AS/0132/2025

Texto del fallo

<div>

SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

<table style="margin:0 0 0 0;"><tbody><tr><td style="padding:0 720 0 720;">AUTO SUPREMO Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 132/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">EXPEDIENTE Nº

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: 23/2025

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PROCESO

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada.

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">PARTE RECURRENTE

RESOLUCIÓN RECURRIDA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">:Juana Eugenia Velasco Jiménez.

: Sentencia 02/2023 de 8 de mayo

</td>

</tr>

<tr><td style="padding:0 720 0 720;">MAGISTRADA TRAMITADORA

</td>

<td style="padding:0 720 0 720;">: Fanny Coaquira Rodríguez.

</td>

</tr>

<tr><td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">FECHA

</td>

<td style="border-width:0 0 100 0;border-color:#000000;padding:0 720 0 720;border-style:solid;mso-element:para-border-div;">:2 de julio de 2025

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

VISTOS EN SALA PLENA. El Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoria interpuesto por Juana Eugenia Velasco Jiménez (fs. 663 a 674) contra la Sentencia N° 02/2023 de 8 de mayo, pronunciada por el Juzgado Octavo de Sentencia Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; dentro del fenecido proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura contra la recurrente y Miguel Ángel Avalos Lino; por el delito de Manipulación Informática, tipificado en el art. 363 bis del Código Penal (CP); los antecedentes del proceso y todo lo que convino ver.

CONSIDERANDO I: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA EJECUTORIADA.

EL presente recurso, interpuesto por Juana Eugenia Velasco Jiménez ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, fundamentado en el artículo 421, numeral 4, inciso b) del Código de Procedimiento Penal (CPP), pues la recurrente busca la anulación de la Sentencia N° 02/2023, emitida el 8 de mayo, por el Juzgado Octavo de Sentencia Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que la condenó como autora del delito de Manipulación Informática, tipificado en el art. 363 bis del CP, imponiéndole una pena de cinco años de reclusión.

Contra la referida Sentencia, la recurrente formuló recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 163 de 17 de octubre de 2023, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró improcedente la apelación restringida; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.

Por memorial de casación presentado el 6 de noviembre de 2023, Juana Eugenia Velasco Jiménez, impugna el Auto de Vista 163 de 17 de octubre de 2023 y la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia por Auto Supremo 1229/2024 de 19 de julio, declaró inadmisible el referido recurso; por lo que dicha Sentencia, actualmente se encuentra ejecutoriada y es impugnada bajo el argumento central de que la condenada no fue autora ni partícipe del hecho delictivo, sustentando su postura en pruebas preexistentes que, según alega, fueron omitidas o mal valoradas por el Tribunal sentenciador, generando así una vulneración al debido proceso y a los principios rectores del sistema penal.

El caso surge a raíz de una denuncia presentada por Carmen Marfha Eid de Moscoso, quien alegó irregularidades en el sistema de Derechos Reales de Santa Cruz, específicamente en la inscripción de un inmueble de su propiedad a nombre de un tercero, Enrique Fidel Ramallo Salazar, por su lado el Ministerio Público formuló acusación contra Juana Eugenia Velasco Jiménez quien ocupaba el cargo de Funcionaria Inscriptora y el ingeniero Miguel Ángel Avalos Lino, este último absuelto en la misma Sentencia, la recurrente sostiene que la decisión judicial adolece de graves vicios, destacando la incorrecta valoración de la prueba pericial clave, la cual demostraría que la manipulación del sistema no pudo haber sido realizada por ella, al carecer de los conocimientos técnicos necesarios para alterar la base de datos SQL, donde efectivamente se habrían cometido las irregularidades.

Los ejes centrales del recurso radican en la crítica a la valoración probatoria realizada por la Tribunal de instancia, pues argumenta que ignoró el informe pericial de Hugo Javier Molina Barrero, emitido el 14 de junio de 2018 y complementado el 21 de septiembre del mismo año, el cual establece que la manipulación informática se ejecutó directamente en la base de datos SQL, sistema al que solo tenían acceso los administradores y expertos en informática de Derechos Reales (DDRR), entre los que se encontraba el coacusado absuelto, Miguel Ángel Avalos Lino, junto a otros ingenieros del sistema. Esta prueba, de carácter técnico, concluye que los registros inconsistentes en los trámites cuestionados solo pudieron realizarse mediante una intervención directa en el SQL, descartando que la recurrente, cuya función era únicamente de inscripción a través del sistema TEMIS, tuviera la capacidad técnica para llevar a cabo dichas alteraciones.

Adicionalmente, se cuestiona la incorporación y valoración de declaraciones testificales, como las de María Fernanda Abrego Guerrero y Mirtha Escobar Portales, las cuales fueron consideradas como pruebas relevantes en la sentencia pese a no haberse sometido al principio de inmediatez ni al anticipo probatorio, requisitos esenciales para su validez conforme al art. 333.1 del CPP, en ese sentido, la recurrente alega que estas declaraciones, obtenidas en sede investigativa sin posibilidad de contradicción en el juicio oral, carecen de fuerza probatoria suficiente para sustentar una condena, violando así garantías constitucionales como el derecho a la defensa y a un juicio justo.

Otro aspecto relevante es la exclusión arbitraria de la prueba extraordinaria presentada por la defensa, consistente en un informe de Alberto Ardaya Inchauste, que acreditaba que el reinicio del equipo informático asignado a la recurrente fue ordenado por el entonces Registrador de DD.RR. Alfredo Aurelio Echeverría Guardia, y no por ella, como erróneamente se dedujo en la Sentencia, sosteniendo que esta omisión evidencia un trato desigual en la valoración de las pruebas, afectando el principio de igualdad procesal y la imparcialidad del juzgador.

En el plano jurídico, el recurso enfatiza que la Sentencia incurrió en una aplicación defectuosa del tipo penal de Manipulación Informática, al no demostrarse el elemento subjetivo del delito, es decir, la intención de obtener un beneficio indebido; asimismo, destaca que la Juez basó su decisión en una interpretación fragmentada de las pruebas, ignorando aquellas que favorecían a la recurrente y contradiciendo el principio de unidad probatoria, reconocido por la jurisprudencia constitucional boliviana como un pilar esencial para alcanzar la verdad material en el proceso penal.

Finalmente, la recurrente invoca como fundamento legal adicional la doctrina establecida en los Autos Supremos N° 233/2006 y N° 17/2007, que obligan a la anulación de sentencias cuando se advierte una valoración defectuosa de la prueba, así como la Sentencia Constitucional Plurinacional 1051/2011, que consagra el derecho a una tutela judicial efectiva y a la valoración racional de los medios de prueba.

Por su parte, a través de la providencia de 21 de marzo de 2025 (fs.676 a 676vta.), se observó el recurso planteado, ya que para su procedencia, se requiere la acreditación de las causales taxativamente previstas en el art. 421 del CPP, otorgándosele el plazo perentorio de quince días hábiles, bajo apercibimiento de rechazo in limine en caso de incumplimiento de los requisitos exigidos.

Bajo ese contexto, la parte actora, presenta memorial de 1 de abril de 2025 (fs.697), alegando urgencia en la resolución del caso.

CONSIDERANDO II: MARCO LEGAL Y DOCTRINARIO DEL RECURSO DE REVISIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA EJECUTORIADA.

El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales pronunciados en la jurisdicción ordinaria, en esta lógica el art. 184.7, de la norma constitucional, señala como atribución del Tribunal Supremo de Justicia, “conocer y resolver casos de revisión extraordinaria de sentencia”, precepto íntimamente ligado al art. 38. 6, de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); siendo así, que el Recurso de Revisión tiene la característica de ser extraordinario y tiene un trámite específico, por ello no constituye parte del proceso que dio origen a la sentencia.

El Recurso Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, posibilita impugnar y revisar fallos pasados en autoridad de cosa juzgada al amparo del art. 421 del CPP, en relación con los arts. 25 del Pacto de San José de Costa Rica, también conocido como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; siendo un medio de reconsideración excepcional contra una sentencia debidamente ejecutoriada, en situaciones o casos de errores judiciales, por medio del cual el juzgador puede rectificar el exceso, a favor de los condenados, para reafirmar la justicia luego del reconocimiento de la falibilidad por parte de los operadores de justicia, cuyo fin es anular sentencias firmes injustas; por ello mantiene la excepcionalidad del instituto a través de rígidos requisitos formales, cuyo trámite es independiente, en forma separada y debe sustentarse en cualquiera de las causales establecidas en el art. 421 del citado CPP de manera fundamentada.

Al respecto, el CPP, dispone:

“Artículo 421.- (Procedencia).- Procederá el recurso de revisión de las sentencias condenatorias ejecutoriadas, en todo tiempo y a favor del condenado, en los siguientes casos.

1. Cuando los hechos tenidos como fundamento de la sentencia resulten incompatibles con los establecidos por otra sentencia penal ejecutoriada:

2. Cuando la sentencia impugnada se funde en prueba cuya falsedad se declaró en fallo posterior ejecutoriado.

3. Cuando la sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de delitos propios de la función judicial, cuya existencia se hay declarado en fallo posterior ejecutoriado.

4. Cuando después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos, se descubran hechos preexistentes o existan elementos de prueba que demuestren:

a) Que el hecho no fue cometido,

b) Que el condenado no fue autor o partícipe de la comisión del delito, o,

c) Que el hecho no sea punible.

5. Cuando corresponda aplicar retroactivamente una ley penal más benigna; y,

6. Cuando una sentencia del Tribunal Constitucional tenga efecto derogatorio sobre el tipo o norma penal que fundó la condena.

Artículo 423.- (Procedimiento).- El recurso de revisión se interpondrá por escrito, se acompañará la prueba correspondiente y contendrá; bajo pena de inadmisibilidad, la concreta referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables. El tribunal podrá disponer todas las indagaciones y diligencias que consideren útiles y delegar su ejecución en alguno de sus miembros.

También podrá producir prueba de oficio en la audiencia.

Para el trámite del recurso de revisión regirán las reglas de la apelación restringida, en cuanto éstas sean aplicables”.

Por otra parte, el Auto Supremo 105/2017 de 23 de octubre, estableció lo siguiente:

“…la Revisión Extraordinaria de Sentencia, por su naturaleza tiene la finalidad de reconsiderar fallos condenatorios firmes e injustos, por errores judiciales, previstos en las causales descritas en el art. 421 del Código Adjetivo Penal y cuando existen elementos formales valederos que propicien esas situaciones dignas de ser reparadas. En consecuencia, quien pretende la revisión extraordinaria de una Sentencia condenatoria firme, debe inexcusablemente cumplir con los requisitos formales y sustanciales previstos en las normas señaladas, requisitos que como se tiene expuesto no fueron cumplidos por la recurrente, lo que motiva que este Tribunal Supremo declare inadmisible el Recurso de Revisión de Sentencia, por no haberse acreditado causal.”

Siguiendo el citado precedente, el Auto Supremo 74/2019 de 24 de abril, expuso lo siguiente:

“…quien pretende la revisión extraordinaria de una sentencia condenatoria firme, debe inexcusablemente cumplir con los requisitos formales y sustanciales previstos en las normas señaladas, al no concurrir los presupuestos establecidos en la ley, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, salvándose el derecho del recurrente a oponer un nuevo recurso por otras causales, conforme establece el art. 427 del Código de Procedimiento Penal.”

De igual forma, los Autos Supremos 69/2018 de 15 de agosto, precisó que:

“…es preciso señalar que sobre este instituto la jurisprudencia y la doctrina penal señalan que la Revisión Extraordinaria de Sentencia, por su naturaleza tiene la finalidad de reconsiderar fallos condenatorios firmes e injustos, por errores judiciales previstos en las causales descritas en el art. 421 del código adjetivo penal y cuando existen elementos formales valederos que propicien esas situaciones dignas de ser reparadas, por lo tanto, debe quedar claro que el Recurso de Revisión Extraordinaria de Sentencia, no constituye una nueva instancia ordinaria en el que se pueda rever nuevamente los hechos ya valorados y juzgados, sino que, como su nombre lo indica “extraordinariamente” podrá revisarse la sentencia ejecutoriada siempre y cuando después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos, se descubra hechos anteriores, o existan nuevas pruebas que demuestren que el hecho no fue cometido o que el sentenciado, que no fue el autor”.

Por último, el Auto Supremo 40/2020 de 23 de julio, orientó lo siguiente:

“…del análisis del recurso planteado, se evidencia que el recurrente no alega la existencia de elementos nuevos y distintos a los que determinaron la decisión, o que resulten incompatibles con situaciones relevantes posteriormente descubiertas o por circunstancias sobrevinientes, tampoco la solicitud está acompañada con prueba que posibilite cuestionar la resolución condenatoria ejecutoriada y tenga la fuerza suficiente para declararla ineficaz jurídicamente y que por su importancia, afecte sustancialmente el curso de la resolución motivo de revisión extraordinaria de sentencia, toda vez que el recurrente se limita a plantear una supuesta falta de valoración de la prueba pericial psicológica, la aplicación del principio iura novit curia, la hipotética violación que habría sufrido y el estado de ebriedad en el que se encontraba a momento del delito, aspectos que fueron valorados por las autoridades de instancia y merecieron pronunciamiento en las instancias respectivas, omitiendo exponer en el ámbito de los supuestos del art. 421 del CPP, cuál es el hecho nuevo, el hecho preexistente o los elementos de prueba descubiertos que hayan sobrevenido después de la sentencia y que demuestren que el delito no fue cometido o que el recurrente no fuese su autor”.

CONSIDERANDO III: RESOLUCIÓN DEL CASO.

De acuerdo a la previsión contenida en el art. 423 del CPP, el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, debe plantearse adjuntando prueba idónea y pertinente, bajo pena de inadmisibilidad, con la concreta referencia de los motivos en que se funda y la cita de disposiciones legales aplicables.

En el presente caso, la recurrente sustentó sus argumentos, en la causal establecida en art. 421 núm. 4 inc. b), del CPP, solicitando la revisión de la Sentencia N° 02/2023, emitida el 8 de mayo, pronunciada por el Juzgado Octavo de Sentencia Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del fenecido proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, contra la recurrente y Miguel Ángel Avalos Lino, por el delito de Manipulación Informática, tipificado y previsto por el art. 363 bis del CP, que emerge del procedimiento ordinario; en ese contexto, se tiene:

Del recurso planteado, se evidencia que no se ha fundamentado adecuadamente la causal invocada a momento de que el impetrante plantea el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoria, remitiéndose únicamente a graves errores en la valoración probatoria por parte del Tribunal sentenciador, por lo que se evidencia ausencia de carga argumentativa y probatoria con nexo causal vinculado a los hechos o motivos que alega; además, no establece cuales son las disposiciones legales aplicables, independientemente de ello, si bien adjunta documentos como elementos probatorios; estos no constituyen prueba que demuestren que la sentenciada no fue autora o partícipe de la comisión del delito descrito precedentemente; ya que se tratan de piezas procesales que emergen del mismo proceso.

Como corolario, el recurso acompaña copias legalizadas de toda la documentación procesal relevante, la sentencia condenatoria, autos de vista y casación, pruebas de descargo, actas de audiencia y acusación fiscal, elementos probatorios que no sobrevienen a la sentencia o evidencian el descubrimiento de un hecho prexistente; puesto que, según versión de la misma recurrente, estos elementos probatorios datan de fechas anterior a la emisión de la Sentencia ahora impugnada, y que fueron parte del proceso investigativo; así como del juicio oral, público y contradictorio; consiguientemente, ya fueron valorados en la Sentencia recurrida. Ante dicha situación, se incumple lo establecido por el art. 423 de la norma adjetiva penal, que no viabiliza la admisibilidad del recurso interpuesto, con base en documentos de índole procesal que son producto del desarrollo del proceso penal; y, además elementos probatorios que fueron obtenidos en la etapa preliminar y preparatoria; no constituyendo prueba que demuestre que la condenada no haya participado en la comisión del delito o que constituyan hechos que sobrevengan a la sentencia o el descubrimiento de hechos preexistentes.

Por su parte, de acuerdo al contenido del art. 423 del CPP, el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada debe plantearse adjuntando la prueba correspondiente, exponiendo la concreta referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables, bajo pena de inadmisibilidad; lo que no acontece en el caso de autos; en consecuencia, este medio impugnatorio es un mecanismo a través del cual se busca la invalidación o modificación de una sentencia que ha adquirido firmeza y autoridad de cosa juzgada, que procura reivindicar la justicia material, por cuanto la verdad procesal declarada es disonante con la verdad como correspondencia con el hecho objeto de juzgamiento a momento de su tramitación o por alguna causal sobreviniente; esta demostración sólo es posible jurídicamente dentro del marco que delimita las causales taxativamente previstas por ley.

En el caso presente, si bien la recurrente ampara su pretensión en la causal establecida en el art. 421 núm. 4 inc. b), del CPP, que permite la revisión de sentencias condenatorias ejecutoriadas; sin embargo, de la lectura del recurso interpuesto, se pretende abrir la competencia de este Tribunal a efectos de apreciar y valorar hechos y documentos que no fueron descubiertos con posterioridad a la sentencia, ni fueron desconocidos durante la tramitación del proceso penal, a ello se suma que no expone cual es el hecho nuevo, el hecho preexistente o los elementos de prueba descubiertos que hayan sobrevenido después de la sentencia y que demuestren que el hecho no fue cometido o fuera autora del mismo.

En consecuencia, al no haberse demostrado la existencia de elementos probatorios nuevos, preexistentes o sobrevinientes que demuestren objetivamente que la condenada no fue autora del delito de Manipulación Informática, corresponde declarar inadmisible el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 184.7 de la CPE, art. 38.6 de la Ley del Órgano Judicial, y el art. 423 del CPP, FALLA DECLARANDO INADMISIBLE el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada presentado por Juana Eugenia Velasco Jiménez contra la Sentencia N° 02/2023 de 8 de mayo, pronunciada por el Juzgado Octavo de Sentencia Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 663 a 674), dentro del fenecido proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura contra la recurrente y Miguel Ángel Avalos Lino; por el delito de Manipulación Informática, tipificado en el art. 363 bis del CP.

En aplicación del art. 427 del CPP, se deja constancia que, la recurrente puede volver a presentar un nuevo Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada fundado en motivos distintos.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Romer Saucedo Gómez

PRESIDENTE

Mostrando 99 de 198 parrafos.

Texto del fallo

Lee el fallo completo con Pixi

Datos del proceso