Texto del fallo
SALA PENAL SEGUNDA
Auto Supremo Nº 137 Sucre, 29 de abril de 2010
Expediente: Santa Cruz 1/2004
Partes: Ministerio Público c/ Juanita Saavedra Heredia, Apolinar Hidalgo Inturias, José Hinojosa Hinojosa y otros.
Delito: Fabricación.
*******************************************************************************************************
VISTOS: el recurso de casación interpuesto el 14 de noviembre de 2003 (fojas 354 a 356) por Juanita Saavedra Heredia, impugnando el Auto de Vista emitido el 9 de octubre del mismo año por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz (fojas 340 a 341) en el proceso seguido por el Ministerio Público contra ella y contra Apolinar Hidalgo Inturias, José Hinojosa Hinojosa, Mario Flores Aguayo y Víctor Masco Pamuri, con imputación por comisión del delito de fabricación tipificado por el artículo 47 de la Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
CONSIDERANDO: que en atención a que la mencionada causa se inició hace nueve años, con sujeción al sistema procesal anterior por imputación formal de 19 de abril de 2001 (fojas 71 a 73), corresponde, bajo la modalidad de previo y especial pronunciamiento, decidir de oficio si es aplicable a ese caso la previsión sobre extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso contenida en la Disposición Transitoria Tercera del Código de Procedimiento Penal, o el principio de excepción a esa regla a que hace referencia la Sentencia Constitucional número 101 de 14 de septiembre de 2004.
Que para ese efecto se cuenta con los siguientes datos:
1.- El proceso respectivo, sustanciado ante el Tribunal Tercero de Sustancias Controladas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, concluyó en primera instancia con sentencia de 21 de mayo de 2003 (fojas 316 a 323) que condenó a la impetrante a la pena de cinco años de presidio por el delito de fabricación de sustancias controladas tipificado por el artículo 47 de la Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, y condenó a los otros procesados a penas variadas entre un máximo de cinco años de presidio y un año y cinco meses de reclusión. Ante recursos de apelación planteados por Defensor de Oficio a favor de dos de los procesados (fojas 328 y 330), el Tribunal de Alzada confirmó esa sentencia el 9 de octubre de 2003.
2.- Impugnado ese Auto de Vista con el indicado recurso de casación, la causa radicó en la entonces Sala Penal única de esta Corte Suprema de Justicia el 5 de enero de 2004, sin pronunciamiento desde entonces de la resolución final pertinente, por un lapso de más de seis años.
Mostrando 11 de 21 parrafos.