AS/0128/2017-RRC

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 128/2017-RRC

Sucre, 21 de febrero de 2017

Expediente : Santa Cruz 74/2016

Parte Acusadora : Ministerio Público y otra

Parte Imputada : Adrián Alba Justiniano

Delito : Violación

Magistrada Relatora : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán

RESULTANDO

Por memorial presentado el 27 de junio de 2016, cursante de fs. 354 a 362 vta., Adrián Alba Justiniano, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 27 de 5 de mayo de 2016, de fs. 343 a 347 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, integrada por Hugo Juan Iquise Saca y William Torrez Tordoya, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y María Ruth Ribera Rojas contra el recurrente, por la presunta comisión de delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP).

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN

I.1. Antecedentes.

a) Por Sentencia 129/2015 de 23 de noviembre (fs. 304 a 307 vta.), el Tribunal de Sentencia de Montero, de la Provincia Obispo Santisteban del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró al imputado Adrián Alba Justiniano, autor de la comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del CP, imponiendo la pena de quince años de privación de libertad; siendo absuelto de pena y culpa de los delitos de “Amenazas de Muerte” (sic) y Coacción, tipificados en los arts. 293 con relación a los arts. 251 y 294 del CP.

b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Adrián Alba Justiniano interpuso recurso de apelación (fs. 316 a 317 vta.), resuelto por Auto de Vista 27 de 5 de mayo de 2016, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el citado recurso, motivando la interposición del recurso de casación.

I.1.1. Motivo del recurso de casación.

Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 744/2016-RA de 26 de septiembre, se extrae el siguiente motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

El recurrente alega que hubo una incorrecta valoración de los medios de prueba; por cuanto, el cuarto considerando del Auto de Vista impugnado no tomó en cuenta que la querella de 6 de octubre de 2014, es inverosímil y contradictoria con la prueba documental como es el certificado médico legal, donde cita en su contenido que no hubo violencia en el cuerpo de la víctima y que el desgarro vaginal es antiguo de diez días antes al examen, cuando el hecho sucedió el 25 de junio de 2014, advirtiendo contradicciones en los hechos fácticos donde se señala que hubo tres situaciones violentas de acceso carnal consecutivas y considerando que la menor tiene 7 cm más de tamaño y mucho más peso corporal que el querellado, sin que hubiese consumido alcohol, pudo resistir y producir hematomas, rasguños, desgarros, equimosis, escoriaciones, moretes en las extremidades de la víctima como en su persona; empero, le causa extrañeza que no existen lesiones ni desgarro reciente, lo cual señala debió ser analizado por el Fiscal y Tribunal A quo; puesto que, su persona como sus testigos de descargo aseguraron haber estado consumiendo bebidas alcohólicas al mismo tiempo de ocurrido el hecho. Asimismo, indica que la única testigo de cargo Isabel Rosales Montero es suegra del hermano de la víctima, por lo que está parcializada, quien además no pudo ver nada con objetividad, produciéndose en consecuencia la duda razonable y falta de veracidad en el relato de la querellante, razón por la que la sentencia contiene errores de fondo y de forma, vulnerando el debido proceso en su vertiente de derecho del justiciable a obtener una sentencia fundamentada basada en preceptos legales y no al arbitrio del juzgador, también de la igualdad de las partes ante la ley; especialmente, en lo que respecta a la valoración de la prueba y la subsunción del hecho con el derecho.

Asimismo, afirma que el Tribunal de alzada paso por alto las contradicciones de la denuncia, la querella, la acusación y las que existen en la propia sentencia sobre la relación de los hechos; puesto que, no se demuestra con ninguna prueba la violencia empleada por su persona y menos las escoriaciones hematomas o signos de violencia relatados por la víctima y la querellante; por lo que, afirma que no se valoró el examen médico señalado que demuestra su inocencia, que la falta de precisión en la sentencia para interpretar la medicina legal con evidencia, lo que viola es el debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa y el derecho a obtener fallos fundamentados e igualdad de las partes ante la ley, extrañándose la omisión en su valoración en infracción del principio de seguridad jurídica.

Asimismo, añade que el Tribunal de alzada lejos de subsanar los errores del Tribunal A quo en apego del art. 17 de la Ley 025, por vulneración de normas de orden público como el art. 173 del CP, pese a que enunció línea jurisprudencial, para que pueda controlar la valoración de la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, fue pasado por alto, afirmando mecánicamente que se cumplió con la misma y la fundamentación probatoria intelectiva que a entender del Tribunal A quo se demostró su participación en la comisión del delito, sin revisar que esto fue producto de la percepción subjetiva al momento del juicio; por consiguiente, no se dio una valoración positiva, ni negativa al informe médico legal, cuya omisión de valoración afirma que constituye inobservancia o errónea aplicación de la ley, señalada en apelación restringida de acuerdo al art. 407 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, el Tribunal de alzada incumple su deber de revisar de oficio los defectos absolutos en los que incurrió la sentencia, que se basa en hechos inexistentes como la violencia empleada por su persona desvirtuada por el informe médico forense y la declaración de los testigos de descargo; por lo que, el Auto de Vista impugnado al declarar admisible e improcedente su alzada ha vulnerado el art. 17 de la LOJ, al no haber revisado de oficio los defectos en que incurrió el A quo, percatándose de las contradicciones; por cuanto, invocó el art. 370 inc. 5) del CPP, ya que la sentencia no estaba debidamente fundamentada, es insuficiente y contradictoria, en vulneración de las normas de orden público y cumplimiento obligatorio (art. 173 del CPP), incurriendo en defecto absoluto del inc. 3) del art. 169 del CPP, al violarse el debido proceso en su vertiente del derecho del justiciable a obtener resoluciones fundamentadas y sin contradicciones; añadiendo que no se dejó declarar a un testigo fundamental como es Bernardo Justiniano Eguez, por un error en el nombre inobservando el principio de favorabilidad y libertad probatoria, que al existir las señaladas contradicciones debieron haber generado duda razonable en el Tribunal de Sentencia que debió causar la aplicación del principio in dubio pro reo.

Advierte que con la emisión del Auto de Vista impugnado, el Tribunal de alzada vulneró el debido proceso como se tiene señalado, sin que se hubiere expresado las razones jurídicas, por las que tomó la decisión, ni se valoró en su sentido positivo o negativo los antecedentes y las pruebas; además, de que esas razones jurídicas deberían haber sido expresadas en el marco de la razonabilidad. Invoca el Auto de Supremo 472 de 8 de diciembre de 2005.

I.1.2. Petitorio.

El recurrente solicita se revoque la Sentencia y el Auto de Vista recurrido.

I.2. Admisión del recurso.

Mediante Auto Supremo 744/2016-RA de 26 de septiembre, cursante de fs. 373 a 375 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Adrián Alba Justiniano, para su análisis de fondo.

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO

De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:

II.1. De la Sentencia.

Por Sentencia 129/2015 de 23 de noviembre, el Tribunal de Sentencia de Montero, de la Provincia Obispo Santisteban del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró al imputado Adrián Alba Justiniano, autor de la comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el art. 308 del CP, imponiendo la pena de quince años de privación de libertad; asimismo, lo absolvió de pena y culpa de los delitos de “Amenazas de Muerte” (sic) y Coacción, tipificados en los arts. 293 con relación a los arts. 251 y 294 del CP, al haber adquirido certeza de que el imputado el 25 de junio del 2013, en horas de la noche, logró tener acceso carnal con la víctima menor de quince años de edad, con uso de violencia física y psicológica.

II.2. De la apelación restringida del imputado.