AS/0136/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 136/2025

Fecha: 25 de febrero de 2025

Expediente: LP-209-24-S

Partes: Jael Pérez de Lara y Justo Lara Sosa representados por Marilin Poliana

Lara Pérez c/ Servicio Nacional de Patrimonio del Estado representado por

Roy Ramiro Flores Orellana.

Proceso: Prescripción liberatoria.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 300 a 305, interpuesto por el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado representado legalmente por Roy Ramiro Flores Orellana contra el Auto de Vista N° 445/2024, de 28 de junio, corriente de fs. 281 a 286 vta., y su Auto aclaratorio de 25 de julio de 2024, a fs. 291, pronunciados por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de prescripción liberatoria, seguido por Jael Pérez de Lara y Justo Lara Sosa contra la entidad recurrente; la contestación de fs. 308 a 313 vta.; el Auto de concesión de 23 de septiembre de 2024, visible a fs. 315; el Auto Supremo de admisión N° 1421/2024–RA, de 27 de noviembre, obrante de fs. 323 a 324 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Jael Pérez de Lara y Justo Lara Sosa representados por Marilin Poliana Lara Pérez mediante memorial de fs. 37 a 39 vta., promovieron el proceso ordinario de prescripción liberatoria contra el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado representado por Roy Ramiro Flores Orellana, quien una vez citado por documental de fs. 68 a 72 vta., respondió negativamente a la demanda; además, planteó excepciones de demanda defectuosa y de trámite inadecuadamente dado por la autoridad judicial, mismas que merecieron el Auto Interlocutorio de 27 de octubre de 2022, de fs. 92 a 93 que las declaró IMPROBADAS; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 204/2023, de 19 de junio, saliente de fs. 248 a 250 vta., por la que el Juez Público, Civil y Comercial 25° de la ciudad de La Paz, declaró PROBADA la demanda principal disponiendo: 1. La prescripción de la acción del Banco del Estado agencia Camiri, que nace de la inscripción del gravamen registrado en el asiento B-1 de 02 de junio de 1980, ordenando su ejecución a la oficina de Derechos Reales que estaba signada bajo la Matrícula N° 7076010002040; 2. El levantamiento del gravamen registrado en el asiento “B-1” de la casilla de gravámenes y restricciones de fecha 02 de junio de 1980, a nombre del Banco del Estado agencia Camiri.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Servicio Nacional de Patrimonio del Estado representado por Roy Ramiro Flores Orellana según memorial de fs. 255 a 261, originó que la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N° 445/2024, de 28 de junio, corriente de fs. 281 a 286 vta., y su Auto aclaratorio de 25 de julio de 2024, a fs. 291, que CONFIRMÓ la sentencia apelada, bajo los siguientes fundamentos:

Que, la demanda tiene como pretensión la prescripción de una acreencia del extinto Banco del Estado regional Camiri la cual no ingreso como activo al patrimonio del estado a momento de la liquidación voluntaria del mismo conforme se tiene de los estados financieros de deudores generales de fs. 5 a 11 y de fs. 13 a 19, en el que no se hace constar la calidad de deudores a los demandantes Jael Pérez de Lara y Justo Lara Sosa, teniendo la Sentencia emitida en la presente causa una debida motivación y fundamentación con respecto a la prueba producida por las partes procesales, además que sustento sus determinaciones en normativa aplicable al caso concreto.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por la entidad recurrente según escrito visible de fs. 300 a 305, recurso que es objeto de análisis en cuanto a su admisibilidad.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. El recurrente en el recurso de casación alegó que:

a) Vulneración de los arts. 213.II num 3, 218 y 265 todos del Código Procesal Civil, y los arts. 115 y 180 ambos de la Constitución Política del Estado, porque el Auto de Vista recurrido tiene ausencia de motivación y fundamentación por no absolver el agravio referente a la infracción del art. 339.II de nuestra norma fundamental, no acreditándose si la obligación objeto de controversia se encuentra pendiente de pago y cancelada en su totalidad.

b) Errónea interpretación en el Auto de Vista del art. 1286 de Código Civil y art. 145.II del Código Procesal Civil vulnerando además el principio del debido proceso, por tenerse insuficiente valoración de la prueba y solo considerarse los enunciados de la parte actora, toda vez que si bien no se registra como deudores a Justo Lara Sosa y Jael Pérez de Lara tampoco se tiene constancia documental de su cancelación, y la nota emitida por Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero con CITE ASFI/DS/R-2401168/2022, de 14 de noviembre, no demuestra ninguno de los hechos a probar y menos que la obligación se encuentre pendiente de pago o su propia existencia.

c) Violación del art. 339.II de la Constitución Política del Estado, por ser los bienes del Estado imprescriptibles y el crédito otorgado a los demandantes proviene de dineros estatales, concluyendo los de instancia de manera ligera la procedibilidad de la prescripción del ex Banco del Estado.

Fundamentos por los cuales, solicitó se case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda principal o en su defecto se anule el citado Auto recurrido.

2. Contestación al recurso de casación:

Jael Pérez de Lara y Justo Lara Sosa representados por Marilin Poliana Lara Pérez, respondieron el recurso de casación mediante memorial de fs. 308 a 313 vta. solicitando en lo principal que:

El Tribunal de apelación realizaría un análisis motivado y fundamentado de los antecedentes del proceso, observando el principio de congruencia en concordancia al art. 265 del Código Procesal Civil; asimismo, de los estados financieros de fs. 5 a 11 se advertiría el cumplimiento de la obligación contenida en el Testimonio Nº 460/2015 y en el estado de deudores de fs. 13 a 19, ya no figuran por lo que no existe vulneración del art. 339.II de la Constitución Política del Estado, al no existir deuda del crédito en cuestión susceptible de imprescriptibilidad.

Por lo referido, solicitó se declare infundado el recurso de casación interpuesto por la parte demandada.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Del principio de congruencia y el art. 265 del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con ello se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional desarrolló el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R, de 05 de julio, donde razonó que: “…El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…”. Razonamiento que es reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia ultra petita, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante citra petita; a este respecto, este Tribunal Supremo de Justicia orientó a través del Auto Supremo Nº 304/2016, de 6 de abril, de esta Sala Civil, citando al Auto Supremo Nº 11/2012, de 16 de febrero, que: “…Todo Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal ad quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal ad quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso…”.

III.2. Sobre la valoración de la prueba.

En esa misma lógica, este autor refiriéndose al fin de la prueba señaló: “…La averiguación de la verdad es el objetivo fundamental de la actividad probatoria en el proceso judicial…”; asimismo, refiriéndose al curso internacional Teoría de la prueba, realizado en la ciudad de Lima el año 2012, citó a Michele Taruffo que señaló: “…El juez es el único que tiene la obligación de descubrir la verdad, dado que la manera como los abogados utilizan las pruebas no es descubrir la verdad sino defender la posición de su cliente, esto es, persuadir al juez de que el cliente tiene la razón…”, es decir que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, ‘todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación’. Este proceso mental –Couture- llama ‘la prueba como convicción’…”, tal cual expresa José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil Comentarios y Concordancia.

De estas acepciones podemos inferir, que en nuestro régimen procesal civil la valoración de la prueba está regida por el sistema de valoración de la sana crítica o prudente criterio y la prueba legal o tasada.

Entendiendo que la sana crítica o prudente criterio, en la resolución, interesa que el juzgador deba observar las reglas de la lógica y la experiencia, concibiendo que esta fundamentación o motivación, básicamente consistirá en una operación racional fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos, de tal manera que las leyes del pensamiento se presentaran como leyes necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones, leyes que, como es conocido en la doctrina, están gobernadas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.

Ahora bien el sistema de valoración de prueba legal o tasada, introducido como un freno o un obstáculo en la actividad valorativa del juez, supone que el propio ordenamiento jurídico establece en forma legal una serie de máximas, con arreglo a las cuales los hechos valen como probados con independencia del convencimiento del juez, siempre que se cumplan unos determinados requisitos o formas, o lo que es lo mismo, este sistema se caracteriza porque la ley indica, por anticipado, el valor o grado de eficacia que tiene cada medio probatorio, lo que implica que el juez no tiene libertad de apreciación, sino que, ante determinada prueba le deberá atribuir el valor o eficacia que indica la ley.

Siendo así que, ante la impugnación de errónea valoración de la prueba (ya sea por error de hecho o por error de derecho); es decir, incorrecta aplicación de los anteriores criterios en la fundamentación de la Sentencia o Auto de Vista por el Juez o Tribunal de Alzada, es este Tribunal Supremo el encargado de verificar si los argumentos y conclusiones de las resoluciones de instancia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, esto es, que no contengan afirmaciones falsas, incoherentes o irracionales, lo que se podrá verificar, haciendo un análisis respecto de la valoración de la prueba, contrastando justamente con las señaladas leyes del pensamiento humano, luego, si este Tribunal encuentra que se ha quebrantado estas leyes, es decir existe errónea aplicación de la ley adjetiva o sustantiva en dicha apreciación, por inadecuada valoración de la prueba por parte de los de instancia, corresponde enmendar tal situación, ello en resguardo de los principios de unidad, comunidad, concentración, contradicción, verdad materia, entre otros, que son rectores del proceso civil y a los que están sometidas las pruebas, para el resultado final de resolución.

III.3. De la fundamentación y la motivación.

La Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0577/2012, de 20 de julio, determinó que la motivación de una sentencia o cualquier otra resolución judicial se encuentra relacionada directamente con el derecho al debido proceso y tutela judicial efectiva y la misma no tiene que ser ampulosa sino breve, así lo dispone la referida sentencia cuando expresamente indicó lo siguiente: “…En efecto, el deber de motivación de los fallos supone un elemento fundamental del debido proceso, conforme ha expresado la Sentencia Constitucional N° 0012/2006-R de 04 de enero, al indicar: ´La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…) y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la Resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento…”.

Adicionalmente resulta importante destacar que en cualquier sistema procesal se exige que toda sentencia o resolución, además de contener el fallo o parte dispositiva, debe reunir los requisitos de CONGRUENCIA y contener la debida MOTIVACIÓN; ambos aspectos están relacionados con el principio del debido proceso, aplicable en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

En el ámbito procesal, la motivación de la resolución como acto importantísimo de la actividad jurisdiccional, es la que precede y justifica el fallo, expresa las razones que el órgano jurisdiccional ha tenido en cuenta para decidir en la forma como lo hizo, exigencia que resulta uniforme en todos los Estados de Derecho, contenida en algunos casos en normas de nivel constitucional y en otros en las leyes procedimentales.

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