AS/0131/2025

Texto del fallo

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SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 131/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 15/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTE RECURRENTE

RESOLUCIÓN RECURRIDA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Alvaro Gustavo Gonzales Flores.

: Sentencia 004/2024 de 2 de abril

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADA TRAMITADORA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Fanny Coaquira Rodríguez.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">:2 de julio de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA. El Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada interpuesto por Marco Antonio Garzón Cruz, el memorial de 26 de marzo de 2025, de solicitud de ampliación de plazo (fs.235), el escrito que cumple lo dispuesto de 5 de mayo de 2025 (fs. 242); contra la Sentencia Nº 004/2024 de 2 de abril; pronunciada dentro de Procedimiento Abreviado, por el Juzgado Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 1º de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (fs. 179 a 181vta.), dentro del fenecido proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente por la comisión del delitos de Proxenetismo, prevista y sancionada por el art. 321.I y II del Código Penal (CP) y los antecedentes de la causa.

CONSIDERANDO I: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA EJECUTORIADA.

Álvaro Gustavo Gonzales Flores, sostiene que la Sentencia condenatoria adolece de vicios sustanciales, tanto en lo relativo a la falta de acreditación de los elementos constitutivos del delito como en la ilegalidad del procedimiento que derivó en su privación de libertad. En primer lugar, cuestiona el actuar de la Dirección de Igualdad y Oportunidades (DIO) de Oruro, entidad que, en lugar de remitir la denuncia al Ministerio Público para su investigación formal, asumió un rol de agente provocador, induciendo la comisión del delito mediante un operativo irregular; según lo expuesto, el 15 de marzo de 2024, la DIO recibió una denuncia anónima sobre la posible explotación sexual de una menor de 16 años, identificada con las iniciales M.A.V. Sin embargo, en lugar de poner el caso en conocimiento de la Fiscalía, agentes de la DIO procedieron a simular ser clientes, contactando telefónicamente a la supuesta víctima y conduciéndola a un alojamiento donde posteriormente se realizó la aprehensión del recurrente.

Este procedimiento, según el recurrente, viola el principio de legalidad, ya que la flagrancia fue fabricada por los propios funcionarios públicos; por su parte el art. 230 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece que la aprehensión solo procede cuando el delito se está cometiendo, acaba de cometerse o cuando el imputado es perseguido por la fuerza pública o la víctima, pues en este caso, no existía una conducta delictiva en curso, sino que fue generada artificialmente por la intervención de la DIO, lo que configura una provocación indebida, prohibida en el sistema penal boliviano; además, el recurrente argumenta que la DIO incumplió su obligación legal de denunciar el hecho ante el Ministerio Público, conforme al art. 286 del mismo cuerpo normativo, lo que vicia de nulidad todo el procedimiento posterior.

En cuanto a la condena impuesta, el recurrente alega que la Sentencia incurre en errores de subsunción jurídica, particularmente en la aplicación del agravante por discapacidad de la víctima, art. 321.II del CP; pues, la norma exige que, para aplicar esta agravante, se demuestre que la víctima padecía una discapacidad física o intelectual que afectara su capacidad de autodeterminación; sin embargo, los informes médicos y psicológicos obrantes en el expediente no acreditan tal condición, ya que el examen físico solo reporta "membrana himeneal con desgarros antiguos", y el informe psicológico concluye que la menor no presentaba alteraciones cognitivas relevantes, limitándose a describir que hablaba en "tono bajo de voz". Pese a ello, el Tribunal aplicó la agravante sin justificación suficiente, lo que configura una falta de motivación adecuada en la Sentencia.

Asimismo, el recurrente cuestiona que su declaración de culpabilidad en el procedimiento abreviado fue producto de una deficiente asesoría legal y presión procesal, pues su abogado le habría recomendado aceptar los cargos con la promesa de una reducción de pena, sin advertirle las implicancias de su decisión ni la falta de sustento probatorio. Aduce que, en un proceso penal, la aceptación de los hechos no exime al juez de verificar la existencia real del delito, conforme a los principios de presunción de inocencia y derecho a una defensa efectiva. En este caso, el Tribunal omitió analizar si los elementos probatorios reunidos efectivamente configuraban el delito de Proxenetismo, limitándose a homologar la solicitud fiscal sin un examen crítico de los hechos.

Finalmente, el recurrente invoca el art. 421 núm. 4 inc. b) del CPP, en este sentido, sostiene que, no se acreditó su participación directa en la presunta explotación sexual, pues los únicos indicios en su contra derivan de un operativo ilegítimo; no existió discapacidad en la víctima, requisito esencial para la agravante aplicada; y, el procedimiento abreviado se basó en una aceptación viciada, sin que se verificara la existencia real del delito; por lo que solicita que se declare la nulidad de la Sentencia N° 004/2024, se ordene la revisión integral del caso y se emita un nuevo fallo que, en atención a los hechos ahora revelados, absuelva al recurrente por falta de méritos suficientes para sostener la condena.

CONSIDERANDO II: MARCO LEGAL Y DOCTRINARIO DEL RECURSO DE REVISIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA EJECUTORIADA.

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales pronunciados en la jurisdicción ordinaria, en esta lógica el art. 184 núm. 7) de la norma constitucional, señala como atribución del Tribunal Supremo de Justicia, “conocer y resolver casos de revisión extraordinaria de sentencia”, precepto íntimamente ligado al art. 38 núm. 6) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); siendo así, que el Recurso de Revisión de Sentencia tiene la característica de ser extraordinario y tiene un trámite específico, por ello no constituye parte del proceso que dio origen a la sentencia.

La Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, posibilita impugnar y revisar fallos pasados en autoridad de cosa juzgada al amparo del art. 421 del CPP, en relación con los arts. 25 del Pacto de San José de Costa Rica, y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; siendo un medio de reconsideración excepcional contra una sentencia debidamente ejecutoriada, en situaciones o casos de errores judiciales, por medio del cual el juzgador puede rectificar el exceso, a favor de los condenados, para reafirmar la justicia luego del reconocimiento de la falibilidad por parte de los operadores de justicia, cuyo fin es anular sentencias firmes injustas; por ello mantiene la excepcionalidad del instituto a través de rígidos requisitos formales, cuyo trámite es independiente, en forma separada y debe sustentarse en cualquiera de las causales establecidas en el art. 421 del citado CPP de manera fundamentada.

Al respecto, el Código de Procedimiento Penal, dispone:

“Artículo 421.- (Procedencia).- Procederá el recurso de revisión de las sentencias condenatorias ejecutoriadas, en todo tiempo y a favor del condenado, en los siguientes casos.

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 7120;">Cuando los hechos tenidos como fundamento de la sentencia resulten incompatibles con los establecidos por otra sentencia penal ejecutoriada

</li>

</ol>

2. Cuando la sentencia impugnada se funde en prueba cuya falsedad se declaró en fallo posterior ejecutoriado.

3. Cuando la sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de delitos propios de la función judicial, cuya existencia se hay declarado en fallo posterior ejecutoriado.

4. Cuando después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos, se descubran hechos preexistentes o existan elementos de prueba que demuestren:

a) Que el hecho no fue cometido,

b) Que el condenado no fue autor o partícipe de la comisión del delito, o,

c) Que el hecho no sea punible.

5. Cuando corresponda aplicar retroactivamente una ley penal más benigna; y,

6. Cuando una sentencia del Tribunal Constitucional tenga efecto derogatorio sobre el tipo o norma penal que fundó la condena.

Artículo 423.- (Procedimiento).- El recurso de revisión se interpondrá por escrito, se acompañará la prueba correspondiente y contendrá; bajo pena de inadmisibilidad, la concreta referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables. El tribunal podrá disponer todas las indagaciones y diligencias que consideren útiles y delegar su ejecución en alguno de sus miembros.

También podrá producir prueba de oficio en la audiencia.

Para el trámite del recurso de revisión regirán las reglas de la apelación restringida, en cuanto éstas sean aplicables”.

Por otra parte, el Auto Supremo 105/2017 de 23 de octubre, estableció lo siguiente:

“…la Revisión Extraordinaria de Sentencia, por su naturaleza tiene la finalidad de reconsiderar fallos condenatorios firmes e injustos, por errores judiciales, previstos en las causales descritas en el art. 421 del Código Adjetivo Penal y cuando existen elementos formales valederos que propicien esas situaciones dignas de ser reparadas. En consecuencia, quien pretende la revisión extraordinaria de una Sentencia condenatoria firme, debe inexcusablemente cumplir con los requisitos formales y sustanciales previstos en las normas señaladas, requisitos que como se tiene expuesto no fueron cumplidos por la recurrente, lo que motiva que este Tribunal Supremo declare inadmisible el Recurso de Revisión de Sentencia, por no haberse acreditado causal.”

Siguiendo el citado precedente, el Auto Supremo 74/2019 de 24 de abril, expuso lo siguiente:

“…quien pretende la revisión extraordinaria de una sentencia condenatoria firme, debe inexcusablemente cumplir con los requisitos formales y sustanciales previstos en las normas señaladas, al no concurrir los presupuestos establecidos en la ley, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, salvándose el derecho del recurrente a oponer un nuevo recurso por otras causales, conforme establece el art. 427 del Código de Procedimiento Penal.”

De igual forma, el Auto Supremo 69/2018 de 15 de agosto, precisó que:

“…es preciso señalar que sobre este instituto la jurisprudencia y la doctrina penal señalan que la Revisión Extraordinaria de Sentencia, por su naturaleza tiene la finalidad de reconsiderar fallos condenatorios firmes e injustos, por errores judiciales previstos en las causales descritas en el art. 421 del código adjetivo penal y cuando existen elementos formales valederos que propicien esas situaciones dignas de ser reparadas, por lo tanto, debe quedar claro que el Recurso de Revisión Extraordinaria de Sentencia, no constituye una nueva instancia ordinaria en el que se pueda ver nuevamente los hechos ya valorados y juzgados, sino que, como su nombre lo indica “extraordinariamente” podrá revisarse la sentencia ejecutoriada siempre y cuando después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos, se descubra hechos anteriores, o existan nuevas pruebas que demuestren que el hecho no fue cometido o que el sentenciado, que no fue el autor”.

Por último, el Auto Supremo 40/2020 de 23 de julio, orientó lo siguiente:

“…del análisis del recurso planteado, se evidencia que el recurrente no alega la existencia de elementos nuevos y distintos a los que determinaron la decisión, o que resulten incompatibles con situaciones relevantes posteriormente descubiertas o por circunstancias sobrevinientes, tampoco la solicitud está acompañada con prueba que posibilite cuestionar la resolución condenatoria ejecutoriada y tenga la fuerza suficiente para declararla ineficaz jurídicamente y que por su importancia, afecte sustancialmente el curso de la resolución motivo de revisión extraordinaria de sentencia, toda vez que el recurrente se limita a plantear una supuesta falta de valoración de la prueba pericial psicológica, la aplicación del principio iura novit curia, la hipotética violación que habría sufrido y el estado de ebriedad en el que se encontraba a momento del delito, aspectos que fueron valorados por las autoridades de instancia y merecieron pronunciamiento en las instancias respectivas, omitiendo exponer en el ámbito de los supuestos del art. 421 del CPP, cuál es el hecho nuevo, el hecho preexistente o los elementos de prueba descubiertos que hayan sobrevenido después de la sentencia y que demuestren que el delito no fue cometido o que el recurrente no fuese su autor”.

CONSIDERANDO III: RESOLUCIÓN DEL CASO.

De acuerdo a la previsión contenida en el art. 423 del CPP, el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada debe plantearse adjuntando prueba idónea y pertinente, bajo pena de inadmisibilidad, con la concreta referencia de los motivos en que se funda y la cita de disposiciones legales aplicables.

En el presente caso, el recurrente sustentó sus argumentos, en la causal establecida en el art. 421, núm. 4 inc. b) del CPP, solicitando la revisión de la Sentencia Nº 004/2024 de 2 de abril; pronunciada dentro de Procedimiento Abreviado, por el Juzgado Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 1º de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que emerge del fenecido proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente por la comisión del delitos de Proxenetismo, prevista y sancionada por el art. 321.I y II del CP; en ese contexto, del recurso planteado, se evidencia que no se ha fundamentado adecuadamente la causal invocada a momento de que el impetrante plantea la Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, evidenciándose una ausencia de carga argumentativa y probatoria con nexo causal vinculado a los hechos o motivos que alega; además, no establece cuales son las disposiciones legales aplicables, independientemente de ello, si bien adjunta como elementos probatorios documentos adjuntos al recurso; estas no constituyen prueba que demuestren que el condenado no fue autor o partícipe de la comisión del delito descrito precedentemente; ya que se tratan de piezas procesales que emergen del mismo proceso. pues estos, elementos que se adjuntan como probatorios no sobrevienen a la sentencia o evidencian el descubrimiento de un hecho prexistente; lo que evidencia más bien, que el recurrente, confunde la naturaleza jurídica del Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutorida que tiene características propias; por lo tanto, el detalle de las pruebas antes descritas, incumple lo establecido por el art. 423 de la norma adjetiva penal, que no viabiliza la admisibilidad del recurso interpuesto, con base en documentos de índole procesal que son producto del desarrollo del proceso penal; y, además elementos probatorios que son copias del proceso penal en cuestión; no constituyendo prueba que demuestre que el condenado no haya participado en la comisión del delito o que constituyan hechos que sobrevengan a la sentencia o el descubrimiento de hechos preexistentes.

En el caso presente, si bien el recurrente ampara su pretensión en la causal establecida en el art. 421 núm. 4 inc. b) del Código de Procedimiento Penal, que permite la revisión de sentencias condenatorias ejecutoriadas; sin embargo, de la lectura del recurso interpuesto, se pretende abrir la competencia de este alto Tribunal a efectos de apreciar y valorar hechos y documentos, no fueron descubiertos con posterioridad a la sentencia, ni fueron desconocidos durante la tramitación del proceso, a ello se suma que no expone cual es el hecho nuevo, el hecho preexistente o los elementos de prueba descubiertos que hayan sobrevenido después de la sentencia y que demuestren que el hecho no fue cometido o fuera autor del mismo.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 184.7 de la Constitución Política del Estado, art. 38. 6) de la Ley del Órgano Judicial, y el art. 423 del CPP., FALLA DECLARANDO INADMISIBLE el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada presentado por Álvaro Gustavo Gonzales Flores contra la Sentencia N° 004/2024 de 02 de abril, pronunciada dentro de Procedimiento Abreviado, por el Juzgado Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 1º de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (fs. 179 a 181 vta.), dentro del fenecido proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente por la comisión del delitos de proxenetismo, prevista y sancionada por el art. 321.I y II del Código Penal.

En aplicación del art. 427 del CPP, se deja constancia que, el recurrente puede volver a presentar un nuevo Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada fundado en motivos distintos.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Romer Saucedo Gómez

PRESIDENTE

Mostrando 101 de 201 parrafos.

Texto del fallo

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