AS/0133/2011

SALA PENAL PRIMERA

Auto Supremo: No. 133

Fecha : Sucre, 01 de marzo de 2011

Expediente : Nro. 272/09

Distrito : La Paz

VISTOS: El recurso de Casación interpuesto por Carlos David Montenegro Bonadona, (fs. 2017-2024), contra el Auto de Vista dictado mediante Resolución No. 83/2009 de 16 de septiembre (fs. 2009-2011 y vlta.), emitido por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, y ELECTROPAZ, representado legalmente por Héctor José Tapia Cortez, contra el referido recurrente, por los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado, y Estafa, previstos en los arts., 198, 199, 203 y 335 del Código Penal, los antecedentes de la materia; y:

CONSIDERANDO: Que, previamente es necesario aclarar que por determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional, que dictó la Sentencia Constitucional No. 1716/2010-R de 25 de octubre de 2010, en cuyo fundamento III.4, octavo párrafo, señaló que: "(...) el Tribunal de Casación, no tiene facultad para tramitar una petición de extinción de la acción, que en su trámite implicaría la sustanciación de una excepción que en estricta observancia del art. 50 del CPP, la Corte Suprema de Justicia, no tiene competencia para hacerlo, dado que el citado precepto la limita a las tres situaciones específicas:"1) Los recursos de Casación; 2) Los recursos de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada, y 3) Las solicitudes de extradición. Al margen de esa restricción legal insalvable, se agrega una imposibilidad fáctica, por cuanto el trámite de las excepciones incluye la eventualidad de su impugnación conforme previene el art. 403 inc.2) del Código citado, consagrado además en el art. 180.II de la CPE, debido a que si la petición de extinción de la acción sería conocida y resuelta por el Tribunal de Casación, las partes que intervienen no tendrían un medio de impugnación contra dicho pronunciamiento que admita o rechace dicha solicitud, convirtiéndola en una decisión indebidamente inapelable, pero además dictada por un órgano incompetente, por más que se tratase del máximo Tribunal de Justicia, situación que por supuesto bajo ningún concepto puede concebirse en un Estado de Derecho instituido por la misma Constitución Política del Estado, en base también al principio de igualdad de las partes del proceso..." (Las negrillas y cursiva son nuestras).

Que, tomando en cuenta lo determinado en la referida Sentencia Constitucional 1716/2010-R, y lo previsto en el art. 44 de la Ley 1836 del Tribunal Constitucional, así como el art. 18 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, que disponen que las decisiones y Sentencias Constitucionales son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, se concluye que la Corte Suprema de Justicia, a momento de resolver el presente caso, carece de competencia para resolver de oficio la Extinción de la Acción Penal ya sea por duración máxima del proceso penal, como por prescripción, tomando en cuenta que ambas se tramitan por la vía de excepción. Entendimiento que se hace extensible a los procesos sustanciados con el Código de Procedimiento Penal de 1972.

CONSIDERANDO: Que el Juzgado Tercero de Partido en lo Penal de la Capital del Distrito Judicial de La Paz, emitió la Sentencia No. 98/2003 de 20 de noviembre, (fs.1333-1337), que declaró al procesado Carlos David Montenegro Bonadona, autor del delito de Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Estafa, previstos en los arts. 198, 199, 203 y 335 del Código Penal, y lo condenó a tres años de reclusión a cumplirse en el penal de San Pedro de la Paz, responsabilidad y costas a la parte querellante y costas al Estado.

Apelada tal determinación tanto por parte del procesado (fs. 1340-1346) como por Bisa Seguros S.A. constituida en parte, (fs. 1348-1349). El Ministerio Público requirió por que se confirme parcialmente la Sentencia y se incremente la pena a 6 años de reclusión, (fs. 1357). La Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante el Auto de Vista emitido por Resolución No. 83/2009 de 16 de septiembre, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, modificando la pena a 6 años de reclusión, es decir al máximo previsto para el delito de falsedad, (fs. 2009-2011 y vlta.).

Contra dicho Auto de Vista el procesado Carlos David Montenegro Bonadona, interpuso el Recurso de Casación que nos ocupa (2017-2024), en el que alega que el Auto de Vista realizó una mala y errónea interpretación de las normas en un forzado afán de encontrarlo culpable de los delitos atribuidos sin la existencia de elementos constitutivos de los mismos inobservando el art. 243 del Código de Procedimiento Penal, le incrementó la pena al doble que le impuso la sentencia.

Alega que no es obligación del imputado probar su inocencia, que el Auto de Vista señaló que no aportó pruebas sin embargo la no presentación de pruebas de descargo no significa que esté admitiendo los delitos imputados, como puede su persona desvirtuar lo que nunca se probó, que no fue juzgado bajo el principio de presunción de inocencia previsto en el art. 6 del Código de Procedimiento Penal (sic) que establece que la carga de la prueba corresponde a los acusadores y prohíbe la presunción de culpabilidad a los juzgadores.

Refiere que el Auto de Vista recurrido realizó una errónea apreciación de los hechos, incorrecta aplicación de la norma, incurrió en presunción de culpabilidad no consideró la falta de tipicidad en los hechos, más aún cuando en caso de duda debió fallar por la inexistencia del delito y no realizar una interpretación que contradice los principios de la sana crítica.

Señala que en el caso existe falta de tipicidad, en cuanto al delito de falsedad material, la norma establece que el documento debe ser público, sea totalmente falso o se adultere uno verdadero, que en cuanto al Testimonio No. 472/2000 de Derechos Reales, que fueron fraguados, el Fiscal acusador refirió que fueron realizados supuestamente en las Oficinas de Derechos Reales, ventanilla No. 1., su persona nunca tuvo una relación laboral o íntima a través de la cuál pueda haber ingresado a registros y documentos de Derechos Reales, por lo que no se demostró su autoría o participación en el hecho. Al igual que con los membretes de la prefectura y Boletas de pago de Derechos Reales, sólo se tienen suposiciones y se lo condenó en base a ellas.

Refiere asimismo que la antijuridicidad determina si una conducta se adecua al tipo penal, en el caso se demuestra la inexistencia del tipo penal, por tanto su acción no es antijurídica pues en ningún momento se demostró su autoría y ante la duda era obligación favorecer al procesado. Que el art. 13 del Código Penal establece que no hay pena sin culpa que en el caso de autos no se ha probado la acción dolosa por parte de su persona.

Asimismo refiere que en los delitos atribuidos de Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Estafa, no se demostró que los hechos se adecuen a los tipos penales referidos, no se demostró el dolo, el engaño, por lo que sin la comprobación legal del cuerpo del delito no se puede pronunciar sentencia condenatoria, sobre la base de documentos en fotocopias simples sin valor alguno como la que cursa a fs. 53 sobre los que se realizó la prueba pericial. Sólo prueba la entrega de una cantidad de dinero a su persona, para la ejecución de trámites que eran parte de las funciones que desempeñaba en ELECTROPAZ.