AS/0135/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 135/2025

Fecha: 25 de febrero de 2025

Expediente: CH-132-24-S

Partes: Marysabel Ecos Huanaco representada por David Mamani Gutiérrez c/

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre representada por Enrique Leaño Palenque en calidad de alcalde a través de Karen Fabiola Maldonado Martínez.

Proceso: Mejor derecho propietario y reivindicación.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 452 a 455, interpuesto por Marysabel Ecos Huanaco representada por David Mamani Gutiérrez, contra el Auto de Vista Nº 391/2024, de 01 de octubre, corriente de fs. 446 a 449, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de mejor derecho propietario y reivindicación, seguido por la recurrente contra el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre representado por Enrique Leaño Palenque en calidad de alcalde a través de Karen Fabiola Maldonado Martínez; sin contestación; el Auto de concesión de 06 de noviembre de 2024, visible a fs. 459, el Auto Supremo de admisión N° 1381/2024-RA, de 21 de noviembre, corriente de fs. 464 a 465 vta.; todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1.Marysabel Ecos Huanaco representada por David Mamani Gutiérrez mediante escrito que cursa de fs. 84 a 89 vta., subsanado de fs. 160 a 165, planteó demanda ordinaria de mejor derecho propietario y reivindicación contra el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, representado por Enrique Leaño Palenque en calidad de alcalde a través de Karen Fabiola Maldonado Martínez; quien una vez citado mediante memorial saliente de fs. 253 a 259, contestó de manera negativa a la demanda, opuso excepción de prescripción de la acción, pretensión que mereció el Auto de 22 de mayo de 2024, visible de fs. 386 a 387 que declaró IMPROBADA la excepción) y reconvino por acción negatoria; desarrollándose el proceso hasta la emisión de la Sentencia N° 133/2024, de 02 de julio, que cursa de fs. 413 a 417 vta., en la que el Juez Público Civil y Comercial 4° de la ciudad de Sucre, declaró IMPROBADAS la demanda principal y la acción reconvencional.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Marysabel Ecos Huanaco representada por David Mamani Gutiérrez, mediante memoriales de fs. 419 a 424 vta., originó que la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emita el Auto de Vista Nº 391/2024, de 01 de octubre, visible de fs. 446 a 449, que CONFIRMÓ la Sentencia apelada, bajo los siguientes argumentos:

Al haberse otorgado un código catastral provisional, significa que el inmueble no se encuentra debidamente saneado, el informe pericial observado contiene datos de carácter técnico en el que se realizó un trabajo in situ en base a los documentos y datos proporcionados entre ellos el plano elaborado por el Instituto Geográfico Militar “IGM”, que da cuenta que la superficie, medidas y colindancias no son coincidentes con relación al plano de línea municipal F-1 (que no se encuentra aprobado) y con el levantamiento topográfico, encontrando de igual manera datos disimiles respecto a las colindancias que figuran en el Folio Real N° 1011990057074 respecto del plano del “IGM” y las superficies medidas distintas con relación al plano de línea municipal F-01.

Asimismo, refiere que la existencia de otras construcciones aledañas que cuentan con planos aprobados por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, es otra apreciación subjetiva del apelante, al no contar con respaldo probatorio respecto a tal afirmación. La prueba que refiere la apelante, son informes de la misma Alcaldía Municipal, vinculados a la sobre posición del terreno en litigio con los predios de la Alcaldía, no acreditando con ello, que se trate de urbanizaciones consolidadas. Respecto a que el juzgador debió apartarse del informe pericial mismo que no es contundente.

Es evidente que, no se cuenta con una ubicación exacta, así como una superficie y colindancias precisas, no siendo relevantes para acreditar aquello, el pago de impuestos, informes de la Alcaldía e incluso el folio real, que tampoco acredita que se trate del mismo inmueble, como bien lo ha referido el juzgador y con el que comparte el mismo criterio este Tribunal de alzada, al advertirse la existencia de dos folios reales con distinta matriculación.

3. Fallo de segunda instancia recurrida en casación por Marysabel Ecos Huanaco representada por David Mamani Gutiérrez, según escrito visible de fs. 452 a 455, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. La recurrente en el recurso de casación alegó:

En cuanto a la forma.

a) Violación del art. 145 del Código Procesal Civil, vinculado al principio de la comunidad de la prueba en contravención a las normas del debido proceso, tanto por el Juez de instancia y los Vocales; toda vez que, no se pronunciaron sobre la valoración de la prueba en su conjunto, pese de haber aportado prueba que hace la procedencia sobre el mejor derecho propietario, como para la reivindicación, por consiguiente resolvieron el recurso de apelación sin la debida fundamentación y motivación congruente respecto a cada uno de los agravios planteados, confirmando la Sentencia basados en un peritaje nada científico, en desmedro de las pruebas del proceso aportadas por su parte y por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre por el que se puede establecer técnicamente la ubicación del inmueble objeto de litis, aspectos que fueron reclamados oportunamente en apelación.

b) El Tribunal de alzada no se pronunció sobre las pruebas aportadas por la parte demandante como la demandada, en el que se establece técnicamente la ubicación del inmueble objeto de litis; toda vez que, el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre al realizar un trabajo técnico de levantamientos topográficos y presentar prueba de trabajos netamente técnicos indican los productos aprobados por el plan regulador que no fueron tomados en cuenta por el perito ni por las instancias inferiores.

En cuanto al fondo.

a) Violación e interpretación errónea de los arts. 1 num. 16, 5, 6, 24 num. 3, 145, 193 y 202 del Código Procesal Civil y arts. 115.II y 180.I de la Constitución Política del Estado, toda vez que el Juez de primera instancia realizó una serie de apreciaciones sin fundamento, por cuanto no se encontraba en debate la provisionalidad o rusticidad del inmueble objeto del proceso y respecto a la pretensión de mejor derecho y reivindicación la parte demandada no ha opuesto un hecho impeditivo, modificatorio o extintivo de la pretensión en virtud a los presupuestos del art. 1545 del Código Civil; porque consideraron el informe pericial como prueba suficiente; al tratarse de un bien que se encontraba dentro del radio urbano, siendo el registro en Derechos Reales inalterable, aspectos mencionados de manera ligera por los Jueces de instancia.

b) Error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba pericial en contraposición con las demás evidencias del proceso cursantes de fs. 6 a 12, fs. 16 a 18, fs. 102 a 159, fs. 183, fs. 183 a 252 y fs. 355 a 369, que demostraron los requisitos que hacen procedente el mejor derecho propietario y la reivindicación pretendida.

Fundamentos por los cuales la parte recurrente, solicitó se anule o se case el Auto de Vista y en definitiva se declare probada la demanda interpuesta.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

En relación a este particular, la Sentencia Constitucional Nº 0012/2006-R de 04 de enero, ha razonado: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (...), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria...”.

A ese respecto la Sentencia Constitucional Nº 2023/2010-R de 09 de noviembre, también estableció: “...la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas...”.

En ese mismo entendido, en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0903/2012 de 22 de agosto, se ha señalado que: “...la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva dela resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”.

Finalmente la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0075/2016-S3, de 08 de enero, sobre este tema ha sintetizado señalando: “...es una obligación para la autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omitir la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una parte estructural de la misma”.

Por lo expuesto, se puede colegir que para el cumplimiento del debido proceso en sus elementos debida fundamentación y motivación, la estructura de la resolución en la forma y el fondo, no requiere de una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que esta sea coherente, precisa y clara, dando a entender los motivos y/o convicciones determinativas de la resolución, y que respondan a los antecedentes del caso con relación a las pretensiones de los sujetos procesales, cumplido este extremo se tiene por realizada la motivación de una resolución.” (…).

III.2. Con relación a la valoración de la prueba (debido a la acción de defensa constitucional).

Mostrando 40 de 79 parrafos.

Texto del fallo

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