguez y sus compañeras son descubiertas y arrestadas por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Cochabamba, en el Aeropuerto Jorge Wilsterman.

STINA BRENDEMO HAGEN, tiene relación con Madeleine Alicia Rodríguez, Christina Oygarden. Nicol Aurdhal, Augusto Cesar Toro Blacutt y Alex Ramiro Pereira Blacutt en la forma y circunstancias descritas precedentemente. En esas circunstancias -llega a Santa Cruz de la Sierra- por primera vez el año 2007 en la forma detallada líneas arribará y a su retorno a Oslo, recibe de: Madeleine Alicia Rodríguez la suma de 10.000 (diez mil coronas), no obstante de que todo el viaje lo había pagado Madeleine Alicia. Que el año 2008, Madeleine Alicia Rodríguez toma nuevamente contacto con ella que se encontraba trabajando en las montañas de su país y acude a encontrarse con ella recibiendo la suma de 36.000 (treinta y seis mil coronas) que ingresa a su cuenta y luego realiza nuevamente un viaje a Santa Cruz-Bolivia, junto con Madeleine Alicia Rodríguez y Christina Oygarden para repetir el itinerario del 2007, con el mismo “guía”, Alex Ramiro Pereira Blacutt quién después de 18 días en el Hotel Buganvillas, las lleva a Cochabamba junto con las otras dos noruegas y la hospeda en el mismo Hotel César’s Plaza. El 19 de mayo de 2008, en que debía retornar a Noruega, dos horas antes de la partida, Madeleine Alicia les entrega a ella y a Christina Oygarden cuatro bolsones de mano a cada una para que las acomoden sus maletas entre sus pertenencias y las lleven hasta su destino final que era Oslo, procediendo de esa manera, luego Stina Brendemo Hagen y las otras dos viajeras son descubiertas en el Aeropuerto en la forma descrita precedentemente.

ALEX RAMIRO PEREIRA BLACUTT, estableció contacto tanto con las imputadas noruegas, como con Augusto César Toro Blacutt en la forma y circunstancias ya detalladas, siendo relevante el motivo de esa relación sostenida por la voluntad común de ejecutar los actos que conforman los hechos descritos como probados, motivo que se sobrepone a la relación familiar en el caso concreto de su sobrino Augusto Toro Blacutt, este último le instruye los actos que debe realizar a fin de asegurar tanto los viajes de las ciudadanas noruegas, que con el disfraz de turistas llegan a Bolivia, en cuanto a la salida del país de las mismas ciudadanas; pero, esta vez llevando el clorhidrato de cocaína de cuya obtención, vía transacciones a cualquier título, es también el encargado bajo el control y financiamiento de Augusto César Toro Blacutt. Así es él quien recibe a Madeleine Alicia Rodríguez y Stina Brendemo Hagen el año 2007; y, aunque no se ha probado que en esa ocasión realizaron tráfico de sustancias controladas; constituye un indicio que fortalece la convicción del tráfico descubierto en mayo de 2008, año en el que nuevamente recibe a las mismas noruegas y a Christina Oygarden que viene con ellas y fungiendo nuevamente de “guía” las atiende en Santa Cruz y luego las trae a Cochabamba, donde las hospeda en el mismo Hotel utilizado en el 2007. El día 19 de mayo de 2008, fijado como día de retomo a Noruega, poco tiempo antes de la partida al Aeropuerto Jorge Wilsterman, lleva al Hotel César’s Plaza una maleta azul en cuyo interior estaban once bolsones de mano en cuyas respectivas bases se encontraba escondida la droga consistente en el clorhidrato de cocaína y se los entrega a Madeleine Alicia Rodríguez a quien le instruye que distribuya los bolsones entre las tres viajeras para que los acomoden en sus respectivas maletas y los lleven hasta Noruega y que una vez en Oslo los recoja para entregarlos después a su “amigo” cuya identidad no fue revelada ni establecida. Es Alex Ramiro Pereira Blacutt quién se encarga de realizar todas las diligencias de embarque en el Aeropuerto y se asegura de que las tres viajeras aborden el avión, cuando esto no sucedió porque fueron descubiertas por la policía, éste se apresura a dejar el Aeropuerto y la ciudad, dejando inclusive la maleta azul en el Hotel César’s Plaza sin recogerla como habían encargado antes de salir.

AUGUSTO CESAR TORO BLACUTT, es la persona que dirige todas las operaciones. En efecto es él quien organiza la participación de las personas que se encargan de sacar la droga del país y transportarla hasta Noruega, proporcionándoles la cobertura de turistas y atrayéndolas con el viaje pagado y un hospedaje de lujo, además de asegurarles todas sus compras y una participación en los resultados del tráfico, pagados a la llegada de la droga a Noruega. Es él quien, encarga este trabajo, a Madeleine Alicia Rodríguez quién compromete a Stina Brendemo Hagen y ésta a su vez a Christina Oygarden.

Augusto César Toro Blacutt está constantemente muy cerca de las viajeras sin tomar contacto directo con ellas; sino, mediante Alex Ramiro Pereira Blacutt cuando las ciudadanas noruegas son descubiertas y detenidas, Augusto César Toro Blacutt realiza una serie de actos tendientes a asegurarse; que las noruegas detenidas no lo delaten y les procura, asistencia jurídica y económica; así como, una permanente comunicación del examen de los acontecimientos, declarados probados, resulta incuestionablemente que Augusto César Toro Blacutt y Alex Ramiro Pereira Blacutt, son las dos personas que ejercen el rol central de este tráfico de droga. El primero tanto en Noruega como en Bolivia y el segundo en Bolivia proporcionándoles a las noruegas todas las facilidades logísticas para llevar la sustancia prohibida así como el clorhidrato-mismo, obteniéndolo en una forma que no se ha establecido en el consumo de Augusto César Toro Blacutt.

Con relación a la participación de AMANDA VERÓNICA PARADA FRANCO Y FANNY FRANCO VIRUEZ, resulta probado, que la participación de ambas en los hechos ilícitos es dudosa como así resulta también la existencia del conocimiento acerca de la actividad ilícita en la que estaba involucrado Alex Ramiro Pereira Blacutt concubino de la primera y yerno de la segunda; por otro lado no se demostró idónea y suficientemente que AMADA PARADA FRANCO sabía de esta actividad y sabiéndolo llevo de paseo y compras a las ciudadanas noruegas. Tampoco se demostró que ella hubiera realizado depósitos retiros de dinero proveniente de Noruega con destino a ésta actividad. De la misma forma tampoco se demostró que FANNY FRANCO VIRUEZ tenía conocimiento de la actividad ilícita y consintió a sabiendas de esto, en recoger dineros dé Noruega para este fin.

Con relación, a la participación de los esposos JUAN YONIS CAMPOS JUSTINIANO Y PAOLA ALEJANDRA OLIVARES VERGARA, el Tribunal declara que no se ha demostrado que ambos imputados tuvieron conocimiento respecto de la actividad ilícita en la que se encontraba Alex Ramiro Pereira Blacutt, único imputado con quién tuvieron algún trato. Támpoco se demostró que esa relación hubiera tenido como motivo la realización del tráfico de drogas. Que la circunstancia de que las facturas pagadas por concepto de Hospedaje de las noruegas en el Hotel César´s Plaza, data del 2007 como del 2008 y hubieran sido emitidas a nombre de Juan Yonis Campos Justiniano, resuelta absolutamente ineficaz para sostener una vinculación con los delitos acusados. Tampoco fue demostrado con eficacia e idoneidad que éste imputado tuvo comunicación telefónica con el celular de propiedad de Nicol Aurdahl.

Con relación a Paola Alejandra Olivares Vergara y la intermediación para que la factura por el pago de hospedaje de las noruegas en el Hotel Buganvillas sea emitida a nombre de: Doris Méndez, es absolutamente insuficiente para la imputación que el Ministerio Público le hizo; habida cuenta de que este hecho carece de importancia para aseverar la realización del hecho ilícito para asegurar sus resultados; y, tampoco se encadena con el iter criminis. Respecto de una presunta reserva de hospedaje en el Hotel Buganvillas para las imputadas noruegas, este hecho tampoco fue demostrado en la forma que genere una suficiente convicción positiva respecto de la acusación.

El Tribunal de Sentencia Primero de la Capital alcanzó convicción de los hechos que se narran al acoger el preciso testimonio que en la vista oral que hicieran los testigos: Tte. Eduardo Ariel Rojas Gonzáles y el Policía Rolando Parisaca Quispe, entrenador y guía del can “Yoví”, quienes uniformemente declaran las circunstancias en las que el can antidroga alerta sobre la existencia de droga en tres maletas en plataforma del Aeropuerto Jorge Wilsterman el 19 de mayo de 2008, aproximadamente a horas 14:00, en el vuelo 701 del TAM MERCOSUR con destino a Oslo combinación Santa Cruz, Asunción, Sao Paolo.

Que verificado el nombre de los tiquets de las maletas era Madeleine Alicia Rodríguez tal como se comprueba con las evidencias codificadas con E-16 Tiquet de equipaje N° 5-692-392776. E-l7 tiquet de equipaje N° 5-692-392778. E-18 Tiquet de equipaje N° 5-692-3927279 y E-19 tiquets de equipajes N° 5-692-392775, 5-692-39777, 5-692-392780, 5-692-392781, llaman a pre-embarque donde el Cabo Jorge Téllez Patzy ubica a la nombrada y a las otras propietarias de las maletas. Por su parte el testigo Jorge Téllez Patzy declara que el indicado día aproximadamente a horas 14:00 más o menos, recibió la comunicación por radio que en plataforma que los canes, habían dado la alerta en tres maletas debiendo ubicar a sus propietarios y que una vez que hizo esto, condujo a las tres extranjeras hasta plataforma donde se encontraban tres maletas de color negra tumbo y beige y las reconocen como suyas. Por su parte el testigo Yurgens Corrales Ledezma, Jefe de Grupo en Aeropuerto, declaró que recibe el reporte sobre la existencia de maletas sospechosas en plataforma por lo que se pide a la Aerolínea que identifique a que nombre se encuentran las mismas, informado que están a nombre de Madeleine Alicia Rodríguez; por lo que, se dispone que los efectivos ubicados en pre-embarque ubique a esta persona; posteriormente, las tres imputadas son conducidas a plataforma donde, reconocen sus maletas; por lo que, inmediatamente son conducidas a las oficinas de la FELCN en Aeropuerto, donde una vez que llega la Sra. Fiscal Dra. Melean, proceden a la apertura de las maletas encontrándose en cada una de ellas bolsones en cuya base se encontró camuflada las sustancias controladas con características a cocaína.

Estas declaraciones coinciden con las literales codificadas con F-14 que consiste en las Actas de reconocimiento de equipaje; por las que, se demuestra que en el Aeropuerto Jorge Wilsterman, el día 19 de mayo de 2008 STINA BRENDEMO HAGEN reconoció como de su propiedad la maleta marca Roncato de color negra con N° de guía 5-692-392778, del mismo modo y en las mismas circunstancias MADELEINE ALIClA RODRÍGUEZ, reconoció como suya la maleta marca Roncato de color anaranjado con guía N° 5-691 -392779. Pruebas que se ratifican plenamente con las evidencias codificadas con E-2 que son: una maleta de color, beige marca Travel con N° de tiquet 5-692-392776, una maleta de color negro marca Roncato con N° de Tiquet 5-692-392778 y una maleta de color anaranjado marca Roncato con N° de Tiquet 5-692-392779. La literal F-5 que son las Actas de Apertura y registro de maleta, demuestran que en la maleta de la imputada STINA BRENDEMO HAGEN, entre sus pertenencias se encontraron cuatro maletines de mano marca Adidas en cuya base de los mismos se encontró sustancias controladas. Asimismo, se demuestra que en la maleta de MADELEINE ALICIA RODRÍGUEZ, entre sus pertenencias se encontraron tres maletines de mano marca Adidas que en sus bases se hallaron sustancias controladas. Y de la misma manera en la maleta de la tercera imputada declarada rebelde, también se encontraron cuatro maletines de mano marca Adidas en cuyas bases se encontró sustancias controladas. Prueba que se ratifica absolutamente con las codificadas como E-3 que consisten en un maletín color azul y celeste, un maletín color azul y plomo, un maletín color azul y rojo, un maletín color plomo, E-4 un maletín color azul y plomo, un maletín color plomo, un maletín color azul y plomo, E-5 un maletín color plomo, un maletín color azul, un maletín color plomo y E-6 una muestra de una base de los maletines en los que se encontró cocaína.

La prueba codificada como F-6 que son las Actas de prueba de campo que demuestran las sustancias encontradas en la base de los once maletines o bolsones de mano dio positiva para cocaína. Esta prueba se ratifica plenamente por la literal codificada como E-47 que consiste en el Dictamen Técnico pericial, suscrito por las bioquímicas Mónica Dick Silva y Ana María Torrico Cárdenas que concluyen que la sustancia sometida al análisis es Clorhidrato de Cocaína. Esta sustancia fue secuestrada conforme lo demuestra el Acta de Secuestro de Sustancias Controladas codificada como F-9 la misma que fue sometida al pesaje correspondiente dando un resultado según el siguiente detalle:

1. En la maleta de Stina Brendemo Hagen: 1) maletín azul y plomo, 2.036 g. 2) maletín color plomo 2.014 g. 3) maletín color plomo 2.045 g y 4) maletín color azul y plomo 2.029 g.

2. En la maleta de Madeleine Alicia Rodríguez: 1) “maletín, color 2.035 g.” 2) maletín azul y plomo 1.994 g. y 3) maletín color plomo 2.086 g.

3. En la maleta de la tercera imputada (declarada rebelde): 1) maletín color azul y celeste 2.029 g. 2) maletín color azul y plomo 2.057 g. 3) maletín color azul y rojo 2.022 g. y 4) maletín color plomo 2.082 g., tal como se evidencia por la prueba F-8 que son las Actas de Pesaje de Sustancias Controladas.

La literal F-10, que son las Actas de Secuestro de evidencias que demuestra los bolsones o maletines conteniendo el clorhidrato de cocaína, fueron debidamente codificadas como E-1 que son fotocopias de Pasaporte Internacionales correspondientes a Madeleine Alicia Rodríguez, Stina Brendemo Hagen y Christina Oygarden, E-8 Declaraciones juradas del equipaje, E-9 que son las Hojas de la Dirección de Aeronáutica Civil de Paraguay y E-10 que son Hojas de Tasa de salida internacional vía aérea demuestran que MADELEINE ALICIA RODRÍGUEZ Y STINA BRENDEMO HAGEN, arribaron a Santa Cruz el día 28 de abril de 2008. Por otro lado, las evidencias codificadas con E-7 que son tres pasajes Aéreos Cochabamba-Santa Cruz, Santa Cruz-Asunción Asunción-Sao Paolo 81115534-5-6, E-11 que son tres pasajes de la línea Aérea TAM MERCOSUR Cbba-Santa Cruz-Santa Cruz-Asunción-Asunción-Sao Paolo 81114927-8-9 y E-12 que son tres pasajes de la línea Aérea TAM MERCOSUR, Cbba-Santa Cruz, Santa Cruz-Asunción, Asunción-Sao Paolo 81114933-4-5, los cuales demuestran que las imputadas MADELEINE ALICIA RODRIGUEZ y STINA BRENDEMO HAGEN estaban en tránsito de la ciudad de Cochabamba con destino a Oslo Noruega combinación Santa Cruz, Asunción, Sao Paolo, Oslo. La evidencia F-12 consistente en el Acta de secuestro de documentos que ratifica plenamente la descripción precedente. La evidencia E-54 consistente en un Muestrario Fotográfico que demuestra las actuaciones de verificación de las maletas, los bolsones, la prueba de campo y la incineración del clorhidrato de cocaína. La evidencia E-54 son las muestras representativas del clorhidrato de cocaína.

La declaración testifical de Claudia Caballero Espinoza recepcionista del Hotel Buganvillas, prueba que las imputadas noruegas se hospedaron en ese hotel desde el 28 de abril al 16 de mayo de 2008 y quién las acompañaba pagaba sus cuentas; y, también el importe por el hospedaje fue ALEX RAMIRO PEREIRA BLACUTT a quién lo reconoce en la audiencia del juicio oral. Prueba testifical que se fortalece incuestionablemente con la prueba pericial codificada con F-48; por lo que, el perito Documentólogo Forense Lic. Carlos Oporto concluye que existe una alta y mediana probabilidad de que las firmas insertas en dos recibos de pago por anticipo de hospedaje en el Hotel Buganvillas a nombre de Ricardo Rodríguez sean de la autoría de ALEX RAMIRO PEREIRA BLACUTT. Esta información será ratificada plenamente con la prueba codificada como E-53 que es un Informe prestado por la Srta. Ingrid Justiniano Jimenes, Jefe de Recepción del Hotel Buganvillas, que demuestra que las imputadas noruegas se hospedaron en ese Hotel desde el 28 de abril hasta el 16 de mayo de 2008 en las habitaciones reservadas por “Ricardo Rodríguez", siendo esta misma persona la que canceló el importe total de hospedaje en la suma de Bs. 18.140,48.- (dieciocho mil ciento cuarenta bolivianos con cuarenta y ocho centavos), solicitando la emisión de la factura a nombre de Doris Méndez. Esta información respalda a la documentación que cursa en sus registros y cuyas fotocopias integran la literal codificada con F-60.

Lo mismo ocurre respecto al hospedaje de las noruegas en el Hotel Cesar’s Plaza de la ciudad de Cochabamba, en efecto la testigo Aída Lilian Mercado Montecinos, Gobernanta del nombrado Hotel, declara que las tres señoritas se hospedaron el 17 de mayo de 2008 y llegaron acompañadas de un señor a quién reconoce en audiencia del juicio, resultando ser ALEX RAMIRO PEREIRA BLACUTT. Declara también que es ésta misma persona quién paga el importe por el hospedaje de las señoritas noruegas en una habitación simple y otra doble, pidiendo que se emita la factura a nombre de Juan Yonis Campos, declaración que se corrobora con las literales F-54 y F-58 que consisten en Informes remitidos por el Sr. Gerente Comercial y el Sr. Gerente de Operaciones del Hotel Cesar's Plaza, informando también que el hospedaje de las huéspedes fueron del 17 al 19 de mayo de 2008, pagándose un total de Bs. 1.652,00.- (mil seiscientos cincuenta y dos bolivianos). Esta misma testigo declara que sus compañeras de trabajo le informaron que el señor que acompañaba a las señoritas noruegas, bajo una maleta y entregó a la telefonista y que esa maleta nadie la recogió, después como se evidencia por la prueba E-20 que muestra la nota para recojo de maleta y el tiquet. La afirmación del Ministerio Público de que ALEX RAMIRO PEREIRA con el seudónimo de “Ramiro” hospedo a Madeleine Alicia Rodríguez y Stina Brendemo Hagen en el Hotel Continental Park, desde el 12 de julio de 2007, al 18 de julio del mismo año pagando él mismo la cuenta y obteniendo la factura por dicho pago a nombre de Pedro Vaca Negrete, que demuestran con la literal F-75 que son los requerimientos; ratificado plenamente con la F-70 que es la Certificación de la Cámara Hotelera de Santa Cruz que informa que Madeleine Alicia Rodríguez y Stina Brendemo Hagen se hospedaron en el Hotel Continental Park del 12 al 17 de julio de 2007.

El hecho de que ALEX RAMIRO PEREIRA BLACUTT, trae a las imputadas noruegas desde Santa Cruz a Cochabamba se demuestra por la literal codificada como F-5, que un Informe de la flota Bolívar más la planilla de pasajeros y la factura por el pago de los pasajes, se comprueba el viaje de las noruegas y Alex Ramiro Pereira Blacutt quién utiliza el seudónimo de “Rodrigo Rodríguez”.

La prueba codificada como F-59 consistente en la filmación de seguridad del Aeropuerto Jorge Wilsterman correspondiente al día 19 de mayo de 2008, demuestra indubitablemente que Alex Ramiro Pereira Blacutt está presente y en conjunto con las imputadas noruegas en dicho Aeropuerto y es él quien se encarga de todas las diligencias de embarque, también demuestra que él se empeña en verificar si las imputadas abordan el avión y cuándo, esto no ocurre éste abandona apresuradamente las instalaciones del Aeropuerto. Quien ante el descubrimiento del tráfico ilícito, éste ya no retorna al Hotel César’s Plaza a recoger la maleta que dejo y en la que había llevado los bolsones, maletines de mano con la droga, tal como se demuestra con la prueba F-24 Acta de verificación de existencia de maleta, prueba F-25 Acta de reconocimiento de maleta, prueba F-26 Acta de apertura de maleta y prueba F-27 Acta de secuestro de maleta, literales que informan que la persona que dejó esa maleta es Alex Ramiro Pereira Blacutt y quién debía recogerla era también él mismo.

La literal F-94 demuestra que AUGUSTO CESAR TORO BLACUTT tuvo flujo migratorio, resaltando un ingreso a Bolivia en fecha 21 de marzo de 2008 y una salida el 15 de mayo de 2008. No consta un nuevo ingreso subsiguiente; pero, se registra una nueva salida el 16 de julio de 2008; estas fechas tienen correlación con las fechas en la cual se produce el descubrimiento del hecho ilícito. Así AUGUSTO CESAR TORO BLACUTT sale del país cuatro días antes de que las imputadas noruegas sean descubiertas, lo que demuestra que estaba en el país durante los días en los que las imputadas también estaban en Bolivia y que llego al país pocos días antes que las noruegas. La prueba F-99 demuestra que Augusto César Toro Blacutt ingreso a la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz el 09 de mayo de 2008 y abandono a los seis días, pues salió del país el 15 de mayo de 2008 del Aeropuerto de Viru Viru a Buenos Aires, lo cual demuestra la utilización de esta inscripción como una coartada para justificar su ingreso y permanencia en Bolivia. Las literales codificadas con F-63 que son Certificaciones de Saguapac-Santa Cruz (fs. 5) y F-67 que es una Certificación de la Cooperativa Rural de Electrificación prueban que AUGUSTO CESAR TORO BLACUTT, estuvo en Bolivia en el tiempo en el cual las imputadas noruegas también estaban en Bolivia ya que realizó trámites, relacionados con la instalación de servicios en un departamento de su propiedad.

Las literales codificadas como F-95 consistente en un Informe del laboratorio “Smith Farma” con documentación de respaldo y F-69 Informe de Bayer Boliviana Ltda. (ex Shering Boliviana Ltda.) con documentación de respaldo evidencian que Alex Ramiro Pereira Blacutt fue visitador médico de esas empresas; pero, que fue retirado el 2006 recibiendo sus correspondientes finiquitos.

Que, Alex Ramiro Pereira Blacutt tuvo flujo migratorio y se demuestra con el Informe de Migración Santa Cruz, codificado con F-76; por el que, se demuestra que salió del país el 18 de marzo de 2003 vía Aeropuerto de Viru Viru-Buenos Aires y el 15 de junio de 2008 Viru Viru-Sao Paolo.

La literal F-116 que es un Informe del Hotel Aranjuez Cochabamba con documentación de respaldo acredita que Madeleine Alicia Rodríguez, también estuvo en Cochabamba el año 2007, hospedándose en el mismo Hotel del 20 al 24 de julio de 2007.

La declaración testifical de Armando Javier Asturizaga Alcoreza, informa que las empresas telefónicas no han registrado ningún teléfono a nombre de Augusto Cesar Toro Blacutt; sin embargo, se ha podido establecer que éste ha tenido comunicación permanente con Madeleine Alicia Rodríguez, Alex Ramiro Pereira Blacutt, que Juan Yonis Campos, Paola Olivares y Amanda Parada Franco han tenido comunicación telefónica importante.

El testigo Lars Christian Gronning, investigador noruego, ha declarado que luego de haber sido asignado a la investigación en la policía de su país tomo contacto con investigadores de Bolivia y en su trabajo investigo a 20 personas relacionadas con este caso. Que el resultado de su investigación envió a Bolivia y recibió también de Bolivia. Que en Noruega existen varios casos que en el denominado “Abuelo” y otro denominado “Condor" están involucrados Augusto César Toro Blacutt y Alex Ramiro Pereira Blacutt. Dice que también investigo las comunicaciones y estableció un nutrido flujo de llamadas entre Augusto César Toro Blacutt y los imputados en los casos de Noruega y el caso de Boliviana, que también ha establecido movimiento económico cuyo eje es Augusto César Toro que utilizó a muchas personas para que éstas hagan el movimiento por él y siempre en cantidades inferiores a 41.000.- (cuarenta y un mil coronas) debido a que si se supera esta cantidad se exige una declaración sobre el origen y destino del dinero. Agrega que Alex Ramiro Pereira Blacutt está involucrado en el caso Abuelo junto con Cesar Augusto Toro y otros más, al igual que en el caso Cochabamba en el cual también están las imputadas Nicol Aurdahl y Roojim; también está involucrado en el caso de tráfico de cocaína de Brasil a Noruega mujeres jóvenes que fueron detenidas, tenían en su poder un papel con un código de la persona a quién debían entregar los más de 25 kilos de droga en Noruega y que ese papel fue sometido a prueba; dactiloscópica y se encontró que tenía las huellas dactilares de Augusto Cesar Toro Blacutt. Que esa droga tenía un valor aproximado de “10.000.000.- de coronas equivalente a unos 10.000.000.- de bolivianos”. Dice también que las dos chicas declararon que el guía en Brasil fue Alex Ramiro Pereira Blacutt. Agrega que también investigaron a la novia de Augusto César Toro llamada Nicol Aurdahl que de Bolivia había ido a Dinamarca y fue trasladada a Noruega y declaró que tenía que contactarse con Augusto y ya no lo hizo, después emitieron una orden de internacional de búsqueda de Augusto César Toro Blacutt. Opina que los organizadores de este caso en Bolivia son Augusto César Toro Blacutt, Nicol Aurdahl, Roojim y Alex Ramiro Pereira Blacutt al que se suma Roland Raymond que es de origen peruano pero con nacionalidad noruega, quién ha conseguido el cambiado 680.000.- (seiscientos ochenta mil Coronas) y que visitó a Augusto en Bolivia tal como declaro, pues ya está preso en Noruega, dice que también mantuvieron comunicación telefónica y que fue él quien aportó el dinero, para la operación y debía ser él quien reciba la droga de Bolivia en Noruega. Dice que Roojim, ciudadana noruega trabajaba en una agencia de viajes y es la que proporciona los pasajes y está en contacto con don Augusto Toro y Nicol Aurdahl. Que es ella la primera en saber por Madeleine de su detención. También Nicol Aurdahl se entera y le envía un mensaje de texto aconsejando que use todos los medios para salir. Afirma que Augusto Toro estuvo en Brasil y se hospedo en el Hotel Maraba que pagó con su tarjeta de crédito en abril del 2008. Roojim declaro que hablo con Augusto y éste le dijo que estaba en Brasil. Informa que existe una chica de origen vietnamita de nombre Kim que estuvo en Bolivia el febrero de 2006 y que llevo una maleta de Bolivia a Noruega y se la dio a Roland Raymond. Dice que Alex Ramiro Pereira está imputado por un caso en Noruega y que ha recibido dineros de Noruega enviado por la hermana de un amigo de Augusto César Toro. Hace una explicación de conexiones telefónicas y comunicación entre los involucrados mediante diagramas en diapositivas. Por su parte el investigador boliviano asignado al caso René Wilber Vargas Rodríguez relata los hechos relacionados con el descubrimiento de la droga en el Aeropuerto cuando las imputadas noruegas pretendían abordar el avión rumbo a Noruega. Informa también la identificación de Alex Ramiro Pereira Blacutt como la persona que acompaña a las noruegas en el Aeropuerto y cuando éste sale apresuradamente de las instalaciones; como se aprecia en la filmación de seguridad del Aeropuerto.

Hace también un relato acerca de los allanamientos en los domicilio de Juan Yonis Campos Justiniano y Paola Alejandra Olivares Vergara así como en el domicilio de Alex Ramiro Pereira Blacutt y Amada Verónica Parada Franco. Sin embargo, por haber sido declarado ilegal el allanamiento esos detalles acerca de lo encontrado y secuestrado no son valorados por el Tribunal. Hace una relación respecto de las facturas por hospedaje tanto en el Hotel Buganvillas de la ciudad de Santa Cruz como del Hotel César’s Plaza de la ciudad de Cochabamba y de qué forma están a nombre de Doris Méndez y Juan Yonis Campos. Dice también que Alex Ramiro Pereira Blacutt y Augusto César Toro Blacutt son vecinos en el condominio Paradisso. Y que Augusto Cesar dejo de vivir en ese departamento del que salió dos días después de que se produjo el allanamiento del departamento de su tío Alex Ramiro. Dice que reviso el celular de Madeleine Alicia Rodríguez y encontró el mensaje enviado por Nicol Aurdahl, lo que las relaciona al caso. Afirma que Augusto César es el cabecilla del grupo y hablaban constantemente con Madeleine Alicia Rodríguez tal como declaran Stina Brendemo Hagen y Christina Oygarden quienes fueron amenazadas para que no hable de eso y que entre ambos hablaban del dinero que enviaba e incluso planeaban la fuga. Que Augusto Cesar Toro recogió a las noruegas en el vehículo que fue encontrado en la casa de Alex Ramiro Pereira y que los reconocieron empleados del Hotel Buganvillas. Dice también que Madeleine se encargaba de reclutar a las muchachas jóvenes para traerlas a Bolivia y retomen luego con la droga y coordinaba con Alex Ramiro Pereira y Amada Verónica Parada franco. Agrega que Alex Ramiro Pereira, era el que preparaba las maletas con doble fondo en Bolivia. Que Juan Yonis Campo y Paola Olivares Vergara conocían del caso y desviaban las facturas, además Juan Yonis Campos se comunicó con Nicol Aurdahl.

Las literales codificadas con F-3 que son las Actas de arresto de persona F-4 el Requerimiento de designación de la señorita Karen Vania Delgado Rossel como intérprete traductor y requerimiento de traducción, diligencias de notificación y acta de aceptación y juramento de intérprete traductor. F-11 Actas de requisa personal. F-13 Actas de secuestro de teléfonos celulares. F-15 Requerimiento de designación de la señorita Lise Muriel como intérprete traductor y requerimiento de traducción, diligencias de notificación y acta de aceptación y juramento de intérprete traductor. F-16 Requerimiento al señor Director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN)-Cochabamba. F-17 Certificaciones Médico Forenses y su requerimiento. F-19 Actas de devolución de efectos personales y sus informes policiales. F-20 Memorial de solicitud para valoración médica, requerimiento fiscal y certificaciones Médico Forenses. F-22 Requerimiento fiscal de verificativo de la existencia y posterior apertura de una maleta y diligencias de notificación. F-23 Acta de autorización voluntaria de ingreso al Hotel Cesar's Plaza. F-30 Actas de aprehensión. F-31 Resolución de aprehensión, ordenes de aprehensión y diligencias de notificación con orden de aprehensión. F-32 Informes médicos legales y sus requerimientos. F-33 Orden instruida con mandamiento de allanamiento y diligencia de notificación con el mandamiento. F-35 Formularios de reconocimiento de persona y fotocopias de cédula de identidad. F-38 Actas de secuestro de celulares. F-41 Orden Instruida con mandamiento de allanamiento y diligencia de notificación con el mandamiento. F-43 Actas de registro de careo. F-44 Actas de reconocimiento de persona desfiles identificativos (29 de noviembre de 2.008). F-45 Actas de reconocimiento de persona desfiles identificativos (29 de enero de 2.009). F-48 Dictamen Técnico Pericial (grafológico), requerimiento de designación de perito y realización de estudio grafológico, diligencias de notificación, acta de aceptación y juramento de perito y otros requerimientos. F-49 Informes de Transportes Aéreos del Mercosur S.A., y sus requerimientos. F-52 Certificación del Director Departamental de Interpol, y su requerimiento. F-55 Certificación del Comandante de la Policía Turística y su requerimiento. F-56 Tarjeta de Identificación Personal y su requerimiento. F-61 Certificaciones de la Dirección de Migración Cochabamba y su requerimiento. F-62 Tarjetas prontuario de la Dirección de Identificación personal y su requerimiento. F-64 Certificación de la Cooperativa de Telecomunicaciones Cotas-Santa Cruz y su requerimiento. F-66 Certificación de la Unidad de archivos nacionales de la Dirección Distrital de Migración Santa Cruz, y su requerimiento. F-70 Certificación de la Cámara Hotelera de Santa Cruz con documentación respaldatoria y su requerimiento. F-72 Certificado de antecedentes de la FELCN Cochabamba y su requerimiento. F-73 Certificados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz y su requerimiento. F-74 Certificaciones de la División de Registro de Vehículos Santa Cruz con documentación respaldatoria y sus requerimientos. F-77 Certificación, tarjeta prontuario de Identificación y su requerimiento. F-80 Acta de entrega de documentos de la Directora del centro penitenciario femenino San Sebastián y su requerimiento. F-81 Certificaciones de Migración Santa Cruz más sus requerimientos. F-82 (Certificaciones de la División Registro de Vehículos de la Honorable Alcaldía Municipal de Santa Cruz con documentación respaldatoria y sus requerimientos. F-84 Certificaciones de la Dirección Departamental de la FELCC de Santa Cruz y sus requerimientos. F-85 Certificado de antecedentes de la Dirección Departamental de la FELCN de Cochabamba y sus requerimientos. F-86 Informe de la asociación de vecinos del Condominio “Paradisso” con documentación respaldatoria y su requerimiento. F-89 informe de la inmobiliaria “Casa Fácil" con documentación, respaldatoria y su requerimiento. F-88 Certificación de la cooperativa rural de electrificación "CRE” LTDA. y su requerimiento. F-89 Informe del condominio Santa Bárbara con documentación respaldatoria y su requerimiento. F-90 Históricos de folio general del Hotel Continental Park y su requerimiento. F-91 Tarjeta prontuario de la Dirección Departamental de Identificación Personal Santa Cruz y su requerimiento F-92 Informe de la Dirección Departamental de Migración-Santa Cruz y su requerimiento. F-93 Certificación del Organismo Operativo de Tránsito con documentación respaldatoria y su correspondiente requerimiento. F-96 Certificación de la Dirección Departamental de Identificación Personal Santa Cruz, adjunta tarjeta prontuario y su requerimiento. F-98 Certificación Catastral de Saguapac y su requerimiento. F-101 Informe del Cesar's Plaza Hotel con documentación respaldatoria y su requerimiento. F-103 Informe de Registro Civil de Santa Cruz con documentación respaldatoria y su requerimiento. F-104 Certificación y tarjetas prontuario de la Dirección Departamental de Identificación Personal Santa Cruz y su requerimiento. F-105 Informe de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz y sui requerimiento. F-108 Informes de la Dirección Departamental de Migración y su requerimiento Fiscal. F-110 Informes de Cotas Santa Cruz con documentación respaldatoria y sus requerimientos. F-112 Certificación de Saguapac-Santa Cruz y su requerimiento. F-113 Certificación de la dirección Departamental de Identificación Personal Santa Cruz y su requerimiento. F-114 Informe de Registro Civil Santa Cruz, adjunta partidas de nacimiento y su requerimiento. F-115 Certificaciones y fotocopias legalizadas de tarjetas prontuarias de la Dirección Departamental de Identificación Personal Santa Cruz y sus requerimientos. F-117 Informe de la Dirección Departamental de Registro Civil Cochabamba con documentación respaldatoria y su requerimiento. F-118 Certificación y tarjeta prontuario de la Dirección departamental de Identificación personal Santa Cruz y su requerimiento. F-121 Notas 03/08 y 04/08 de la Real Embajada de Noruega. F-123 Informe de la Cooperativa Rural de Electrificación Ltda. F-124. Informe del Hotel Cesar’s Plaza con documentación respaldatoria. F-125 Certificaciones, informes y extractos de llamadas telefónicas de la Empresa Telefónica Entel y sus requerimientos. F-126 Certificaciones, informes y extractos de llamadas telefónicas impresas de llamadas telefónicas de Viva y sus requerimientos. F-127 un CD, certificaciones, informes y extractos de llamadas telefónicas impresas de la Empresa Telefónica TIGO y sus requerimientos. F-128 Certificaciones, informes y extractos de llamadas telefónicas de La empresa telefónica Cotas y sus requerimientos. F-130 Notas del Cónsul General del Real Consulado General de Noruega en Bolivia y sus correspondientes requerimientos Fiscales. F-131 Certificación de informes del Hotel Buganvillas y sus requerimientos. F-132 Informes de la cárcel pública de San Sebastián mujeres con su correspondiente requerimiento Fiscal. 133 Informes de los Bancos Nacional de Bolivia, Mercantil Santa Cruz y Bisa, adjuntando; transacciones realizadas y sus requerimientos y F-156 Solicitud de Asistencia e Investigación Internacional y Conformación de Equipo Conjunto de Investigación en Materia Penal a la Fiscalía Nacional de Noruega con sus notas respaldatorias, con su Carta de Respuesta adjuntando informes y documentación de Noruega con relación al caso CB-R-404/08; evidencian que en la investigación se han seguido todos los procedimientos lícitos para la recolección y obtención de las pruebas, muchas de las cuales no tienen relación con el objeto del juicio y su incidencia como fundamentos probatorios al respecto es irrelevante. De la misma forma las evidencias o pruebas materiales recolectadas y codificadas con E-13 que es una cámara fotográfica color azul marca Veno, más fotografías reveladas. E-1 otra cámara fotográfica color plomo marca le box, más fotografías reveladas. E-15 Una cámara de color azul marca Veno, más fotografías reveladas. E-23 tres Revistas de Comida en idioma noruego.

Las pruebas producidas por la defensa de MADELEINE ALICIA RODRÍGUEZ codificadas con M-1 que consiste en un Certificado de antecedentes expedido en Noruega, acredita que está imputada tiene antecedentes policiales, penales, habiendo sido sancionada con veinte días de prisión y un período de libertad condicional de dos años. M-2 que es un Certificado de Antecedentes del REJAP acredita que en Bolivia no tiene antecedentes penales. Las literales codificadas con: M-3 Auto Supremo 520 de 21 de octubre de 2003, referido a la tentativa de Transporte de Sustancias Controladas. M-4 Auto Supremo 41, de 27 de enero de 2003, referido al Transporte de Sustancias Controladas M-5 Auto Supremo 11 de 11 de enero de 2006, que también se refiere al delito de Transporte de Sustancias Controladas. M-6 Auto de Vista de 22 de enero de 2009, dictado por el Sala Penal Segunda dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Maria Lourt Pabón Cabrera. M-7 Auto Supremo 661 de 14 de septiembre de 1993, referido al delito de Tentativa de Transporte de Sustancias Controladas. M-8 Copia autenticada de un edicto de fecha 12 de enero de 2009, publicado en tablero del Tribunal de Sentencia de la localidad de Sacaba, referido a una acusación sobre el delito de Transporte de Sustancias Controladas. En esencia, no constituyen prueba alguna; por cuanto, no son emergentes del hecho ilícito como elemento constitutivo del objeto del juicio. Siendo resoluciones judiciales declaran hechos o circunstancias referidos a esos casos particulares y la interpretación que de ellos se haga no es prueba; sino, una línea de interpretación que eventualmente podría ser doctrina legal aplicable que en todo caso, no puede parangonarse con una prueba de descargó. En cuanto a las pruebas de PAOLA ALEJANDRA OLIVARES VERGARA Y JUAN YONIS CAMPOS JUSTINIANO, codificadas con OC-1- respuesta a Requerimiento Fiscal, de 04 de agosto de 2008, donde la prefectura del Departamento de Santa Cruz certifica las fechas, horas de permiso, bajas médicas, vacaciones y marcado de entrada a la institución, de la señora PAOLA OLIVARES VERGARA y documento extendido por la Lic. Vania Schwarm Paz, Directora de Recursos Humanos, prueba que la imputada nombrada trabajaba en la Prefectura en un horario incompatible con la posible hora de reserva de hospedaje en el Hotel Buganvillas. OC-2 que es una Certificación de Recursos Humanos de la Dirección de Desarrollo Sostenible de la Prefectura confirma la anterior demostración. OC-3 Certificación de la Policía Nacional del Departamento de Identificación Personal de fecha 16 de ¡diciembre de 2008, Flujo Migratorio de Maria Ximena Ovando Mealla de 15 de diciembre de 2008, tarjeta prontuario de 16 de diciembre de 2008 y tarjeta de identificación de fechas 16 diciembre de 2008, la misma que informa acerca de la testigo que presuntamente reconoció a Paola Alejandra Olivares coma la persona que hizo la reserva y de que ella no está impedida de asistir al juicio a sostener su declaración. OC-4 Certificación de JUAN YONIS CAMPOS JUSTINIANO por parte del Cine Center de fecha 04 de agosto de 2008, acredita que éste estuvo en su trabajo del 28 de febrero al 1 de marzo de 2008 y no tiene registrado ningún permiso de salida ni licencia alguna. OC-5 Certificación de JUAN YONIS CAMPOS JUSTINIANO por parte del Cine Center NELCO S.A. de 18 de diciembre de 2008, acredita que el horario de trabajo de Juan Yonis Campos Justiniano es de hrs. 9:00 a.m. a 18:00 el día 17 de mayo de 2008 y el 19 del mismo mes y año de 9:00 a 17:00. OC-6 Certificado de Matrimonio de Paola Alejandra Olivares Vergara y Juan Yonis Campos Justiniano OC-7 Certificados de nacimientos de Ana Paola, Jhonny Mauricio, Diana y Nickole Campos Olivares. OC-8Certificado de trabajo de la Cooperativa de Aguas Saguapac de Santa Cruz a nombre de Víctor Hugo Olivares Vergara.

Las pruebas de descargo de ALEX RAMIRO PEREIRA BLACUTT, AMADA VERONICA PARADA FRANCO Y FANNY FRANCO VIRUEZ codificadas con PF-1 que son Certificados de Antecedentes Policiales y PF-2 que son Certificados de antecedentes REJAP, demuestran que Alex Ramiro Pereira Blacutt, Amanda Verónica Parada Frany Fanny Franco Viruéz no tienen antecedentes policiales ni judiciales. PF-3 que es un Acta y resolución de una audiencia de medidas cautelares, no constituye prueba sobre el objeto del juicio careciendo, en consecuencia de valor probatorio sobre el mismo.

Las pruebas de descargo de STINA BRENDEMO HIAGEN, codificadas como S-1 Registro de Antecedentes debidamente traducido y legalizado. S-2 Certificado de inscripción de Colegio (secundaria) debidamente traducido y legalizado. S.3 Informes respecto a sus estudias y desenvolvimiento personal, debidamente traducidos y legalizados. S-4 Certificado de nacimientos tanto de ella como de su madre y hermanos, debidamente traducidos y legalizados S-5 Certificado traducido y legalizado de su domicilio en Noruega. S-6 Informe traducido y legalizado concerniente a la ocupación y/o trabajos que realizaba en Noruega. S-9 Fotocopia del acta de requisa personal de 19 de mayo de 2008. PS-1 Informe Psicológico Pericial. En conjunto, no tienen valor probatorio acerca del objeto del juicio; sin embargo, acreditan el carácter y personalidad de STINA BRENDEMO HAGEN y obran en su favor en el ámbito de aplicación de la norma contenida en los arts. 38 al 40 del CP.

Por otro lado el Ministerio Público sostuvo como definitivas sus conclusiones finales, argumentando que se han demostrado los hechos, que configuran los delitos acusados y también se ha demostrado la autoría de todos los imputados; que este es el primer caso en el que la investigación y juzgamiento ha llegado a una asociación delictuosa, ya que eso es muy difícil porque los grandes narcotraficantes utilizan a otras personas en la actividad ilícita y ellos nunca aparecen. Subraya el hecho de que en Noruega se han abierto seis casos gracias a la investigación en Bolivia y que en esos casos también están los imputados en Bolivia. Haciendo Una descripción de los elementos constitutivos de los tipos penales de Tráfico y de Asociación delictuosa y confabulación, concluye que la totalidad de los imputados han adecuado su conducta a esa descripción penal.

En consecuencia, se declararon probados los hechos en la conducta de MADELEINE ALICIA RODRÍGUEZ, STINA BRENDEMO HAGEN, ALEX RAMIRO PERERIRA BLACUTT Y AUGUSTO CESAR TORO BLACUTT y se califican, por decisión unánime de los Jueces del Tribunal, como delitos de TRÁFICO y ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y CONFABULACIÓN, habida cuenta de que se ajustan con precisión a la descripción penal contenida en los arts. 48 con relación al inc. m) del art. 33 y 53, todos de la Ley 1008, al haber estado MADELEINE ALICIA RODRIGUEZ y STINA BRENDEMO HAGEN en posesión dolosa de clorhidrato, de cocaína tal como ha sido precedentemente descrito. Que, también cometieron el delito de transporte porque ambas fueron detenidas en el aeropuerto Jorge Wilsterman transportando la droga luego de haberla acomodado en sus respectivas maletas, escondiendo los bolsones de mano en cuya base se encontraba escondido el clorhidrato de cocaína y llevarlo desde el Hotel César’s Plaza hasta el aeropuerto Jorge Wilsterman para que de allí llevarlo hasta Noruega. También cometieron el subtipo de entrega, porque primero Alex Ramiro Pereira Blacutt le entrega a Madeleine Alicia Rodríguez los bolsones con droga en el Hotel Cesar’s Plaza y ella a su vez entrega los bolsones con droga a Stina Brendemo Hagen y Christina Oygarden, para que luego, una vez en Oslo, estregar los bolsones con la droga a un amigo de “Rodrigo” que así se hacía llamar Alex Ramiro Pereira Blacutt. Que también cometieron el subtipo de sacar del país, porque existen los boletos de avión ya que el objetivo del conjunto de actos cometidos tuvo esa finalidad. Este subtipo, no solo se refiere al hecho concreto y literal de sacar del país; sino, que en su concepto intrínseco, también importa introducir al país droga o cualquier otro elemento que tenga directa relación con el tráfico. En la especie ambas imputadas también introdujeron al país dinero y con ellas mismas el medio físico para sacar la droga de Bolivia. Cometieron también transacciones a cualquier título, porque la realización de sacar la droga del país responde incuestionablemente a una transacción realizada entre ellas y Augusto César Toro Blacutt y Alex Ramiro Pereira Blacutt; por lo que, ellas sacarían la droga y la entregarían en Oslo y ellos no solo les pagan los viajes de lujo; sino, que también les entregaría dinero en el destino final. Además, la droga estaba dirigida a ser comercializada.

La doctrina penal establece que la autoría consiste también en la realización de un hecho ilícito por intermedio de otro. El art. 20 del CP, preceptúa que: " Son autores quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso. Es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito” (sic). A ésta descripción se subsumen con absoluta nitidez la conducta de Alex Ramiro Pereira Blacutt y Augusto César Toro Blacutt; toda vez, que por intermedio de Madeleine Alicia Rodríguez e Stina Brendemo Hagen, ambos tuvieron la posesión dolosa del clorhidrato de cocaína tal como ha sido precedentemente descrito. Que, también cometieron el transporte porque ambos hicieron posible que la droga llegue hasta el Hotel César’s Plaza y llegue a poder de Madeleine Alicia Rodríguez y Stina Brendemo Hagen que a su vez la acomodado en sus respectivas maletas, escondiendo los bolsones de mano en cuya base se encontraba escondido el clorhidrato de cocaína y llevarlo desde el Hotel César’s Plaza hasta el Aeropuerto Jorge Wilsterman para que desde allí llevarlo hasta Noruega. También cometieron el subtipo de entrega porque Alex Ramiro Pereira Blacutt le entrega a Madeleine Alicia Rodríguez los bolsones con droga en el Hotel César’s Plaza y ella a su vez entrega los bolsones con droga a Stina Brendemo Hagen y Christina Oygarden, para que luego, una vez en Oslo, entregar los bolsones con la droga a un amigo de “Rodrigo” que así se hacía llamar Alex Ramiro Pereira Blacutt. Que, también cometieron el subtipo de sacar del país porque el objetivo del conjunto de actos cometidos tuvo esa finalidad conforme ha sido descrito y explicado precedentemente. Cometieron también transacciones a cualquier título porque la realización de sacar la droga del país, responde incuestionablemente a una transacción realizada entre Madeleine Alicia Rodríguez, Stina Brendemo Hagen, Augusto César Toro Blacutt y Augusto César Toro Blacutt para que las primeras saquen la droga del país y la entreguen en Oslo y ellos no solo les pagan los viajes de lujo; sino, que también les entregarían dinero en el destino final. Además, la droga estaba dirigida a ser comercializada. Consiguientemente, Augusto Cesar Toro Blacutt y Alex Ramiro Pereira Blacutt, también cometieron el delito de Tráfico de Sustancias Controladas.

Al mismo tiempo, tanto MADELEINE ALICIA RODRIGUEZ, como STINA BRENDEMO HAGEN ALEX RAMIRO PEREIRA BLACUTT y AUGUSTO CESAR TORO BLACUTT también cometieron el delito de Asociación delictuosa y confabulación porque los cuatro prenombrados se asocian entre sí, reconociendo el liderazgo incuestionable de Augusto César Toro Blacutt y acuerdan la realización del tráfico de cocaína asignándose roles específicos sin cuya realización sería imposible la consumación del ilícito. Los hechos declarados probados, descritos en líneas arriba, describe a su vez la incuestionable asociación delictuosa de los cuatro imputados.

En cambio, la conducta de AMADA VERONICA PARADA FRANCO no genera convicción de adecuación a ninguno de los tipos penales imputados. La prueba producida en la pretensión de demostrar que ella llevo a las imputadas Noruegas de paseo, a sabiendas de la actividad ilícita que se estaba ya ejecutando, es totalmente insuficiente pues se sustenta en las declaraciones de Madeleine Alicia Rodríguez, Stina Brendemo Hagen, Christina Oygarden y de ella misma, cuyo contenido es incuestionablemente auto-incriminatorio; por lo que, no puede ser tomado en cuenta como fuente lícita y valida de la información. Tampoco se ha demostrado que ella hubiera recibido o enviado dineros que tengan directa relación con el hecho ilícito, objeto de este juicio pues la sola declaración del investigador noruego, cuya versión repite el investigador boliviano, carentes del respaldo documental tranqueado por las instituciones autorizadas para realizar esas transacciones, como son las entidades financieras, es absolutamente insuficiente para generar esa convicción. Consiguientemente, aún de haber sido cierto que llevo de paseo a las noruegas, nada acredita que fue a sabiendas de que esa acción formaba parte de la operación delictiva.

En ese mismo razonamiento se incluye la conducta de FANNY FRANCO VIRUEZ a quién se la involucra por haber supuestamente recibido dineros de noruega, suposición que no se ha demostrado por cuanto no existe respaldo documental expedido por la institución financiera que lo patrocinó, única prueba con fuerza probatoria de que esa operación se realizó; más aún, tampoco se ha demostrado que FANNY FRANCO VIRUEZ tenía conocimiento de las acciones ilícitas que se estaban ejecutando y del objetivo final de la misma. En suma, existe una total insuficiencia probatoria a su respecto.

Con relación a PAOLA ALEJANDRA OLIVARES VERGARA, tampoco se ha demostrado que ella hubiere sido la persona que realizó la reserva de habitaciones para las imputadas noruegas en el Hotel Buganvillas. La única prueba producida en juicio al respecto es un Acta de Reconocimiento de Persona que adolece seriamente de defectos que disminuyen notoriamente algún valor probatorio que hubiera tenido. En efecto, es evidente que no se han cumplido los requisitos para que ese acto de reconocimiento sea válido; además, existe una evidente contradicción en su contenido pues inicialmente reza que existe un parecido y después dice qué es ella. Por otra parte y esencialmente, el reconocimiento de persona es un acto de producción de prueba irreproducible; consiguientemente, debe realizarse bajo el concepto del anticipo de prueba, si es en la Etapa Preparatoria, o en su caso, directamente ante el órgano sentenciador en la audiencia del juicio oral. Con relación a la intermediación para que la factura por el pago del hospedaje de las noruegas en el Hotel Buganvillas llegue a manos de Doris Méndez, por si sola, carece de fuerza vinculatoria con el hecho ilícito; toda vez que, no existe prueba alguna que así lo confirme, En suma, la prueba para sostener la acusación en su contra es absolutamente ineficaz por insuficiencia.

Con relación a JUAN YONIS CAMPOS JUSTINIANO, la acusación de que es parte de la asociación delictuosa se funda en el hecho de que se emitieron a su nombre facturas del Hotel César’s Plaza de Cochabamba por el hospedaje de las imputadas noruegas, hecho que al no tener otras pruebas que acrediten que esa conducta responde a un fin único consistente en asegurar la consumación del tráfico y el aseguramiento de sus resultados, es totalmente insuficiente para generar convicción de su participación en los hechos imputados. A contrario sensu, en el marco de la presunción de inocencia, resulta totalmente razonable la explicación prestada tanto por él mismo en su defensa material, como por el imputado Alex Ramiro Pereira Blacutt respecto a que este último le regaló esas facturas para descargarlo en su trabajo en reciprocidad a las entradas para el cine Center que le regalaba a su vez Juan Yonis Campos Justiniano porque él trabaja en esa empresa. La presunta llamada telefónica al celular de Nicol Aurdahl también es, ineficaz porque la acusación Fiscal no ha demostrado que ese número al que llamó Juan Yonis Campos Justiniano sea de Nicol Aurdahl porque no existe certificación idónea que así lo acredite, siendo por demás irrazonable atribuir esa propiedad por mera intuición. En consecuencia, la prueba producida para demostrar la acusación, en su contra también resulta ineficaz por su total insuficiencia.

Que para adecuar la medida de la sanción a imponer, el Tribunal tiene en cuenta los fundamentos establecidos en los artículos 37, 38 y 40 del CP; y, valorando que las imputadas MADELEINE ALICIA RODRÍGUEZ y STINA BRENDEMO HAGEN son personas jóvenes, la primera con una hija de pocos años y la segunda embarazada, ambas con posibilidades ciertas de reinserción social en las que la finalidad de la pena redimidora es también concurrente. Que ambas expresaron su arrepentimiento y pidieron perdón a la comunidad por el hecho en el cual participaron, el Tribunal encuentra justo imponerles una sanción en el grado mínimo para el delito de Tráfico sumando la proporción establecida en el art. 53 de la Ley 1008.

En el caso de Augusto César Toro Blacutt y Alex Ramiro Pereira Blacutt, el Tribunal también toma en cuenta y consideración las circunstancias personales que rodean a ambos imputados encontrando que también es la primera vez que delinque en nuestro país no existiendo constancia o prueba objetiva de que tengan antecedentes penales en el extranjero, que aún y cuando observaron un comportamiento normal en la audiencia del juicio oral, no pasó desapercibido al tribunal una intención de cargar la responsabilidad en las dos imputadas extranjeras, pretendiendo rehuir de esa manera su propia responsabilidad. Que aún siendo poseedores de una instrucción suficiente para comprender los alcances, consecuencias y responsabilidades provenientes del tráfico ilícito de sustancias controladas, pusieron empeño y persistieron en su ejecución, razones por las que el tribunal estima imponerles la sanción próxima a la media prevista para el delito de Tráfico sumando la proporción correspondiente por el delito de Asociación delictuosa en los términos del art. 53 de la norma penal especial precitada.

II.2. De las apelaciones restringidas de los imputados.

Notificada con tal determinación, los imputados Madeleine Alicia Rodríguez (fs. 1042 a 1054), Claudia Mancilla Vallesteros, Lorena Melean Coronado, Eliana Colque Rubín de Celis y Cynthia Orieta Escobar Oblitas, en su calidad de Fiscal de Materia (fs. 1064 a 1067), Stina Brendemo Hagen (fs. 1080 a 1091 vta.), Augusto Cesar Toro Blacutt (fs. 1116 a 1142 vta.) y Alex Ramiro Pereira Blacutt (fs. 1240 a 1259 vta.) interpusieron recursos de apelación restringida:

II.2.1. Apelación Restringida interpuesta por Madeleine Alicia Rodríguez.

Haciendo alusión a interposición de una apelación incidental, observó lo resuelto respecto del rechazó de su excepción de falta de acción y defectos absolutos, los mismos que hubieran sido probados con la prueba producida en audiencia de juicio respecto que no se le designó un intérprete y un abogado de confianza.

Asimismo, alega el defecto de Sentencia previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP, indicando que se le condenó a la pena de trece años y cuatro meses de presidio por la comisión de los delitos de Tráfico y Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados por los arts. 48 con relación al 33 inc. m) y 53 de la Ley 1008, cuando el hecho no se subsume al art. 48; sino, que esencialmente lo hace en el art. 55 de la referida Ley 1008; ya que el hecho es lo esencial y lo relevante, no así su calificación, puesto que se juzgan hechos, conductas y circunstancias y de ninguna manera figuras abstractas, ya que lo que se pretende es juzgar la conducta y no revisar la noción abstracta de lo que es o no el delito. Al respecto, hace alusión a la doctrina penal aplicable establecida en el Auto Supremo 178 de 17 de mayo de 2006; por lo que, debió haber sido juzgada por el delito de transporte de sustancias controladas; asimismo refirió que se debió aplicar al art. 8 del CP, porque se tiene probado que ella ni siquiera salió del aeropuerto J. Wilsterman y tampoco recibió retribución por el transporte fallido, existiendo la tentativa que merece la pena de cinco años y cuatro meses aproximadamente. Finalmente, alega que se debió dar curso al “in dubio pro reo", siendo preferible absolver al culpable antes de condenar al inocente.

Defecto de Sentencia previsto en el inc. 4) del art. 370 del CPP, en sentido de que la literal codificada como F5, consistente en el acta de apertura y registro de maleta, fue obtenida ilícitamente; toda vez, que se trata de una pertenencia personal; por lo que, debió aplicarse el art. 175 del CPP, referido a la requisa personal, sin que en este caso se hizo la advertencia prevista en este artículo, con el advertido de que ni siquiera conocía el idioma ni existía traductor idóneo para hacer notar la advertencia extrañada, significando que todo lo actuado con posterioridad a la requisa es nulo de pleno derecho de acuerdo a "la doctrina del fruto del árbol envenenado o ponzoñoso"; por lo que, la obtención de la prueba F5 y las siguientes basada en la misma, resultaría contraria a la Sentencia Constitucional 1669/2004.

Alega la existencia del defecto de Sentencia previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP, señalando que, en el caso presente, se ha omitido describir y más aún valorar los elementos de prueba que la unirían a una supuesta organización criminal; por cuanto, la valoración defectuosa cometida por el Tribunal de Sentencia inferior implica una fundamentación insuficiente de la Sentencia.

Existencia del defecto de Sentencia previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, señalando que, en el caso de autos, se la condenó por los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación, sin que exista prueba plena, contundente para establecer que cometió el delito de Tráfico de Sustancias Controladas en el subtipo de transporte; por lo que, se la había condenado erróneamente; toda vez, que ella desconocía qué era lo que llevaba en su equipaje, porque fue engañada y utilizada; por cuanto, únicamente se la debía sancionar por la conducta que en los hechos efectuó, es decir por una tentativa de transporte.

II.2.2. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN RESTRINGIDA INTERPUESTA POR EL MINISTERIO PÚBLICO.

Defecto de Sentencia previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP. El Ministerio Público arguye que, se vulneró lo establecido en los arts. 37 y 38 del Código Penal y en los arts. 48, 33 inc. m) y 53 de la Ley 1008; ya que, si bien el Tribunal inferior pronunció Sentencia condenatoria contra los imputados Augusto Cesar Toro Blacutt, Alex Ramiro Pereira Blacutt, Madeleine Alicia Rodríguez y Stina Brendemo Hagen, por la comisión de los delitos de Tráfico de sustancias controladas con su agravante de Asociación Delictuosa y Confabulación, imponiéndoles a los dos primeros la pena de veinte años de presidio y a las dos últimas la pena de trece años y cuatro meses; no consideró que el quantum de la pena impuesta a la imputada Madeleine Alicia Rodríguez no responde a toda la prueba existente en su contra; por cuanto, quedó plenamente demostrado, que ella era la persona que mantenía contacto directo con los dos autores principales; es decir, con Augusto Toro Blacutt en Noruega y Bolivia ; y, con Alex Ramiro Pereira Blacutt en Bolivia, tal cual se encuentra plasmado en el segundo Considerando del segundo Resultando (HECHO PROBADO) de la Sentencia, correspondiendo en incremento de su pena. Finalmente, refirió vulneración de los arts. 172 y 173 del CPP porque la Sentencia determinó la exclusión de la prueba codificada como F-156.

II.2.3. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN RESTRINGIDA NTERPUESTA POR LA IMPUTADA STINA BRENDEMO HAGEN.

Alega que existe el defecto de sentencia previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP, señalando que la Sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia vulneró lo dispuesto por el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, el cual es concordante con los subtipos penales establecidos en el art. 33 inc. m) de la misma ley, concretamente con aquellos que han sido plasmados en la acusación formal en su contra (posesión dolosa, transporte, sacar del país, transacciones a cualquier título) y que también se vulneró lo dispuesto por el art. 53 de la Ley 1008, lo que se encuentra demostrado plenamente del análisis de la Sentencia ahora impugnada, en la cual ha existido errónea calificación de los hechos, errónea concreción en el marco penal y como consecuencia lógica, errónea fijación de la pena.

Alega la inexistencia de fundamentación de la sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria, defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) en relación al art. 124 del CPP, señalando que la Sentencia carece de la fundamentación necesaria, conforme lo establecen los arts. 124 y 173 del CPP, en mérito a que la misma si bien se encuentra dividida en dos resultandos, y cuatro considerandos, no se mencionó cuáles fueron los elementos probatorios para llegar a dicha conclusión ni mencionar cuál el valor que se le dio a cada prueba y sin señalar de manera objetiva cuál fue su participación en la comisión de los delitos de Tráfico y Asociación Delictuosa y Confabulación.

El Tribunal de Sentencia no haber valorado la prueba de descargo presentada por la apelante incurrió en inobservancia de lo establecido por el art. 360 inc. 2) del CPP, porque se realizó una reproducción incompleta de la prueba testifical producida en juicio y de los incidentes suscitados con relación a la producción y judicialización de la misma, omitiendo de esa manera la fundamentación exigida por el art. 360 incurriendo en el defecto de Sentencia previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP.

Alega, que no se comprobó que ella haya tenido conocimiento de que en el interior de su maleta, concretamente en el interior de los bolsones había sustancias controladas; por lo que, el subtipo de posesión dolosa sería inexistente, quedando únicamente la figura de posesión que por sí sola no constituye, un subtipo penal del delito de tráfico y que se sostiene que supuestamente ella cometió transporte; pero, no se comprende si se lo señala como un tipo independiente (art. 55 de la Ley 1008) o como subtipo penal [art. 33 inc. m) de la Ley 1008]; pero, que de todos modos, ella sostiene que en ningún momento fue "detenida" en el Aeropuerto Jorge Wilsterman puesto que los funcionarios policiales en ningún momento la notificaron con algún mandamiento de detención. Por esos aspectos señaló la existencia de defectos de la sentencia establecido en el inc. 6) del art. 370 del CPP, en concordancia con el art. 362 del mismo cuerpo legal.

Además, la apelante reclama sobre el subtipo penal de sacar droga del país, que le fue atribuido. Al respecto, señala que queda claro que ella en ningún momento abandono el país, puesto que fue aprehendida en el Aeropuerto Jorge Wilsterman; por tanto, el subtipo de sacar del país se encuentra mal aplicado.

Refirió que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP.

Señaló la existencia de inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia, defecto previsto y sancionado en el art. 370 inc. 10) con relación a los arts. 359 y 360 del CPP.

II.2.4. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN RESTRINGIDA INTERPUESTA POR EL IMPUTADO AUGUSTO CESAR TORO BLACUTT.

El apelante se refiere a las apelaciones incidentales planteadas en juicio e indica que en el período correspondiente, conforme lo establece el art. 345 del CPP, presentó la excepción de falta de acción prevista en el art. 308 en concordancia con el art. 312 del CPP y el incidente sobre actividad procesal defectuosa establecido en el art. 169 inc. 3) y 4) del mismo cuerpo legal, acompañando para ello plena prueba; pero, que el Tribunal de Sentencia Primero de la Capital, declaró improbada la excepción de falta de acción interpuesta por su defensa con el fundamento de que no se había probado fehaciente e idóneamente la concurrencia de las causales que configuran la excepción, de falta de acción. El apelante señala que en audiencia pública se dictó la resolución, por el Presidente del Tribunal, en su parte resolutiva únicamente, (habiendo declarado improbada la excepción) con el argumento de que los fundamentos de estos rechazos serían expuestos juntamente con la Sentencia. Al respecto señaló que se incurrió en defectos absolutos no susceptibles de convalidación.

Por otra parte, el apelante alega que, en juicio oral, su defensa planteó exclusión probatoria del testigo Lars Gronning en mérito a que, como funcionario policial de Noruega, ha realizado una investigación en relación al presente proceso, en virtud a una solicitud de cooperación, internacional solicitada por la Fiscalía de Bolivia; pero, únicamente en relación a las tres ciudadanas noruegas de nombres Madeleine Alicia Rodríguez, Stina Brendemo Hagen y Christina Oygarden y que dicha investigación nunca le fue notificada, por lo que, solicita al Tribunal de alzada que bajo el principio procesal "iura novit curia" resuelva lo que fuere de ley.

Alega la existencia del defecto previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, debido a que la misma vulneró lo dispuesto por el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas que es concordante con los subtipos penales establecidos en el art. 33 inc. m) de la misma ley, concretamente con aquellos que han sido plasmados en la acusación formal en su contra (posesión dolosa, sacar del país, transacciones a cualquier título, financiar actividades). Asimismo, sostiene que también se vulneró lo dispuesto por el art. 53 de la Ley 1008 y que lo acusaron y condenaron en primera instancia por la comisión de esos tipos penales; los cuales no fueron probados en juicio, por lo que existió errónea calificación de los hechos, errónea concreción en el marco penal y como consecuencia la errónea fijación de la pena.

Señala que la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva constituye un defecto procesal absoluto, en consecuencia una vulneración al debido proceso por un proceso defectuoso de subsunción en cuanto al tipo penal que ha sido calificado; y que el Tribunal de Sentencia inferior debió emitir Sentencia fundamentada consignando todos y cada uno de los hechos debatidos en el juicio, con un análisis de todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo incorporadas legalmente en el proceso; por lo que, al no haberlo hecho de esa manera ha incurrido en los defectos de Sentencia insubsanables, al tenor del art. 370 incs. 1) y 6) del CPP, por lo que correspondía aplicar el primer parágrafo del art. 413 del CPP.

El apelante también alega el defecto de Sentencia previsto en el inc. 2) del art. 370 del CPP, ya que en la Sentencia en el apartado de la individualización, se señala su nombre como AUGUSTO CESAR TORO BLACUTT; pero, que varias oportunidades del juicio se le ha cambiado el nombre por el de Augusto Cesar Toro Blacutt, dando lugar a tal defecto de sentencia; por lo que, correspondía aplicar lo establecido en el primer parágrafo del art. 413 del CPP.

Por otro lado, alega la existencia del defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, en relación a lo previsto en los arts. 124 y 173 del CPP, señalando que en el primer resultando, el Tribunal de Sentencia inferior se limitó a realizar un relato de los hechos acusados. En el Segundo Resultando denominado Hecho Probado, no individualizó las pruebas producidas en el juicio oral y señaló simplemente que tanto de las pruebas del Ministerio Público como de la defensa de todos los imputados el Tribunal llegó a la conclusión que la actividad ilícita se inicia en Noruega cuando Augusto Cesar Toro Blacutt conviene con Madeleine Alicia Rodríguez y ésta con Stina Brendemo Hagen y la otra ciudadana noruega declarada rebelde, para que viajen a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, pero que la Sentencia impugnada no señala de qué forma o en base a qué pruebas llegó a esta conclusión. Finalmente señaló que la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha establecido que la fundamentación de la sentencia debe ser clara y sin contradicciones entre la parte considerativa y resolutiva, lo contrario constituye un defecto insubsanable de la Sentencia.

Alega también el apelante la existencia del defecto de sentencia previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, porque la Sentencia impugnada tiene su base en hechos inexistentes que no fueron debidamente acreditados porque no existen y que las pruebas aportadas de cargo y de descargo, no fueron valoradas de forma correcta, incurriendo de esta forma en el defecto de Sentencia señalado.

Alega la existencia del defecto de Sentencia previsto en el inc. 8) del art. 370 del CPP, con relación a los arts. 359 y 360 del mismo Código, ya que de la lectura de la Sentencia impugnada se puede evidenciar que existe contradicción entre la parte dispositiva y la considerativa, porque se lo identifica como Augusto Cesar Toro Blacutt y en la parte dispositiva se lo identifica y condena como Augusto Cesar Toro Blacutt, lo que significa que el Ministerio Público, testigos y el mismo Tribunal desconocen su verdadera identidad.

Finalmente, el imputado sostiene la existencia del defecto de Sentencia previsto en el inc. 10) del art. 370 del CPP, con relación a los arts. 359 y 360 del CPP ya que el Tribunal no señaló cómo es que valoró la prueba producida conforme a los lineamientos sentados por el art. 359 del CPP, porque no se expresa si la relación de hechos que supuestamente fueron probados corresponde a la fundamentación conjunta realizada tanto por los jueces técnicos como por los ciudadanos, tal como se encuentra establecido por la misma norma. Por otra parte, señala que el art. 360 del CPP en su inc. 3), establece como uno de los requisitos: "El voto de los miembros del tribunal sobre cada una de las cuestiones planteadas en la deliberación, con exposición de los motivos de hecho y de derecho en que se fundan", aspectos éstos que fueron ignorados en la Sentencia impugnada, pues no existe la fundamentación en conjunto ni por separado de los jueces ciudadanos.

II.2.5. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN RESTRINGIDA INTERPUESTA POR EL IMPUTADO ALEX RAMIRO PEREIRA BLACUTT.

Refiere la ilegalidad de la acusación formal por vulneración de los principios, garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado y las Leyes, al haberse iniciado una investigación por la presunta comisión del delito de Tentativa de Transporte de Sustancias Controladas, a tres ciudadanas noruegas en fecha 19 de mayo de 2008, respecto de las cuales, vulnerando el principio de legalidad y especificidad, además de la congruencia y objetividad con la que deben ser realizadas las investigaciones, se calificó de forma errónea como tráfico una conducta que era típicamente de Transporte o Tentativa de Transporte de Sustancias Controladas, ya que es a este tipo penal que se adecuaban los hecho; y que, de forma posterior, se amplió la imputación respecto de su persona por una presunta complicidad en el delito de tentativa de transporte, por haberles prestado a dichas ciudadanas noruegas los servicios de taxi y guía turístico durante su permanencia en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba. En la investigación existió violación a los derechos fundamentales, al debido proceso, presunción de inocencia, legalidad, objetividad y lealtad procesal de parte de los representantes del Ministerio Público que dirigían la investigación incurriendo vicios procesales absolutos de acuerdo a lo establecido por el art. 169 inc. 3) del CPP, que declara la nulidad e invalidez probatoria, de todos aquellos actos, que hayan sido realizados vulnerando derechos y garantías fundamentales, que se encuentren reconocidos en las normas procesales y la Constitución Política del Estado (CPE).

Refirió la interposición de un recurso de inconstitucionalidad del art. 33 inc. m) y el párrafo segundo del art. 48 de la Ley 1008 y que el Tribunal hubiera desconocido su tramitación respecto del Tribunal Constitucional.

Sostiene también que en la etapa del planteamiento de los incidentes su abogado interpuso las excepciones de falta de acción y de prejudicialidad previstas por el art. 308 en sus incs. 1) y 3) del CPP. Al respecto, sostiene que la primera excepción, tenía como fundamento, la falta de una relación precisa y circunstanciada que los delitos que se le atribuyen; toda vez, que la acusación expone como hechos fácticos, la obtención y venta de facturas por concepto de hospedaje y el hecho de haberles prestado el servicio de taxis y como guía turístico a las tres noruegas, que en fecha 19 de mayo de 2008 que fueron detenidas por el presunto delito de tentativa de transporte de sustancias controladas desde Bolivia hasta el reino de Noruega, sin establecer ninguna otra vinculación de su persona con el hecho punible.

El imputado apelante reclama que el Presidente del Tribunal, se arrogó una jerarquía y atribuciones distintas y superiores a los jueces ciudadanos y a la jueza técnica, a tiempo de resolver los incidentes, dictando autos y resoluciones de forma personal e individual, sin consultar a los otros miembros del Tribunal, vulnerando la igualdad de derechos y obligaciones reconocidas a los demás jueces; y, que ello se hizo evidente cuando al momento de procederse a la introducción de las pruebas por parte del Ministerio Público, los abogados de la defensa comenzaron a plantear las exclusiones probatorias, habiendo determinado el Presidente del Tribunal que: "Por cada exclusión probatoria que no sea aceptada por el Tribunal, se impondrá a la parte al abogado patrocinante una multa pecuniaria de doscientos bolivianos, añadiendo posteriormente que por una cuestión de "equidad" procedería del mismo modo respecto del Ministerio Público cuando oponga exclusiones probatorias que no sean aceptadas, imposición que además de ser arbitraria e ilegal por modificar el procedimiento establecido coarta flagrantemente el derecho de defensa.

Sostiene también que como corolario de las irregularidades en la incorporación de las pruebas, se tiene que en las actas de recepción, inicialmente, las pruebas del Ministerio Público de la serie "E" sólo llegaban hasta la "E-55"; sin embargo, en el momento de admitir e incluir las pruebas, se introdujo la prueba número "E-56", la cual fue admitida por el Presidente del Tribunal, procediendo el secretario a alterar el acta de recepción de pruebas de cargo, incurriendo no sólo en una actividad procesal defectuosa; sino, en el delito de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado en juicio penal. Asimismo, el imputado apelante alega que la falta de precisión en términos claros, sobre la adecuación del hecho ilícito a los elementos constitutivos del art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de 19 de julio de 1988, contraviene el principio de legalidad por cuanto en autos, se colige que la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia, no cumplió con la subsunción del hecho al tipo penal de tráfico de sustancias controladas; vicio o defecto que ha surgido en la emisión de la Sentencia, por la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, en la concreción del marco penal para la calificación del hecho, la insuficiente fundamentación del fallo y la valoración defectuosa de las pruebas, conforme el art. 370 incs. 1), 5) y 6) de la Ley 1970, lo que amerita que se disponga la anulación y reposición de juicio, disponiendo que el mismo se realice ante otro Tribunal. Asimismo, señala que las penas privativas de libertad impuestas no guardan ninguna relación ni proporcionalidad con las Sentencias condenatorias de otros procesos penales ejecutoriados, en los que se han impuesto penas muchos menores por el delito de transporte de droga en aviones o avionetas.

II.3. Del Auto de Vista impugnado.

II.3.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA SOBRE LA APELACIÓN RESTRINGIDA INTERPUESTA POR LA IMPUTADA MADELEINE ALICIA RODRÍGUEZ.

Respecto a la alegación sobre la existencia del defecto de Sentencia previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP, de la revisión de la Sentencia impugnada, con relación a los hechos probados el Tribunal de alzada sostuvo que si se concibe al tipo penal como la descripción que hace el legislador, en la ley penal, de la conducta humana punible; entonces, la tipicidad resulta ser la adecuación de la conducta del sujeto activo al tipo penal. Si esto es así, de las mismas conclusiones de tipo fáctico a las que arribó el Tribunal inferior, en la Sentencia apelada, se puede razonablemente concluir que la conducta asumida por la imputada Medeleine Alicia Rodríguez y también por Stina Brendemo Hagen no se adecúa precisamente al tipo penal del art. 48 de la Ley 1008, con relación al inciso m) del art. 33 del mismo cuerpo legal, como jurídicamente se calificó en la Sentencia impugnada; sino, que su conducta se halla subsumida en el tipo penal correspondiente al delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008. Es decir, la parte acusadora no ha probado, de modo contundente, que la finalidad de la conducta asumida por la imputada actualmente apelante, acción final para el esquema finalista estuviera dirigida inequívocamente al Tráfico de Sustancias Controladas en los subtipos de entregar, sacar del país y realizar transacciones a cualquier título; sino, lo que el Ministerio Público únicamente probó de modo objetivo, fue que la imputada Madeleine Alicia Rodríguez (así como la co-imputada Stina Brendemo Hagen) fue sorprendida en flagrancia transportando clorhidrato de cocaína, en el Aeropuerto Jorge Wilsterman de Cochabamba-Bolivia, cuyo destino era Oslo-Noruega.

Al respecto, inicialmente corresponde indicar a este Tribunal de alzada que se privilegia el principio de vinculatoriedad de la doctrina legal aplicable emitida por la Excma. Corte Suprema de Justicia, que se encuentra además taxativamente prevista en el segundo párrafo del art. 420 del CPP que, a la letra, dice: "La doctrina legal establecida será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y solo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación". En este contexto, mediante doctrina legal aplicable emitida por la entonces Corte Suprema de Justicia, a través del Auto Supremo No. 84 de 01 de marzo de 2006, quedó establecido que se realizó un giro positivo el Derecho Penal Boliviano traducida en la Ley Penal a partir de marzo de 1997 del sistema "causalista del delito" hacia el sistema "finalista del delito", por lo que es obligación de todos los jueces a tiempo de realizar el ejercicio de subsunción de la conducta al marco descriptivo de la Ley penal establecer con prioridad la dirección de la conducta final de la acción u omisión del agente o en caso de delitos imprudentes la identificación de la "creación de riesgo ilegal" y "la posición de garante" en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del hecho antijurídico". Entonces, el máximo Tribunal de Justicia reconoce que el esquema finalista del delito es el que debiera regir las decisiones del Órgano Jurisdiccional en la asignación o no de responsabilidad penal a quien ocupa la posición procesal de imputado dentro del proceso penal.

En el caso de autos, de la revisión de la Sentencia apelada se tiene que el Tribunal de Sentencia inferior llegó a la conclusión de que la conducta de la imputada Madeleine Alicia Rodríguez (lo mismo que de Stina Brendemo Hagen) se adecuaba, fundamentalmente, al tipo penal de Tráfico de Sustancias Controladas. Sin embargo, el único objetivo que quedó demostrado, por la flagrancia del hecho juzgado, es que la imputada Madeleine Alicia Rodríguez transportaba en su equipaje clorhidrato de cocaína con la finalidad de llevar vía aérea, la droga hasta su destino en Oslo-Noruega. Lo demás, en cuanto se refiere a los subtipos, configuradores del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, cuales son los de: poseer dolosamente, entregar, sacar del país, o realizar transacciones a cualquier título; resulta acorde a la aplicación razonable de las reglas de la sana critica racional que -desde la óptica del esquema finalista del delito- la conducta final de la imputada Madeleine Alicia Rodríguez no era "poseer dolosamente la droga"; tampoco se determinó concretamente a quién o a quiénes tenía que "entregarse la droga", siendo forzado concluir que se configuró este subtipo penal cuando Madeleine Alicia Rodríguez entregó los bolsones con droga a sus otras amigas, ya que la finalidad de esa entrega no era otra que su transporte aéreo hasta Oslo-Noruega; tampoco se configuró el subtipo penal de "sacar la droga del país", porque Madeleine Alicia Rodríguez (lo mismo que Stina Brendemo Hagen), fueron sorprendidas flagrantemente en el aeropuerto Jorge Wilsterman de Cochabamba-Bolivia, antes de que se embarcaran en el vuelo que las transportaría hasta Noruega; tampoco se demostró objetivamente por la fiscalía a qué título hubieren realizado transacciones ilícitas con la droga las imputadas Rodríguez y Brendemo; por lo que únicamente se demostró objetivamente el transporte de sustancias controladas.

En efecto, el tipo penal del delito de Transporte de Sustancias Controladas previsto en el art. 55 de la Ley 1008, establece: "El que ilícitamente y a sabiendas trasladare o transportare cualquier sustancia controlada, será sancionado con ocho a doce años de presidio y mil a mil quinientos días multa e incautación definitiva del motorizado o medio de transporte". Entonces, este tipo penal está constituido por dos elementos: a) El ilícito traslado o transporte de la sustancia controlada; y b) El conocimiento de esa ilicitud por el sujeto activo. Entonces, cuando el Tribunal de Sentencia concluye que la imputada Madeleine Alicia Rodríguez (así como Stina Brendemo Hagen) adecuó su conducta al tipo penal del Tráfico de Sustancias Controladas, confundieron el fin de la conducta voluntaria con tos medios utilizados para la obtención de ese fin: es decir, confundieron el "fin" con los "medios" utilizados para alcanzar ese fin, que no fue otro que el transporte de la droga hasta Oslo-Noruega. Asimismo, en lo que respecta al reclamo de la apelante respecto a que debió condenársela por el delito de tentativa de Transporte de Sustancias Controladas porque se probó que ella no salió del Aeropuerto Jorge Wilsterman y tampoco recibió retribución por el transporte fallido, este Tribunal de alzada concibe que el delito de Transporte de Sustancias Controladas es un delito de mera actividad y no de resultado; por lo que, queda consumado con la sola actividad de Transportar la Sustancia Controladas, independientemente de que el producto haya llegado o no a su destino. Por ello, la culpabilidad de la ahora apelante quedó demostrada al concurrir los tres elementos que la componen (desde el punto de vista de la teoría finalista del delito: La imputabilidad, el conocimiento de la antijuridicidad del hecho cometido y la exigibilidad de otra conducta, lo que implica que la imputada apelante tenía plena capacidad de culpabilidad (no adolecían de causas de inimputabilidad); además de que tenía pleno conocimiento de que su conducta no estaba autorizada y que contravenía el ordenamiento jurídico, habiendo lesionado el bien jurídico protegido que es la salud, y que le era exigible abstenerse de cometer el delito, sabiendo las consecuencias penales que derivaban de ello. Es más, según la doctrina legal aplicable de la Excma. Corte Suprema de Justicia (AS 417 de 19 de agosto de 2003), el transporte de sustancias controladas de un lugar a otro, sin autorización legal y sin importar el medio, se halla penado por ley y el delito queda consumado en el momento en que se descubra e incaute la droga, siendo indiferente si la sustancia controlada llegó o no a su destino ni la distancia recorrida y que, en consecuencia, se aplica la teoría finalista del delito, en la que los medios empleados no son tan importantes, sino el fin que persigue el delito propiamente dicho.

Por lo señalado precedentemente, amerita que este Tribunal de alzada aplique el efecto extensivo previsto en el art. 397 del CPP, que dice: "Cuando en una causa existan coimputados, el recurso interpuesto por uno de ellos, favorecerá a los demás, a menos que los motivos en que se base sean exclusivamente personales". En tal sentido, debe modificarse la condena de la imputada Madeleine Alicia Rodríguez, Stina Brendemo Hagen y de los otros coimputados condenados únicamente en relación al delito comprobado de Transporte de Sustancias Controladas, tipificado por el art. 55 de la Ley 1008. Ahora bien, para la modificación de la calificación jurídica de los hechos juzgados, este Tribunal de alzada considera viable también aplicar, en el caso concreto, el principio denominado "iura novit curia" que permite al Órgano Jurisdiccional modificar la calificación jurídica de los hechos inicialmente acusados por el Ministerio Público. Al respecto, en aras de la protección del derecho de defensa que podría resultar vulnerado ante sorpresivos cambios de calificación jurídica, se impone una limitación al principio del "iura novit curia" en sentido de que se puede modificar la calificación sustentada por la acusación siempre y cuando la nueva subsunción jurídica del hecho corresponda a normas penales tuteladoras de bienes jurídicos homogéneos, lo que equivale a decir que no podría condenarse por delito distinto cuando éste conlleve una heterogeneidad del bien jurídico protegido. En tal sentido, se impone la modificación de la anterior calificación jurídica por una nueva que consiste en atribuir responsabilidad penal a los imputados por el delito típicamente descrito en el art. 55 de la Ley 1008, manteniéndose incólume la calificación jurídica con relación al delito de Asociación Delictuosa y Confabulación que también fue atribuido a Madeleine Alcira Rodríguez, Stina Brendemo Hagen, Alex Ramiro Pereira Blacutt y Augusto Cesar Toro Blacutt; toda vez, que se ha demostrado en juicio oral -según consta de los argumentos y razonamientos expuestos por el Tribunal inferior en el segundo Resultando de la Sentencia apelada- que dichos coimputados tuvieron una participación criminal plena y concertada, adecuando su conducta al tipo penal descrito en el art. 53 de la Ley 1.008. En consecuencia, con la fundamentación jurídica precedentemente expuesta, corresponderá a este Tribunal de alzada, en función de lo expresamente previsto por el art. 414 del CPP y evidenciando la existencia de un error de derecho relativo a la calificación jurídica del hecho juzgado por parte del Tribunal de Sentencia inferior en relación al tipo penal de tráfico de sustancias controladas, cuando lo correcto es que se califique por el delito de transporte de sustancias controladas, dictar nueva Sentencia -sin que ello implique revalorización de la prueba producida en la audiencia de juicio oral sin necesidad de anular la Sentencia recurrida.

En relación al reclamo de la apelante de que las mismas fiscales y el testigo Gronning reconocieron que fue reclutada como "mula" y que nunca supo que se la usaría para fines ilícitos, lo que no se consideró al momento de dictar Sentencia, este Tribunal de alzada considera que habiéndose recalificado jurídicamente el hecho juzgado por el delito de transporte y no por el de tráfico de sustancias controladas, la impugnación de Madeleine Alicia Rodríguez relativa a este aspecto, carece de mérito, máxime si el solo alegato suyo de que nunca supo que se la usaría para fines ilícitos es solo un enunciado de su defensa sin mayor sustento objetivo.

En lo que respecta al reclamo de la apelante en sentido de que su defensa técnica planteó la excepción de falta de acción porque no fue legalmente promovida, debido a que el operativo motivo del presente proceso contenía vicios de nulidad, porque no se le designó un intérprete ni abogado de su confianza, corresponde a este Tribunal de alzada indicar que respecto a la excepción de falta de acción, evidenciar que al haber la actual apelante opuesto la excepción referida porque no fue legalmente promovida reclamando la falta de designación de un intérprete y un abogado de su confianza, confundió efectivamente la naturaleza procesal de la excepción de falta de acción, ya que la misma tiene presupuestos de procedibilidad que ya fueron explicados precedentemente los cuales no guardan relación con los argumentos expuestos por la defensa a tiempo de oponer la excepción planteada. Asimismo, respecto al incidente sobre defecto absoluto, corresponde indicar que a este Tribunal de Apelación que el segundo párrafo del art. 404 del CPP, establece que: “Cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia, la acompañará y ofrecerá junto con el escrito de interposición, señalando concretamente el hecho que pretende probar” (sic). En el caso presente, en función de lo alegado por la imputada apelante, ésta debió ofrecer como prueba -según lo previsto por el art. 404 del CPP- todos los elementos probatorios que pudieren sustentar su impugnación inherentes al incidente de nulidad absoluta planteado en audiencia de juicio oral, ello tomando en cuenta que conforme prevé el último párrafo del art. 98 del CPP, al Tribunal de Sentencia únicamente se presenta la acusación acompañada de la declaración informativa de la parte imputada y no así otros actuados concernientes a la etapa preparatoria. En consecuencia, no es suficiente ni eficiente el solo alegato de la impugnante; sino, que fundadamente deberá, sobre todo, demostrar con elementos de pruebas pertinentes al Tribunal de alzada sobre el mérito de su apelación, no pudiendo el Tribunal de alzada, de oficio, revisar prueba que no fue ofrecida y menos formalmente producida ante el Tribunal de alzada,

En relación a la existencia del defecto de Sentencia previsto en el inc. 4) del art. 370 del CPP, en sentido de que la literal codificada como F5, consistente en el acta de apertura y registro de maleta, habría sido obtenida ilícitamente, porque no se aplicó el art. 175 del CPP, corresponde indicar a este Tribunal de Apelación que, en realidad, lo que reclama la apelante es la inobservancia de un precepto legal de carácter adjetivo (el art. 175 del CPP); por lo que, su impugnación tiene directa relación con un defecto del procedimiento previsto en el segundo párrafo del art. 407 del CPP. Si esto es así, entonces la apelante debió impugnar tal eventualidad en función de lo previsto por el art. 410 del CPP. En el presente caso, de la revisión del escrito de apelación restringida, se puede evidenciar que la apelante Madeleine Alicia Rodríguez no ofreció la prueba pertinente a efecto de demostrar la eventual inobservancia del art. 175 del CPP, con relación a la aludida prueba signada con el código F-5, consistente en el Acta de apertura y registro de su maleta; y, al no haber procedido así, su impugnación también carece de mérito porque este Tribunal de alzada no puede, directamente o de oficio, pasar al análisis de la prueba que no fue ofrecida y menos producida ante el Tribunal de alzada según los cánones formales previstos en el aludido art. 410 del CPP.

En lo que atañe a la eventual existencia del defecto de Sentencia previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP, en sentido de que se omitieron describir y valorar los elementos de prueba que relacionarían a la actual imputada apelante con una organización criminal; lo que implicaría una fundamentación insuficiente de la Sentencia, la apelante simplemente se limitó a señalar de manera genérica ese hipotético aspecto, sin señalar concretamente qué pruebas no habrían sido descritas o valoradas por el Tribunal de Sentencia inferior, omisión ésta que no puede ser subsanada ni suplida de oficio por este Tribunal de Apelación, por lo que, su impugnación tampoco tiene mérito.

En relación al reclamo de la imputada apelante sobre la eventual existencia del defecto de Sentencia previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, corresponde indicar a este Tribunal de Apelación que sobre la existencia del defecto de Sentencia previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 151 de 2 de febrero de 2007, que estableció que dentro del subsistema de recursos penales no existe doble instancia de manera que el Tribunal de apelación conoce sólo asuntos de puro derecho y que no le está permitido valorar prueba.

A su vez, refiriéndose concretamente al defecto de sentencia previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, la entonces Corte Suprema de Justicia ha determinado, en el Auto Supremo 111 de 31 de enero de 2007, que cuando la parte apelante alega la existencia del defecto de Sentencia previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, no puede pretender que el Tribunal de alzada vuelva a valorar las pruebas que se produjeron en el juicio oral; sino, que tiene que atacar la logicidad de la sentencia impugnada en lo que atañe a. la actividad probatoria y su relación con la vulneración de las reglas de la sana crítica racional, las que están constituidas por los principios de la lógica (de no contradicción, tercero excluido, razón suficiente y de identidad), la experiencia común y de la psicología; por lo que, la apelante con relación a la eventual existencia del defecto de Sentencia previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, no tomó en cuenta los referidos lineamientos procedimentales emitidos por la entonces Corte Suprema de Justicia; resultando también carente de mérito su impugnación.

II.3.2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA RESPECTO A LA APELACIÓN RESTRINGIDA INTERPUESTA POR EL MINISTERIO PÚBLICO.

Respecto a la alegación del Ministerio Público sobre la existencia del defecto de Sentencia previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP, señala que el Tribunal de Apelación que ya se pronunció sobre este aspecto al considerar y resolver el recurso de apelación restringida interpuesto por Madeleine Alicia Rodríguez habiendo llegado a la conclusión de que existió por parte del Tribunal de Sentencia inferior una errónea calificación de los hechos en la conducta de la referida imputada en relación al delito de Tráfico de Sustancias Controladas; por lo que, dispuso la modificación de la anterior calificación jurídica relativa al delito de Tráfico de Sustancias Controladas por el delito de Transporte típicamente descrito en el art. 55 de la Ley 1008, manteniéndose la Sentencia condenatoria por los delitos de Asociación Delictuosa y Confabulación, por lo cual resulta ya innecesario ingresar a analizar el reclamo efectuado por el Ministerio Público.

Con relación al reclamo del Ministerio Público en sentido de que existiría aplicación errónea de la ley procedimental, al haberse vulnerado los arts. 172 y 173 del CPP; por cuanto, el Tribunal inferior determinó en principio la exclusión de la prueba codificada como F-156, con el argumento de que consideraba idónea solo la información brindada de manera directa por el investigador Lars Groening; corresponde señalar a este Tribunal de alzada que tomando en cuenta que el Ministerio Público alegó "errónea aplicación de la ley procedimental"; es decir, que alegó un defecto de procedimiento en la aplicación de los arts. 172 y 173 del CPP, ameritaba entonces, de parte del Ministerio Público y conforme prevé el art. 410 del CPP, el ofrecimiento de los elementos de prueba que sustenten tal alegación impugnatoria; ya que este Tribunal de alzada no puede, de oficio, revisar y valorar prueba -relativa a un eventual defecto de procedimiento- que no haya sido ofrecida y producida según las previsiones contempladas en el art. 410 del CPP, bajo los principios de la inmediación y contradicción; por lo que, la impugnación del Ministerio Público carece de mérito.

Por otro lado, en lo que atañe al reclamo del Ministerio Público sobre la existencia del defecto de Sentencia previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, con relación a la absolución pronunciada por el Tribunal de Sentencia a favor de la co-imputada Amanda Verónica Parada Franco, señala que el Tribunal de alzada ya anteriormente -en oportunidad de resolver la impugnación de la imputada Madeleine Alicia Rodríguez- realizó el análisis jurídico respecto al modo como debía enfocarse un alegato sobre el defecto de Sentencia previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, estableciendo que en su invocación debiera atacarse la logicidad de la Sentencia impugnada en lo que atañe a la vulneración de las reglas de la sana crítica racional; sin embargo, en el presente caso, lo que se puede advertir es que el Ministerio Público pretende que este Tribunal de Apelación se pronuncie sobre el fondo de las cuestiones de hecho relativas al objeto principal del proceso penal, lo que no es posible, ya que ello es una tarea exclusiva del Tribunal de Sentencia en la audiencia del juicio oral, bajo los principios de inmediación, contradicción, publicidad y oralidad. En definitiva, la impugnación del Ministerio Público también resulta carente de mérito. Al respecto, es esclarecedora la doctrina legal emanada de la Corte Suprema de Justicia, contenida en el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, que establece que los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas, que las estiman o desestiman, debiendo siempre indicar las razones para admitir o desestimar determinados elementos probatorios, los razonamientos del fallo deben estar acordes a las reglas del pensamiento humano, siendo este el inter lógico de una Sentencia, el que debe fundarse en las leyes del pensamiento, las que independientemente de nuestra experiencia se presentan como necesarias en nuestro raciocinio. Para que la fundamentación de una Sentencia sea válida se requiere no sólo que el Tribunal de juicio funde sus conclusiones en pruebas de valor decisivo; sino, también, que éstas no sean contradictorias entre sí, ni ilegales y que en su valoración se observen las reglas fundamentales de la lógica, no puede considerarse motivación legal ni aplicación integral de las reglas de la sana crítica, a una simple y llana referencia a una prueba por parte del juzgador y que se formula de un modo general y abstracto, en el que se omite realizar una exposición razonada de los motivos en los que se funda. El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el inter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuáles son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la Sentencia en las que consta el agravio, Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la Sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia. El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la Sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano. Resulta eficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la Sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia. Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural. Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio; pero, no nos indican ni nos enseñan cual es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del Juez. El análisis de las resoluciones a partir de la formulación de una crítica al sistema de valoración de la prueba, requiere un alto nivel de tecnicidad y fundamentalmente un adecuado manejo de las leyes del pensamiento; así, quienes asisten en los procesos donde se pretende criticar la actividad valorativa del titular del órgano jurisdiccional, requiere un especial manejo de principios tales como de razón suficiente, identidad, contradicción, del tercer excluido, etc., de igual manera, las máximas de experiencia que son las obtenidas de la observación de la realidad.

II.3.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA SOBRE LA APELACIÓN RESTRINGIDA INTERPUESTA POR LA IMPUTADA STINA BRENDEMO HAGEN.

Con relación al defecto de Sentencia previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP, alegado por la mencionada imputada, en relación a los tipos penales descritos en los arts. 48 con relación al inc. m) del art. 33 de la Ley 1008 y en el art. 53 de la misma Ley, por existir errónea calificación de los hechos, errónea concreción del marco penal y errónea fijación judicial de la pena; se concibe al tipo penal como la descripción que hace el legislador, en la ley penal, de la conducta humana punible; entonces, la tipicidad resulta ser la adecuación de la conducta del sujeto activo al tipo penal. Si esto es así, de las mismas conclusiones de tipo fáctico a las que arribó el Tribunal inferior, en la Sentencia apelada, se puede razonablemente concluir que la conducta asumida por la imputada Stina Brendemo Hagen y también por Madeleine Alicia Rodríguez no se adecúa precisamente al tipo penal del art. 48 de la Ley 1008, con relación al inc. m) del art. 33 del mismo cuerpo legal, como jurídicamente se calificó en la Sentencia impugnada; sino, que su conducta se halla, más bien, subsumida en el tipo penal correspondiente al delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008. Es decir, la parte acusadora no ha probado, de modo contundente, que la finalidad de la conducta asumida por la imputada actualmente apelante -acción final para el esquema finalista- estuviera dirigida inequívocamente al Tráfico de Sustancias Controladas en los subtipos de entregar, sacar del país y realizar transacciones a cualquier título; sino, lo que el Ministerio Público únicamente probó de modo objetivo, fue que las imputadas Madeleine Alicia Rodríguez y Stina Brendemo Hagen fueron sorprendidas en flagrancia transportando clorhidrato de cocaína, en el Aeropuerto Jorge Wilsterman de Cochabamba-Bolivia y que la droga tenía como destino Oslo-Noruega.

Al respecto, mediante doctrina legal aplicable emitida por la entonces Corte Suprema de Justicia a través del Auto Supremo 84 de 01 de marzo de 2006 quedó establecido que a partir de marzo de 1997 del sistema "causalista del delito" existe un cambio hacia el sistema "finalista del delito" siendo obligación de todos los jueces a tiempo de realizar el ejercicio de subsunción de la conducta al marco descriptivo de la Ley penal establecer con prioridad la dirección de la conducta final de la acción u omisión del agente o en caso de delitos imprudentes la identificación de la "creación de riesgo ilegal" y "posición de garante" en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del hecho antijurídico. Entonces, el máximo Tribunal de Justicia reconoce que el esquema finalista del delito es el que debiera regir las decisiones del Órgano Jurisdiccional en la asignación o no de responsabilidad penal a quien ocupa la posición procesal de imputado dentro del proceso penal.

Entonces, desde el punto de vista del esquema finalista, constituye "acción" todo comportamiento dependiente de la voluntad humana. Únicamente el acto voluntario puede ser penalmente relevante. Sin embargo, la voluntad implica siempre una finalidad; por lo que, no se concibe un acto de la voluntad que no esté dirigido a un fin. Por eso, el "contenido de la voluntad" es siempre algo que se quiere alcanzar es un fin. De ahí que la acción humana regida por la voluntad sea una acción final; es decir una acción dirigida a la consecución de un fin.

Al respecto, el delito de Transporte de Sustancias Controladas es un delito de mera actividad y no de resultado; por lo que, queda consumado con la sola actividad de transportar la sustancia controlada, independientemente de que el producto haya llegado o no a su destino. Por ello, la culpabilidad de la ahora apelante quedó demostrada al concurrir los tres elementos que la componen (desde el punto de vista de la teoría finalista del delito: La imputabilidad, el conocimiento de la antijuridicidad del hecho cometido y la exigibilidad de otra conducta, lo que implica que la imputada apelante tenía plena capacidad de culpabilidad (no adolecían de causas de inimputabilidad); además de que tenía pleno conocimiento de que su conducta no estaba autorizada y que contravenía el ordenamiento jurídico, habiendo lesionado el bien jurídico protegido que es la salud, y que le era exigible abstenerse de cometer el delito, sabiendo las consecuencias penales que derivan de ello. Es más, según la doctrina legal aplicable de la entonces Corte Suprema de Justicia (Auto Supremo 417 de 19 de agosto de 2003), el transporte de sustancias controladas de un lugar a otro, sin autorización legal y sin importar el medio, se halla penado por ley y el delito queda consumado en el momento en que se descubra e incaute la droga, siendo indiferente si la sustancia controlada llegó o no a su destino ni la distancia recorrida, en consecuencia se aplica la teoría finalista del delito, en la que los medios empleados no son tan importantes; sino, el fin que persigue el delito propiamente dicho.

Por lo que, amerita aplicar el efecto extensivo previsto en el art. 397 del CPP, que dice: "Cuando en una causa existan coimputados, el recurso interpuesto por uno de ellos, favorecerá a los demás, a menos que los motivos en que se base sean exclusivamente personales". En tal sentido, debe modificarse la condena de la imputada Stina Brendemo Hagen y de los otros coimputados condenados únicamente en relación al delito comprobado de Transporte de Sustancias Controladas, tipificado por el art. 55 de la Ley 1008. Para la modificación de la calificación jurídica de los hechos juzgados, este Tribunal de alzada considera viable también aplicar, en el caso concreto, el principio denominado "iura novit curia" que permite al Órgano Jurisdiccional modificar la calificación jurídica de los hechos inicialmente acusados por el fiscal. En tal sentido, se impone la modificación de la anterior calificación jurídica por una nueva que consiste en atribuir responsabilidad penal a todos los imputados por el delito típicamente descrito en el art. 55 de la Ley 1008, manteniéndose incólume la calificación jurídica con relación al delito de Asociación Delictuosa y Confabulación que también fue atribuido a Madeleine Alicia Rodríguez, Stina Brendemo Hagen, Alex Ramiro Pereira Blacutt y Augusto Cesar Toro Blacutt; toda vez, que se ha demostrado en juicio oral -según consta de los argumentos y razonamientos expuestos por el Tribunal inferior en el segundo Resultando de la Sentencia apelada que dichos co-imputados tuvieron una participación criminal plena y concertada, adecuando su conducta al tipo penal descrito en el art. 53 de la Ley 1008. En consecuencia, con la fundamentación jurídica precedentemente expuesta, corresponderá a este Tribunal de alzada, en función de lo expresamente previsto por el art. 414 del CPP; y, al evidenciar la existencia de un error de derecho relativo a la calificación jurídica del hecho juzgado por parte del Tribunal de Sentencia inferior en relación al tipo penal de tráfico de sustancias controladas, cuando lo correcto es que se califique por el delito de transporte de sustancias controladas, dictar una nueva Sentencia -sin que ello implique revalorización de la prueba producida en la audiencia de juicio oral- sin necesidad de anular la Sentencia impugnada.

Por otro lado, con relación a la alegación impugnatoria de la imputada Stina Brendemo Hagen relativa a la existencia del defecto de Sentencia previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP, corresponde manifestar a este Tribunal de alzada que los alcances y límites de la apelación restringida como mecanismo de control de las Sentencias pronunciadas por los Jueces y Tribunales de Sentencia, han sido claramente establecidos por la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 104 de 20 de febrero de 2004 emitido por la Corte Suprema de Justicia, que la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia; no siendo la resolución que resuelve la apelación restringida el medio impugnativo idóneo para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho a cargo de los jueces o Tribunales inferiores. Esta doctrina legal vinculante ha sido ratificada por la misma Corte Suprema de Justicia mediante Auto Supremo 196 de 03 de junio de 2005 al establecer que la facultad de valorar la prueba corresponde con exclusividad al Juez o Tribunal de Sentencia, quien al dirigir el juicio oral y recibir la prueba, adquiere convicción a través de la apreciación de los elementos y medios de prueba; convicción que se traduce en el fundamento de la Sentencia que lleva el sello de la coherencia y las reglas de la lógica; consiguientemente, el Tribunal de alzada en caso de revalorizar la prueba, convierte dicho acto en detecto absoluto contemplado en el art. 169 inc. 3) del CPP; por haber aplicado el artículo 173 del CPP, contradiciendo el Auto de Vista 45 de 07 de septiembre de 2004 pronunciado por la Sala Penal Segunda del mismo Distrito Judicial; situación que además contradice la línea jurisprudencial trazada por el Tribunal de Casación; donde se indica que el Juez o Tribunal de Sentencia tiene la facultad de valorar la prueba y no así el Tribunal de Apelación como ocurrió en el sub-lite. En tal virtud, la alegación de la apelante sobre la fundamentación probatoria intelectiva realizada por el Tribunal a quo sobre medios probatorios que se produjeron en juicio oral, no pueden ser objeto de nueva valoración por este Tribunal de Apelación; por lo que, la impugnación de la imputada apelante, carece de mérito. Al margen de ello, con relación a sus pruebas de descargo, consistentes en el registro de antecedentes, de inscripción de colegio (secundaria), informes de estudios y desenvolvimiento personal, su certificado de nacimiento y de sus hermanos, de su trabajo y domicilio; la imputada Stina Brendemo Hagen reclama que el Tribunal de Sentencia se limitó a decir que tales pruebas en su conjunto no tenían valor probatorio acerca del objeto del juicio; pero, que sí obraban en su favor en función de los arts. 38 al 40 del CP. Al respecto, según el detalle de dicha prueba de descargo expuesto por la imputada apelante, resulta lógico inferir que toda esa documentación pueda servir para la labor de individualización y determinación de la pena, tal como lo apreció el Tribunal inferior; pero, ciertamente carece de mayor relevancia probatoria en cuanto se refiere al objeto del proceso penal el hecho punible traducido en el hallazgo de droga en el equipaje de Stina Brendemo Hagen. En consecuencia, la apelación de Stina Brendemo Hagen no tiene mérito.

Por otro lado, con relación al reclamo sobre la existencia del defecto de sentencia previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, amerita señalar que al haber este Tribunal de Apelación determinado, sobre la base de lo apreciado y valorado por el Tribunal de Sentencia, aplicar el principio "iura novit curia" para efectuar una nueva calificación jurídica al hecho acusado por el Ministerio Público, que se traduce en la asignación de culpabilidad y consiguiente responsabilidad penal por el delito de transporte de sustancias controladas, no amerita realizar mayor análisis del reclamo de la apelante, el cual versa sobre el delito de tráfico de sustancias controladas. Además, su alegato impugnatorio referido al defecto de Sentencia previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, no se ajusta a los criterios jurídicos contenidos en la doctrina legal aplicable de la entonces Corte Suprema de Justicia. En efecto, corresponde indicar a este Tribunal de Apelación que sobre la existencia del defecto de Sentencia previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 151 de 2 de febrero de 2007 emitida por la entonces Corte Suprema de Justicia ha establecido que el nuevo sistema procesal penal garantiza que la valoración de la prueba y las cuestiones de hecho son de exclusiva competencia del Juez o Tribunal de Sentencia, además toda resolución dictada por el Tribunal de alzada debe fundamentarse dentro del subsistema de recursos penales no existe doble instancia de manera que el Tribunal de Apelación conoce solo asuntos de puro derecho; asimismo, deberá observar los defectos absolutos para reparar los derechos y garantías constitucionales vulnerados. Que con referencia a la valoración de la prueba se ha pronunciado el Auto Supremo 196 de fecha 3 de junio de 2005. A su vez, refiriéndose concretamente al defecto de Sentencia previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, la Corte Suprema de Justicia ha determinado, en el Auto Supremo 111 de 31 de enero de 2007 los parámetros en los que se tiene que regir cuando existe vulneración del referido artículo; por lo que se infiere que cuando la parte apelante alega la existencia del defecto de Sentencia previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP no puede pretender que el Tribunal de alzada vuelva a valorar las pruebas que se produjeron en el juicio oral; sino, que tiene que atacar la logicidad de la Sentencia impugnada en lo que atañe a la actividad probatoria y su relación con la vulneración de las reglas de la sana crítica racional, las que están constituidas por los principios de la lógica (de no contradicción, tercero excluido, razón suficiente y de identidad), la experiencia común y de la psicología. Entonces a tiempo de impugnar la actual imputada apelante la Sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia inferior con relación a la eventual existencia del defecto de Sentencia previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, no ha tomado en cuenta los referidos lineamientos emitidos por la entonces Corte Suprema de Justicia; resultando también carente de mérito su impugnación.

Finalmente, en cuanto se refiere a la alegación impugnatoria de Stina Brendemo Hagen sobre la existencia del defecto de sentencia previsto en el inc. 10) del art. 370 del CPP, solo amerita señalar a este Tribunal de Apelación que tal reclamo no tiene ningún fundamento válido porque la parte pertinente del art. 359 del CPP, señala que: "Las decisiones se adoptarán por mayoría. Los jueces fundamentarán separadamente sus votos o lo harán en forma conjunta cuando estén de acuerdo" (sic). En el caso de autos, la Sentencia condenatoria pronunciada por el Tribunal de Sentencia No. 1 de la Capital fue por votación unánime de sus miembros; por lo que, no correspondía una fundamentación separada de los componentes del Tribunal de Sentencia para arribar al mismo resultado. En consecuencia, también resulta carente de mérito el reclamo de la imputada apelante.

II.3.4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL TRIBUNAL DE ALZADA SOBRE LA APELACIÓN RESTRINGIDA INTERPUESTA POR EL IMPUTADO AUGUSTO CESAR TORO BLACUTT.

Con relación al reclamo (primer fundamento de los agravios) del mencionado imputado apelante sobre el planteamiento de la excepción de falta de acción en la audiencia de juicio oral y el modo en que fue resuelta, explicó que el juicio oral debe desarrollarse sin interrupción, lo que implica que los medios de impugnación deben ser racionalizados atendiendo a las características de continuidad, inmediación y oralidad del juicio características que se desnaturalizarían si las resoluciones dentro del juicio oral fueran impugnadas en forma sistemática, provocando serias disfunciones procesales. Si se realizaría una lectura parcial de las normas contenidas en los arts. 403 inc. 2) y 396 del CPP, aceptando la posibilidad de que las resoluciones que rechacen excepciones en el juicio sean apeladas incidentalmente en efecto suspensivo, el juicio tendría que suspenderse, en muchos casos por meses, desconociendo la previsión contenida en el art. 335 del CPP, que establece en forma categórica los casos en los que el juicio puede suspenderse, entre los que no figura la apelación de las excepciones planteadas durante esta etapa, atentando contra el propio sistema acusatorio oral.

Por otra parte, si se aceptara la apelación de las resoluciones que rechacen las excepciones en efecto no suspensivo, se provocarían irregularidades en la prelación de las resoluciones, pues, en la mayoría de los casos, las Sentencias serían pronunciadas antes que las resoluciones en apelación; situación que aconteció, por ejemplo, en la problemática resuelta en la SC 1178/2005-R de 26 de septiembre.

Por otro lado, con referencia al segundo fundamento de agravios, expuesto sobre los argumentos que resolvieron la excepción planteada, corresponde a este Tribunal de alzada indicar que se puede apreciar que no es evidente que el Tribunal de Sentencia inferior no haya motivado la resolución de rechazo de la excepción de falta de acción formulada por el imputado actualmente apelante. Además, bajo la apariencia de "defectos absolutos", el imputado Augusto Cesar Toro Blacutt alude en realidad a defectos de procedimiento que se hubieren cometido en el transcurso del proceso, como que en el pliego acusatorio se señaló que él se encontraba en libertad, que a dicho pliego acusatorio no se acompañó su declaración informativa, que se realizó una imputación formal y un mes después se emitió el pliego acusatorio, que no se le notificó con ninguna prueba obtenida por el Ministerio Público y que fue aprehendido ilegalmente sin ningún mandamiento. Sin embargo, no obstante de que señala todos esos actos procesales, simplemente los enuncia; pero, no los sustenta probatoriamente ante este Tribunal de alzada con la producción de los correspondientes elementos o medios de prueba, no obstante la posibilidad que tenía de hacerlo de conformidad a lo previsto por el art. 410 del CPP. En efecto, a tiempo de exponer el tercer fundamento de agravios, el apelante pretende sustentar probatoriamente su posición indicando lo siguiente: "Como consta en los registros del juicio y en los documentos que se remitirán ante el Tribunal de Alzada..." (sic). Al respecto, quien pretende demostrar un hecho o un acto procesal defectuoso no sólo tendrá que enunciarlos; sino, que tendrá que probarlos ante la instancia correspondiente, no con el solo anuncio de remitir la prueba ante el Tribunal de alzada; sino, con el ofrecimiento de la concreta prueba y finalmente con la efectiva producción de la misma según las normas previstas para la producción de la prueba, conforme prevé el art. 410 del CPP.

Lo propio acontece con el cuarto fundamento de agravios (relación de hechos) ya que para sustentar su posición de que se vulneró su derecho de defensa en la etapa investigativa por no existir control jurisdiccional, el imputado apelante se refirió de modo simplemente enunciativo a varios actos procesales desde el 8 de mayo de 2008, 22 de octubre de 2008, 19 de noviembre de 2008, 18 de diciembre 2008, hasta el 31 de marzo de 2009; sin embargo, no obstante de que el imputado Augusto Cesar Toro Blacutt expresamente ofreció, en función de lo previsto por el art. 410 del CPP, una larga lista de elementos de prueba en el Otrosí de su escrito de apelación restringida, no produjo ninguna de las pruebas ofrecidas ante este Tribunal de alzada; por lo que, esta omisión no puede ser subsanada o suplida oficiosamente por el Órgano Jurisdiccional. Asimismo, el imputado apelante se refirió a los elementos de prueba que demostrarían su ilegal arresto y posterior aprehensión; sin embargo, no obstante de que él mismo sostiene que: “…entre otros elementos probatorios que produciré a fin de demostrar mi ilegal aprehensión..." (sic), en realidad nunca llegó a producir prueba alguna ante este Tribunal de alzada en la forma prevista por el art. 410 del CPP. En consecuencia, sus reclamos carecen de mérito, al no haber sido probatoriamente sustentados.

La misma omisión acontece con los aspectos referidos por el imputado apelante en relación al incidente de exclusión probatoria del testigo Lars Gronning ya que incluso expresó que: "...a fin de probar lo señalado, tengo a bien ofrecer las grabaciones del juicio oral..." (sic), cuando la actividad probatoria no culmina con

el sólo ofrecimiento de la prueba, sino con la efectiva producción de la misma ante el Órgano Jurisdiccional.

Por otro lado, con referencia a la alegación impugnatoria del apelante sobre la existencia del defecto de sentencia previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP, el Tribunal de alzada refirió que, en ocasión de resolver líneas arriba las apelaciones restringidas interpuestas por las imputadas Madeleine Alicia Rodríguez y Stina Brendemo Hagen, se decidió aplicar el principio "iura novit curia" para motivadamente establecer su culpabilidad y consiguiente responsabilidad penal por el delito de transporte de sustancias controladas y no por el delito de tráfico de sustancias controladas. En tal sentido y en función del efecto extensivo, previsto por el art. 397 del CPP, amerita también atribuir el juicio de reproche al imputado Augusto Cesar Toro Blacutt, por el delito de transporte de sustancias controladas, con relación al delito de Asociación Delictuosa y Confabulación previsto y sancionado por el art. 53 de la Ley 1008.